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jueves, 31 de mayo de 2007

8 a 1 : Inconstitucional concesiones a perpetuidad

..y que la maaandan a lavarse las patas : ley televisa. Ascárraga: te cagates o ya te chingates muñeco... ¡le quitaron las pinches comas a tu ley!

Anula Corte procedimiento de Congreso sobre ley de medios

Invalidan ministros la renovación automática de concesiones de radio y tv, lo que constituía uno de los puntos más importantes que fueron impugnados en el juicio que promovieron 47 senadores de la anterior legislatura
Carlos Avilés
El Universal Ciudad de México
Jueves 31 de mayo de 2007 15:11 La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló el procedimiento que estableció el Congreso de la Unión para que los actuales concesionarios de radio y televisión pudieran refrendar sus concesiones sin que tuvieran que participar en un nuevo proceso de licitación y sin que le pagaran al Estado por permitirles seguir operando el espectro radioeléctrico de la nación. La mayoría de ministros del máximo tribunal llegaron a la conclusión de que esta disposición, contenida en la segunda parte del artículo 16 de la Ley Federal de Radio y Televisión, es violatoria de diversas garantías previstas en la Constitución. Con esta decisión la SCJN invalidó uno de los puntos más importantes que fueron impugnados en el juicio de las leyes de medios por 47 senadores de la anterior legislatura. Los ex senadores del PAN Javier Corral, y del PRI Manuel Bartlett y Dulce María Sauri, quienes promovieron el juicio y estuvieron presentes en la sesión de la Corte, se congratularon con la decisión de la Corte porque, dijeron, sienta las bases para comenzar a desarticular los privilegios indebidos que se les otorgaron, principalmente a las televisoras, con las leyes de medios. La Corte evitó que los actuales dueños de las empresas de radio y televisión contaran con una concesión a perpetuidad, aseguraron los ex legisladores. Con base en la decisión que adoptó el pleno de la Corte, por 8 votos contra 1, los actuales propietarios de empresas de radio y televisión tendrán que participar en un nuevo proceso de licitación cuando termine el periodo para el cual se les concesionó el espectro radio eléctrico propiedad de la nación.

Esta medida, aseguraron los ministros, garantizará que los actuales concesionarios tengan que pagarle al estado nuevamente si les refrenda la concesión, algo de lo que se les pretendía librar con la parte del artículo que fue anulado. El único punto del artículo 16 de la Ley Federal de Radio y Televisión que se mantuvo vigente es el que les otorga a los actuales concesionarios el derecho a que el gobierno les de preferencia sobre otros particulares que compitan en la licitación por la concesión del espacio radioeléctrico en disputa. Aunque esto no les garantiza que se vayan a quedar con la concesión que tienen, porque existe la posibilidad de que ésta se le pueda otorgar a alguien más si existe una mejor propuesta. La mayoría de ministros del Pleno se pronunció por declarar inconstitucional este punto que le otorga una preferencia futura a los actuales concesionarios sobre los demás, contenido en la primera parte del artículo 16 de la Ley, pero no lograron reunir los 8 votos que se requerían para anular dicha disposición. De los nueve ministros que actualmente integran la sesión, seis se pronunciaron por declarar inconstitucional la primera parte del artículo 16 de la Ley en cuestión, contra 3 que apoyaron esta medida. Y al final la minoría fue la que se impuso en este tema, porque impidió que se reunieran los ocho votos que se requerían para hacer una declaración de inconstitucionalidad. Los ministros de la SCJN dejaron pendiente, para la próxima semana decidir si es constitucional o no que la Ley establezca que las concesiones se otorguen por un periodo de 20 años.

El Pleno de la Corte también decidirá en las próximas sesiones si el mecanismo que se estableció para que las licitaciones de las concesiones de radio y televisión se realicen mediante subasta viola o no la Constitución. Para avanzar más rápido en la resolución del juicio de las leyes de medios, el cual inició desde hace dos semanas, los ministros de la Corte acordaron que a partir de la próxima semana sesionarán los cinco días de la semana, en un horario ampliado de 10:00 a 15:00 horas. Las sesiones podrán seguir siendo vistas en vivo a través del Canal Judicial y del portal de internet de la Corte.

Radio y TV: anula SCJN refrendo automático de concesiones

Notimex / La Jornada On Line
31/05/2007 15:53
El ministro Fernando Franco González-Salas manifestó que el Artículo 16 de la Ley de Radio y Televisión establecía un margen de discrecionalidad de la autoridad que es "muy peligroso".

  • Estaba aprobado a perpetuidad y sin que mediara pago de una contraprestación al Estado
  • Golpe a la ley Televisa; declara la Corte inconstitucional el refrendo automático
  • Viola la libertad de expresión, el derecho a la información y la libertad de prensa, dicen ocho ministros

ANDREA BECERRIL, JESUS ARANDA
Los ministros Genaro David Góngora, José Fernando Franco, Beatriz Luna Ramos y Sergio Salvador Aguirre Anguiano, durante las deliberaciones en la Suprema Corte
Juan N. Silva y Olga Sánchez Cordero, durante la sesión de la Corte Foto: Guillermo Sologuren

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) asestó el primer golpe importante con miras a la desarticulación de la ley Televisa, al declarar inconstitucional el refrendo automático y a perpetuidad de las concesiones de radio y televisión, sin el pago de una contraprestación al Estado, que se establece en la legislación impugnada. Con esta decisión, que motivó un intenso debate, el tribunal echó abajo uno de los puntos centrales de la citada ley, que asegura a las dos grandes cadenas televisoras un largo dominio sobre el espectro radioeléctrico. El pleno determinó que los actuales concesionarios tienen que someterse al proceso de licitación para renovar la concesión que ya detentan.

Por ocho votos contra uno, se modificó la propuesta original del ministro instructor Sergio Salvador Aguirre Anguiano, quien pese a la argumentación mayoritaria se mantuvo ''en sus 13'', como él mismo dijo, y votó en contra. El ministro Genaro Góngora Pimentel insistió en que este es un asunto que tiene que ver con la rectoría del Estado y la libertad de expresión. ''No se trata de borrar del mapa a ningún sector de la radiodifusión, porque eso sería pasar de un extremo a otro'', sino establecer un marco jurídico de equidad donde tengan cabida la mayor cantidad de voces, de acuerdo a la pluralidad que existe en el país. Con las reglas actuales, insistió, ''se propiciará un régimen que privilegie al mejor postor, generando un déficit de libertad intolerable'' y ello ''llevará a la quiebra del sistema democrático''. El ponente Aguirre Anguiano defendió a ultranza la constitucionalidad del artículo 16 de la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT), en el que se establece que ''el término de una concesión será de 20 años y podrá ser refrendada al mismo concesionario, que tendrá preferencia sobre terceros. El refrendo de las concesiones, salvo en el caso de renuncia, no estará sujeto al procedimiento del artículo 17 de esta ley''.

En tanto, el artículo 17 precisa que las concesiones ''se otorgarán mediante licitación pública'' y ''el gobierno federal tendrá derecho a recibir una contraprestación económica por el otorgamiento de la concesión correspondiente''. La discusión se centró en el último tramo del artículo 16, que se refiere al refrendo de concesiones de manera automática, sin necesidad de licitarlas, ya que la otra parte del artículo, que alude a que las concesiones serán por 20 años, será materia de otra discusión. Aguirre sostuvo que no es inconstitucional el artículo 16, toda vez que quienes ahora tienen ya una concesión pasaron por licitación previa, además de que en la Ley Federal de Telecomunicaciones existen los mecanismos para que la autoridad revoque concesiones en caso de que incurran en irregularidades. ''En todo caso, estamos hablando de un problema de aplicación de la ley, y si alguien titubea o es medroso para aplicarla esto es lamentable''. Inclusive aludió a la falta de ''testosterona'', pero ello, insistió, no encierra un problema de inconstitucionalidad, siempre y cuando se cumpla con los términos de la concesión. ''No veo por qué no puedan prorrogarse, cumpliendo con la Constitución y sin que esto signifique eliminar de la competencia a nadie, cuando menos en este momento en que todo nos indica que hay dema-sías no comprometidas del espectro radioeléctrico''.

No me asusta que el concesionario pueda detentar 100 años la concesión, porque presupone que ha cumplido con la ley, dijo, y sacó a relucir la opinión de expertos, quienes comentaron a los ministros que 4 por ciento de las frecuencias y de las bandas está concesionado a televisoras del Distrito Federal, lo que a su juicio significa que hay gran cantidad de espacios para otros concesionarios. Sus argumentos fueron refutados. De entrada, Olga Sánchez Cordero señaló que Aguirre partía de premisas inexactas, toda vez que los actuales concesionarios de radiodifusión no participaron en ninguna licitación pública para obtenerlas, pues en esa época se otorgaban de manera discrecional, al libre juicio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Luego, el ministro Juan N. Silva Meza recordó que ''el espectro radioeléctrico es finito, limitado y de difícil acceso, y de ahí que no sea admisible imponer, como lo hace el artículo 16 de la LFRT, barreras de entrada a nuevos competidores''.

Asimismo, explicó, se viola el artículo 28 constitucional, porque impedir que nuevos actores tengan acceso a las concesiones de radio y televisión puede llegar a generar la concentración de los medios. También lo encontró violatorio del artículo primero constitucional, ya que se violenta el principio de igualdad, y además no le asegura al Estado recibir una contraprestación económica por el otorgamiento del refrendo de la concesión, toda vez que los nuevos concesionarios sí deben realizar ese pago. Coincidió con Góngora Pimentel en que el refrendo automático y a perpetuidad viola además la libertad de expresión, el derecho a la información, la libertad de prensa y el acceso equitativo a los medios de comunicación, consagrados en los ar-tículos 6 y 7 de la Carta Magna. Al señalamiento de Aguirre, de que las autoridades pueden incluso revocar concesiones si éstas no se apegan a la ley, Góngora Pimentel respondió que no es cuestión de ''testosterona o estrógeno'', ya que ''aun el servidor público más valiente tendrá muy poco qué hacer ante un texto que no le da ningún margen para renovar la concesión''. Y añadió que la llamada ley Televisa sólo les autoriza a refrendar salvo que el concesionario renuncie a la misma. El ministro Fernando Franco recalcó que con el refrendo automático, sin licitación, se pone en riesgo la rectoría del Estado, ya que se trata de un bien del dominio público que pertenece a la nación. En ese sentido, explicó, la autoridad debe comprobar el buen uso de las concesiones, sobre todo dada la importancia creciente que tienen los medios electrónicos de comunicación.

