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martes, 5 de junio de 2007

La Verdad sea Dicha : 22

Programa episodio 22
La derecha quiere vender al pais entero con todo y su gente

Andrés Manuel López Obrador www.amlo.org.mx
E MAIL : laverdadseadicha@gobiernolegitimo.org.mx
laverdadseadicha.org.mx, laverdadseadicha.org
gobiernolegitimo.org.mx

AMLO Tv, Martes 1 de la madrugada 1 a.m. por tv azteca canal 13



SONRIE LA LUCHA SIGUE

Kikka Roja

Miguel Ángel Granados Chapa

Muerte en el retén

Plaza Pública

Hasta el mediodía del lunes cuatro, la Secretaría de la Defensa Nacional no había emitido información sobre un episodio muy confuso ocurrido el viernes primero de junio por la noche en el municipio de Sinaloa de Leyva, en el estado de Sinaloa, que dejó un saldo inequívoco: una mujer y cuatro menores de edad, todos miembros de una familia, fueron muertos a tiros, disparados por integrantes de un puesto de inspección militar. Murieron Griselda Galaviz Barraza, de 25 años, Alicia Esparza Parra, de 17, y los hijos de la primera Joniel, Griselda y Juana Esparza Galaviz, de 7, 4 y 2 años. Resultaron heridos el chofer del vehículo, Adán Abel Esparza Parra, de 29 años, Teresa Flores, de 16, y José Carrillo Esparza, de 5 años. Priva la confusión en torno a los hechos. No está claro si la familia, que viajaba en una camioneta pick up, volvía de un funeral o de un curso de actualización educativa, puesto que ambas versiones han circulado. No se sabe con precisión si el conductor del vehículo no logró frenar a tiempo, tan pronto como lo pidieron los soldados del retén, y por ello los militares dispararon, o uno de los tiradores salió inesperadamente a la carretera "y al tiempo que le marcaba el alto a sus ocupantes abrió fuego" (Noroeste.com, 2 de junio). Por otro lado, mientras que una "fuente cercana a la Novena Zona Militar indicó que en el vehículo se localizaron armas y drogas" (Reforma, 3 de junio), los deudos de las víctimas lo niegan: "Cómo se les ocurre que unas mujeres y un niño van a traer armas, quieren justificarse a toda costa", dijo Faustino Esparza Parra, hermano del conductor quien "se bajó de la camioneta con una mano herida y con la mano buena les hacía señas y les gritaba que no dispararan por favor, que venían señoras y niños.

Pero los militares le dispararon a la mano buena, y siguieron disparando contra la camioneta". Otros familiares, sobrevivientes de la balacera, dijeron que "los militares les hicieron perder mucho tiempo y no los dejaban mover a los heridos... Explicaron que en el camino se encontraron más camiones llenos de soldados que se dirigían al lugar de los hechos, y nuevamente perdieron mucho tiempo, porque los revisaron a pesar de que ellos les explicaron que llevaban heridos... Con todo el tiempo perdido, en lugar de hacer cinco horas hasta el hospital general (de Badiraguato) se hicieron ocho, lamentaron" (Noroeste.com, 2 de junio). Los familiares de las víctimas, según el parte de la Policía Ministerial, dijeron que "los elementos del Ejército sembraron un costal de mariguana a tres metros de la camioneta". De ser verdad ese dicho, acaso lo hicieron los militares para ocultar su responsabilidad, no sólo por disparar sino por la circunstancia en que se hallaban: Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la que los afectados ocurrieron en queja el sábado dijo el domingo: "Tenemos información que indica que presuntamente los militares que participaron en los hechos que culminaron en una desgracia se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes; ... se nos indicó también que podría haber consumo de algún tipo de droga" (Reforma, cuatro de junio). El propio ombudsman estatal había informado de quejas de los familiares porque "al momento de querer levantar el vehículo donde venía la familia", se opusieron soldados, lo que provocó forcejeos. "Al parecer, no permitieron que se la trajeran (la camioneta), manifestó". (Noroeste.com, 2 de junio).

