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miércoles, 6 de junio de 2007

Más chingaderas Panistas : Vende Patrias

El gobierno de QR cuestiona la legalidad de operación y solicitaría cancelarla
Vendió Fonatur parte de la playa pública más grande de Cancún
Por sólo 28 millones de dólares, el grupo BI & Di Real State se apoderará de cinco hectáreas
El ayuntamiento pide que le concesionen zonas de libre acceso para evitar que siga su venta

HUGO MARTOCCIA

Vista de la playa Delfines, la más concurrida de Cancún. Las autoridades de Quintana Roo investigan si el Fonatur vendió en 2005 cinco hectáreas de esta zona Foto: José Luis López Soto
La privatización de los accesos a las playas prácticamente las ha convertido en zonas exclusivas Foto: José Luis López Soto

Cancún, QR, 5 de junio. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) vendió en 2005, cuando John McCarthy era su director general, cinco hectáreas de la principal playa pública de Cancún para que se construyan dos clubes privados.

La playa Delfines, también conocida como El Mirador, es la más grande de Cancún y uno de los pocos espacios a los cuales aún pueden entrar en forma gratuita los ciudadanos porque el resto de la zona hotelera está prácticamente privatizada. El gobierno del estado anunció que pedirá a Fonatur la revocación de dicha transacción; mientras el ayuntamiento de Benito Juárez (donde se encuentra Cancún) solicitará que se le otorgue la concesión del resto de la playa para salvaguardar el espacio público. Desde el domingo circuló la versión de que la playa Delfines habís sido vendida, lo que provocó que un grupo de estudiantes universitarios se manifestaran en la zona hotelera. Se dijo que el ayuntamiento estaba haciendo la transacción, por lo cual las autoridades municipales y Fonatur tuvieron que dar una explicación. El director de Fonatur Cancún, Manuel Conde Canto, informó que casi cinco hectáreas de playa fueron vendidas a fines de 2005 al grupo BI & Di Real State por 28 millones de dólares para la realización del proyecto La Herradura. La mayoría de esos predios están detrás de la carretera, hacia la laguna Bojórquez, pero la parte más importante es una porción menor de ese terreno que se encuentra en la playa Delfines. El funcionario sostuvo que los terrenos que se vendieron no son parte de la playa pública, sino que están a un lado de ésta, y que como estaban ''desocupados'' parecían formar parte de ese espacio desde hacía 30 años. La población de Cancún siempre se ha bañado en El Mirador, y ahora se pretende convencerla de que en realidad la playa pública es más pequeña, pero parecía grande porque nadie había comprado los lotes adjuntos que se usaban como espacio público y que ya se vendieron.

La playa Delfines tiene más de 300 metros de largo, pero, según Fonatur, sólo 233 metros son espacio público y el resto son parte de los lotes vendidos. Según esa versión, la playa pública tiene alrededor de 19 mil metros cuadrados y a un costado hay cuatro predios, tres de ellos vendidos por el entonces director del Fonatur, John McCarthy, y el otro ya era propiedad de la empresa hotelera Solaris. El Fonatur afirma que la playa pública está en el lote 56, en el kilómetro 18 de la zona hotelera, y tiene 233 metros de frente, mientras que los lotes 56K y 56L están a ambos lados de éste y se vendieron para crear clubes de playa. Conde Canto dijo que los centros de playa serán para sus residentes y para aquellas personas que paguen por los servicios que ofrecerá, como baños, regaderas, camastros, bar y restaurante. El fideicomiso turístico no vende la playa propiamente dicha, porque hay 20 metros de ésta que son zona federal, pero al comercializar los espacios que están detrás de esos 20 metros y permitir que se hagan clubes de playa, en los hechos limita la entrada y propicia una pérdida de espacios públicos. Durante 30 años esto sucedió con los hoteles, que si bien no son dueños de las playas que tienen frente a ellos, para los ciudadanos es prácticamente imposible utilizar esos espacios.