Sin argumentar sobre ''los buenos o malos de la película'', como él mismo lo dijo, Mariano Azuela sostuvo que el refrendo automático es inconstitucional, pasa además por encima del artículo 134 de la Carta Magna, en el que se precisa que la licitación pública es el mecanismo para concesionar bienes de la nación. El artículo 16 de la LFRT, resumió, crea un sistema ambiguo ya que no se sabe qué es lo que se puede refrendar y cuándo. Por su parte, el presidente de la Suprema Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, argumentó que considera inconstitucional el artículo 16, porque exime a los concesionarios que ya operan redes de radio y televisión, de pagar una contraprestación al Estado por el refrendo de la autorización. Reveló que si la contraprestación queda reducida al pago previsto por la expedición del título, que prevé la ley, y que son 8 mil 233 pesos, y el pago de derechos, cuyo costo máximo es 49 mil 393 pesos, ''no hay correspondencia'' con la magnitud del bien concesionado. Aguirre Anguiano defendió su postura y argumentó que, en todo caso, habría que reformar la Ley Federal de Derechos y que el Estado pueda cobrar en serio, no de chiste, la renovación de la concesión. ''Coincido en que esto vale mucho dinero, que el espectro propiedad del Estado mexicano probablemente sea el segundo recurso más importante con que contamos, sin embargo, nada tiene que ver respecto de la constitucionalidad de la norma''.

Antes de la votación, Góngora Pimentel recalcó que nadie quiere acabar con los actuales concesionarios de radio y televisión. ''Queremos que se sujeten a las leyes y a la Constitución''. El único ministro que se mostró indeciso fue Sergio Valls, quien incluso pidió a Aguirre que ampliara sus argumentos para poder así definir su criterio. Sin embargo, en esos momentos de duda un ministro se le acercó y le dijo: ''Sergio, esta ley sólo la puede tirar la Suprema Corte''. Finalmente, se sumó a la mayoría necesaria de ocho votos para anular el refrendo automático y a perpetuidad. En la misma votación se pretendía anular todo el artículo 16, y no sólo el segundo tramo del mismo, pero Mayagoitia, Luna Ramos y Aguirre argumentaron que el tema de los 20 años de las concesiones será discutido por separado.

Los ex senadores Javier Corral, Manuel Bartlett y Dulce María Sauri consideraron que es una primera victoria importante, aunque faltan otros temas trascendentales por resolver, como el artículo 28 de la LFRT, en que se concentran los privilegios para que las televisoras amplíen sus negocios. ''Este es uno de los cinco asuntos que nosotros señalamos eran importantes y se avanza un buen tramo para invalidar la ley Televisa'', sostuvo Corral. Antes de concluir la sesión, el ministro presidente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, adelantó que la próxima semana el pleno trabajará de manera extraordinaria todos los días y ampliará dos horas las sesiones. La intención es concluir con este asunto a más tardar el viernes próximo.


Kikka Roja

Que nos va a llevar... a la China a buscar seda

México SA
Carlos Fernández-Vega
  • Rapiña bancaria
  • Morosidad enciende focos rojos en créditos
  • Espeluznante recuerdo del crack de 1995
  • Doce años después la historia parece repetirse
Sistemáticamente por ellos negada la posibilidad -a todas luces real- de una nueva sacudida financiera por el desenfrenado otorgamiento de tarjetas de crédito, parece que la realidad comienza a ubicar a la banca que opera en el país, la cual, dadas las señales de alarma encendidas de tiempo atrás, decidió "quitar un poco el pie del acelerador" en su desmedida política de crédito al consumo, vía dinero de plástico. Mes tras mes, desde hace muchos, crece la morosidad en tarjetas de crédito, pero la respuesta de la banca para contener tal incremento ha sido la desproporcionada impresión de dinero de plástico a lo largo y ancho de la República sin medir consecuencias, porque es uno de sus más jugosos negocios. A qué grado habrá llegado la cosa que, tardíamente, se da por enterada y decide "quitar el pie del acelerador del crédito al consumo", porque en plena desaceleración económica y con perspectivas no muy gratas la morosidad, de tono carmesí, agarra velocidad, de la mano de la ambición e imprudencia bancarias.

Después de por lo menos tres años de sostenido crecimiento a tasas cercanas a 50 por ciento anual, como lo subraya La Jornada (Roberto González Amador) en su edición del miércoles, "el crédito de la banca privada al consumo entró en una fase de desaceleración. La pausa ocurre en momentos en que el disparo en la morosidad entre los usuarios de tarjetas de crédito ha prendido señales de alerta entre autoridades, y cuando la economía en general entró en una pausa de dinamismo. La cartera vencida en tarjeta de crédito, para todo el sistema bancario, se situó en marzo pasado en 14 mil 138.7 millones de pesos, 111.29 por ciento más que en el mismo mes del año previo, según la información del banco central". Las tarjetas de crédito (las modernas tiendas de raya) significan uno de los más suculentos negocios para los bancos, pero para millones de usuarios representan un irreal cuan costoso "complemento" de sus menguadas quincenas, de tal suerte que su utilización, más temprano que tarde, los asfixia financieramente y los pone a disposición de la rapiña bancaria.

Nadie quiere recordar el espeluznante crack bancario de 1995 (aunque 12 años después las secuelas están más que presentes en la realidad económica del país), ni las razones -a todas luces evitables- que llevaron al país a esa zona pantanosa, pero es tal la ambición de los barones del dinero que no cae mal recordar (para evitar nuevos "sustos") qué pasaba en aquellos dorados tiempos de la reprivatización salinista de las instituciones de crédito, a unos pocos meses de hundirse el barco. Al cierre del primer semestre de 1994, la cartera vencida de las 18 instituciones de la banca comercial reprivatizada, más el banco Obrero (todas con presencia en el mercado antes del otorgamiento de nuevas concesiones) significaba ya el 96.2 por ciento de su capital contable, situación que contrasta negativamente con la proporción registrada entre ambos indicadores en diciembre de 1991 (antes de su venta al capital privado), cuando fue de 35.52 por ciento.

Año tras año el margen de maniobra de dichas instituciones se fue reduciendo, pues en 1992 (primer años de la reprivatización) la cartera vencida significó el 64.37 por ciento del capital contable; en 1993 se incrementó a 82.66 por ciento y, como se menciona, en el primer semestre de 1994 al 96.2 por ciento. En los tres primeros años de reprivatización, el capital contable de esas 19 instituciones bancarias creció 96.26 por ciento, mientras que la cartera vencida lo hizo en 431.52 por ciento. De hecho, ni siquiera aplicando íntegramente las utilidades acumuladas en el periodo (casi 23 mil millones de nuevos pesos, equivalentes al 61 por ciento del precio que se pagó por los bancos) podría paliarse el lastre que significaba la cartera vencida en el margen de maniobra de la banca comercial. Las cifras anteriores, de la Comisión Nacional Bancaria, corresponden a los totales del sistema bancario comercial (sin considerar nuevas concesiones), pero en el desglose hay instituciones que presentaban signos de verdadera asfixia, Banco de Oriente (posteriormente engullido por el BBVA) la primera de ellas, pues su cartera vencida resultaba 185.23 por ciento superior a su capital contable.

El Banco Obrero (la cartera personal de Fidel Velázquez, la Güera Rodríguez Alcaine y demás "líderes" sindicales) reportó una cartera vencida 150 por ciento superior a su capital contable; la de Serfin (hoy Santander), el 143 por ciento; la de Multibanco Comermex (ahora Scotia Bank) 134 por ciento; Bancreser 101 por ciento; Unión y Cremi (engullidas por el BBVA) 121 y 137 por ciento, respectivamente, y así por el estilo. Banamex y Bancomer (hoy de Citigroup y al BBVA, en cada caso) "sólo" reportaban una cartera vencida equivalente al 83.23 y 87.5 por ciento de sus respectivos capitales contables. Desde entonces, la Secretaría de Hacienda aseguraba que "se fijarán mecanismos para que los bancos tengan mejor control de sus riesgos". Ya sabemos qué sucedió, pero el riesgo es que 12 años después la historia se repita.

Las rebanadas del pastel

De la lectoría y la "reforma" a la Ley del ISSSTE: "efectivamente, así como lo expresan los que (desde Zacatecas) te enviaron el análisis, en todas las dependencias de salud es lo mismo. Soy ingeniero biomédico y tengo 15 años de experiencia en cirugía de mínima invasión, y conozco todos esos puntos a los que se refieren. La corrupción, el mal trato a los médicos, las licitaciones fraudulentas, etcétera, son el pan de cada día. Este Calderón cree que por decreto las cosas se solucionan, pero en realidad no hace nada para el mejoramiento de los servicios de salud, es un demagogo" (Alvaro Albarrán González, albarranag@prodigy.net.mx)... Ayer, al inquilino de Los Pinos le dio por contar chistes: "en México manda el Estado, la fuerza del Estado representada en el gobierno, y no en otros poderes de facto". Y hoy, otro chascarrillo: el Plan Nacional de Desarrollo.

cfvmx@yahoo.com.mx/ cfv@prodigy.net.mx
Kikka Roja

Espino vs. Calderón

Soledad Loaeza

El próximo fin de semana tendrá lugar en León, Guanajuato, la Asamblea Nacional ordinaria del PAN en la que se resolverá la integración del nuevo Consejo Nacional. En el programa original se había anunciado la discusión de una reforma a los estatutos que ha sido pospuesta para consideración de una asamblea extraordinaria cuyas fechas no han sido fijadas. No es un secreto que el tema de fondo que habrá de ventilarse en la reunión que inicia el próximo sábado es la pugna entre el presidente del partido, Manuel Espino, y el Presidente de la República, Felipe Calderón. Esta disputa ha estructurado la elección de los futuros integrantes del Consejo Nacional, y es muy probable que esté detrás de la decisión de postergar los debates a propósito de las reformas estatutarias que propone el espinismo.

La portada del número más reciente de La Nación, el órgano oficial de Acción Nacional, anuncia en grandes letras: "Es obligación del PAN abrirse a la sociedad", que es seguramente la línea de Espino, quien desde hace semanas se ha empeñado en recurrir a la movilización de recursos extrapartidistas para fortalecerse, pues bien sabe que la militancia no está con él. Por esa misma razón fue el primero en llamar la atención de los medios acerca de sus diferencias con el Presidente de la República. Al hacerlo convirtió a la opinión pública, si no en parte del conflicto, al menos en testigo del pleito. Ahora los panistas querrían que olvidáramos este nuevo capítulo de la declaración de guerra de Espino a este gobierno, cuyas primicias fueron la afirmación que hizo a principios de este año ante la prensa, de que Felipe Calderón tenía que entender que él no era el líder del partido.

