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jueves, 10 de mayo de 2007

Santiago Creel : Tramposo y Mentiroso : ley Televisa

La ley Televisa se aprobó en un ambiente de "crispación y polarización", señala
Creel responde a concesionarios de radio y tv: "sí hubo presiones"


ANDREA BECERRIL , VICTOR BALLINAS

Los senadores Humberto Aguilar y Santiago Creel Miranda conversan durante la sesión de ayer de la Comisión Permanente Foto: Guillermo Sologuren

El coordinador de los senadores del PAN, Santiago Creel Miranda, respondió a los empresarios de la radio y la televisión que las presiones a que fueron sometidos los partidos y candidatos para aprobar la llamada ley Televisa no fueron individuales, sino producto de "un clima político particularmente agitado" durante la contienda electoral de 2006. No mencionó nombre alguno, ya que sostuvo que no se trata de "señalar culpas o fallas particulares", sino de que todos hagan una revisión autocrítica de sus actos y omisiones, sobre todo en momentos en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está a punto de definir si la citada ley es constitucional o no. Creel Miranda leyó ayer en el Senado un escrito en el que da respuesta al comunicado que un día antes hizo público la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), en el que los concesionarios de los medios electrónicos señalan que si tiene "elementos probatorios de cualquier naturaleza, sería conveniente los presentase ante las autoridades competentes".

Sin aceptar preguntas y sin agregar más de lo que ha declarado en los recientes días, el ex secretario de Gobernación reiteró que la ley Televisa fue aprobada por el Congreso "en medio de un ambiente de crispación y polarización política y social". Subrayó que "las presiones eran producto del entorno político que vivía México y eran la constante, como es natural, en tiempos electorales". Y, "como suele suceder en esos casos, no se trata de presiones individuales, sino de un clima político particularmente agitado". Lamentó que a la CIRT no esté de acuerdo con sus afirmaciones: "Yo asumo mi parte de responsabilidad y por ello estoy participando activamente en esta discusión", agregó, e hizo notar que "la sociedad mexicana reclama un debate sobre las controvertidas reformas al marco jurídico de la radio y la televisión".

A los "señores y señoras de los medios de comunicación" les advirtió que lo más fácil sería "cerrar los ojos y hacer como que aquí no pasa nada", pero que él ya optó por una postura que, "sin duda, tiene más costos políticos y personales, que es la reflexión autocrítica de nuestros actos y omisiones, y la búsqueda permanente de corregir y mejorar el entorno legal". Varios ex senadores panistas del grupo que presentó la acción de inconstitucionalidad contra la ley Televisa han visitado a Creel para expresarle su respaldo. Ayer lo hizo Alfredo Martín Reyes, quien dijo que él y otros ex legisladores del blanquiazul pueden dar fe de cómo se obligó a los grupos parlamentarios a votar las modificaciones a las leyes federales de Radio y Televisión, y de Telecomunicaciones al gusto de los empresarios.

"¡Claro que vivimos esas presiones quienes estuvimos en contra de esa ley!", declaró. Sostuvo que está dispuesto a dar detalles de ello, del clima en que se aprobó una legislación que otorga más poder y más prerrogativas a quienes ya tienen el control de la industria y pueden ir por más concesiones.

Pidió luego a los ministros de la Suprema Corte resistir "las presiones que se les van a venir encima".

En entrevista, el coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, comentó que espera que la SCJN "muestre su majestad en este tema y se blinde de presiones o mensajes ominosos", para votar con libertad el proyecto de resolución del ministro Salvador Aguirre Anguiano. Sobre el comunicado de la CIRT, señaló que ya se le hacía raro que los poderosos empresarios de la radiodifusión no reaccionaran ante la posibilidad de que la Corte eche abajo la ley Televisa. "No me sorprende que pretendan colocar contra la pared a Santiago Creel, pero yo les diría que no tienen que pelearse con el coordinador de los senadores del PAN, sino pedir explicaciones a Felipe Calderón", comentó. El perredista dijo que en declaraciones formuladas un día antes a un noticiario radiofónico, Calderón confirma lo dicho por Creel, ya que textualmente dijo que conocía el proyecto de reforma, pero que no se podía meter porque andaba en otra cosa y "tenía que cuidar lo mío, que era la campaña presidencial".

