BUSCA, BUSCADOR

lunes, 28 de mayo de 2007

Miguel Ángel Granados Chapa

Pantalla canalla
Plaza Pública

Javier Corral está en la mira de las televisoras, que llevan su imagen deformada a la porción canalla de su pantalla. Al duopolio irrita sobremanera el activismo de muchos años, acentuado en los meses, semanas y días recientes, que despliega el ex diputado local, federal y senador chihuahuense en torno a los medios de comunicación. Su papel en la impugnación legislativa primero y judicial ahora, a la reforma a las Leyes de radio y televisión y de telecomunicaciones, que de modo sintético se ha llamado Ley Televisa le ha merecido una nueva demostración de dolo contenido o desembozado pero dolo al fin, con que las televisoras atacan a quien a su juicio pretende lastimar sus intereses.

Desde la semana antepasada, cuando la Corte inició la etapa preparatoria del debate sobre la acción de inconstitucionalidad que busca invalidar aquella reforma, TV Azteca ha dedicado buena parte de sus noticiarios a intentar el desprestigio de Corral y otros promoventes de aquel recurso judicial. En particular se persigue cuestionar su solvencia política al presentarlo, fuera de contexto, como partidario de autonomizar la Cofetel, siendo que en la acción de inconstitucionalidad sostiene lo contrario. Corral buscó dar respuesta a los señalamientos, pero se le negó acceso al micrófono con estas expresiones: “No señor Corral, lo que usted quiere es su programa de media hora, cuando el respetable sólo quiere que nos diga si firmó o no la iniciativa que pedía la autonomía de la Cofetel”.

Ignoro si el ex senador demandó el derecho de réplica verbalmente o se atuvo al absurdo y estéril procedimiento incluido desde el diez de octubre de 2002 –y sólo entonces— en el reglamento de la Ley federal de radio y televisión, que supuestamente permite a toda persona refutar un material “que no cite la fuente de la cual extrajo la información” y el afectado considere que “los hechos que lo aluden son falsos o injuriosos”. El reglamento obliga a solicitar la réplica por escrito dentro de las 48 horas siguientes a la difusión que la provoca y no señala término para la aceptación o rechazo de la solicitud, que se deja al libre arbitrio del concesionario. Eso sí, dice muy oronda la norma reglamentaria, como si pudiera ocurrir de otro modo, ante la negativa “el interesado tendrá a salvo sus derechos para recurrir a las vías jurisdiccionales correspondientes”. Si alguien tomara en serio esta cláusula, podrá esperar que alguna vez, dentro de varios años, se aclare una información que en su momento produjo efectos de ese modo irreparables.

En la emulación ofensiva que empareja a una televisora con la otra, para ver cuál es peor en la defensa de sus negocios, Televisa difundió el jueves pasado un comunicado en apariencia puramente noticioso, pero que es la porción mediática de una ruin maniobra para presentar a Corral como deudor insolvente y si la suerte ayuda, hasta a despojarlo de su patrimonio. Se leyó un comunicado de Televisa de occidente que da cuenta de una sentencia, todavía no notificada al afectado, del un juez civil de Chihuahua que condena al ex legislador al pago de publicidad contratada y no sufragada, como si Corral fuera un timador vulgar a quien ni siquiera amables diligencias extrajudiciales fuerzan a cumplir sus compromisos. Como senador de la República, presidente de la Comisión de comunicaciones y transportes, Corral impulsó durante un año entero –de diciembre de 2002 a noviembre siguiente, cuando pidió licencia— un proyecto de Ley de medios que sin perjuicio de intereses legítimos abriera la comunicación colectiva a la diversidad de actores que conviven en una sociedad plural.

Con ello se había ganado ya la animosidad de las televisoras a las que, sin embargo, debió acudir como cliente durante su esfuerzo por ser gobernador de Chihuahua en el proceso de 2004. Nunca figuró como contratante de tiempos para su propaganda en el canal local de Televisa, porque esa función corresponde al Partido Acción nacional, al que Corral pertenece y de cuyo consejo nacional espera ser miembro si lo elige la asamblea nacional dentro de un mes. Cuando el PRI recuperó la gubernatura chihuahuense, Corral no retornó a la presidencia de la Comisión —ejercida ya por su compañero Héctor Osuna, cuya acción en pro de la Ley Televisa sería premiada con la presidencia de la Cofetel— pero recobró el ánimo reformador, lo que implicó el refrendo de los reconcomios de las televisoras.

Televisa no limitó su rencor a la pantalla. Inició contra Corral un juicio civil como deudor moroso. Basó su acción y halló un juez a modo, en un papel sin valor jurídico, un memorándum de campaña en que Corral aceptaba la pauta de mensajes que la televisora emitiría por cuenta de su comité de campaña. Desde que se le notificó la demanda –en el aeropuerto chihuahuense, para generar escándalo— el comité estatal panista aclaró que la deuda era del partido, y sólo requería para solventarla las facturas correspondientes. Pero en este caso a Televisa no le interesa cobrar sino hacer pagar a Corral su posición legislativa prolongada hasta ahora, en materia de medios. Después de año y medio de juicio, Televisa consiguió que la sentencia fuera dictada el día en que comenzó en la Corte el debate propiamente dicho sobre su Ley. Con esos elementos el público del consorcio puede formarse una idea de la clase de malandrín que busca reformar la reforma, un individuo no sólo contrario a las libertades de expresión y de empresa sino una persona que no es de fiar.