Los panistas no quieren que recordemos la historia ya larga de una relación de mutua antipatía y hostilidad. Habría entonces que olvidar que Espino llegó a la presidencia del partido gracias al apoyo de Los Pinos en contra de la mejor opinión de la mayoría de los panistas que, en cambio, se inclinaban por Carlos Medina Plascencia; o que Santiago Creel era el candidato presidencial de los Fox y de Espino. Haremos un esfuerzo por olvidar.

La pregunta es si acaso los directamente involucrados en esta disputa ya superaron sus diferencias, o si simplemente estamos presenciando la crisis de un conflicto que se inició en la negociación de 1991 entre Carlos Salinas de Gortari, Carlos Castillo Peraza y Diego Fernández de Cevallos en la que los resultados de la elección para la gubernatura de Guanajuato fueron ignorados, el priísta Ramón Aguirre renunció a su victoria -que los panistas consideraban fraudulenta- y los dirigentes panistas de entonces propusieron a Medina Plascencia como un gobernador de compromiso, y sacrificaron sin muchos remordimientos los reclamos del candidato del PAN, Vicente Fox. Por algo sería. O sea que ellos de veras no olvidan.

La estrategia de Espino de procurarse apoyos externos al partido -inclusive acogerse a Vicente Fox, a pesar de que éste no cobija porque es un hombre que no proyecta sombra- habla de debilidad más que de fuerza. Si el presidente del PAN las tuviera todas consigo, seguramente estaría silenciando a los demás y girando instrucciones a Los Pinos. Si acaso se adoptara la reforma que propone Espino en relación con las candidaturas a los cargos de elección popular, el partido estaría abriendo la puerta también a la formación de una corriente de integrantes que le deberían todo al actual presidente de Acción Nacional, y que en un descuido hasta se vuelve una tribu. No es gratuito que la Asamblea se celebre precisamente en la ciudad de León, que en el pasado sexenio recorrió un cortísimo trecho para dejar de ser Sinarcópolis y convertirse en Foxilandia.

Los partidos políticos deben hacer reformas estatutarias periódicamente para adaptarse a cambios en el contexto, resultados electorales insatisfactorios o transformaciones de largo plazo en la organización. No obstante, es muy peligroso llevar a los documentos del partido los equilibrios de poder que son por definición coyunturales, a menos de que se congelen en los estatutos. Si Acción Nacional quiere democratizar su organización tendría que modificar las atribuciones del presidente del partido, que son muchas y muy grandes (una herencia de aquellos años en los que Acción Nacional tenía un "jefe" nacional), y que le permiten modificar acuerdos de consejos estatales, sin mayor explicación, o tomar decisiones sin consultar al Consejo Nacional. El PAN es una organización vertical, rígidamente jerarquizada. La clave para impulsar el crecimiento del partido está en cambios en este terreno antes que en una apertura indiscriminada que puede además tener efectos desestabilizadores, como los que ha tenido que superar, y no siempre con éxito, el PRD.

En la pugna entre Espino y Calderón, el primero tiene mucho más que perder que el segundo; primero, porque es un personaje más bien denso, y, segundo, porque, como bien le demostró el presidente Cárdenas al general Calles en 1937: ningún jefe de partido se le impone al jefe del Estado.

Qué barbaridad con ésta señora panista hermana de doña Guadalupe, se le hace muy feo el Yunque... Que apunte sus baterías de amargura y desprecio al pueblo, directo a sus propios compañeros del partido de hiper lactantes panistas. Muy mocha y muy elitista.


Kikka Roja

Libro : Andrés Manuel López Obrador

  • Revelará también por qué optó por la resistencia
  • En julio, López Obrador lanzará su libro sobre el fraude electoral

REUTERS

El ex candidato de la coalición Por el Bien de Todos Andrés Manuel López Obrador planea lanzar, en julio a más tardar, un libro sobre su visión del supuesto fraude por el que, asegura, no alcanzó la Presidencia de la República, y convocará a protestas al cumplirse un año de la elección. López Obrador, quien supuestamente perdió los comicios de 2006 con un estrecho margen frente al ahora presidente Felipe Calderón, encabeza desde el año pasado un movimiento de resistencia que derivó en la conformación de una llamada "presidencia legítima", que cuenta incluso con un gabinete paralelo. El ex jefe de gobierno capitalino busca tener listo su libro para antes del 1º de julio, día en que encabezará una manifestación en el Zócalo, sitio en el que le fue colocado en noviembre una banda presidencial ante decenas de miles de sus seguidores.

"Ahí (en el libro) vendría qué lo llevó a tomar la decisión de encabezar este movimiento de resistencia", dijo Mario di Costanzo, secretario de Hacienda Pública del denominado "gobierno legítimo" de López Obrador. Una fuente del equipo de trabajo del político dijo que éste aún estaba decidiendo el título y que el lanzamiento del libro sería a finales de junio o a principios de julio. La jornada de protestas de la izquierda incluirá presentaciones de documentales, testimonios y muestras fotográficas relacionadas con las elecciones, dijo Di Costanzo. López Obrador, quien impugnó los comicios y buscó sin éxito que las autoridades electorales volvieran a contar los votos, cada semana realiza giras por el interior del país como un contrapeso al gobierno de Calderón, que asumió en diciembre entre protestas y tensión política.

López Obrador ha publicado otros libros, como Tabasco, víctima del fraude, en el que denuncia haber sido estafado en los comicios para gobernador de ese estado en la década de 1990 frente a otro ex candidato de las presidenciales de 2006, Roberto Madrazo. Precisamente Madrazo, del PRI, que gobernó México durante 71 años hasta el 2000, se adelantó a López Obrador al publicar recientemente un libro donde denuncia traiciones en su partido en el contexto de los comicios de 2006. Madrazo denuncia en La traición que fue víctima de deslealtades por parte de dirigentes de su partido, algo que lo llevó a perder estrepitosamente los comicios. El político acusa a gobernadores de su partido y a Elba Esther Gordillo, que fue la número dos de la agrupación y es la líder del poderoso sindicato de maestros, de haber actuado en favor de Calderón.

Kikka Roja

Noticias : Fox : Pleito Panista : Televisoras del Fraude

Slim, Azcárraga y Ricardo Salinas, entre los asociados del Centro Fox

El 3 de noviembre de 2006, Marta María Sahagún de Fox y María Magdalena Aguirre Navarro solicitaron al notario público 85, de la ciudad de León, Marcelo Gay Guerra, que formalizara el acta constitutiva de la asociación civil Centro Fox, con domicilio conocido en el rancho San Cristóbal, en esta localidad.
MARTIN DIEGO RODRIGUEZ, CORRESPONSAL

"Espino ya está aplacado", dicen tras el encuentro con Mouriño en Bucareli

FABIOLA MARTINEZ
El secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, recibió la noche del martes en su oficina al dirigente nacional de PAN, Manuel Espino, y al jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Juan Camilo Mouriño. El propósito del encuentro fue intentar resolver las diferencias entre el gobierno federal y la cúpula panista, en cumplimiento a la orden que, en ese sentido, dio el presidente Felipe Calderón.


Exige el Congreso a televisoras poner fin a sus ataques

* Condena campaña de desprestigio contra Corral y Bartlett
* Impugnadores de la ley Televisa, con derecho de réplica, afirma
* Surgió de AN el punto de acuerdo para defender a ex senadores
* PRD: resulta intolerable que concesionarios litiguen en pantalla
ANDREA BECERRIL Y VICTOR BALLINAS

Por las fronteras salen drogas y se intercambian por armas: Carstens
ROBERTO GONZALEZ AMADOR

Rayuela
Después de lo dicho por Carstens no queda más que cerrar el país entero y largarse.
Que el último apague la luz.

PRD: la reforma penal de Calderón no pasará

VICTOR BALLINAS, ANDREA BECERRIL
Las reformas en materia de justicia y seguridad pública de Felipe Calderón no se aprobarán, porque no son las medidas requeridas para enfrentar al crimen organizado, advirtió el coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, al responder los apremios que formuló la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) al Congreso de la Unión.

La reforma fiscal no incluirá el IVA en medicinas y alimentos, señala Gobernación

FABIOLA MARTINEZ
El gobierno federal no incluirá en su propuesta de reforma fiscal la aplicación del impuesto al valor agregado (IVA) en alimentos y medicinas, reveló ayer Jorge Estefan Chidiac, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

No descubre el IFAI gastos de la familia Calderón en vestuario
ELIZABETH VELASCO C

Divididos, consejeros del IFE discuten hoy sobre la destrucción de boletas electorales

ALONSO URRUTIA
La propuesta de destrucción de las boletas de las elecciones del pasado 2 de julio -en la primera quincena de junio- será el punto central que este mediodía se discutirá en la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE).


Kikka Roja

Lorenzo Meyer

El Gobierno en la sombra

Lorenzo Meyer
AGENDA CIUDADANA

“Una posible interpretación de la política mexicana actual, es de una lucha entre el Gobierno formal y el Gobierno en la Sombra”

Lo Que Está en Juego. De las 461 concesiones de televisión que actualmente operan en México, Televisa y TV Azteca controlan el 95% (cifras tomadas de Denise Dresser, Reforma, 29 de mayo). Si éste no es un caso claro de monopolio, entonces el concepto ya perdió todo sentido en México. Además de la lucha contra el narcotráfico, la atención del público está centrada en dos controversias legales. Por un lado, la querella sobre la constitucionalidad de la despenalización parcial del aborto, aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Por el otro, un litigio similar en torno a la legislación aprobada el año pasado -sin discusión y en plena campaña electoral-, en materia de telecomunicaciones, radio y televisión. La Suprema Corte de Justicia (SCJ) es el sitio donde formalmente se va a llegar a una decisión legal en torno a estos dos temas, de naturaleza muy distinta, pero igualmente importantes. Mientras la derecha ha elegido al aborto como la arena para hacer patente su intento de dominio ideológico sobre la sociedad mexicana, las Leyes de telecomunicaciones y de radio y televisión son el campo donde se está decidiendo la relación presente y futura de la sociedad mexicana con los grandes difusores e interpretes de la realidad pero, sobre todo, con los grandes monopolios del presente y el futuro.