Ello, resaltó Navarrete, "es la ratificación expresa de que la ley Televisa se aprobó en el marco de la disputa por la Presidencia de la República, contexto en el cual los candidatos cuidaban sus campañas y por ello fue relativamente sencillo doblar voluntades y, entre líneas, mandar mensajes amenazantes".

Kikka Roja

Carlos Ahumada

El GDF apeló ya de la absolución al dueño de Quart
ALFREDO MENDEZ , AGUSTIN SALGADO

La actuación del juez que liberó a Ahumada, marcada por anomalías
RAUL LLANOS SAMANIEGO
La actuación del juez Alberto Rubalcava Ramírez -quien la noche del pasado lunes absolviera, en un tiempo inusual, a Carlos Ahumada Kurtz- ha estado marcada por críticas y denuncias ante el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal (CJDF), órgano de vigilancia del Tribunal Superior de Justicia local (TSJDF), que en los pasados siete años y cinco meses recibió 18 quejas en su contra, de las cuales sólo una terminó en una sanción de "apercibimiento", y contra la cual se amparó el impartidor de justicia.

En tiempo y forma la decisión del togado: TSJDF
AGUSTIN SALGADO

Documentan soborno de Ahumada a testigo

En la averiguación previa, en poder de EL UNIVERSAL, se establece que los abogados de Ahumada presuntamente ofrecieron 1.5 millones de dólares a Rosalío Rodríguez Jiménez para cambiar su versión sobre la investigación de los fraudes contra la delegación Gustavo A. Madero

Icela Lagunas
El Universal

Jueves 10 de mayo de 2007
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal cuenta con un video y un audio con los cuales intentará demostrar que gente cercana a Carlos Ahumada trató de convencer a un testigo para modificar su declaración en favor del empresario de origen argentino.

En la averiguación previa, en poder de EL UNIVERSAL, se establece que los abogados de Ahumada presuntamente ofrecieron 1.5 millones de dólares a Rosalío Rodríguez Jiménez para cambiar su versión sobre la investigación de los fraudes contra la delegación Gustavo A. Madero.

El operativo para descubrir el cohecho se originó a partir de que Rodríguez Jiménez denunció en dos ocasiones que fue amenazado por Ahumada.

Para convencer a Rodríguez, Ahumada recurrió en 2005 a su amigo el arquitecto Luis Molina y ambos se apoyaron en Lidia Rodríguez Flores, quien era secretaria de acuerdos del juez Carlos Casiano Morales, en cuyo juzgado estuvo el caso.

En el video y en la cinta de audio la secretaria de acuerdos y Molina trata de convencer a Rodríguez de cambiar su testimonio e, incluso, lo instruyen sobre la forma como deberá responder ante el Ministerio Público para desconocer su primera declaración.

Rodríguez fue lavacarros de Ahumada, quien lo usó para firmar contratos y documentos notariales de su empresa. Después se convirtió en testigo de la Procuraduría, que lo empleó para grabar a escondidas la conversación.

Lidia Rodríguez escapó al conocer que era investigada y el juez dejó de tener a su cargo el caso.

