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jueves, 1 de febrero de 2007

Lorenzo Meyer

La democracia sucia
AGENDA CIUDADANA

Lorenzo Meyer

Definición. Tras ese largo esfuerzo que significó tratar de remontar su propia historia, en el año 2000 México pareció arribar, por fin, a la democracia. Se trató de una democracia “con adjetivos”, pero no con los adecuados. Lo esperado era que empezara a arraigar entre nosotros una forma de vida pública que pudiera ser calificada de honesta, generosa y franca y que sirviera para entregar resultados electorales creíbles y, además, para curar heridas históricas e ir cerrando las enormes brechas de desigualdad entre clases, grupos, regiones, intereses e ideologías. A poco más de seis años de distancia de la jornada electoral de julio del 2000, hoy queda claro que el adjetivo que más le cuadra a nuestra democracia es el de sucia, aunque también podría añadírsele los de tramposa y mediocre. Entre esa parte de la sociedad que no se identifica con los intereses e ideología de la derecha, existe la sensación de un tiempo y un esfuerzo perdidos.

Los Términos del Debate. El debate sobre la naturaleza del tiempo mexicano actual se puede iniciar preguntando: ¿hubo un cambio político real tras la derrota electoral del PRI en el año 2000? Una respuesta afirmativa abre una nueva interrogante: ¿se trató de un cambio de régimen o de una simple alternancia de partidos dentro del mismo y viejo esquema? Sostener que seguimos viviendo dentro del marco del régimen anterior puede ser comprensible y, sin embargo, no ayuda a entender bien lo ocurrido. En términos explicativos, es más productivo aceptar que hace seis años el proceso de desarrollo político de México sufrió un cambio cualitativo, que algunas de sus reglas fundamentales –las establecidas por el grupo que triunfó con la Revolución Mexicana- dejaron de operar y que hoy están tomando forma otras nuevas. Aceptar que hubo cambio no significa que éste fue uniformemente positivo; incluso se abre la posibilidad de suponer que en algunas áreas hubo un retroceso. En efecto, tras el fraude electoral de 1988, el decadente y corrupto autoritarismo priista iba por el mundo casi desnudo. Los posteriores acontecimientos de 1994 terminaron por despojarlo de los pocos paños con los que aún se cubría. Sin embargo, hoy el discurso desde el poder es más engañoso; está lleno de referencias a la democracia -así, a secas, sin adjetivos-, a la ética, al Estado de Derecho, etcétera. Hoy los velos que encubren las trampas políticas son nuevos y su tejido más cerrado; hay más hipocresía pero no más moral.

Los Elementos del Cambio. Suponer que seguimos viviendo dentro del marco creado por el PRI impide explicar situaciones nuevas. En su momento de plenitud -mediados de los 1930 a fines de los 1980-, el viejo régimen autoritario tenía como árbitro único e indiscutible de toda la vida política al presidente. Éste asumía no sólo las funciones del Poder Ejecutivo sino las del Legislativo y Judicial también y era el jefe indiscutible del poder federal, de todos y cada uno de los gobernadores, de las autoridades municipales y del partido de Estado. Ningún actor político individual o colectivo podía aspirar a permanecer en el escenario sí no obtenía el beneplácito del presidente; así lo comprobaron a su costa los callistas, los almazanistas, los henriquistas, los comunistas, los vallejistas, los estudiantes del 68 y el 71 y tantos otros. Hoy entra a la arena política el que puede, sin pedir permiso. En el viejo régimen un solo partido monopolizaba el poder y el resto, si les era permitido existir, apenas podían aspirar a sobrevivir y nada más. Los medios de difusión realmente masivos estaban obligados a seguir la línea trazada por la Presidencia y ningún líder sindical o empresario podía sobrevivir si chocaba con ésta. Las movilizaciones sociales independientes nacían a contrapelo y nunca podían sostenerse por largo tiempo, pues por cooptación o represión eran apagadas.

Hoy, el presidente sigue siendo el factor político más importante, pero el Congreso o las cortes le puede obstruir sus planes, ya no hay partido “casi único”. La participación de los estados en el presupuesto ha aumentado y algunos gobernadores han llevado tan lejos su independencia política y económica que sus estados son casi sus feudos. La Suprema Corte de Justicia suele coincidir con el presidente –por ejemplo, en el caso del desafuero de Andrés Manual López Obrador- pero el Poder Judicial también puede disentir, como cuando un juez desechó la acusación de la PGR contra el mismo personaje. Los partidos han logrado poder y recursos económicos propios al punto que hoy se puede hablar de una “partidocracia”. En Oaxaca, un movimiento social de oposición se ha mantenido por meses, incluso después de una represión brutal. La televisión y una parte de la radio siguen la línea negociada con el gobierno pero ya no dictada. La prensa en su conjunto refleja de manera más o menos fiel todos los colores del espectro político.