La Televisión y el Viejo Régimen. A falta de una clase propietaria empresarial y realmente capaz de encabezar un proyecto de desarrollo nacional, el Estado mexicano del siglo XIX -una vez que superó el fracaso de su etapa inicial- asumió el papel de actor central de ese proyecto. Ese relativo dominio del sector público sobre el privado se acentuó tras el formidable golpe que recibió la oligarquía terrateniente a raíz de la destrucción del sistema político porfirista entre 1911 y 1917. Como ocurre en cualquier revolución exitosa, la mexicana provocó una mayor concentración del poder en el Estado. Y como ese proceso se dio en un contexto autoritario, la institución presidencial resultó ser el espacio donde se tomaron todas las grandes decisiones, entre otras, las que llevaron a la construcción de un gran emporio y monopolio televisivo. Para Claudia Fernández y Andrew Paxman, “Tanto la fundación como el crecimiento inicial de esta industria [la de televisión] dependió en gran medida de la voluntad y los caprichos del Gobierno, en particular del presidente Miguel Alemán Valdés (1946-1952)”, (El Tigre. Emilio Azcárraga y su imperio Televisa, México: Grijalbo, 2001, p. 59). Es posible que fuese el propio presidente Adolfo Ruiz Cortines quien impulsó la fusión de las primeras televisoras –cuyas concesiones fueron dadas a tres favoritos del presidente- para crear en 1955 Telesistema Mexicano (TSM) con Emilio Azcárraga al frente, (Fernández y Paxman, op. cit., p. 65). Y aunque esa consolidación violaba la letra y el espíritu de la Constitución por su carácter monopólico, el Gobierno la aceptó y fomentó porque servía bien al interés del régimen. TSM, que se transformaría en Televisa, se convirtió en el corazón del sistema de legitimación y propaganda del autoritarismo priista. La decisión en 1993 de privatizar el Canal 13 y otorgárselo a Salinas Pliego, consolidó al actual duopolio televisivo. Esa decisión se puede explicar por razones similares a las que lustros atrás dieron lugar al TSM, es decir, por “la voluntad y los caprichos del Gobierno, en particular del presidente”, (Fernández y Paxman, op. cit., pp. 487-493).

El Fortalecimiento de los Poderes Fácticos. Carlos Salinas escribió y cerró el último capítulo del “Estado Fuerte”. El cambio de régimen iniciado con las elecciones intermedias de 1997 y que tres años después desembocó en la derrota del PRI, no sólo abrió la puerta a la democracia política en México sino también a su antítesis: a un proceso de predominio de los grandes intereses económicos privados. Una combinación de elementos internos y externos contribuyó a crear el actual y perverso “juego de suma cero”. En efecto, una parte del poder que perdió el Estado autoritario lo ganaron los ciudadanos, pero otro trozo -quizá mayor- lo capturaron los grandes grupos empresariales. Entre los factores que explican esta transferencia de poder, destaca el componente externo -la globalización y privatización del mercado- pero también los elementos autóctonos: los efectos negativos del “error de diciembre” de 1994 en las finanzas y políticas públicas, la captura del sector financiero nacional quebrado por la banca internacional, la rápida e impresionante concentración de riqueza en un puñado de empresas nacionales monopólicas, la incapacidad del Gobierno para lograr el crecimiento y el fortalecimiento del erario, la semiparalización de un Gobierno dividido, la voluntad de Vicente Fox de presidir “un Gobierno de empresarios para empresarios”, el crecimiento del poder del narco, etcétera.

La Televisión Como Parte del Gobierno en las Sombras. La pérdida de poder presidencial, junto a la transformación de instituciones hasta entonces irrelevantes -el Congreso o la SCJ- en arenas donde se podía ejercer el poder y no precisamente a la luz del día sino en las sombras, abrió un gran espacio al cabildeo y negociación entre las grandes concentraciones de riqueza y las directivas de los partidos, los gobernadores e incluso el Poder Judicial. Tras la elección de 2000, e interfiriendo con la redistribución democrática del poder, empezó a conformarse en México un “Gobierno en las Sombras”, cuyos centros de decisión están en los grandes corporativos y las organizaciones populares. Este poder que a falta de la legitimidad del voto tiene la fuerza del dinero y del control de actividades económicas clave, actuó de manera decisiva en las elecciones del 2006. Pudo entonces explotar al máximo las debilidades de una clase política corrupta y dividida, donde cada partido necesitaba con urgencia recursos y apoyos para triunfar en la batalla de las urnas. En esas condiciones, nadie mejor situado que las televisoras -el medio imprescindible para transmitir masivamente el mensaje político- para influir en la formulación de las reglas que debían determinar tanto la naturaleza del marco formal del sector de las comunicaciones como el sentido mismo del voto en una elección cerrada que podía desembocar en un triunfo de la izquierda o en la consolidación del dominio de la derecha.

En plena campaña presidencial de 2006, donde el apoyo de las televisoras a un candidato y a un partido podía significar la diferencia entre ganar y perder, el duopolio televisivo privado se empleó a fondo para ejercer un gran acto de poder y Gobierno: sus cabilderos lograron el apoyo absoluto de los diputados y mayoritario de los senadores, a una legislación sobre telecomunicaciones, radio y televisión confeccionada por las televisoras para favorecer no sólo la preservación del status quo monopólico sino su reproducción en el futuro. En vísperas de la “gran fiesta democrática” de 2006, el interés general fue traicionado en el Congreso en función de los intereses partidistas y quizá, particulares de los legisladores. Pero aquí no hay Gobierno perfecto y un grupo minoritario, pero suficiente de senadores salientes, logró hacer que la SCJ no tuviera más remedio que pronunciarse sobre la constitucionalidad de una legislación que, a juicio de los inconformes y del sentido común, atenta contra el interés general al impedir la competencia en un sector altamente redituable y central para la difusión y análisis de los datos que el ciudadano normal necesita para conocer sus opciones políticas como parte de la comunidad y finalmente, para ejercer de manera racional su derecho al voto y a manifestar su apoyo o censura a las acciones de los poderes públicos y privados.

Lo que Hoy está en Juego. La esencia de lo que una SCJ, con menos ministros de lo normal, deberá decidir se puede resumir así: la legislación aprobada el año pasado en condiciones de debilidad política y oportunismo máximos del poder legislativo, reafirma y prolonga el carácter monopólico de la televisión. Si el Gobierno formal tiene aún sentido, esta situación debe cambiar declarando inconstitucionales los artículos 16 y 28 de la Ley actual. Si la SCJ rechaza ambos artículos, el incipiente Gobierno en la Sombra habrá perdido terreno y la sociedad lo habrá ganado, pero si ambos o uno sólo de esos artículos permanece, la situación será exactamente la contraria.


Kikka Roja

Miguel Ángel Granados Chapa

Destrucción de boletas y algo más

Plaza Pública

En su sesión de hoy, el consejo general del IFE acaso tome un acuerdo que completará el pernicioso papel que desempeñó en el proceso electoral del año pasado, sobre todo a partir del dos de julio. Contraviniendo su propia decisión, se apresta a fijar fecha para la destrucción de las boletas electorales que, estando indisponibles para los ciudadanos, estarán disponibles para las piras, los hornos, las trituradoras o las máquinas de reciclaje.

Es clara la norma legal que ordena esa operación final para esa porción de la papelería electoral. Se incluyó en el código ese precepto para santificar la bárbara operación política que eliminó la evidencia del fraude que tal vez fue cometido en 1988 y del que sólo podemos hablar en esos términos precisamente porque se hizo desaparecer uno de los dos extremos con que es posible alcanzar certidumbre electoral, las papeletas mismas de la votación, sin las cuales el valor de las actas en que presumiblemente se recoge el resultado de urnas se reduce al mínimo. Pero esa norma, como todas, fue concebida para la normalidad y por lo tanto no es aplicable en la situación política mexicana surgida el dos de julio y agravada en agosto y septiembre pasados, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió ilegalmente los juicios de inconformidad (el trámite de algunos de los cuales requirió la apertura de paquetes electorales) y cuando calificó la elección.

Admitiendo esa anormalidad, que se expresaba en peticiones ciudadanas para tener acceso a esa parte de la documentación electoral, el consejo general del IFE acordó el 15 de diciembre pasado aplazar la destrucción de los paquetes que contienen las boletas hasta que causen estado los procedimientos legales surgidos de las solicitudes de acceso. Y a pesar de que esos procedimientos están todavía en curso, asaltó la prisa al menos a algunos consejeros, que a última hora incluyeron en el orden del día de la sesión de hoy la fijación de la fecha para acabar con los paquetes.

Por un lado el semanario Proceso, representado para estos efectos por el reportero Daniel Lizárraga y por parte la reportera Delia Angélica Ortiz, que en aquel momento trabajaba para Hoy por hoy, de XEW, solicitaron acceso a la paquetería electoral. La periodista se interesaba sobre todo en el examen de los votos por las candidaturas no registradas, mientras que el semanario buscaba un recuento total, no el voto por voto demandado por Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores, puesto que no podía generar efectos legales como los que se propusieron los votantes que se sintieron defraudados. Ya que el Tribunal Electoral había abdicado de su cometido constitucional de generar certidumbre sobre el proceso comicial, Proceso supuso posible que grupos de ciudadanos, sin más propósito que la transparencia, examinaran el contenido de los paquetes y lo cotejaran con las actas.

Sí, se dijo entonces que esa operación había sido realizada ya por los ciudadanos responsables de la mesa de elecciones y que se les ofendía al expresar la pertinencia de un ejercicio análogo al que ejecutaron el dos de julio. Pero no se trataba de descubrir errores e imputar fallas, sino de propiciar claridad donde hubo confusión y transparencia donde privó la opacidad.

Una y otra vez el IFE rehusó el acceso solicitado y los peticionarios acudieron a la justicia electoral. El 25 de abril pasado el Tribunal emitió una resolución en apariencia ambigua, pero con el mismo claro sentido restrictivo que las resoluciones del otro órgano electoral. Le asestó un severo tirón de orejas pero no por lo que dijo sino por el cómo lo dijo.

En una contundente lección el Tribunal enseñó al IFE cómo expresar su negativa, pero avaló esa respuesta. Generó al efecto, como ha expresado John M. Ackerman, una nueva categoría en el ámbito del derecho a la información. La Ley de transparencia sólo reconoce tres clases de información: la confidencial, la reservada y la pública. Los magistrados del órgano superior de justicia electoral añadieron la información indisponible.