Kikka Roja

Se hacen pendejos el CCE, IFE, IBOPE con su campaña del miedo

  • Exige al IFE volver a revisar la contratación de anuncios
  • Descalificar el monitoreo de IBOPE, pide Jaime Cárdenas
  • Los actuales consejeros actuaron con negligencia, acusa

ALMA E. MUÑOZ

El ex consejero electoral Jaime Cárdenas Gracia. Imagen de archivo Foto: Jesús Villaseca

El ex consejero electoral Jaime Cárdenas Gracia exigió al Instituto Federal Electoral (IFE) descalificar el monitoreo que el Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística (IBOPE) realizó sobre algunos promocionales difundidos por partidos políticos en los comicios federales de 2006. Recordó que aún no transcurren los cinco años que marca la ley para que prescriba dicha evaluación, y pidió ''volver a revisar todo el proceso de contratación de antecampañas, precampañas y campañas electorales'', incluidas las promovidas por la iniciativa privada.

Después de que el presidente de IBOPE, Rubén Jara, admitió que el monitoreo que realizaron sobre 757 mil 545 mensajes se hizo con carácter ''claramente partidista'', y que no se fiscalizaron los difundidos por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y las otras empresas que respaldaron la guerra sucia contra el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, Cárdenas Gracia acusó a los actuales consejeros electorales de actuar con ''negligencia, por llamarle suavemente'', en el pasado proceso. Entrevistado ayer al término de un acto de resistencia civil convocado por la agrupación Flor y Canto, en el Angel de la Independencia, el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México manifestó que lo ocurrido con IBOPE, además, ''expone que el proceso electoral de 2006 fue muy desaseado, muy irregular, con exceso de dinero en las campañas políticas, y evidencia el papel negativo que, en esos periodos, desempeñan los medios de comunicación electrónicos''.

Por ello, rechazó que el consejo electoral que actualmente encabeza Luis Carlos Ugalde ''deba organizar los comicios de 2009, porque ese proceso tendría muchas deficiencias, muchos cuestionamientos y no sería creíble''. Los consejeros electorales, insistió, son ''responsables de no haber parado a tiempo la campaña negra (contra López Obrador), más todo lo que ocurrió posteriormente''. Hoy, afirmó, ese grupo vive una ''situación muy difícil, sobre todo por haber dejado hacer y dejado pasar durante el proceso de 2006: ellos son responsables por omisión, por no haber actuado con responsabilidad en todo ese proceso, por no haber detenido a tiempo la campaña publicitaria de (Vicente) Fox, donde se gastaron más de mil 800 millones de pesos; ellos son responsables por no haber iniciado ningún procedimiento administrativo, de responsabilidad, en contra de los medios y de los empresarios que estaban contratando tiempos en radio y televisión''.

Pero, yendo más atrás, pidió tomar en cuenta que el primer ''error'' estuvo en la manera en que los consejeros fueron nombrados, y el papel que en ello jugaron ''la maestra Elba Esther Gordillo y dirigentes del Partido Acción Nacional''. A ello, Jaime Cárdenas sumó la ''falta de deliberación, de transparencia del consejo general del instituto y el carácter conservador de muchos de los consejeros electorales''. Frente a este escenario, se manifestó por descalificar el monitoreo de IBOPE y que se vuelva a hacer la fiscalización de los promocionales de campaña. De suyo, argumentó, el trabajo de esa empresa está ''descalificado'', porque ''hizo un monitoreo incompleto, insuficiente''. La autoridad electoral debería ''recuperar su plena atribución, su plena competencia, su plena jurisdicción para realizar una investigación a fondo''.

Hay que exigir al IFE, subrayó, ''que haga una revisión exhaustiva; hay que exigir a los medios la contratación que cada partido hizo (con ellos) de cada candidato, de cada empresario y volcar la presión social para que sea una realidad. Nada lo impide; mientras no transcurran cinco años para que prescriban estas acciones, el IFE tiene plenas facultades de investigación para determinar cuántos mensajes promocionales hubo en 2006''. Sugirió ''derogar el financiamiento privado en las campañas y prohibir la contratación comercial de tiempos de radio y televisión. Esas son las dos principales causas de la desigualdad electoral. Si se sigue manteniendo el financiamiento privado y seguimos manteniendo también la contratación comercial en radio y televisión, yo creo que los fraudes electorales y las elecciones no democráticas serán algo común en México'', resaltó. Durante su participación en el acto de resistencia de la organización Flor y Canto, Cárdenas Gracia habló de cómo el Ejecutivo federal protege los ''intereses de los poderes fácticos, de las televisoras de este país y de los grandes empresarios, como los propietarios de Cemex, Jumex o Bimbo'', y cuestionó que el IFE diga que desconoce el origen y pago de 280 mil promocionales difundidos durante el proceso de 2006, además de que hubiera una contratación ''indiscriminada'' de anuncios de 20 segundos, que ayudaron a ''alterar las condiciones de la competencia'' electoral.


La empresa brasileña IBOPE, contratada por el IFE para monitorear la propaganda política de los partidos en televisión y radio de la pasada contienda presidencial del 2006, rechazó hoy cotejar públicamente las facturas de los spots como lo demandó la dirigencia nacional del PRD. A través de un comunicado, simplemente argumentó que “declina la invitación y/o petición” que le hizo el secretario general del Partido de la Revolución Democrática (PRD) José Guadalupe Acosta Naranjo, el jueves 31 de mayo. Sin embargo, el Tribunal Electoral podría ordenar dicho cotejo. Entre tanto, Acosta Naranjo catalogó de “cínico” al consejero Andrés Albo Márquez por denunciar la existencia de una factura, en la que revela que parte de la propaganda del PRD fue pagada por empresas comerciales como “Visión línea estratégica”, y dijo que con una sola prueba quieren lavar todo su error. Quieren castigar a un partido por una sola factura, pero no dicen que el IFE prohibió a la empresa IBOPE, monitorear toda la campaña televisiva y de radio que otras muchas empresas privadas emprendieron contra López Obrador dentro de la llamada “guerra sucia”, advirtió.