Apero




Kikka Roja

FLOR DE LUNA

Funcionarios se niegan a registrar a su hija con un nombre en lengua indígena
Pareja ñañú lucha contra el gobierno de Hidalgo en defensa de su cultura
Alegan que Doni Zänä no se puede escribir en computadora y tachan su petición de capricho


CARLOS CAMACHO

Marisela Rivas López y su hija, Doni Zänä Cruz Rivas, quien no ha sido registrada oficialmente porque las autoridades se niegan a inscribir el nombre de la menor en ñañú Foto: Carlos Camacho

San Ildefonso, Tepeji del Rio, Hgo., 9 de mayo. Hace un año y cinco meses, César Cruz Uribe y su esposa, Marisela Rivas López, una pareja ñañú, acudió a registrar a su hija con el nombre de Doni Zänä Cruz Rivas, que en su lengua significa Flor de Luna, pero ni en Tepeji ni en Tula de Allende ni en el registro estatal fue aceptada tal opción con el argumento de que ''ese nombre no lo registra el sistema de cómputo''. César y Marisela iniciaron una lucha en defensa de su cultura, sus tradiciones, su lengua y, sobre todo, su origen étnico, en contra de autoridades civiles que, a diferencia de la Iglesia católica, han ridiculizado su demanda, la han calificado de ''capricho'' y le han sugerido ponerle a la niña un nombre ''menos complicado''. José Antonio Bulos Salomón, director del Registro del Estado Familiar en Hidalgo, funcionario de ascendencia libanesa, ha calificado la lucha de César y Marisela como ''un capricho que traerá consecuencias negativas'' para la pequeña.

El funcionario trata de matizar: la oposición de las autoridades ''no es por negligencia ni porque tengamos algo en contra de preservar las tradiciones o costumbres de nuestros pueblos, porque todos somos hidalguenses y a todos nos enorgullece escuchar un nombre ñañú, pero lamentablemente los sistemas (de cómputo) no lo contemplaron. Esto data del año 2000 o finales de 1999, cuando se implantó este sistema''.

Pero Yolanda Hernández, maestra del Centro Estatal de Lenguas y Culturas Indígenas de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, reta a las autoridades a probar que no es posible escribir en cualquier computadora el nombre como lo piden los padres. La Jornada pudo escribir Doni Zänä con tan sólo subrayar la letra o y poner diéresis a las aes. Para acabar con ''la guerra mediática'' que ha iniciado la familia Cruz Rivas, le han hecho propuestas, pero ninguna cumple la petición de que la menor lleve el nombre que los padres quieren. La pareja ha advertido que no se dejará intimidar. La semana pasada el secretario de Gobierno, Francisco Olvera Ruiz, mandó llamar al padre para sugerirle, enojado, que busque otra alternativa y le ponga otro nombre a su hija. ''Están atropellando mis derechos -señala el padre-. Si la computadora no registra el nombre, como argumentan, pues lo hacemos en un documento manuscrito, pero me imagino que han de pensar: 'si registramos ese nombre, se nos va a venir la pinche indiada'''. Jesús Silva Cadena, delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), reconoció la necesidad de hacer reformas a la ley que garanticen el respeto a las lenguas indígenas y ofreció su apoyo a la familia en esta ''cruzada en favor de la raza ñañú'', y no sólo por la defensa de un nombre. El caso llegó a la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Hidalgo, cuyo titular, Ricardo Santana Velásquez, en un oficio fechado el 11 de abril y dirigido al Registro del Estado Familiar, aclaró que con el nombre de Doni Zänä ''no será posible expedir el pasaporte con las especificaciones del guión bajo y las diéresis; sin embargo, el nombre de Doni Zana (sin esos signos) sí podría expedirse''.

El padre de familia informó que su caso se abordará durante el Encuentro Latinoamericano de Registro Civil e Identidad, que se realizará en la ciudad de México en junio.

''Nos quieren desaparecer''

En su humilde vivienda en la comunidad de San Ildefonso, César y Marisela, acompañados de sus hijas, Joselin, de 12 años; Perla Samanta, de 10; Yohoki, de siete, y Noelia Antonia, de cinco, sostienen que ''no se trata de un capricho'', sino de una lucha, primero, por el derecho de los padres a preservar su lengua, su tradición y su raza, y porque la niña tiene derecho a un nombre. Ponerlo de otro modo le daría un significado distinto, señala el padre de la menor a Raúl Baños, visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), en un escrito fechado el 7 de marzo: ''Si el nombre de mi hija quedara sin el subrayado y sin las diéresis, en nuestra lengua tendría un significado diferente, como Doni, que es piedra, y Zana, ten, muerde''. Es decir, Doni Zänä significa Flor de Luna, pero sin los signos de acentuación significaría algo así como piedra que muerde.