La Comisión Nacional de Derechos Humanos se apersonó en el lugar de los hechos, mediante tres visitadores adjuntos y dos peritos médicos, para "conocer directamente las quejas por probables violaciones a derechos fundamentales por parte de elementos militares destacamentados en el retén, así como iniciar las investigaciones que comprenden inspecciones oculares, entrevistas y la solicitud de información a las autoridades sobre los operativos realizados". Como parte de la estrategia de conjuntar las fuerzas federales en determinadas entidades y regiones, el 7 de enero comenzó el Operativo Triángulo Dorado en la confluencia de los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa. A esa operación corresponde el retén instalado cerca del poblado Los Alamillos, cerca de la comunidad La Joya de los Martínez. En otro sitio del propio municipio de Sinaloa de Leyva, en Ocorahui, el propio viernes en que se produjo la matanza fue asesinado José Lucio Juárez Pérez, por un grupo de matones que al mismo tiempo secuestró a Ebodio Soto Domínguez de quince años. "Del jovencito no se sabía nada hasta ayer en la mañana cuando fue encontrado su cuerpo tirado a la orilla del camino, a un costado de las casas del poblado Ciénega de los Parra" (Debate.com, 4 de junio). El 21 de mayo la presencia del Ejército se había extendido a Culiacán, donde no ha cesado la violencia delincuencial. El dos de febrero, cerca del palacio de gobierno de la capital fueron asesinados dos militares.

A pesar de que al retén de Los Alamillos acudieron agentes del Ministerio Público estatal, federal y militar, no se ha producido ninguna detención. El rumor de posesión de armas y drogas atribuida a las víctimas no se formalizó en acusación, y los heridos permanecen sin custodia en el hospital de Badiraguato, donde la familia sufre ahora la pena de conseguir recursos para la atención médica. Tampoco se responsabilizó a nadie de los homicidios y las lesiones, que inequívocamente ocurrieron, aunque no se precise cómo.


Kikka Roja

Alvaro Cepeda Neri

La Guadalupana y el Cardenal

Conjeturas

Escribe Max Weber, como una de sus conclusiones tras minuciosas investigaciones sobre el capitalismo, que éste hunde sus raíces desde que, sobre todo, aparecieron los comerciantes (verbigracia: los célebres, por defenestrados, mercaderes del templo). “El capitalismo del comerciante y del proveedor del Estado y todas aquellas modalidades del capitalismo prerracionalista conocidas en el mundo desde hace cuatro milenios”.

Y así hemos llegado al capitalismo salvaje, alias el neoliberalismo económico, que en palabras de Weber es “el capitalismo de aventureros y de rapiña enraizado sobre todo como tal en la política”. Nada, pues, escapa al capitalismo, verbigracia: el matrimonio político del comunismo chino y su actual política económica a toda marcha sobre los rieles del capitalismo. Todo está a la venta, dentro y fuera del mercado (la piratería y el contrabando merodean sus fronteras). Pues bien, en los tribunales se ventila la propiedad y comercialización de la imagen digitalizada de La Guadalupana. El litigio ha pasado ya por esas instancias y en ellas las resoluciones favorecen a un particular que (“¡Eureka!”, como exclamó Arquímedes tras la creación de su hipótesis y comprobación en la experiencia científica) tuvo la idea de registrar la digitalización de esa imagen y por tanto es el propietario.

En la disputa judicial-religiosa la contraparte es el protector de pederastas, enemigo del aborto (y muy amigo-consultor, ayer de los Foxes y, ahora, de los Calderón y la derecha en el poder presidencial) nada menos que el cardenal Rivera Carrera. éste, además de su cita en los tribunales estadounidenses, ha estado apelando para rescatar, para propiedad de la Iglesia Católica, apostólica, romana y guadalupana, esa imagen cuya venta, por su gran éxito, deja millones de pesos. El actual propietario, cuentan, está más que dispuesto a una transacción con el representante de esa Iglesia, pero Rivera Carrera, con tantos fierros en la lumbre no se ha dado tiempo para la negociación. El asunto del pederasta y su lucha perdida contra el aborto (el 70 por ciento de las mujeres católicas lo aprueban y celebran tenerlo como un derecho) lo tienen ocupado y está a punto de perder, definitivamente, la propiedad de la imagen digitalizada de La Guadalupana.