En tanto, en su comunicado, IBOPE rechazó cualquier tipo de “compulsa pública abierta” con o sin los consejeros del IFE, para verificar la existencia de los 757 mil spots de radio y televisión que se encuentran en la base de datos del monitoreo de las campañas electorales del 2006, realizado por esta empresa. Advirtió que “es el Instituto Federal Electoral a través de su Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, la autoridad competente con la que los Partidos Políticos deben cotejar y conciliar cualquier tipo de información que los mismos requieran”. “IBOPE únicamente es Proveedor de la información, para el Instituto Federal Electoral, misma que permitió al Instituto llevar a cabo el monitoreo de los promocionales transmitidos en radio y televisión por los partidos políticos y/o coaliciones durante las campañas electorales del 2006”. “IBOPE se limita invariablemente a explicar la metodología seguida para el monitoreo de los promocionales de campaña, y en ningún caso participa en debate político alguno”, señala el comunicado difundido desde la oficina de prensa del propio Instituto Federal Electoral. IBOPE asegura que el monitoreo hecho para el Instituto Federal Electoral se realizó con una metodología rigurosa haciendo uso de la tecnología más avanzada y con controles suficientes para garantizar la integridad de la base de datos resultado del monitoreo. “Este es el monitoreo más exhaustivo, exacto y auditable que se ha realizado en la historia de los procesos electorales de México, trabajo que enorgullece a nuestra empresa y contribuye a acrecentar su prestigio internacional técnico y profesional”.

Kikka Roja

RCTV fuera del aire : Inicia Tves

  • Festejan simpatizantes del presidente Chávez el inicio de transmisiones de Tves
  • Tensión y disturbios en el último día de RCTV; 11 policías heridos
  • Rechaza ministro de Comunicación que haya un plan para privatizar el espectro radioeléctrico

STELLA CALLONI, REDACCION

Policías contienen a manifestantes que protestaron ayer afuera de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones por la negativa del presidente Hugo Chávez a renovar la concesión a Radio Caracas Televisión Foto: Ap

Caracas, lunes 28 de mayo. Una fuerte tensión se vivió en Venezuela hasta la medianoche del domingo, cuando la señal de Radio Caracas Televisión (RCTV) dejó de transmitir, luego que el gobierno del presidente Hugo Chávez decidió no renovar la concesión firmada hace 53 años. En su lugar surgió la estatal Televisora Venezolana Social (Tves), que centrará sus mensajes en la educación y la cultura de los venezolanos. En los últimos tres minutos, RCTV difundió imágenes de simpatizantes de la compañía privada que entonaron el himno nacional venezolano y en punto de las 24 horas la pantalla se oscureció, para que instantes después entrara en su lugar la barra de colores que identifica a Tves, con la leyenda "ahora el compromiso es mayor". Al mismo tiempo, con un masivo cohetazo la nueva emisora inició sus actividades desde el teatro Teresa Carreño, donde se congregaron simpatizantes del gobierno para celebrar la primera emisión de Tves. Unos festejaban y otros -empleados de RCTV- hicieron declaraciones de despedida, lloraron ante las cámaras, entonaron la canción Cuando un amigo se va y reiteraron las acusaciones en el sentido de que la cancelación de la concesión es un "ataque a la libertad de expresión".

Voceros gubernamentales dijeron que los empleados de RCTV podrán ser absorbidos por las numerosas compañías que conforman el emporio mediático de un país donde los medios privados controlan más de 90 por ciento del espacio radioeléctrico. En la tarde hubo incidentes cuando un grupo de manifestantes opositores intentó ingresar a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) atacando a los policías que resguardaban el lugar, lo que fue repelido por la policía con chorros de agua y gas lacrimógeno. Algunos manifestantes opositores intentaron convencer a los más exaltados, cuya acción dejó 11 policías heridos. Pero más tarde se informó de nuevos incidentes en otro punto de la ciudad.

Todo esto sucedió en un complejo escenario con las manifestaciones opositoras, que se incrementaron en estos dos últimos días, pero que en ningún momento alcanzaron la magnitud de las de años anteriores. En tanto, los seguidores del gobierno de Chávez, en el que destacan mayoritariamente los sectores populares, festejaban con bailes, música y pancartas el adiós a RCTV y la apertura en ese espacio de Tves. La repercusión al interior del país, "magnificada por las repetidoras de los medios masivos que unificaron su discurso a nivel mundial, salvo algunas raras excepciones", llevó a funcionarios gubernamentales a advertir sobre las "injerencias externas".

María Alejandra Díaz, directora de Responsabilidad Social del Ministerio de Comunicación e Información, llamó por la tarde "a la cordura y a cumplir las leyes", y también exigió a las organizaciones internacionales "respeto a las instituciones venezolanas". Esto estuvo dirigido a las declaraciones de la Sociedad Interamericana de Prensa en Caracas, cuya directiva sostuvo, entre otras cosas, que negar la renovación de la concesión a RCTV no está apegado a derecho, lo que fue calificado por Díaz como una "injerencia en la política del país". El ministro de Comunicación e Información, William Lara, había mencionado antes que la televisión privada seguirá teniendo "buena salud y larga vida" en el país, al tiempo que descartó que exista algún "plan para estatizar el espectro radioeléctrico venezolano. Por el contrario: con la nueva tecnología digital se quintuplica el número de canales y entiendo que se eleva la calidad técnica de la señal", dijo. También recordó que RCTV fue cerrada en varias ocasiones por gobiernos considerados democráticos, por varios de los países que protestan hoy por la revocación de la concesión a esa empresa.