''Pensamos en el primer nombre porque nos dedicamos a la venta de flores en la temporada del Día de Muertos y nuestra hija nació el primero de noviembre. De ahí la intención de ponerle el nombre que en español significa Flor de Luna'', argumenta César Cruz. Recuerda que cuando fue a registrar a la tercera de sus cinco hijas, Yohoki, en el Registro del Estado Familiar le reclamaron que está prohibido ponerles a los niños ''nombres extranjeros o de artistas''. ''Yo les respondí que ese es un nombre ñañú, no japonés ni chino, y significa en nuestra lengua renacer, renovar, rehacer o hacer entre dos. ¿Dónde está el extranjerismo? Su ignorancia los lleva a la intolerancia y al racismo''. Presenta documentos enviados a distintas instancias de gobierno y la respuesta ha sido la misma. Desde el Registro del Estado Familiar Municipal hasta el estatal, pasando por la CDI, la CDHEH y la oficina de Atención a Grupos Indígenas del gobierno estatal, la sugerencia ha sido la misma: ''Ponle otro nombre''. Muestra la fe de bautizo expedida por la zona pastoral católica de San Ildefonso Obispo, dependiente de la diócesis de Tula de Allende, en la que se reconoce el nombre de Doni Zänä Cruz Rivas y se indica que fue bautizada por el sacerdote Bernardo Guízar Sahagún. El documento está escrito en ñañú y español, sólo que en el Registro Civil fecha y lugar quedan pendientes para efectos legales, pues las autoridades civiles no reconocen el documento.

''Creo que es cosa más democrática la de Dios que la del hombre'', pues la Iglesia católica no tuvo objeción y la autoridad civil insiste en que es un capricho.

''Se trata de defender nuestra cultura, nuestra lengua y nuestra raza, a la que parece que las autoridades quieren desaparecer. Yo creo que sería más fácil registrarla en Estados Unidos''.

Este músico, que ha obtenido becas del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y no se tituló como licenciado en clarinete por falta de recursos, dice que su hija, hoy sin identidad oficial, tiene derecho a un nombre ''tan bello'', que ha inspirado una dulce melodía.

Los documentos presentados muestran que César Cruz no improvisa y ha preparado una defensa legal que incluye una ''huelga musical'' a las puertas del Senado y la Cámara de Diputados para que los legisladores federales realmente defiendan a las 62 etnias del país. Anticipa que le quedan tres años y medio antes de que su hija requiera documentos para ingresar a la primera etapa de su educación básica. ''Tengo tiempo para mantener mi lucha, la de mi familia y la de mi raza'', finaliza.

Kikka Roja

Lorenzo Meyer

Yale
Lorenzo Meyer
AGENDA CIUDADANA

El Estado de la Cuestión. La cuestión a la que se refiere el subtítulo de esta columna es la naturaleza de nuestro actual proceso político. Siguiendo una costumbre ya muy establecida, el primero de mayo una universidad norteamericana –el Centro Macmillan de la Universidad de Yale- patrocinó una reunión de académicos y políticos para discutir la situación política de México bajo el título “El estado de la democracia mexicana. Obstáculos a su consolidación”. Los participantes, convocados a New Haven por John Ackerman, de la UNAM, Susan Stokes, de Yale y dos estudiantes mexicanos de posgrado en esa universidad –Paul Lagunes y Juan Rebolledo-, discutieron la calidad de nuestra democracia. Y resulta que esos obstáculos son significativos y no hay ninguna garantía de que puedan ser sorteados a tiempo y de manera adecuada. En una simple columna no es posible hacer una reseña justa de las tesis de todos los participantes que, salvo por el profesor John Coatsworth, hoy en la Universidad de Columbia, fueron mexicanos. Aquí sólo se presentarán algunos de los puntos o temas abordados por un puñado de participantes.

