La amenaza
Luis Javier GarridoEl proyecto de "reforma" penal y en materia de seguridad de Felipe Calderón constituye una grave amenaza para los derechos humanos en México y no sorprende que esté generando un vasto movimiento de opinión para detenerlo.
1. El origen de esto es muy claro. El proyecto autoritario y centralista de la coalición derechista que sostiene al gobierno de facto está buscando de manera nerviosa y obsesiva en estos primeros meses ampliar los mecanismos de control del gobierno federal sobre la sociedad, sin importarle cancelar derechos que desde el siglo XVIII se consideran fundamentales para los hombres, y destruir de paso lo mejor de las instituciones políticas.
2. Las aberraciones históricas, legales y éticas del proyecto de modificaciones judiciales y penales de la ultraderecha mexicana, elaborado al parecer por profesores del ITAM, y suscrito por Calderón, no se sabe si en calidad de marioneta, y enviado por éste al Congreso el pasado 9 de marzo, han merecido por ello con justicia el repudio de la mayor parte de los colegios y barras de abogados por las amenazas que entraña para los mexicanos.
3. Este proyecto calderonista delirante supone, entre otras aberraciones en lo que pomposamente se llamó "reforma en materia penal y de seguridad publica", a) otorgar un papel supraconstitucional a la PGR, que cancela las garantías individuales y el Estado de Derecho, pues sus agentes podrían sin mandamiento judicial realizar cateos, detenciones, allanamientos, amagos e intervenciones telefónicas; b) fortalecer el autoritarismo presidencialista, a cuyas órdenes arbitrarias estarían sujeta la Policía Federal Preventiva (PFP) y todos los cuerpos policiales judiciales y ministeriales, y no ya en manos del Ministerio Público (para el cual las organizaciones democráticas han venido exigiendo, por el contrario, mayor autonomía); y c) cancelar en un aspecto clave el régimen federal, pues con el pretexto de "unificar" la legislación se confiscaría a los estados la facultad irrenunciable que tienen de legislar en materia penal.
4. La creación en 1998 de la PFP como un cuerpo policiaco represivo, supuestamente de elite, en manos del Ejecutivo, que lo ha utilizado de manera discrecional con criterios políticos, fue el primer paso para subordinar la impartición de justicia con criterios políticos a los intereses del gobierno en turno, a sabiendas de que empezó a quebrantarse así toda posibilidad de fortalecer un sistema imparcial de impartición de justicia.
5. Las sinrazones de esta intentona están, sin embargo, a la vista: lo que busca el gobierno panista-yunquista con el pretexto supuestamente de "avanzar" en materia "de seguridad pública" es garantizar la seguridad de los intereses trasnacionales que se han impuesto sobre la sociedad mexicana y los privilegios de los miembros de la "clase política" que sirven como perros guardianes de éstos, colocando en este escenario al Ejecutivo federal por encima de la legalidad.
6. El anteproyecto constituye, como es evidente, una pieza angular del proyecto político neoliberal y es el equivalente en México del Acta Patriótica que se inventaron George W. Bush y sus halcones en 2003, pero es también de paso y curiosamente la cristalización de las ambiciones necias de los conservadores mexicanos del siglo XIX, quienes estaban obsesionados por cancelar el federalismo, ignorar los derechos individuales y crear un poder central por encima de toda legalidad.
7. El Ejército en México no puede, por prohibición constitucional expresa, actuar como Ministerio Público ni como policía judicial o ministerial, y no sólo se le está ya dando ese papel ilegal, sino que se pretende ahora cambiar las leyes para constitucionalizar una aberración surgida de la incapacidad histórica de los últimos gobernantes civiles del PRI y del PAN, reciclada ahora por la mentalidad autoritaria de los ultraderechistas yunquistas y panistas que gobiernan a México y que nos quieren retrotraer al siglo XIX.
8. La Sedena afirmó el domingo 8 en un reporte que habían caído mil 102 narcos en el país en cuatro meses (Milenio, 9/4/07l), lo cual es un indicador de la gravedad de dejar el control del aparato penal a gentes de vocación totalitaria que controlan a una fuerza institucional que debería actuar en el marco de la ley y no al servicio de los intereses privados a los que está sometido quien hoy es un titular espurio del Ejecutivo. El secretario de la Defensa Nacional parece ignorar que en México todo ciudadano es inocente hasta que no se le dicte una sentencia definitiva condenatoria.
9. El régimen totalitario está de tal suerte cada vez más a la vista con las modificaciones legales que ya se le hicieron en los años de Fox y las que ahora busca la intentona por todos motivos fascistoides de Calderón en materia de seguridad e impartición de justicia.
10. El futuro que plantean los neoconservadores de México está cada vez más claro: prosiguen diseñando un sistema de gobierno autoritario que funcione para ellos y no para quien es ahora la oposición, por la sencilla sinrazón de que no pretenden dejar el poder en las próximas décadas. Por lo que es ahora de la sociedad mexicana el decidir si se les va a dejar seguir destruyendo al país y a sus instituciones.