A Venevisión sí le renuevan licencia

El ministro Lara recordó también que el Gobierno Nacional renovó la señal radioeléctrica a varios medios de comunicación privados, a los que se les vencía la licencia este 27 de mayo, incluida Venevisión, del magnate Gustavo Cisneros. En 2004 este empresario mantuvo un encuentro con Chávez, promovido por el ex presidente estadunidense James Carter, en momentos en que el mandatario venezolano fue respaldado masivamente durante el plebiscito realizado con base en un artículo de la nueva Constitución de 1999, que demanda la revalidación o invalidación del mandato presidencial a la mitad del mismo.

A partir de ese momento, Venevisión mantuvo una posición más equilibrada en sus contenidos. También se renovó la concesión de la estatal Venezolana de Televisión. Lara, por otra parte, mostró tres emisiones de Globovisión y de CNN en inglés, para ejemplificar la "manipulación y falta de ética" en la información, ya que escenificaba la "violencia en Venezuela" con imágenes de otros casos en el mundo, incluso las de una manifestación en México contra el asesinato de un periodista. En la cobertura del domingo de CNN, las entrevistas estuvieron orientadas a demostrar que se trataba de un "cierre". Enlazada directamente con Globovisión de Venezuela, CNN estableció contacto con cadenas de otros países como la colombiana Caracol y TV Azteca de México, que expresaron mensajes de solidaridad con RCTV.

Luego del fin de transmisiones, CNN entrevistó al canciller venezolano, Nicolás Maduro, quien afirmó que lo visto en la televisión venezolana es "el inicio del fin de la dictadura mediática". La decisión de Hugo Chávez recibió también apoyo de organizaciones populares de todo el mundo, incluidos algunos representantes de Izquierda Unida de España, donde el próximo 2 de junio habrá una manifestación en apoyo de Venezuela. "La no renovación es una decisión soberana del Estado venezolano tal y como establece su legislación y la ley internacional (es así en todos los países). No constituye ningún atentado contra la libertad de expresión. Se trata de la no renovación para frecuencia pública VHF y no supone en ningún caso un cierre ni expropiación, como interesadamente difunde en los grandes medios nacionales e internacionales", dice un comunicado de organizaciones españolas solidarias con el gobierno venezolano.

Advierten sobre demandas

Por la noche, el ministro Lara informó que el gobierno de Chávez demandará a los medios de comunicación que traten el caso de RCTV como si fuera "un cierre" y no el fin de una concesión. El gobierno asegura que "este nuevo canal demostrará al mundo la capacidad que tiene el pueblo venezolano de hacer televisión de calidad", en oposición a lo que se considera como desculturización, violencia extrema de películas estadunidenses, pornografía y otros contenidos que afrentan a una población "que ahora accede a la educación, está alfabetizada y participa en todos los aspectos de las medidas gubernamentales".

TELEVISA y TV AZTECA se quedaron con el dinero de muchos mexicanos y además apoyó el fraude electoral, se merecen un castigo peor al de RCTV
¡Apaguen la recochina televisión!
Televisión de mierda para panistas de mierda.



Kikka Roja

100% PELELE Calderón entre españoles y vende patrias

  • Mouriño utiliza los nombramientos para apuntalar su grupo político: diputado panista
  • Las delegaciones federales, arma del PAN para pagar facturas y premiar la "lealtad"
  • Los seguidores de Elba Esther Gordillo, entre los principales beneficiados por el calderonismo

Con información de los corresponsales Claudio Bañuelos, Antonio Heras, Raymundo León, Lorenzo Chim, Hugo Martoccia, Javier Chávez, Miroslava Breach, Verónica González Cárdenas, Sergio Ocampo, Carlos Camacho, Juan Carlos García, Martín Diego, Julia Antonieta Le Duc, Irene Sánchez, Ernesto Martínez, Jesús Narváez Robles, David Carrizales, Octavio Vélez, Mariana Chávez, Elio Henríquez, Javier Valdez, René Alberto López, Martín Sánchez, Israel Dávila, Angeles Mariscal, Andrés T. Morales, Luis A. Boffil y La Jornada de Oriente

Juan Camilo Mouriño, cuestionado por la designación que ha hecho de delegados federales, de la que se han beneficiado seguidores de Elba Esther Gordillo Foto: Carlos Ramos