Lo que se Jugó en 2006. No hace mucho el ex presidente Vicente Fox declaró que si bien él había salido derrotado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en relación al desafuero promovido por la Presidencia contra el entonces jefe de Gobierno de la capital mexicana, más tarde, el dos de julio de 2006 logró su revancha: la derrota de AMLO en las urnas. En más de un sentido la interpretación foxista de la última elección presidencial dominó la discusión de Yale: las elecciones de 2006 fueron, en lo fundamental, una revancha encabezada por la Presidencia de la República y eso significó un paso atrás en el proceso de modernización política del país. Ver a las elecciones pasadas como desquite implica, entre otras cosas, su desvalorización, con todas las consecuencias negativas que de ello se derivan. Una elección, en particular si se trata de una con carácter fundacional como la de 2006 –fue la primera efectuada en un marco institucional que supuestamente garantizaría la imparcialidad y la democracia-, tiene por meta algo mucho más trascendente que cumplir la venganza de un presidente y de los intereses que le rodeaban. Se suponía que la jornada de 2006 tenía un propósito histórico noble y generoso: servir de modelo y cimiento de todas las elecciones por venir; que ese ejercicio electoral iba a ser una fuente abundante de legitimidad para una estructura gubernamental que, por seguir siendo la misma del antiguo régimen, ya había acumulado fuertes déficit en este campo. Finalmente, se consideraba que sólo logrando las metas anteriores se podría consolidar la democracia y la modernización política de México y el país se pondría, finalmente, a tono con el mundo.

La Realidad. Incluso si, para propósitos del debate, la discusión sobre si hubo un fraude electoral, para John Akerman, la abierta parcialidad presidencial a lo largo de la pasada campaña electoral, aunada a la negativa del IFE y del TEPJF de considerar un recuento a pesar de los evidentes y naturales errores de conteo, dañaron seriamente no sólo el origen del actual sexenio sino algo mucho mas importante: la confianza en el entramado institucional del nuevo régimen. La democracia, para funcionar, requiere de confianza, pero no de confianza ciega sino de una basada en pruebas, hechos y datos irrefutables. Hoy por hoy, la mezcla de errores de conteo con una diferencia mínima entre PAN y PRD, hace literalmente imposible saber, con certeza, qué candidato ganó. Para el autor de esta columna, la voluntad mostrada desde 2004 por Fox y su entorno de impedir, a como diera lugar, la posibilidad de un triunfo electoral de la izquierda, es el indicador que muestra lo estrecho del actual sistema político. En la práctica, para los detentadores del poder político y económico al más alto nivel, la alternancia en la Presidencia sólo es aceptable entre actores con el mismo proyecto –en este caso, PAN y PRI- pero no entre izquierda y derecha. En teoría y en la práctica un límite tan estrecho es incompatible con una democracia bona fide.

Sergio Aguayo interpretó el cambio político mexicano como un enorme proceso de redistribución del poder, pero una redistribución contraria a la democracia y dio las cifras para sustentar su argumento. Así, por ejemplo, en 2003 un 30 por ciento del presupuesto federal se transfirió a los estados. En principio, eso es positivo. Pero no si las transferencias no son supervisadas y vía la corrupción, sirven para fortalecer cacicazgos locales. Un ejemplo es el Estado de México; en ese año, el gobernador Arturo Montiel recibió el equivalente a cinco mil millones de dólares y el 60 por ciento del total se gastó sin supervisión efectiva. Si en 2000 la riqueza de los cinco hombres más ricos de México –Slim, Bailleres, Salinas Pliego, Arango y Azcárraga Jean- equivalía a 13.5 mil millones de dólares, para 2007 la suma se había quintuplicado -69 mil millones- pese a que la economía mexicana apenas creció, en términos reales en alrededor del uno por ciento anual promedio ¡Un auténtico milagro¡