Kikka Roja
1. El origen de esto es muy claro. El proyecto autoritario y centralista de la coalición derechista que sostiene al gobierno de facto está buscando de manera nerviosa y obsesiva en estos primeros meses ampliar los mecanismos de control del gobierno federal sobre la sociedad, sin importarle cancelar derechos que desde el siglo XVIII se consideran fundamentales para los hombres, y destruir de paso lo mejor de las instituciones políticas.
2. Las aberraciones históricas, legales y éticas del proyecto de modificaciones judiciales y penales de la ultraderecha mexicana, elaborado al parecer por profesores del ITAM, y suscrito por Calderón, no se sabe si en calidad de marioneta, y enviado por éste al Congreso el pasado 9 de marzo, han merecido por ello con justicia el repudio de la mayor parte de los colegios y barras de abogados por las amenazas que entraña para los mexicanos.
3. Este proyecto calderonista delirante supone, entre otras aberraciones en lo que pomposamente se llamó "reforma en materia penal y de seguridad publica", a) otorgar un papel supraconstitucional a la PGR, que cancela las garantías individuales y el Estado de Derecho, pues sus agentes podrían sin mandamiento judicial realizar cateos, detenciones, allanamientos, amagos e intervenciones telefónicas; b) fortalecer el autoritarismo presidencialista, a cuyas órdenes arbitrarias estarían sujeta la Policía Federal Preventiva (PFP) y todos los cuerpos policiales judiciales y ministeriales, y no ya en manos del Ministerio Público (para el cual las organizaciones democráticas han venido exigiendo, por el contrario, mayor autonomía); y c) cancelar en un aspecto clave el régimen federal, pues con el pretexto de "unificar" la legislación se confiscaría a los estados la facultad irrenunciable que tienen de legislar en materia penal.
4. La creación en 1998 de la PFP como un cuerpo policiaco represivo, supuestamente de elite, en manos del Ejecutivo, que lo ha utilizado de manera discrecional con criterios políticos, fue el primer paso para subordinar la impartición de justicia con criterios políticos a los intereses del gobierno en turno, a sabiendas de que empezó a quebrantarse así toda posibilidad de fortalecer un sistema imparcial de impartición de justicia.
5. Las sinrazones de esta intentona están, sin embargo, a la vista: lo que busca el gobierno panista-yunquista con el pretexto supuestamente de "avanzar" en materia "de seguridad pública" es garantizar la seguridad de los intereses trasnacionales que se han impuesto sobre la sociedad mexicana y los privilegios de los miembros de la "clase política" que sirven como perros guardianes de éstos, colocando en este escenario al Ejecutivo federal por encima de la legalidad.
6. El anteproyecto constituye, como es evidente, una pieza angular del proyecto político neoliberal y es el equivalente en México del Acta Patriótica que se inventaron George W. Bush y sus halcones en 2003, pero es también de paso y curiosamente la cristalización de las ambiciones necias de los conservadores mexicanos del siglo XIX, quienes estaban obsesionados por cancelar el federalismo, ignorar los derechos individuales y crear un poder central por encima de toda legalidad.
7. El Ejército en México no puede, por prohibición constitucional expresa, actuar como Ministerio Público ni como policía judicial o ministerial, y no sólo se le está ya dando ese papel ilegal, sino que se pretende ahora cambiar las leyes para constitucionalizar una aberración surgida de la incapacidad histórica de los últimos gobernantes civiles del PRI y del PAN, reciclada ahora por la mentalidad autoritaria de los ultraderechistas yunquistas y panistas que gobiernan a México y que nos quieren retrotraer al siglo XIX.
8. La Sedena afirmó el domingo 8 en un reporte que habían caído mil 102 narcos en el país en cuatro meses (Milenio, 9/4/07l), lo cual es un indicador de la gravedad de dejar el control del aparato penal a gentes de vocación totalitaria que controlan a una fuerza institucional que debería actuar en el marco de la ley y no al servicio de los intereses privados a los que está sometido quien hoy es un titular espurio del Ejecutivo. El secretario de la Defensa Nacional parece ignorar que en México todo ciudadano es inocente hasta que no se le dicte una sentencia definitiva condenatoria.
9. El régimen totalitario está de tal suerte cada vez más a la vista con las modificaciones legales que ya se le hicieron en los años de Fox y las que ahora busca la intentona por todos motivos fascistoides de Calderón en materia de seguridad e impartición de justicia.
10. El futuro que plantean los neoconservadores de México está cada vez más claro: prosiguen diseñando un sistema de gobierno autoritario que funcione para ellos y no para quien es ahora la oposición, por la sencilla sinrazón de que no pretenden dejar el poder en las próximas décadas. Por lo que es ahora de la sociedad mexicana el decidir si se les va a dejar seguir destruyendo al país y a sus instituciones.
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