Incurrieron, al hacerlo, en el error lógico llamado petición de principio, en una tautología. Declararon, como condición del material requerido su indisponibilidad, circunstancia que era la que se pedía modificar. Crearon un círculo vicioso; los paquetes son indisponibles porque son indisponibles, en vez de genera para ese material la nueva condición jurídica de su disponibilidad. Consumada su intervención el 16 de mayo, se interpretó que el IFE había recibido la señal de ir adelante en el cumplimiento de su facultad legal de destruir las boletas. No es así, porque el órgano electoral se impuso una atadura, la de aguardar a que los procedimientos de impugnación concluyan. Hay por lo menos dos en curso. Por un lado la reportera Ortiz Trujillo acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y está en espera de que se dicten medidas cautelares, que precisamente impidan la destrucción antes de que su solicitud sea satisfecha.

Por otro lado la Suprema Corte revisa si fue lícita la intervención de un juzgado administrativo de amparo que dictó sentencia adversa a Proceso.

Abordar hoy el tema, en esas condiciones procesales y más todavía resolverlo y fijar fecha para eliminar la paquetería cuanto antes y no en vísperas de dos de julio validará la idea de que el consejo general del IFE protagoniza el más grave retroceso en la historia de los comicios en nuestro país.


Kikka Roja

Guadalupe Loaeza

¿¿¿Ex Fox???

Guadalupe Loaeza
Su Serenísima, señor Vicente Fox:

Le escribo para decirle que no obstante el cambio de gobierno usted siempre, siempre, siempre será mi presidente consentido. No se puede imaginar a qué grado lo extraño, con decirle que ya ni leo los periódicos; me hacen falta sus declaraciones, sus reflexiones tan conceptuales e interesantes, sus conocimientos literarios, pero sobre todo, sus grandes para el bien de México.

Permítame decirle Señor Presidente que he llegado a una conclusión indiscutible e inexorable. Créame que no es gratuito lo que a continuación le diré, llevo mucho tiempo dándole vueltas a este asunto, que en el fondo me preocupa. Si no lo había externado anteriormente, es porque no quería causarle más problemas, bastante tenía con gobernar a un país que por momentos parece totalmente ingobernable. Señor Presidente: le tienen envidia. Sí, Señor Presidente, es una envidia que los corroe y no los deja dormir. Es una envidia que los ciega por completo y no les permite evaluar todo lo que nos dio a lo largo de los seis años y Bendito sea Dios, nos sigue dando. Son tan envidiosos estos pseudo intelectuales, historiadores y politólogos, que en realidad no deberían de pertenecer al llamado círculo rojo, sino al verde; verde como al monstruo de los ojos verdes, The green-eyed monster. ¿Sabe que le envidian Señor Presidente?: su frescura, su espontaneidad, su carácter llano y directo, pero especialmente, envidian el hecho de que sea un presidente que siempre ha dado la cara y que no anda huyendo del país con las bolsas llenas de dinero para ir a esconderlo a los bancos suizos, o a otro lugar. Y éste, Señor Presidente, sin duda es su caso. Usted no se esconde, ni se esconderá jamás. ¿Por qué lo haría, mi Señor Presidente, si tiene usted la conciencia totalmente tranquila? Si a todo lo anterior, le suma la envidia que les inspira su pareja, su matrimonio tan armonioso, sus hijos; sus hijastros, tan buenos muchachos, ellos; pues la envidia que sienten todavía es mayor.

No, Señor Presidente, usted jamás podrá será “ex”, en nada. Para mí siempre será, Gobernador Constitucional de Guanajuato, Diputado Federal, Supervisor de ruta y Ejecutivo de Coca-Cola, Candidato al PAN para la presidencia, Consejero Nacional del PAN, Miembro del Consejo, Presidente Fundador de la Casa Cuna “Amigo Daniel”, Presidente del Patronato Loyola, pero principalmente, será para toda la vida, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. ¡Faltaba más!

Mandatario, qué bueno que les aclaró el pasado 25 del presente a los corresponsales extranjeros allá en su rancho de San Cristóbal, quienes fueron convocados para anunciarles la obra que albergará el Centro de Estudios para la Democracia (centro de difusión de conocimientos y promoción de las tesis económicas, políticas y sociales que impulsó desde Los Pinos), que no le dijeran “Ex-Presidente”. "En México normalmente los presidentes huían del país con las bolsas de dinero a ir a esconderlo a bancos suizos o a algún otro lugar. Ése no es el caso del Presidente Fox. El Presidente Fox está aquí, dando la cara, porque no tiene nada que ocultar y porque hemos actuado con transparencia y lo vamos a seguir haciendo", advirtió. Qué bueno que les anunció la publicación de su próxima libro en inglés y uno, para el corto plazo, en español, en el que reseñara su paso por Los Pinos. Pero de todo lo que les dijo, lo que más me gustó, fue cuando de plano les aclaró: "Así como hay algunos migrantes mexicanos que van a Estados Unidos en busca del sueño americano, y algunos lo encuentran, otros se llevan palizas, violencia y violación a sus derechos humanos, lo cual es terriblemente injusto”. ¡Bravo, así es como debe de hablar un Presidente! "Por eso es que nosotros demandamos de Estados Unidos el buen trato y el respeto pleno a los derechos laborales y humanos de nuestros migrantes mexicanos". Y de paso qué bueno que les hizo varias críticas al “muro” que se levanta en la frontera: "¿De dónde van a sacar a enfermeras? ¿Quién va a levantar las cosechas?", les preguntó con toda su investidura.

La que también estuvo espléndida ese domingo, al salir de misa de la Parroquia de la Purísima Concepción, con los periodistas extranjeros, fue la Primera Dama (¿verdad que si a usted se le debe decir “Presidente”, ella es la Primera Dama?) Cuando los corresponsales (acaso muchos de ellos también medio envidiosillos) le preguntaron sobre las denuncias de sus hijos, con toda su honestidad contestó: "Estoy absolutamente segura de que no prosperarán. Pero... quien quiere destruir en los medios destruye", respondió. "No hay gato encerrado", terció usted Presidente. “Para eso va a estar el Museo Fox: no habrá tapujo de nada". En seguida, la Primera Dama, les aclaró, que: “Yo no me veía como candidata a la Presidencia” y que no se presentaría como candidata en el 2012. Me pregunto, ¿cómo lo haría, Señor Presidente, si sigue siendo la Primera Dama?

De todo, todo, lo anterior lo único que no me gustó es que haya criticado a mi compañero Mayolo López. Eso sí lo lamenté. Entiendo que estaba usted muy irritado, porque le decían “ExPresidente”, pero sinceramente sentí un poquito agresivo cuando dijo tajante: "Les quisiera preguntar al a.m. y a Mayolo (López, reportero de REFORMA) si al Presidente Juárez le dicen ex Presidente Juárez; o al Presidente Madero le dicen ex Presidente Madero; o al Presidente Lázaro Cárdenas le dicen ex Presidente Lázaro Cárdenas" Pero no se preocupe, Señor Presidente, ya hablaré con él. Estoy segura que entenderá...

Por último Mandatario, permítame darle un consejo, cuídese de la envidia. Cuídese de sus enemigos. (el otro día uno de ellos me dijo que como usted era tan alto, lo de la presidencia se le había “subido”, muy lentamente, hasta hace unos días y que por eso insistía a que le llamaran Presidente). De paso, también cuídese de los del PAN. Qué bueno que es tan amigo de Espino para que lo siga apoyando y qué bueno que sí va ir a la Asamblea de su partido el próximo sábado para que vean sus correligionarios que usted no tiene nada que ocultar. (Si allí alguien lo llama ex presidente, póngale el pie para que se caiga).

No me queda más que despedirme de usted, y repetirle cuánto lo extraño. Digan lo que digan, usted seguirá siendo el Presidente de los y las mexicanas por los siglos de los siglos. Amén.

Kikka Roja

miércoles, 30 de mayo de 2007

Consejo de Defensa de la Vivienda

  • Llaman a crear el Consejo de Defensa de la Vivienda
ALMA E. MUÑOZ

El "gobierno legítimo de México" convocó a la constitución del Consejo de Defensa de la Vivienda, el próximo sábado, con el propósito de impulsar un mecanismo de protección para los derechos de los trabajadores, que incluye la presentación de denuncias penales contra quien sea responsable del despojo de inmuebles otorgados por instituciones federales, con el argumento de que sus propietarios se encuentran en cartera vencida. Laura Itzel Castillo, secretaria de Asentamientos Humanos y Vivienda del equipo del ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, reiteró que en especial les preocupa la pretensión del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) de desalojar este año a 110 mil familias de sus propiedades, por falta de pago de sus créditos, y que esos pasivos se estén vendiendo a "administradoras" privadas.

El gobierno federal comercializó créditos

En conferencia de prensa dio cuenta de que 18 mil 702 de esos créditos fueron comercializados al 10 por ciento de su valor a la empresa estadunidense Capmark. Es decir, afirmó, el gobierno federal obtuvo, por esa transacción, 425 millones de pesos, cuando el importe real de esa cartera es de 4 mil 25 millones. Otro dos paquetes, denunció, se traspasaron al 6.59 por ciento de lo que realmente valen, cada uno. El primero con un saldo de 2 mil 800 millones de pesos, y el segundo, con 2 mil 900 millones. Castillo manifestó que como el Infonavit, el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) y el Fonhapo realizan "un terrorismo judicial" en contra de sus beneficiarios, mediante despachos privados como SCRAP 2, Recuperadora de Deuda Hipotecaria y Grupo Acser, para ejecutar los "despojos", basados en "convenios judiciales violatorios de la Constitución y de la Ley Federal del Trabajo". A todo ello, indicó, "hay que sumarle la depredación del medio ambiente y el despojo de ejidos y tierras comunales que se dan en todo el territorio nacional" para hacer las edificaciones correspondientes.

El Barzón, parte del consejo

La ex secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal (cargo que ocupó durante el sexenio de López Obrador) anunció que el consejo estará integrado por organizaciones sociales como El Barzón y el Movimiento Urbano Popular-CND, así como ciudadanos independientes. La intención, insistió, es que mediante ese órgano se luche por "revertir la política habitacional del gobierno espurio", a través de la integración de un paquete de reformas a las leyes Federal de Vivienda, del Infonavit y del ISSSTE, así como exigir la "renegociación de la cartera (vencida) con la aplicación del derecho de tanto", y organizar talleres para la defensa jurídica de quienes ven en riesgo su patrimonio. Adelantó que en septiembre se reunirán con Miloon Kothari, relator de la Organización de las Naciones Unidas en materia de vivienda, durante una visita que éste realizará al país.