Definidas a partir de criterios políticos y de las cuotas a las facciones del Partido Acción Nacional, las delegaciones del gobierno federal en los estados constituyen una estructura que obedece más a la "lealtad" hacia Felipe Calderón que a los objetivos de los programas públicos y, como acusan PRI y PRD, sus fines son más bien electorales. En la asignación de los nombramientos, cotizados por los salarios y prerrogativas de los delegados, Juan Camilo Mouriño Terrazo se ha convertido en el factótum del calderonismo. El reparto de las posiciones para amigos, empresarios, candidatos perdedores y aliados políticos se constituyó en una de las principales prácticas del PAN en el gobierno desde la presidencia de Vicente Fox, aun cuando ese tipo de manejos fueron criticados por el panismo a los gobiernos del PRI. En esa distribución, la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, ha ubicado a maestros incondicionales como delegados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) e inclusive de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Según fuentes gubernamentales, en la actual administración sólo se han cambiado a 150 de los mil 390 delegados de todo el país y, ante los reclamos del PRI, desde Los Pinos se ofreció hablar con los gobernadores para revisar caso por caso y, eventualmente, remover a algunos. Aunque uno de los principales reclamos del tricolor se centra en que Vicente Fox y ahora Calderón repartieron esas posiciones a distinguidos panistas y empresarios ligados a Acción Nacional, la versión oficial señala que los gobernadores priístas no impugnaron la militancia, sino que no se cubrieron cuestiones de forma y de fondo. Por ejemplo, a algunos no se les avisó con anticipación de los cambios de delegados y se enteraron en los periódicos, mientras otros están inconformes porque se mantuvo a personajes que permanentemente los han confrontado. No obstante, las negociaciones para ocupar alguna de las delegaciones son de tal magnitud que algunos titulares permanecen en sus cargos desde la administración de Ernesto Zedillo, como los delegados del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Baja California Sur, Jorge Luis Amao Manríquez, y de la SEP en Mexicali, Lamberto López López.

Los nuevos criterios

En el presente sexenio la aplicación de los nuevos criterios tiene su caso más emblemático en Campeche, de donde es originario Mouriño Terrazo, y revela lo contradictorio de la tarea que recientemente encomendó Felipe Calderón al jefe de la Oficina de la Presidencia de vigilar el uso de los fondos federales. El diputado federal panista Jorge Rubén Nordhausen González asegura que todos los nombramientos de los delegados federales pasan por el despacho de Mouriño en Los Pinos, y éstos son designados aun cuando no cumplan los perfiles profesionales y técnicos que exige la Ley del Servicio Profesional de Carrera. "De este modo, pretende apuntalar a su grupo político, con miras a las elecciones de 2009, cuando se elegirá gobernador. Para ser delegado en Campeche tienes que ser mouriñista, aunque hayas traicionado al PAN", asegura. El panista se refería al caso de Iván González López, que fue designado delegado de la Sectretaría del Medio Ambiente y Recuros Naturales, aun cuando en las elecciones para la alcaldía de El Carmen se alió con la candidata de la coalición Por el Bien de Todos, decisión que le costó ser suspendido de sus derechos como militante del blanquiazul. En medio de la pugna, Mouriño declaró que "en esta administración federal se ampliaron los criterios, y hoy un requisito indispensable es la lealtad al proyecto de Calderón. No es una cuestión de amistad, sino de lealtad, y en ese sentido deben cumplir técnica y políticamente con el perfil. Entendemos que haya gente afectada por no cumplir con lo segundo (la lealtad). Las delegaciones son puestos codiciados porque son bien pagados".

"Centros de activismo político"

Para los dirigentes estatales del PRD, Gumersindo Mier; de Convergencia, Aníbal Ostoa, y del PT, Ana María López, las delegaciones en Campeche fungen "como centros de activismo político del PAN". Una práctica similar ocurre en Yucatán, donde el PRI ha denunciado el abierto proselitismo de Calderón y la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), Beatriz Zavala Peniche, originaria de esa entidad, donde hubo elecciones para gobernador el pasado domingo 20. La inconformidad priísta también surgió en Colima, donde fue impugnado el nombramiento -en 2006- de Fernando Garza Martínez como delegado de Sedeso, aun cuando el ex alcalde de Guadalajara encabezó a un grupo de panistas jaliscienses para apoyar al ex candidato blanquiazul a la gubernatura Antonio Morales de la Peña, actual procurador federal del Consumidor. El PRI aseguró entonces que el PAN preparó una estructura para usar los programas sociales en favor de los candidatos de su partido en la elección presidencial. Al inicio del sexenio, Liduvina Sandoval relevó a Morales de la Peña.

Sin embargo, no sólo hay críticas desde la oposición. Las pugnas entre panistas se repiten estado por estado.

En Cancún, por ejemplo, las diputadas Yolanda Garmendia y Addy Joaquín Coldwell impugnaron el nombramiento del priísta Manuel Conde Canto como delegado de Fonatur, en una ciudad donde esa dependencia puede comercializar terrenos para proyectos turísticos. Mientras, en Chihuahua los nombramientos pasan por Jorge Manzanera Quintana, asesor de Mouriño a quien los panistas recurren para buscar empleo. Fue él quien influyó de manera directa para el reciente nombramiento de Carlos Olson como delegado de Economía, a pesar de su escasa experiencia, así como el de Pedro González Russek, identificado con la organización Desarrollo Humano Integral AC (Dihac), como delegado del ISSSTE.

Entre los pagos de facturas a Elba Esther Gordillo y sus aliados resaltan los casos de Jalisco, donde dos personajes claramente ligados al SNTE ocupan las delegaciones de la SEP y del ISSSTE, y de Guanajuato, donde Juan Carlos Moreno Henestrosa, quien formó parte de la corriente que impulsó a Roberto Campa Cifrián como candidato presidencial de Nueva Alianza, es el delegado de Educación Pública. Es el mismo caso de la maestra Guadalupe Elizondo Vega, delegada de la SEP en Jalisco, y de Miguel Angel Sánchez Obregón, delegado del ISSSTE, militante del PRI y ex coordinador de la diputación tricolor en Nuevo León. Ambos funcionarios se "reparten" a los 275 mil derechohabientes de la institución y a los más de 70 mil profesores que laboran en la entidad. La misma práctica ocurrió en la delegación de la SEP en Nayarit, con Olga Margarita Uriarte, ex lideresa de la sección 12 del SNTE en Durango. En Puebla, la cuota para Gordillo fue la delegación del ISSSTE, que se asignó a Jorge Aguilar Chedraui, hombre cercano al ex diputado Rafael Moreno Valle, uno de los incondicionales de la maestra.