Desde la perspectiva de Denise Dresser, entre los numerosos problemas que enfrenta la actual Administración, sobresale uno derivado justamente de la naturaleza no democrática de la redistribución del poder: uno que la autora bautizó como el de Gulliver con los enanos. La otrora poderosa y gigantesca Presidencia mexicana se encuentra, como el personaje del cuento de Jonathan Swift, derribada e inmovilizada por las numerosas cuerdas –hilos de oro, en varios casos- con que los intereses especiales le han sometido a sus respectivas agendas particulares que nada tienen de democráticas. Y los intereses particulares que inmovilizan al Poder Ejecutivo van desde los individuos super ricos citados por Aguayo hasta las organizaciones corporativas formadas por el viejo régimen priista y que hoy siguen fuertes como el SNTE de Elba Esther Gordillo o el STPRM de Carlos Romero Deschamps. Intereses que van del duopolio televisivo a la Iglesia Católica pasando por los gobernadores –sobre todo de estados donde no ha habido alternancia y donde el PRI lleva ya 78 de dominio ininterrumpido, como Ulises Ruiz en Oaxaca.

Las Visiones de los Políticos. Para Esteban Moctezuma, es secretario de Gobernación, la democratización de México dio un gran salto en el último sexenio priista. Sin embargo, el proceso no siguió al mismo ritmo y el país sigue sin superar su pasado autoritario. Demetrio Sodi –que ha conocido desde dentro a los tres grandes partidos: PRI, PAN y PRD- advirtió que si a nivel nacional la democracia mexicana tiene problemas, a nivel local son peores. Echó mano de su experiencia y concluyó que en su actividad cotidiana las oligarquías que dirigen a todos los partidos no tienen interés real en practicar la vía democrática. Y al abordar el tema de la muy problemática relación entre dinero y elecciones, hizo una afirmación que es, a la vez, un cálculo y un indicador de una enorme deficiencia de nuestra estructura electoral: los candidatos de todos los partidos necesitan cada vez más recursos para hacer frente a unas campañas prolongadas y que giran alrededor de la costosa publicidad televisiva, y el IFE es incapaz de supervisar alrededor del 70 por ciento de lo que se gasta en esos proceso –dinero y recursos en especie. Un terreno tan vital para la equidad en la competencia como es el del dinero, está minado.

Manuel Camacho subrayó la similitud entre el México de hoy y la Rusia de Yeltzin y delineó tres escenarios para el futuro: a) la consolidación de la coalición conservadora con el apoyo del PRI, b) una crisis de gobernabilidad y c) incorporar constructivamente a la izquierda mediante la reforma del régimen, en particular en el marco electoral, sobre todo en lo que toca a las formas de financiamiento y el papel de ese gran formador de opinión: la televisión.

En fin y a riesgo de no hacer justicia a las trece presentaciones, se puede decir que la idea central de lo discutido en Yale fue clara: la democracia mexicana tiene aún demasiados defectos y no es el marco adecuado para encauzar el proceso de globalización al que está sometida su sociedad. Hoy, la velocidad e intensidad del cambio tecnológico, económico, cultural y social hace crujir las estructuras de incluso los sistemas políticos más estables, pero en el caso de aquéllos con fallas estructurales como es el mexicano, las consecuencias pueden ser la ingobernabilidad y la inviabilidad.

Así pues, hay que rectificar el rumbo y eso nos conviene a todos, incluso a los que no quieren darse cuenta.

“Un ejercicio colectivo de evaluación de la democracia mexicana, encontró fallas difíciles pero no imposibles de enfrentar”

PD. El autor va a un congreso en Oriente Medio y esta columna no aparecerá en las próximas dos semanas.

Kikka Roja

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