Pretende Infonavit despojar de sus viviendas a 110 mil familias del país, denuncia Castillo Juárez

Kikka Roja

Sergio Aguayo Quezada

Los desertores

sergioaguayo@infosel.net.mx
www.sergioaguayo.org

La cruzada de Felipe Calderón contra el crimen organizado cumple seis meses y el balance es negativo por la debilidad gubernamental y la fortaleza de un crimen organizado tan fortalecido que ayer atacó con granadas el cuartel policiaco de uno de los municipios con mayor concentración de poder del país: San Pedro Garza García en Nuevo León.

Vicente Fox tuvo un papel estelar en el debilitamiento del Estado. Entre 2000 y 2006 permitió que el crimen organizado se tragara gruesos bocados del monopolio estatal sobre el uso de la fuerza. En una investigación de próxima aparición sobre armas pequeñas y livianas en México, Georgina Sánchez ilustra algunos flancos débiles del Gobierno Federal. En el sexenio de Ernesto Zedillo desertaron 114 mil efectivos del Ejército; en cuanto a los seis años de Fox toma cifras oficiales de 2000-2003 para hacer una proyección y estimar que abandonaron el uniforme entre 130 y 135 mil. En 12 años un cuarto de millón de desertores una parte de los cuales son ahora mortíferos sicarios. En su texto, la especialista en seguridad también habla de que México está “sobre la cima de un volcán de violencia” alimentado por la abundancia de armas cortas. Existen 17 mil puntos de venta en el lado estadounidense de la frontera y ahí se adquirió una porción indeterminada de esos 3.5 y 16.5 millones de armas que había en el 2004 en nuestro país. Nuestros aduaneros o son invidentes o son corruptos porque según cifras oficiales sólo decomisaron mil 791 armas entre diciembre de 2000 y diciembre de 2005. Menos de una al día.

La Procuraduría General de la República (PGR) foxista tampoco se distinguió por su entusiasmo. Un estudioso de la seguridad, Carlos Antonio Flores Pérez, tuvo la paciencia de revisar todos los boletines de prensa de la PGR entre 2000 y 2006 y presentó sus hallazgos en el encuentro organizado el pasado 22 de mayo ante la Red de Especialistas en Seguridad Pública. Rescato unas líneas de su ponencia: “la lucha contra la alta corrupción ligada al narcotráfico virtualmente se colapsó durante el sexenio de Vicente Fox. Mientras que en el mandato de Ernesto Zedillo se ordenó la detención de diversos servidores públicos de alto nivel, incluyendo a un gobernador y varios generales” el Gobierno de Fox “no procedió judicialmente contra ningún alto funcionario”. Calderón decidió enviar al Ejército a la guerra contra el narco y eso fue muy bien recibido por la sociedad. Meses después el balance todavía no es desesperado, pero sí es preocupante porque se mantienen las debilidades federales y porque el crimen organizado en lugar de bajar el perfil se enfrentó a la tropa y ejecuta funcionarios y militares y ataca cuarteles demostrando, una y otra vez, su organización, inteligencia y armamento. ¿Qué persiguen? Algunos de ellos sueñan con ganarse un corrido; sus estrategas más bien buscan amedrentar a la sociedad y debilitar más al Gobierno Federal.

Los militares patrullan y hacen operativos en plazas controladas por el narco, pero eso no evita que en la vida diaria éste imponga su Ley a corporaciones policiacas desmoralizadas. La determinación con la que la Policía sonorense se enfrentó y aniquiló a docenas de sicarios en Cananea es la excepción. El estado de ánimo prevaleciente lo expresó el presidente municipal de Pungarabato, Guerrero, el perredista Víctor Adolfo Mojica, al periodista Lemic Madrid: debe hacerse “un pacto con los grupos dedicados a la delincuencia organizada” porque enfrentarlos de manera directa es “un error” (Excélsior, 5/23/07). Se resquebraja por doquier la moral de las corporaciones policiacas y aumentan las indisciplinas. En las últimas semanas se han insubordinado policías en Coahuila, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Tabasco y Veracruz por sus bajos salarios, la inseguridad del empleo y la precariedad de su armamento. Hace días La Jornada contó la historia de los policías municipales de San Salvador Atenco que hicieron un paro de labores porque tres de ellos fueron heridos al no poderse defender porque entre todos sólo traían un arma. Resulta que toda la Policía Municipal ¡sólo tenía seis pistolas (una por módulo de vigilancia) para dar seguridad a 600 mil habitantes! (05/11/07).

Ante tanta indefensión la sociedad se refugia en casa y simula una normalidad inexistente. La evasión es la norma y eso se refleja en el creciente número de medios y periodistas que optan por informar muy poco o nada sobre narcotráfico y violencia. Sólo los Quijotes suicidas hablan o dan detalles. El recientemente fallecido Arturo Solís –un periodista y defensor de los derechos humanos siempre dispuesto a defender principios— me confío semanas antes de su prematura muerte un incidente que ilustra la forma en que los narcos controlan Reynosa, Tamaulipas: “en mi programa de radio mencioné el nombre de un jefe policiaco con antecedentes de ligas con el narco; a los diez minutos ya me estaba llamando uno de los capos para advertirme que no volviera a mencionar al funcionario porque “ése es de los nuestros”. Estoy en contra de que las Fuerzas Armadas participen en el combate al narco aunque entiendo la inevitabilidad de hacerlo. Para que la victoria sea viable resultan insuficientes las proclamas y los spots publicitarios del comandante en jefe. Se requiere que el Gobierno Federal consolide su retaguardia y que se involucre en serio los estados y municipios concediendo, de entrada, salarios dignos a sus policías. Los desertores fueron un factor tras la derrota de 1847 ante Estados Unidos. ¿Sucederá lo mismo en esta guerra del siglo XXI?

La miscelánea

Incomprensible y contradictoria la decisión de Felipe Calderón de abrirse un flanco que polariza a la sociedad al autorizar a la PGR a meter, junto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una controversia constitucional para frenar la despenalización del aborto aprobada en la capital. En su columna del pasado lunes (Excélsior, 05/28/07) José Antonio Crespo recordó unas declaraciones de Felipe Calderón de marzo de 2006: sobre el aborto “tengo mis convicciones y principios… pero como Presidente no pienso imponer autoritariamente a nadie mis ideas”. Esas líneas le sirven a Crespo para señalar la contradicción: “pues ya estamos viendo hasta dónde llegaba esa tolerancia y esa pluralidad, pues la reforma que despenaliza el aborto fue aprobada por una abrumadora mayoría del órgano representativo de la capital”.


Kikka Roja

Las Mentiras : Promesas de campaña de Calderón

Eloy Salmerón Díaz
“Para los más pobres no alcanzó el dinero”

Por: Marcela Turati / Enviada
30/05/2007

CHILPANCINGO.- Tlacoa-chistlahuaca, el municipio que el presidente Felipe Calderón eligió para estrenar su estrategia nacional para los 100 municipios más pobres de México desborda irregularidades: los pisos construidos con el presupuesto federal y estatal son de mala calidad; los ejecutores dejaron los fogones y las letrinas ecológicas a medio construir; mil viviendas de familias muy pobres fueron ignoradas del censo; los recursos se concentraron en la cabecera municipal y 14 millones de pesos supuestamente invertidos en las obras no aparecen. Esto lo revela Eloy Salmerón Díaz, el alcalde indígena panista que recibió la visita del presidente el 6 de diciembre y la encomienda de vigilar el destino de los recursos destinados a cumplir la primera promesa presidencial a los pobres. En la que fue su primera gira de trabajo, Calderón prometió paquetes de vivienda para todos los habitantes de ese municipio montañoso de la Costa Chica de Guerrero, lanzó su plan nacional antipobreza. Tlacoachistlahuaca se convirtió ese día en el “municipio-laboratorio” de la estrategia del gobierno calderonista. Es el primero, de los 100 más pobres, y hasta el momento el único, en recibir los paquetes de vivienda. En esta entrevista realizada en Chilpancingo, Salmerón habla con Excélsior sobre el programa, señala las irregularidades encontradas, menciona responsabilidades, revela que hubo familias que rompieron su piso de cemento para recibir uno nuevo y que otras no se anotaron porque no creyeron en las promesas gubernamentales.

—¿En qué consiste el programa?
—El Presidente anunció un programa muy importante para todo el país para atender a los municipios indígenas, especialmente con programas de vivienda, que inicia en Tlacoachistlahuaca. Es un programa estratégico que consiste en mejorar las condiciones de vida de las familias, especialmente en higiene, y tiene cuatro componentes: piso firme, reforzamiento de muros, construcción de baños secos y fogones en alto.

—¿Qué tan necesario es en municipios como el suyo?
—Mucho. En las zonas marginadas la gente se tiene que alejar de su poblado para hacer sus necesidades, eso implica una contaminación, es antihigiénico. En las comunidades preparan los alimentos en el piso de la casa, juntan dos, tres piedras, ponen el comal, las ollas, prenden la lumbre y es malo para la salud porque ahí duermen y conviven entre el humo y la ceniza. “La gente vive sobre tierra firme, no hay un solo material que esté protegiendo de donde duerme la familia, porque a la gente no le alcanza para comprar una tonelada de cemento para encementar. La gran mayoría de las habitaciones en las zonas rurales son hechas de adobe con zacate, el excremento de asno o caballo les da un refuerzo especial para construir sus casas, pero en tiempos de temblores se parten, se puede caer la casa”.

—¿Cómo detectaron las irregularidades?
— El Presidente cumplió su palabra porque asignó los recursos a Fonhapo y Fonhapo se los dio a Invisur (el Instituto de Vivienda de Guerrero) que, se supone, debió licitar la obra. El compromiso era para 2 mil 595 viviendas (con 32 millones de pesos de la federación y 11 millones el gobierno del estado). Después se acordó que se iba a aplicar en la totalidad de las viviendas. “El Ayuntamiento estuvo pendiente de lo que se hacía porque el Presidente, en tono de broma, me dijo que si no se hacía me podia castigar. Siempre desconfiamos de la entrega de los números y de la calidad del trabajo, veíamos el tipo de material que se usaba: usaban grava-arena con mucha tierra, que no es tan pura para dar solidez al piso. Eso se hace para ahorrar más recursos. “Contamos las viviendas donde se aplicaron los recursos y tuvimos un número distinto al que manejaba Invisur. Por eso, buscamos apoyo de Fonhapo y Sedesol porque los datos de Invisur nos parecían manipulados”.

—¿Qué encontraron durante la inspección?
—El Invisur manejaba que ya había concluido con 3 mil 570 viviendas, pero el censo que se levanta con Sedesol y Fonhapo da 2 mil 758 viviendas.