Sin embargo, la versión del Fonatur no satisfizo a las autoridades estatales. El gobernador Félix González Canto advirtió que si se vendió parte de la playa pública se pedirá dar marcha atrás a la transacción. ''Si estas áreas que Fonatur vendió afectan las áreas de recreación vamos a pedirle que retire esta operación por el daño que le puede causar a los cancunenses.'' El alcalde de Benito Juárez, Francisco Alor, también dijo estar preocupado por la venta de la playa, pero aclaró que el ayuntamiento no ha recibido solicitudes de licencia de construcción en esa zona y aseguró que las rechazará si se las presentan. El presidente municipal consideró que la creación de clubes de playa no garantiza el acceso libre, por lo cual se comprometió a revisar los proyectos. Además dijo que el municipio pedirá la concesión de lo que quede de la playa pública para asegurarse de que no se venda. Actualmente existen en Cancún 10 playas públicas, y Delfines es la más grande y concurrida. La noticia de la venta generó molestia en Quintana Roo, pues la comercialización paulatina de esos espacios públicos ha sido la causa de que el acceso de los ciudadanos a esas playas sea cada vez más difícil.


Kikka Roja

Guadalupe Loaeza

Parejas disparejas

Guadalupe Loaeza
Casarse con alguien fuera de su confesión religiosa ya no es gran cosa en los Estados Unidos, tampoco lo es hacerlo con una persona de otra generación. Cerca del 4% de los matrimonios es interracial, ni siquiera los abuelos se sentirán abrumados si un estadounidense se casa con alguien de otro color. Mientras las viejas prohibiciones se desvanecen, una nueva ocupa su lugar. Es una discriminación extendida aunque poco comentada que provoca dolor y estrés a las parejas afectadas, a quienes habitualmente se les dificulta hablar acerca del asunto aún entre ellos mismos. Nos referimos, a casarse con alguien totalmente alejado en lo que se refiere al “look” o al aspecto físico, es decir formar una pareja dispareja, tan opuesta físicamente, como resultaba La Bella y la Bestia o Agustín Lara y María Félix, quien muchos años después confesara en relación al físico del músico poeta: “Seguro que nunca ganaría un concurso de belleza, pero yo lo veo guapo. Y todos los que me cortejaron en vano deberían envidiarle. La belleza no está solo en el aspecto físico, en tener una cara atractiva. Un hombre guapo es un macho con palabras de amor… Y además Agustín, como amante, es una maravilla…”

Belinda Luscombe, autora del artículo titulado, “El Ultimo tabú” publicado en la revista Time (mayo 28, 2007), confiesa formar parte de un matrimonio “de belleza mixta” por cerca de una década y media; igualmente confiesa que se ha acostumbrado a las miradas y muecas de la gente que los rodea. Belinda, que está muy lejos de ser considerada como a una Venus, ha desarrollado incluso, una serie de respuestas despreocupadas para los inevitables comentarios proferidos por compañeras de trabajo y amigas, del tipo de: “Oye, tu marido está guapísimo” A veces contesta con cierta ironía: “No es mi marido, es mi hermano gemelo”, o en otras ocasiones dice: “Pues sí, aunque en el interior de Australia yo soy considerada un gran belleza y es Nicole Kidman la fea” Según cada vez, le duele un poco menos este tipo de comentarios.

Como muchos en su situación, no fue su intención inter-casarse. No es que tuviera expectativas por encima de su realidad, sucedió simplemente que era muy joven y lo suficientemente ingenua como para pensar que el amor lo conquistaría todo. Asimismo, y siempre con esa misma franqueza, nunca pensó que él era efectivamente tan guapo. Eso es lo que hace este tipo de discriminación tan insidiosa: no resulta claro que las parejas transgreden las leyes de la igualdad de atractivo sino hasta que ya se han casado. “A nadie le importa que salga con alguien fuera de mi tribu y se aplaude la intención ambiciosa de lanzarse por el tipo guapo al otro lado del cuarto, pero -como mis amigos de la comunidad gay han llegado a la conclución- hay un mundo de diferencia entre lo que se acepta en la inocente situación de “andar juntos” y en el criticable estado de estar casados” dice Belinda. Como en otras áreas de la discriminación, la mujer enfrenta una doble amenaza. Los hombres que se casan con mujeres bellísimas por lo general son estrellas de rock, o bien son muy ricos o que tienen- “cualidades escondidas”. Las mujeres que se casan con hombres muy guapos, están perdidas: su marido debe ser gay o tener cicatrices de acné. Los estándares son ridículos: Debora-Lee Turnes es una encantadora, alegre y atractiva mujer, que está casada con el súper galán Hugh Jackman, un fenómeno de la naturaleza. ¿Y cuáles son los rumores respecto a esta pareja? Que Jackman es gay.