En Sinaloa, la delegación del ISSSTE continúa en manos de ex priístas que ahora son militantes de Nueva Alianza, el partido que formó Gordillo a partir de la base magisterial. Manuel Cárdenas Fonseca, diputado por ese partido, le "heredó" la plaza a Antonio Hayashi Ayala, también del grupo gordillista. También en Tabasco se observa la influencia de la lideresa magisterial. León Felipe Morales Ayala, chiapaneco y sobrino de la profesora, es el flamante delegado del Instituto de Salud. A esa lista se agrega la designación del ex dirigente de la sección 32, Gustavo Moreno Ramos, como delegado en Veracruz, vinculado a Gordillo y a Miguel Angel Yunes, titular del ISSSTE. En otros estados ocurre que el delegado de Sedeso está más ligado al sector empresarial y gubernamental. Como ejemplo está José Antonio Zepeda López, ex panista y amigo de Vicente Fox, y empleado del ex gobernador Antonio Echevarría en las empresas Grupo Empresarial Alica.

También hay delegaciones que se entregan como "premios de consolación" o a la militancia panista. Ejemplos muy notorios se dieron en Nuevo León, donde esas posiciones se entregaron a reconocidos militantes panistas que perdieron elecciones y no cumplen un perfil profesional, pero son amigos de Calderón. Margarita Arellanes Cervantes, delegada de Sedeso, llegó al cargo en noviembre de 2006, tres años después de perder la alcaldía de Monterrey frente a Ricardo Canavati Tafich. Es hermana de Fany Arellanes, quien junto con Alejandra Fernández Garza fue la principal activista de la campaña de Calderón en el estado.

Otro de los enclaves del panismo se encuentra en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde seis de las 30 delegaciones están en manos de militantes y dirigentes del blanquiazul. La representación de la Sedeso es manejada por el ex alcalde de Tuxtla y ex diputado federal Francisco Rojas Toledo, ginecólogo. Dirigentes priístas aseguran que la delegación es el premio que recibió por declinar su candidatura al gobierno en favor del priísta José Antonio Aguilar Bodegas. La esposa del ex diputado, Mirna Camacho, es delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor desde el foxismo. En Tabasco, la delegación de la Sedeso fue asignada a Dora María Scherrer Palomeque, ex diputada local panista e integrante del grupo político que encabezan el dirigente estatal, Francisco Macossay, y el diputado federal Juan José Rodríguez Prats. No obstante, la distribución no está exenta de fricciones entre los propios panistas. En Tlaxcala, por ejemplo, la delegada de Sedeso, Adriana Dávila Fernández, mantiene un conflicto personal con Héctor Ortiz Ortiz sólo porque el gobernador respaldó a Santiago Creel en sus aspiraciones presidenciales y no a Calderón.
Y los clasemedieros apáticos que prefieren que les vean la cara de pendejos, el día de mañana no tendrán ni que tragar, servidos ahí están sus cacagrandes...

Kikka Roja

PRI Y PAN la misma basura derechosa

  • Reconoce como ''grave error político'' haber mantenido a la maestra en el partido
  • Ser muy cauteloso con Gordillo, recomienda Madrazo a Calderón
  • ''Se le ha cedido el control de la educación, el ISSSTE, la Lotería y una parte de la seguridad nacional''

CIRO PEREZ SILVA

El ex candidato del PRI a la Presidencia de la República, durante la entrevista con La Jornada Foto: Francisco Olvera

Mantener a Elba Esther Gordillo dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a pesar de las voces que exigían su salida por su evidente colaboracionismo con el gobierno de Vicente Fox, ''fue uno de mis más graves errores políticos'', admite Roberto Madrazo, quien hoy recomienda al presidente Felipe Calderón ser ''sumamente cauteloso'' en su relación con la maestra, a quien el mandatario cedió el control de la educación básica, una parte de la seguridad nacional y sectores como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Lotería Nacional, como pago por sus ''servicios'' en el proceso electoral de 2006. A medio camino entre su incorporación al negocio familiar y su interés por ''hacer política del lado de la sociedad'', sin perder la vinculación partidista, Madrazo Pintado continúa un proceso de reflexión a casi 11 meses de la contienda del pasado 2 de julio.

Un fantasma

A la distancia, sigue siendo Elba Esther Gordillo uno de los muchos fantasmas que pesan sobre la suerte del tabasqueño, quien en entrevista con La Jornada se refiere a su decisión de mantener dentro de las filas del tricolor a la maestra, aun cuando ésta ya fraguaba la conformación de un nuevo partido político y era clara su cercanía política con Vicente Fox y Marta Sahagún. ''Sí, fue un error costoso, muy costoso. Ahí yo pierdo por varios factores. Pongo primero mis debilidades y mis errores. Yo creo que es muy importante ser autocrítico en el balance. Con ella y con los gobernadores de mi partido yo perdí la perspectiva. Ante ''el peso de la señora Gordillo en el sindicato (magisterial), la intromisión del mandatario federal, con todo el poder presidencial, que es ilimitado, yo debería haber previsto eso, y el de los gobernadores, que también es un peso regional muy fuerte. A ellos les entrego todo, que fue otro error inconmensurable: darles las candidaturas (al Congreso) negociando con ellos, pensando que iban a cumplir. Luego veíamos lo que pasó en la campaña: no había propaganda, la habían guardado los comités y sólo ponían algunas cartulinas; ningún candidato a diputado o senador hablaba de Madrazo, hablaban nada más de su campaña. Todo esto fue una consecuencia de estos errores'', reconoce.