—¿Cuánto dinero faltó de aplicarse?
—Estamos viendo que son como 14 millones de pesos, que es un cálculo que hacemos basados en el costo de reforzamiento, de piso firme, de letrinas y fogones. Pueden decir que los datos no son ciertos: si sumamos, es muy fácil cotejar. Lo único que pedimos es que se aplique el recurso en las mil viviendas pendientes.

—¿Por qué se dejaron fuera a esas familias?
—El censo del Ayuntamiento nunca se tomó en cuenta para la aplicación de recursos. Invisur hace su censo y aplica su recurso en la parte baja (en la cabecera municipal y comunidades cercanas) porque los fletes son costosos para las comunidades de la parte alta, en la montaña. “Hubo también casos de personas que dañaron el piso (de cemento) que ya tenían para recibir cemento. En el ayuntamiento hicimos un Comité de Apoyo y Vigilancia para decir cuál era la gente que necesitaba más el apoyo; sin embargo, no se nos permitió participar”.

—Fueron excluidas las familias más pobres…
—En la parte más marginada no llegó, según el Invisur no alcanzaron los recursos. Eso es injusto porque les habíamos dicho que era más importante empezar por la parte alta, porque en tiempo de lluvia viven incomunicados, falta de empleo, hay mucha marginanción, analfabetismo, pobreza.

—Pero también hubo gente que no se anotó para recibir el programa…
—Hay mucha desconfianza, no a este gobierno, pero siempre por tradición que venía arrastrándose, les prometían que les daban alambre, machete, carretilla. Por eso, cuando llega esa propuesta dicen ‘no nos anotamos, porque cuando nos pedían credencial y acta de nacimento, no nos traían nada’.

—En las obras hechas, ¿qué irregularidades encontraron?
—No es generalizado el problema. En las viviendas en las comunidades en la parte baja se hizo un trabajo medio bueno, pero en la parte alta (la montañosa) se hizo a la carrera, faltó gente conocedora del trabajo de albañilería, hubo deficiencias.

En muchas comunidades el cemento no tiene calidad. Si a un bulto de cemento, por regla, tienes que aplicarle ocho o 10 bultos de arena y se le aplican 11 ó 13, el material sale muy pobre, el cemento no es de calidad, no tiene una vida duradera y no le da una protección a la vivienda.

—¿Y los fogones, muros y letrinas?
—En algunas comunidades no se aplicó bien el repillado de muros, el pegado de la mezcla no fortalece la casa y el muro quedó blando. Desgraciadamente, la mayoría de los fogones y las letrinas no se instalaron porque no hubo un trabajo social serio de las personas de Invisur que debían capacitar. A la gente le dieron un tubo para que lo instalaran, y ahí los tienen tirados. Igualmente con las letrinas: se les dio un panel de unisel que va reforzado con malla en los costados y eso se convierte en muro, cuando se instala. Mucha gente no lo instaló porque no entendió bien.

En la parte alta la gente sigue haciendo sus necesidades en el exterior, no conocen lo que es un baño, no hubo un cambio de cultura, un trabajo social serio.


Kikka Roja

El dinero de la pensiones no existe : ISSSTE

México SA
Carlos Fernández-Vega

  • Demagogia calderonista
  • Contrarreforma en el sistema de pensiones
  • Intervenciones quirúrgicas por decreto
  • ¿Dónde está el fondo de $10 mil millones?

Lerdos que son, los trabajadores no se han dado cuenta que con la "reforma" a la Ley del ISSSTE "el país se salvó de una crisis de dimensiones insuperables" (Calderón dixit). Tampoco, que "se tomó la decisión correcta". Mucho menos, que "ya empiezan a vislumbrarse los primeros frutos".

Tercos que son, un grupo de trabajadores al servicio del Estado, con base en Zacatecas, envió un análisis a México SA, por medio del cual demuestra "la demagogia de Felipe Calderón al anunciar 10 medidas supuestamente para reforzar al ISSSTE", porque en el mejor de los casos de esa decena "sólo una puede llevarse a cabo, y no significa ningún cambio sustancial. Es la número cinco (plan rector para racionalizar los recursos para la infraestructura), que no requiere de ningún desembolso financiero, utilización de personal ni materiales extraordinarios, pero que igual no tiene ningún impacto significativo sobre la situación del Instituto y sus derechohabientes". Las otras nueve no pasan de ser pura demagogia.

En su análisis, destaca que en la primera medida el inquilino de Los Pinos propone "llevar a cabo las más de 10 mil intervenciones quirúrgicas y estudios de gabinete que están pendientes, en un máximo de 90 días". Pero esto no se resuelve por decreto, y menos cuando uno de los problemas más acuciantes del ISSSTE es que desde hace años no tiene personal, infraestructura, ni equipo suficiente y adecuado. Para la mayoría de cirugías que son prótesis de reemplazo de cadera y de rodilla se requiere contar con ellas, y para esto llevar a cabo las licitaciones respectivas y contar con los quirófanos disponibles, y esto no se logra con una indicación, aunque sea de Los Pinos. "Y aunque se quiera echar mano de los hospitales y gabinetes privados, como lo ha dicho Yunes -con lo que se comprobaría lo que tanto se ha negado: la privatización de los servicios médicos-, se requieren recursos extraordinarios y programación, lo cual es imposible de cumplir en las actuales condiciones y menos en tres meses".

La segunda medida ("se lleven a cabo todos los servicios médicos, de manera fundamental las de médicos especialistas") es imposible de cumplir, porque el ISSSTE no cuenta con especialistas en número suficiente, ni siquiera en la bolsa de trabajo. Además, paga salarios miserables, por esa razón los pocos con que cuenta tienen que buscar trabajo en otras dependencias o en hospitales privados para poder sobrevivir de manera decorosa. Así que con la actual plantilla de personal el ISSSTE no puede asumir tareas extraordinarias.

La tercer medida ("en 90 días se resuelva el grave problema de abasto de medicinas en las farmacias del instituto") también es una mentira, porque el abasto tiene que ser permanente, no temporal, puesto que así como entran las medicinas así se consumen. Y por otro lado a las trasnacionales no les conviene surtir al ISSSTE las medicinas que no están en el cuadro básico a bajo precio cuando las puede colocar en las farmacias privadas para mejorar sus ganancias. Entonces, tampoco se puede cumplir en las actuales condiciones.

La cuarta ("establecer en coordinación con el sindicato un programa de profesionalización y ampliación del personal médico, que deberá concluir este año") es otra falsedad; no se puede profesionalizar en un plazo tan breve, y si se pretende contratar con los actuales salarios, pocos querrían trabajar. Pero, mientras los médicos se "profesionalizan", ¿quién llevará a cabo las cirugías y la atención médica especializada en los 90 días que propone Calderón?

Como punto seis el "salvador" del ISSSTE dice que su gobierno "entregará (de forma extraordinaria) 8 mil millones de pesos para mejorar el servicio de salud en infraestructura". Ya se tienen ubicados los lugares donde se aplicarán estos recursos, fundamentalmente en los estados de México y Morelos -hospital de Tultitlán y Emiliano Zapata, respectivamente; éste último en obra negra, porque su construcción está en litigio desde 1998- donde ya se cuenta con hospitales de tercer nivel, mientras que en otros estados ésta atención médica no existe y se tiene que esperar hasta un año o más para que sea atendido en los hospitales de tercer nivel, tiempo de espera que regularmente tienen consecuencias fatales para el paciente.

La séptima ("abrir para el siguiente ciclo escolar más lugares en las guarderías del Instituto para los hijos de las madres trabajadoras que están el lista de espera"): construir para el próximo ciclo escolar -en dos meses- CENDIS suficientes o ampliar los ya existentes o contar con personal suficiente para atender la demanda actual es pura demagogia por lo que no se requiere abundar en ello.

La octava (se compromete "a aportar -por una sola vez- 2 mil millones de pesos adicionales para facilitar 100 mil préstamos que se añaden a los programados para 2007"), trata de encubrir el mal manejo del fondo de préstamos del ISSSTE. Como se sabe el gobierno dispuso indebidamente de cerca de 10 mil millones de este fondo para cubrir el gasto corriente del Instituto, que no ha restituido, y ahora promete sólo 2 mil millones. ¿Y los otros 8 mil millones?

Sobre la número 9 ("impulsar el otorgamiento de créditos hipotecarios a pensionados y jubilados"), hay que preguntarse de qué fondo saldrán los recursos y bajo qué reglas, pero aun creyendo esta mentira serían 7 mil créditos para casi 600 mil jubilados (uno por cada 85). Además, dichos créditos no corresponden a un derecho establecido en la nueva ley; sino a una oferta aislada, oportunista y demagógica.

Por lo anterior, sostenemos que el gobierno de Calderón no tiene ni la más remota idea respecto de la problemática de la seguridad social, en general, y del ISSSTE, en particular. De ahí la desastrosa contrarreforma impuesta por el FMI y el BM, y aprobada sumisamente en la Cámara de Diputados y Senadores, contra la voluntad y a espaldas de los trabajadores.

Las rebanadas del pastel:

Básele barchante: más tardó la Conago en expresar "nuestra más firme solidaridad" con Calderón "en las acciones que ha emprendido por la seguridad", que en extender la mano para pedir más recursos federales... George W. Bush cumplió con la "tradición", y hoy anuncia la "democrática" selección de Robert Zoellick para presidir Banco Mundial.

cfvmx@yahoo.com.mx/ cfv@prodigy.net.mx


Kikka Roja

SCJN : ley televisa

Declara inconstitucionales dos fracciones del artículo 20 de la ley Televisa
Reconoce la Corte la función social de medios educativos y comunitarios

JESUS ARANDA, ANDREA BECERRIL

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció ayer la función social de los medios de comunicación públicos, al invalidar las reglas establecidas en la llamada ley Televisa por las que se impuso un marco jurídico discriminatorio y discrecional a solicitantes de permisos para operar estaciones de radio y televisión con fines culturales y educativos. El ministro Mariano Azuela advirtió que el Congreso se olvidó de la "sabiduría" que lo debe caracterizar y estableció dos regímenes distintos para el otorgamiento de concesiones y permisos: uno, con requisitos muy claros destinados a quienes usan las frecuencias "para especular y ganar dinero", y otro muy distinto a los permisionarios que se dedicaran al fin social de la radiodifusión.