El fondo del asunto litigioso es que de perder, en la tercera y última instancia, la Iglesia citada se quedaría sin una imagen que le acarrearía una constante fuente de ingresos. Pero el cardenal está más interesado en cultivar sus relaciones políticas, su asistencia a grandes comilonas (como su par el obispo Onésimo de Ecatepec) y en darle amparo a quienes, desde los altares, en lugar de oficiar sus ritos, abusan sexualmente de niños. Así que la imagen digitalizada de La Guadalupana lleva visos de quedarse como propiedad privada de un particular, a pesar y muy a pesar de que éste ha tocado en vano a las puertas de la residencia cardenalicia, para tratar de llegar a un arreglo que beneficiaría a la Iglesia para su venta a quienes, con la nueva tecnología, adquieren digitalizada esa imagen. Ya veremos qué pasa en la última instancia, pero no hay duda de que el particular obtendrá la victoria judicial.

cepedaneri@prodigy.net.mx
JAJAJAA otra vez se chingó la Iglesia, já jaa y orita que recuerdo, los del Yunque se inician rezando a la virgen de Guadalupe


Kikka Roja

Mal hecha y con mala leche Ley Televisa

  • Declara inconstitucional que el Senado objete nombramientos de integrantes de la Cofetel
  • Invalida la Suprema Corte dos artículos más de la ley Televisa
  • Echa atrás disposiciones que abren la puerta a prácticas monopólicas de televisoras y radiodifusoras

JESUS ARANDA, ANDREA BECERRIL

El ministro Mariano Azuela saluda a los ex senadores Javier Corral y Manuel Bartlett Foto: María Meléndrez Parada

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó ayer más artículos de la llamada ley Televisa, al declarar inconstitucional que el Senado objete los nombramientos de los integrantes de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), así como disposiciones que abren la posibilidad a prácticas monopólicas de televisoras y radiodifusoras. El debate se intensificó sobre temas torales en una discusión en la que el ministro Genaro David Góngora Pimentel planteó que la inconstitucionalidad de los artículos impugnados se determine no sólo con base en criterios económicos, sino desde la perspectiva de que se afectan los derechos de prensa, información y acceso equitativo a los medios de comunicación.

''¡Yo ya no entendí!''

Durante la sesión, los ministros advirtieron errores, ambigüedad e incongruencias en la ley, particularmente en el tema de la subasta pública como criterio para otorgar concesiones. ''¡Yo ya no entendí!'', exclamó la ministra Margarita Luna Ramos, después de tratar de traducir el artículo 17-G de la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT), cuya discusión continuará este martes. En relación con el tema de la subasta pública, el proyecto del ministro instructor, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, plantea declarar dicho artículo inconstitucional en razón de que el dinero es el único criterio para otorgar una concesión, con lo que se violenta el artículo 28 de la Carta Magna, ya que se asegura el acceso a los medios de comunicación sólo a los grupos más poderosos y se fomenta la concentración en pocas manos de un bien público, como es el espectro radioeléctrico. Si bien hay coincidencia de la mayoría en invalidar ese ordenamiento, el ministro Góngora pidió se determine que se violan también los artículos 6 y 7 constitucionales, relativos a la libertad de expresión, de información y de prensa. ''No he recibido un argumento que me indique razones para dar prioridad a aspectos patrimoniales del Estado o de libertad de mercado sobre el derecho fundamental a la información y el acceso equitativo a los medios de comunicación''.

Agregó que otorgar las concesiones al mejor postor asegura el acceso a la radio y la televisión sólo a los grupos más poderosos, que inclusive ya tienen posiciones relevantes en el mercado, y se excluye la participación de otras personas, ''con lo que se impide una visión auténticamente pluralista que responda a la complejidad de nuestro país''. El problema de la subasta pública, insistió, no se puede abordar sólo por el acaparamiento de las estaciones de radio y televisión por los grandes grupos de poder económico, como dice el proyecto, ''sino mucho más grave aún es que los medios masivos de comunicación dejen de ser recursos comunitarios al servicio de los intereses genuinos de la libertad, para convertirse en instrumento del dominio de los grandes capitales sobre la sociedad, su cultura y la vida política''. Ante la negativa de Aguirre Anguiano de incorporar estos criterios a su proyecto de resolución, se decidió aplazar el tema para la sesión de hoy, en la que, trascendió, la mayoría de ministros se inclinan por declarar inconstitucional el citado artículo y que, en caso de no aceptarse la propuesta de Góngora, éste presentará un ''voto concurrente'', lo que significa que apoya la inconstitucionalidad, pero por razones diferentes a las de sus compañeros.