Son sorprendentemente escasos los estudios -evaluados por pares- que se hayan efectuado del tipo de unión como el de Belinda. “Aun no tenemos nuestro cuadrito para ser “palomeado” en el censo de población, aunque hemos existido por años”. Si Ud sospecha que está en un matrimonio “interfacial”, no le de pena, la aceptación es el primer paso para la recuperación. Hágase estas preguntas: ¿Ud y su pareja no se ponen de acuerdo en el número de espejos que debe haber en la casa, en que ángulo se deben colocar y como deben estar iluminados? ¿Es Ud la que toma todas las fotografías en las reuniones familiares? ¿Si su cónyuge le compra algunos productos de belleza, lo toma como una especie de advertencia?

Todos estos son retos que las parejas disparejas deben enfrentar para sobrevivir. Y todo esto sucede antes aun de las grandes interrogantes: ¿Educa Ud a sus hijos como feos o guapos o bien trata de encontrar un justo medio como “simpáticos” o “monos”? ¿Celebra las fiestas para la “gente bonita” como el día de San Valentín o los carnavales? Pocas parejas de “atractivo desequilibrado” logran manejar estas cuestiones por sí mismas. Lo que ellas –las feas, necesitan desesperadamente es una pareja célebre que les sirva de vocera, un matrimonio de famosos dispuestos a pararse debajo de los reflectores para explicar los retos específicos de su desigual unión. Tal vez así la gente tendría un poco de compasión por aquellos feos y aquellas feas quienes, por causas ajenas a su voluntad, tienen que despertarse cada día con un ser humano guapísimo o guapísima y quedar boquiabierto, en la otra almohada.

Me pregunto si lo mismo le sucedía a Agustín Lara cuando se despertaba y sus ojos se topaban con esa mujer hermosísima. Sin embargo y a pesar de la belleza de María Félix, el “feo” de Lara le puso los cuernos. Cuentan que su secretario particular, echó de cabeza al compositor. Para congraciarse con la Doña, le contó que Lara tenía dos novias y una “casa chica”. Era demasiado para la Félix. ¿Cómo era posible que alguien osara ponerle cuernos a una Diosa, a una mujer tan hermosa, a la inspiradora de una de las canciones más famosas de Lara? ¿Cómo era posible que un hombre tan feo se diera el lujo de engañarla con otras mujeres? No, no lo soportó. Injertada en pantera como estaba, María tomó una sábana y echó toda la ropa del músico, incluyendo sus mancuernillas, sus corbatas, zapatos, abrigos, en fin todo. En seguida llamó al chofer y le dijo: “Llévele estas chivas al compositor al Lírico”. El chofer tomó el bulto como pudo y se lo llevó. Dicen que al llegar al teatro, el chofer tenía instrucciones de llevarle “sus chivas” en medio de la escena, mientras que Agustín Lara estuviera cantando. Hasta el fondo de todas sus pertenencias había una notita de la Doña que decía: “Regrésame la sábana porque es muy fina…”

¿La suerte de la fea, la bonita la desea?
JÁJAAA Me recuerda una escena de la película la Cenicienta, salí preguntando porqué la Cenicienta metía la mano con todo y guante a la fuente cuando paseaba con su príncipe. ¡a chingar a su madre! los políticos traen los calzones cagados.