-A pesar de haber identificado algunas actividades de la maestra en contra del PRI, usted se oponía a su expulsión. ¿Por qué?
-Yo he cometido un error, un error que pensé diferente porque, cuando yo la visito en San Diego, dos veces, yo la noto enferma, realmente lo estaba, pero al mismo tiempo yo no noto, no descubro, que ella estaba tejiendo una estrategia para formar el nuevo partido, para seguir con la pareja presidencial (Vicente Fox y Marta Sahagún), para hacer toda esta labor. ''Llegamos así a Puebla, a la asamblea del PRI, y todavía pido la palabra para solicitar que no se juzgue el caso de Elba, y damos un transitorio para reservar el asunto y llevarlo al consejo nacional. ''Ese fue un error político mío muy grave, porque la asamblea estaba decidida a proceder en consecuencia de lo que ya había visto. ¡Y todavía no veíamos el conjunto de cosas que había, e inclusive yo conocía cosas que todavía no trascendían!, y que ahora he escrito (en su libro titulado La traición)."
-¿Qué le recomendaría a Felipe Calderón?
-A ella le pagan de más y en posiciones bien importantes.
''La Lotería y el ISSSTE, donde están intereses económicos tan fuertes y en donde ella va a cuidar mucho esa parte económica. Le entregan la Subsecretaría de Educación, fundamental en este proceso de renovación, y le entregan parte de la seguridad nacional. Pues está en cuatro posiciones muy importantes. ''Quienes conocemos a la señora Gordillo la vemos con la ambición de poder. De hecho, internamente la tratamos de controlar dándole juego, poder, hasta que el presidente Fox le dio más de lo que podría ofrecer el PRI. Le entrega toda la fuerza y le entrega 12 años de blindaje. ''Hoy día sus expedientes no se pueden revisar; (será posible hasta dentro de 12 años). Entonces, toda esa parte de la fortuna inexplicable que ha aparecido, que ha salido, no la puedes volver a ver hasta dentro de 12 años. ''La lucha de muchos maestros, de la coordinadora y de los grupos que han surgido, va a tener que esperar 12 años. La deja blindada su amigo, el ahora ex presidente Fox, y la señora Sahagún.'' Roberto Madrazo agrega a estos errores haber dejado de actuar como había hecho a lo largo de su paso por la política de partido. ''Los errores en el debate, por ejemplo, se debieron a que dejé de ser yo; dejé de ser yo al negociar con los gobernadores. Me cuesta trabajo aceptar que lo hice sabiendo cómo soy, porque va en contra de lo que normalmente soy, pero bueno, las recomendaciones, los consejos del grupo asesor que traíamos en campaña eran esos''. Por esa razón, señala, es que el libro que presentará este miércoles, en el que recoge buena parte de sus reflexiones y análisis luego del fracaso del pasado 2 de julio, se titula La traición, y ''es que son muchas traiciones. No es la traición a Roberto, es la traición al PRI, la traición al país, la traición entre ellos, es que todo mundo se traiciona'', lamenta.

-Ahora que habla de traiciones, ¿sólo las hubo hacia usted o de usted hacia otros?
-Hubo de mi parte exceso de confianza en la negociación con los gobernadores. En el año 2000, quienes éramos gobernadores no opinamos en las candidaturas. No fuimos considerados, como había sido tradicional. Quise ahora corregir eso metiendo a los gobernadores, haciéndolos sentir parte del proyecto. Que íbamos a trabajar juntos, a gobernar juntos, a responsabilizarnos de proyectos concretos que en las campañas íbamos haciendo y a trabajar con ellos, pero no resultó. En el libro con el que Madrazo Pintado pretende dar a conocer los detalles del resultado de las elecciones de 2006, y ofrecer un documento que permita al PRI no repetir errores, se resume que la derrota ''fue descuido o fue exceso de confianza o ambición''.


Kikka Roja

Ganó mediante la alianza PT-Convergencia en Yucatán

Ama de casa, de 52 años y 6 nietos, será la primera alcaldesa de Abalá

LUIS A. BOFFIL GOMEZ

Abala, Yuc., 27 de mayo. Es ama de casa, comerciante, madre de cuatro hijos y abuela de seis; a partir del uno de julio será la primera alcaldesa de Abalá luego que triunfó en los comicios del 20 de mayo por la coalición Todos Somos Yucatán (integrada por los partidos del Trabajo y Convergencia). De 52 años de edad, y "muy chambeadora desde niña", Cristina Ayala López prepara su toma de posesión en esta pequeña comunidad rural, ubicada al centro del estado, donde privan marginación y pobreza. El analfabetismo y el alcoholismo son dos de los flagelos que azotan Abalá, pero la próxima alcaldesa está dispuesta a combatir, y para ello desde ahora convoca a priístas, panistas y perredistas para que la ayuden. "Doy vuelta a la página, no me importa que las otras fuerzas políticas hayan querido desprestigiarme en el proceso electoral", señala. "Hay que empezar de cero, sin enemigos, y a la hora de trabajar no haré a un lado a los que no votaron por mí; apoyaré a todos sin distinciones partidistas", declara Cristina Ayala. En los comicios, obtuvo mil 356 votos contra mil 100 de su oponente priísta. Su cabildo estará formado por ocho personas, cinco de la coalición Todos Somos Yucatán, dos del PAN y uno del PRI.