En suma, la esencia de todos los sistemas autoritarios es la limitación efectiva del pluralismo político, pero hoy en México el pluralismo es un fenómeno central; las añejas limitaciones impuestas por el presidencialismo priista a la disidencia a lo largo del siglo pasado, ya se vinieron abajo. Y si nuestras características ya no corresponden a las definiciones aceptadas de dictadura o autoritarismo, entonces, por default, se queda con la de democracia, pero con el calificativo de deficiente, sucia.

Lo Sucio. Democracia honesta no es lo que tenemos. Tras una elección ganada en el 2006 por el manejo de los sentimientos de miedo –el mismo manejo que se hizo en la última “ganada” por el PRI, la de 1994- y por un margen muy pequeño –menos del 1%- la autoridad electoral negó un recuento que hubiera sido esperado y hasta necesario en muchos países, lo que afectó seriamente la certidumbre del resultado. Y en cuanto a la equidad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se negó a anular el resultado pese a aceptar que la intervención del presidente y de un poderoso grupo empresarial en favor de un candidato, el que triunfó, fue ilegal y que puso en serio riesgo a la elección. El envío de millones de correos electrónicos desde oficinas de gobierno en contra de un candidato de oposición, hecho aceptado por la fiscal para delitos electorales, tampoco avala la equidad.

Transparente tampoco es nuestra democracia. El órgano encargado de los procesos electorales, el IFE, está cuestionado por la oposición al punto que en el Congreso se ha pedido la cabeza de sus responsables. Y un proceso electoral donde la oposición cuenta con elementos para no aceptar el resultado, es un proceso deficiente en lo fundamental. El pasado julio, el comportamiento del Programa de Resultados Electorales Preliminares y el del computo final desafiaron, con mucho, lo que es normal en la estadística para ese tipo de registro y acumulación de datos.

Democracia generosa, tampoco tenemos. Basta con echar una ojeada a las últimas cifras publicadas por la Organización Internacional del Trabajo sobre salario mínimo para comprobarlo. Si se toma 2001 como base, en 2005 ese salario sólo había crecido en México el 0.71%. En contraste, tomando al conjunto latinoamericano, el aumento real del mini salario fue de 10.95 %. Su eficacia económica tampoco la salva, pues si bien el crecimiento promedio anual del PIB del conjunto latinoamericano en este periodo fue pobre: 2.38 %, el de México resultó peor: 1.88%.

Justa y honesta nuestra democracia tampoco es. En el arranque se prometió ajustar cuentas con los grandes y numerosos corruptos del antiguo régimen, pero finalmente no se llevó ante el juez a ningún “pez gordo”. Y por lo que respecta a los crímenes políticos del autoritarismo tampoco ha habido rendición de cuentas. La fiscalía encargada de investigar los grandes crímenes políticos del pasado sólo publicó un informe que, en la práctica, no significó gran cosa. Luis Echeverría Alvarez ha visto refrendada en esta pobre democracia la impunidad que le otorgó el viejo autoritarismo. Respetuosa de los derechos humanos, tampoco es nuestra democracia. El gran movimiento social que se desató en Oaxaca en contra de uno de los muchos remanentes del autoritarismo priista, no culminó con su caída sino con su reafirmación, la represión del movimiento y una seria violación de los derechos humanos, tal y como lo documentó la Comisión Civil Internacional de Observadores de los Derechos Humanos.

En Resumen.
La puerta por la que México intenta entrar a la democracia no resultó ser la grande. Por eso aún tiene que avanzar mucho y, sobre todo, limpiarse antes de poder reunirse en plan de igualdad con las democracias dignas de tan alto nombre.

Kikka Roja

Sergio Aguayo Quezada

Vs. el dispendio

Contra el dispendio
sergioaguayo@infosel.net.mx Reforma 31 de enero de 2007

El Instituto Federal Electoral (IFE) demandará a la Cámara de Diputados por recortarle 720 millones de pesos a su presupuesto de este año... sin tocar un centavo de lo entregado a los partidos. El hecho, inédito, se relaciona con una propuesta ciudadana para reducir en un 50 por ciento el dinero público entregado a los partidos. En América Latina crece la insatisfacción con una democracia incapaz de resolver las expectativas despertadas. Dos teóricos de la democracia, Juan Linz y Alfred Stepan, dan una explicación bastante sensata: las "elecciones libres y competidas son una condición necesaria para la transición democrática pero de ninguna manera son suficientes para completarla". Según el Latinobarómetro la aprobación cayó el año pasado en un 7 por ciento. México se distingue por motivos poco edificantes: las elecciones han perdido confiabilidad y si la democracia no funciona es, en buena medida, por ¡el exceso de dinero público -federal y estatal- que reciben por ley los partidos! En el dispendio sí destaca México: en el 2006 los partidos recibieron 6 mil 200 millones de pesos; 4 mil 136 millones de la Federación y el resto de los estados (la Asamblea del Distrito Federal les concedió 489 millones). A ello tendríamos que agregar los recursos privados sobre los que tampoco hay controles efectivos. La riqueza de los partidos acarrea consecuencias negativas. Tanto dinero corrompe la relación con una parte de los electores que ya se acostumbraron a pedir pagos o dádivas a candidatos y partidos.