Durante la sesión, el pleno resolvió tres artículos impugnados, dos de los cuales declaró inconstitucionales. El primero en ser analizado fue la fracción quinta del artículo 17-E de la LFRT, que establece que uno de los requisitos para obtener una concesión es presentar ''solicitud de opinión favorable'' a la Comisión Federal de Competencia (Cofeco).

Una trampa

Los demandantes argumentaron en la acción de inconstitucionalidad que era una trampa para burlar las reglas de competencia económica, toda vez que con la sola solicitud ante Cofeco se llena el requisito sin importar la respuesta de este órgano encargado de evitar prácticas monopólicas. A excepción del ministro ponente, Aguirre Anguiano, la mayoría validó esa interpretación. Juan N. Silva Meza coincidió en que la redacción de ese artículo da pie a una simulación en el cumplimiento del contenido fundamental, que implica la opinión calificada de la Cofeco. Mariano Azuela, a su vez, hizo notar que se trata de una norma ''muy ambigua'', y su compañero Sergio Valls resumió: ''Para que algún agente económico pueda participar en el procedimiento de licitación, debe acompañar la opinión favorable de la Cofeco, y no una simple solicitud, pues sólo a través de la resolución que dicte ese organismo se podrá determinar si tal agente es apto o no para participar''. Esa fracción quinta del artículo 17-G de la LFRT, se invalidó por ocho votos a uno, al eliminarse el término ''solicitud de''. La redacción quedó entonces en que la ''opinión favorable'' de la Cofeco es uno de los requisitos para obtener la concesión de redes de readiodifusión.

Posteriormente el pleno discutió el artículo 9-C de la Ley Federal de Telecomunicaciones, en el que el Congreso decidió dar al Senado la facultad de objetar los nombramientos presidenciales de los integrantes de la Cofetel. En la discusión se recordó que en el tema de organismos desconcentrados, como la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la Corte definió un criterio sobre la integración de la Cofeco, el pasado 10 de mayo, en el sentido de que éstos se encuentran supeditados jerárquicamente al Ejecutivo federal y por tanto otro poder no puede interferir. Azuela hizo una extensa intervención para demostrar que desde la aprobación de la Constitución de 1917 se establecieron las facultades exclusivas del Presidente de la República y del Congreso, en los artículos 89 y 76 de la Carta Magna. Hizo notar que desde aquel entonces ''se veía con verdadera alarma que el Congreso pudiera tener más atribuciones que el Presidente''.

El artículo se invalidó con votación de ocho votos contra uno, ya que la ministra Olga Sánchez Cordero consideró que la objeción del Senado es ''un veto de censura'' que no invade las facultades del Ejecutivo. En lo que sí hubo unanimidad fue en declarar constitucional el artículo 79-A de la Ley Federal de Radio y Televisión, por considerar que no prevé ninguna autorización para que candidatos a puestos de elección popular contraten directamente publicidad en los medios electrónicos. Lo que señala, aclaró la ministra Luna Ramos, es simplemente la obligación para los concesionarios de informar quiénes han contratado el servicio de radiodifusión. Al término de la sesión, que duró poco más de cuatro horas, los ex senadores Javier Corral, Manuel Bartlett y Dulce María Sauri se veían satisfechos. ''Hoy se ha avanzado en aspectos que son fundamentales; se avanza hacia la desarticulación de la ley Televisa; la Corte sienta precedentes muy importantes para el legislador'', recalcó el panista.

-¿Van ganando?

-Lo que podría decir es que el país está recuperando soberanía, espectro, criterios constitucionales. Creo que va ganando la nación.

Kikka Roja

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