Casada con el ejidatario Víctor Mena López, Ayala López fue militante panista por varios años, pero cuando surgió la fisura en el blanquiazul con la renuncia de Ana Rosa Payán Cervera, en diciembre de 2006, decidió seguir los pasos de la ex alcaldesa de Mérida, quien contendió por la gubernatura y quedó en tercer sitio. La política no es desconocida para Cristina Ayala, pues fue secretaria del ayuntamiento de Abalá de 2001 a 2004, y desde su trinchera, dice, apoyó a la gente en lo que pudo. Entre sus planes inmediatos para Abalá están la construcción y pavimentación de calles, fomentar el deporte y procurar servicios de salud en comunidades indígenas.


Kikka Roja

OLIGARQUÍA Y PLUTOCRACIA : Cocacola

La comisión de competencia logró que un tribunal emitiera la condena por $10.5 millones
Multan en México a Coca-Cola por prácticas monopólicas
No podrá exigir exclusividad a sus compradores, según reclamaba Pepsico
Se abre la posibilidad de que otra demanda impulsada por Big Cola también sea en contra de la trasnacional

MIRIAM POSADA GARCIA

La trasnacional Coca-Cola ya no podrá imponer condiciones de exclusividad en las tiendas donde coloca sus productos Foto: José Carlo González

La Comisión Federal de Competencia (CFC) logró que un tribunal fallara en contra de Coca-Cola Export por haber cometido prácticas monopólicas relativas a imponer a sus clientes cláusulas de exclusividad. Por ese motivo, la compañía deberá pagar una multa de 10.5 millones de pesos, con lo que la comisión se adjudica su primer triunfo por este tipo de violaciones a la ley. El presidente del organismo antimonopolio, Eduardo Pérez Motta, aseguró que con el fallo del tribunal ganan los consumidores, que ahora podrán encontrar variedad de productos en un solo establecimiento, ya que los proveedores no podrán reclamar exclusividad a los vendedores. La resolución definitiva del décimo tercer tribunal colegiado en materia administrativa en el primer circuito judicial representa el fin de un litigio iniciado por Pepsicola Mexicana (Pepsico) en contra de The Coca-Cola Export Company en 2000, cuando acusó a su competidora de incurrir en prácticas monopólicas relativas, bajo la figura específica de imponer exclusividad a sus compradores, al no permitir que se vendieran bebidas carbonatadas en envases cerrados que no fueran de su marca. Al mismo tiempo abre la posibilidad de que el siguiente capítulo de la ''guerra de las colas'', a la que se sumó Big Cola en 2003, también sea negativo para Coca-Cola Export, debido a que la acusación va en el mismo sentido, y está respaldada por la denuncia hecha por Raquel Chávez Paniagua, propietaria de la tienda de abarrotes y cremería La Racha, a quien Coca-Cola Export le impuso exclusividad.

Perdida, la primera batalla

La CFC informó ayer que el 30 de abril el décimo tercer tribunal colegiado en materia administrativa, en el primer circuito judicial, resolvió en definitiva el amparo interpuesto por Coca-Cola Export en contra de la resolución que en la que la CFC la responsabilizó de haber incurrido en prácticas monopólicas relativas, por lo que le fijó una multa de 10.5 millones de pesos. El origen de esta decisión de la CFC se basó en una acusación hecha en 2002 por Pepsico en contra de Coca Cola Export, por la comisión de prácticas monopólicas relativas, a través de la figura de imposición de exclusividad, lo que equivale a condicionar la venta de sus productos a los comerciantes a que rechacen vender otras marcas. Luego de realizar una investigación, la CFC encontró responsable a Coca-Cola Export de haber incurrido en prácticas monopólicas relativas, por lo que impuso una multa de 10.5 millones de pesos a la empresa y a cada uno de sus embotelladores, con fundamento en las disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, anterior a las reformas legales de 2006. En respuesta, Coca-Cola Export y sus embotelladores se acogieron al recurso de amparo, por lo que el tribunal colegiado analizó todos los aspectos considerados por la CFC en su investigación y resolución, elementos que le sirvieron para confirmar la legalidad de la decisión y multa, así como la existencia de un grupo económico encabezado por Coca-Cola Export, el poder sustancial de mercado de este grupo, la existencia de la práctica monopólica, la legalidad de la multa y otras cuestiones procedimentales. Con todos estos elementos la CFC anunció que ''queda firme'' su sanción en contra de Coca-Cola Export, que además de pagar la multa de 10.5 millones de pesos deberá cuidarse de no volver a exigir exclusividad en el comercio detallista.

La pugna por venir

Después de haber perdido la primera batalla legal, Coca-Cola deberá prepararse para un segundo encuentro en un terreno similar y por la misma acusación, sólo que ahora los contrincantes son la CFC, Ajemex, productora de Big Cola, y la comerciante Raquel Chávez Paniagua. En este caso la CFC comenzó una investigación en 2003, motivada por las denuncias interpuestas por Ajemex y Raquel Chávez en contra de Propimex, embotelladora de Coca-Cola, que comercializa productos en el valle de México. El resultado de esta investigación fue que la CFC encontró responsable a Propimex y 15 distribuidores de haber incurrido en prácticas monopólicas relativas al imponer exclusividad a los propietarios de negocios como el de Raquel Chávez. La multa fue de 10.5 millones de pesos para Propimex y cada uno de sus distribuidores, por lo que el monto se elevó 157 millones de pesos. Los responsables también recurrieron al amparo.


Kikka Roja

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