Distorsiona el trato con los medios de comunicación -sobre todo los electrónicos- para quienes los partidos son fuente de riqueza eterna. Degrada la calidad de la militancia porque el partido se transforma en fuente de empleos y en puerta de acceso a cargos muy bien pagados. Finalmente, alienta la burocratización que repercute en la pobre calidad de los legislativos. El resultado es un correoso entramado de intereses creados. ¿Cómo romper este cuello de botella democrático? El reto es al mismo tiempo intelectual y práctico. Si como analista interpreto la política, como ciudadano he participado en los asuntos públicos a través de organismos cívicos. Ante el panorama de una democracia opulenta y débil, en noviembre del 2005 tres organizaciones -Alianza Cívica, Presencia Ciudadana y Propuesta Cívica en la que participo- lanzaron una iniciativa, apoyada por académicos y periodistas, para reunir 1 millón de firmas y pedir al Congreso de la Unión la reducción en 50 por ciento del dinero federal entregado a los partidos. El proyecto se empantanó y diluyó en la vorágine electoral del 2006. Por la ferocidad de la contienda creció la desconfianza y aumentaron las negativas a firmar un formulario en el que se pedían todos los datos y números incluidos en la credencial de elector. Demasiado sospechoso para el año de las suspicacias. La información era indispensable para cumplir con las leyes de los 17 estados que permiten a ciudadanos sin partido presentar iniciativas con valor jurídico. Políticos y partidos hablan mucho de participación ciudadana pero las leyes que aprueban la obstaculizan.

En el Guanajuato panista para presentar una iniciativa ante el Congreso se exigen más de 90 mil firmas acompañadas de ¡las fotocopias de la credencial de elector! En el DF perredista los obstáculos aparecen en formalismos que hacen difícil cumplir con los requisitos. El saldo de la campaña no fue alentador: sólo pudieron llenarse en todo el país unos 40 mil formularios, lo que, es evidente, carece de peso político. El tema adquiere actualidad este año cuando se reconfirmó que ningún partido quiere o puede reducir sus prerrogativas. Pese al evidente conflicto de interés los diputados le ordenaron al IFE que se redujera su presupuesto 720 millones sin reducirse un peso y el IFE buscará protección con la Suprema Corte. La tacañería se debe a las deudas del año pasado, a los gastos en las elecciones de 14 estados y a las burocracias partidistas. Las prerrogativas del IFE son el único punto en el que convergen la derecha y la izquierda partidistas. Hace unos días recibí una llamada de Denise Dresser, una de las integrantes del Comité Promotor cuyos nombres aparecen al final. Estaba indignada por los retrocesos en la calidad democrática y preocupada por el pasmo ciudadano. Acordamos reactivar la iniciativa y dio el primer paso comentándola ampliamente en el noticiero de José Gutiérrez Vivó quien desde un primer momento apoyó desde Monitor Radio la recolección de firmas. La reacción fue impresionante. En un solo día entraron 3 mil 500 personas a la página de Propuesta Cívica.

Así pues, se reinicia el esfuerzo para reducir el dinero entregado a los partidos aunque con objetivos más ajustados a la realidad. En una vertiente se buscarán firmas -electrónicas o autógrafas- sin tantos requisitos y ésas son las que se presentarán ante el Congreso de la Unión a finales de este año. Será un acto simbólico porque, como mencionaba anteriormente, falta una ley federal que permita a los ciudadanos presentar iniciativas o solicitar un referéndum. Un caso especial es el Distrito Federal en donde la Ley de Participación Ciudadana pide unas 40 mil firmas autógrafas que complementa el registro de todos los datos incluidos en la credencial de elector. Falta la mitad y se intentará reunirlas para iniciar un procedimiento con valor legal ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Dado que los partidos difícilmente se reducirán sus prerrogativas -su adicción es demasiado fuerte- es indispensable seguir insistiendo y, en la medida de lo posible, interponiendo recursos legales. Es intolerable el abuso y por ello es que un grupo de ciudadanos estamos promoviendo la recolección de firmas para exigirles que reduzcan a la mitad sus prerrogativas. Es uno entre los diversos caminos que debemos recorrer para combatir el dispendio de una partidocracia nociva para la democracia.

La Miscelánea

El Comité Promotor de esta iniciativa lo integran Mariclaire Acosta, Silvia Alonso, Alberto Aziz, Isabel Bustillos, José Antonio Crespo, Germán Dehesa, Denise Dresser, Miguel Ángel Granados Chapa, Clara Jusidman, Víctor Lichtinger, Lorenzo Meyer, Raquel Pastor, Rafael Reygadas Robles-Gil y el autor de este texto. Los interesados en participar pueden hacerlo comunicándose al 55 11 44 33, Medellín 33, Colonia Roma, México, DF, 06700, o a la página electrónica: www.propuestacivica.org.mx

Kikka Roja

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