Un régimen para una televisión comercial fuerte, digital, y otro para "una televisioncita modesta, casi de función altruista", obligada a cumplir mayores requisitos frente a una autoridad que actúa de manera discrecional, recalcó. "Mientras más se maneja la facultad discrecional, mayor riesgo hay de arbitrariedad", apuntó. Con una votación de ocho a uno, el pleno de la SCJN modificó el criterio del ministro ponente, Sergio Aguirre Anguiano, y declaró inconstitucionales las fracciones I y II del artículo 20 de la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT). El ex senador Javier Corral, representante del grupo de 47 ex legisladores que interpusieron la acción de inconstitucionalidad contra la ley Televisa, consideró que la Corte dio un paso importante al invalidar ese trato "vergonzoso" y desigual a quienes operan estaciones comunitarias y sociales, y son sometidos a "investigaciones policiacas".

"Es un verdadero coscorrón" de la Corte a los diputados y senadores que llevaron a la ley la decisión de Televisa de cerrarle el paso a los medios públicos, al someterlos a un trato absolutamente desigual, discrecional y discriminatorio", agregó. A su vez, el ex senador Manuel Bartlett dijo que le consta que las dos grandes televisoras siempre han querido eliminar a los llamados medios oficiales y públicos que no tienen fines de lucro, entre ellos las radios comunitarias y las estaciones de universidades y organizaciones sociales. En su fracción primera, el artículo 20 de la LFRT señala que "los solicitantes deberán presentar, por lo menos, la información a que se refieren las fracciones I, III, IV y V del artículo 17-E, así como un programa de desarrollo y servicio de la estación".

Asimismo, en su fracción segunda agrega que, "de considerarlo necesario", la Secretaría de Comunicaciones y Transportes "podrá sostener entrevistas con los interesados que hubiesen cumplido, en su caso, con los requisitos exigidos, para que aporten información adicional con relación a su solicitud. Lo anterior, sin perjuicio de la demás información que la secretaría considere necesario recabar de otras autoridades o instancias para el cabal conocimiento de las características de cada solicitud, del solicitante y de su idoneidad para recibir el permiso de que se trate".

En la fracción tercera agrega que "cumplidos los requisitos exigidos, y considerando la función social de la radiodifusión, la secretaría resolverá a su juicio sobre el otorgamiento del permiso". En su proyecto de resolución el ministro Aguirre Anguiano había desechado la petición de invalidar el artículo 20 de la LFRT, con el argumento de que es correcta una legislación especial para los medios públicos. Sin embargo, la mayoría de los ministros consideró que sí hay un criterio discriminatorio y un ejercicio discrecional de las facultades de la autoridad. Azuela destacó que frases que contiene el artículo, como "cuando menos", en referencia a los requisitos a presentar; o el que la autoridad "podrá" pedir documentación adicional y resolver "a su juicio", crean condiciones de incertidumbre para los solicitantes. "Entre más se maneja la facultad discrecional mayor riesgo hay de arbitrariedad", ya que la autoridad puede seleccionar "a quien le venga en gana", resaltó.

El ministro Azuela consideró que hay contradicción con el espíritu mismo de la LFRT, cuyo objeto es regular una actividad de interés público que deberá ser vigilada y protegida por el Estado. Es verdaderamente curioso, apuntó, que para la televisión comercial, "la que es para especular y ganar dinero, todo sea clarísimo, pero en el caso de las estaciones culturales, oficiales, de experimentación y comunitarias se les sujeta a una gran discrecionalidad". Insistió en que el Congreso estableció en la ley Televisa un régimen para una televisión fuerte, importante y digitalizada, que es la comercial, y una "televisioncita modesta, casi diríamos de función meramente altruista, para cumplir con las grandes finalidades que se establecen en la LFRT". Hay un trato desigual, sostuvo, ya que no se dan mayores apoyos ni mayor seguridad jurídica a los permisionarios. Además, agregó, se establece la desigualdad, al desvirtuarse el principio de legalidad con mecanismos de otorgamiento de las concesiones y de los permisos.

Al señalamiento que formuló el ponente, de que había que confiar en la "bondad" de las autoridades, Azuela resaltó que la discrecionalidad propicia que si éstas no son tan "bondadosas" pueden existir abusos y no se otorguen las concesiones a personas que reúnan todos los atributos. Al momento de la votación, desconcertó a los presentes en el salón de plenos que la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos señalara que ella "no veía tan inconstitucional" la disposición y que le daba lo mismo que la fracción segunda del artículo 20 de la LFRT quedara con el "cuando menos o sin el cuando menos", pero que votaría con la mayoría para lograr la invalidez. Después hubo una votación de cinco a cuatro por la inconstitucionalidad de los artículos 17-E, 17-F y 17-G, y 20 y 21-A, que según los demandantes establecen trato diferencial entre concesionarios y permisionarios. Pero como no se alcanzaron los ocho votos necesarios, éstos quedan vigentes. Más tarde, la ministra Luna Ramos dijo en conferencia de prensa que la discusión sobre la ley Televisa va en un 50 por ciento y que las votaciones emitidas por el pleno hasta ahora son "preliminares", ya que habrá una votación definitiva en la que podría darse el caso de que alguno de los ministros cambie de opinión, "aunque no lo creo".

Para Corral, la Corte hizo ayer una primera reivindicación importante, que debe ser la base para establecer una verdadera ley de medios públicos, que sí cumpla con los principios de igualdad y seguridad jurídica, y garantice la función social de la radiodifusión.



Kikka Roja

Aeropuerto Benito Juárez : Se perdió el dinero

  • La ASF detectó múltiples irregularidades en obras
  • Sorpresiva visita de Germán Martínez al aeropuerto capitalino

ELIZABETH VELASCO C.

De manera sorpresiva, el secretario de la Función Pública (SFP), Germán Martínez, realizó este martes un recorrido por las obras de la Terminal II del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

De acuerdo con un comunicado de la SFP, Martínez asistió a dichas instalaciones en compañía de funcionarios de los órganos internos de control del AICM para revisar el avance de los trabajos para modernizar la infraestructura aeroportuaria; la aplicación de los recursos públicos, y que las obras se ejecuten conforme a criterios de "eficiencia y transparencia". Entre los funcionarios que lo acompañaron estaban el subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública, Rafael Morgan Ríos, y el coordinador de Organos de Vigilancia y Control, Juan Marcos Gutiérrez González, ambos de la SFP. Durante el recorrido estuvo presente el director del AICM, Héctor Velázquez Corona. Cabe destacar que la revisión que la SFP efectuó ayer se lleva a cabo luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó diversas irregularidades en la Cuenta Pública 2005, año en el cual se iniciaron los trabajos de modernización de la terminal. Por ese motivo, la SPF audita las obras en cuestión. Entre las irregularidades más sobresalientes se menciona que la inversión del proyecto sólo permitió atender la saturación a siete años y no la prevista a 50, como se estipulaba en el plan maestro. Asimismo, el AICM no aplicó retenciones por 11 mil millones 772 mil pesos debido al atraso de la empresa contratista en su proyecto de ejecución.

Kikka Roja

El PAN cómplice de Robo : desfalcos de Vicente Fox

El diputado Raúl Padilla buscaba dar carpetazo a anomalías en cuentas de 2002 a 2004
Fracasa una tentativa del PAN para exonerar a Fox por desfalcos al erario

ROBERTO GARDUÑO

El quebranto histórico a las finanzas públicas durante 2002, 2003 y 2004 habría quedado enterrado en el olvido de haber prosperado la intentona de Raúl Padilla Orozco, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, quien pretendía dar un albazo para que ese órgano legislativo aprobara tres dictámenes mediante los cuales se exoneraba a Vicente Fox, ex presidente de la República. Al percatarse de la maniobra que orquestó Raúl Padilla por conducto de la secretaría técnica de la Comisión de Presupuesto, los diputados de PRD, PRI y Convergencia que integran la comisión lo obligaron a dar marcha atrás y definieron como fecha última para elaborar los dictámenes de las tres cuentas públicas el próximo 3 de julio. El diputado panista Raúl Padilla convocó a la Comisión de Presupuesto a una reunión ordinaria de trabajo con objeto de dirimir distintos temas. No obstante, él presentó, para sorpresa de la mayoría de los integrantes del grupo de legisladores, documentos por los cuales se decretaba que las tres cuentas públicas no habrían provocado grandes perjuicios al erario, y las dependencias del gobierno federal habrían cumplido con los ordenamientos para transparentar los efectos económicos que se hubiesen provocado.

Durante la reunión, el presidente de la comisión argumentó que dichos decretos fueron enriquecidos por todos los legisladores integrantes de la comisión. Y trató de endosar a las legislaturas 58 y 59 la responsabilidad que legalmente corresponde cumplir a la actual por los efectos económicos provocados durante el foxismo a las finanzas públicas. "Es un tema heredado a nosotros. No es nuestra responsabilidad el retraso. Nosotros queremos llegar al próximo primero de septiembre muy desahogados, dependientes (sic) de retraso, tanto en términos de cuenta pública como también en dictámenes que tengamos por resolver." Ante el asombro de la mayoría de los asistentes al encuentro, el diputado Padilla -quien el año pasado se refirió de manera despectiva y demeritó el papel histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México, justificó la entrega de los tres dictámenes referidos, al señalar que la autoría de esos documentos provino de la secretaría técnica de la comisión que él encabeza, y sobre todo que fue enriquecida durante un mes por todos los diputados que integran la comisión.

Tal postura comenzó a generar molestia entre diputados del PRD, porque entre otros argumentos vertidos por Padilla destaca: "Lo que pasa es que, obviamente, si todos nos ponemos a escarbar a todo mundo, nos vamos a encontrar... Lo que digo es que no podemos tapar el sol con un dedo; hay cosas muy interesantes, hay cosas cuestionables, cosas -por cierto- que no está diciendo la Comisión de Presupuesto; simplemente estaremos llevando y poniendo lo que ya dijo la Auditoría Superior de la Federación y lo que ya se ventiló en la Comisión de Vigilancia, pero, repito, nosotros lo que estamos buscando es tener algo que verdaderamente recoja la visión de todas las fracciones parlamentarias".

Los diputados perredistas que objetaron de inmediato los tres proyectos de dictamen reprobaron también el contenido de los mismos, al considerar que la secretaría técnica de la comisión "hizo resúmenes mal hechos de las conclusiones a que llegó la Auditoría Superior de la Federación". Y es que en el dictamen presentado para justificar la Cuenta Pública de 2002, por orden de Raúl Padilla se elaboró el artículo séptimo del decreto, con la siguiente conclusión: "Los efectos económicos de la Cuenta Pública 2002, que ascendieron aproximadamente a 78 mil millones de pesos, resultaron menores en comparación con los de la Cuenta Pública de 2001, que correspondieron aproximadamente a 339 mil millones de pesos".

Kikka Roja

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