Su imagen

Sinceramente no lo creo. Es más, ni lo necesita. Así como está su imagen, creo que está muy bien. ¿Por qué necesitaría cambiarla? A mi manera de ver, hacerlo sería un error porque dejaría de ser ella. ¿A qué corresponde exactamente "la imagen" en una figura pública? La primera vez que leí el término "ima-go-lo-gía" fue en el libro La Inmortalidad de Milan Kundera. En él se refiere a los profesionales de la imagen, a los imagólogos. Mismos que existían desde hace muchos años. Hasta el mismo Hitler tuvo su ima-gó-lo-go personal, quien se ponía ante él y le enseñaba pacientemente los gestos que debía hacer durante sus discursos para fascinar a las masas. El dictador no sabía mover las manos. Fue gracias a su imagólogo que aprendió utilizarlas para reafirmar las palabras de sus discursos y así poder convencer a las multitudes. Si entonces éste hubiera incurrido en una indiscreción y le hubiera comentado a algún periodista, que era gracias a él que Hitler sabía cómo valerse de sus gestos para que sus conceptos llegaran a la gente con más eficacia, seguramente no habría sobrevivido más de medio día. Según Kundera, actualmente, el imagólogo no sólo no oculta su actividad, sino que con frecuencia habla en lugar de sus hombres de Estado, le explica al público lo que les ha enseñado y lo que ha logrado que olvidaran; cómo deberán de comportarse, de acuerdo con sus instrucciones; qué fórmulas utilizarán y qué corbata deberán llevar puesta. No hay duda, la imagología ha conquistado en las últimas décadas una victoria histórica sobre la ideología. El autor de La Insoportable levedad del ser, afirma que la imagología es más fuerte que la realidad.

Tiene razón Kundera, no dudo que la imagen sea cada vez más importante, especialmente en los últimos años. Si algo le reprochaban sus detractores a la candidata socialista a la Presidencia de la República francesa, Ségolène Royal, era la reconstrucción de su apariencia física. "Como Mitterrand, ella también tuvo que limarse los colmillos, ponerse jacquets y corregirse el mentón. Eso demuestra lo frívola que es", decían. Por su parte, a Sarkozy siempre le recriminan, el hecho de que invierta demasiado dinero en sus trajes, en sus coches y en sus relojes. "Se viste igual que sus amigos millonarios", comentan no sin sarcasmo. Pero si algo está consolidando actualmente el presidente de Francia, es proyectar, precisamente, una imagen de mandatario moderno preocupado por su silueta; de ahí que diariamente haga jogging; ahora los franceses deberán acostumbrarse a ver a su Presidente corriendo por los jardines del Elíseo con sus bermudas y sus tenis Nike, al lado de su primer ministro. Pero por lo que se refiere a Margarita Zavala, en honor a la verdad, siento que no requiere ningún tipo de "construcción" para verse más como primera dama. No lo necesita. Lo anterior viene a cuento, por el reportaje central de la revista Proceso de esta semana, (número 1596) titulado Cambio de Imagen... a Costa del Erario. Cuando compré el semanario, me encontraba con Sofía y al ver ésta, en la portada, la fotografía de Margarita Zavala, vestida de la manera más sencilla (playera negra y una falda de algodón floreada), mi amiga exclamó escandalizada: "Ay, pero qué exagerados... Qué revista tan amarillista... ¿Cuánto le podría costar al erario el cambio de imagen de una mujer que de suyo es súper sencilla y que ciertamente no tiene nada que ver con la anterior... Ésa sí que nos costaba millones y millones de pesos...

Pero, ¿Margarita? Si se arregla como la típica ex alumna del Asunción, súper clásica, es de lo más conservadora. Ella siempre está muy en su lugar, siempre tiene el mismo peinado, pero sobre todo, la misma actitud de informal, hasta podría decir que de cool. Nadie podría negar que es de lo más low profile. Y si sacan noticias de ella en el periódico no es porque ella busque las cámaras, son las cámaras las que la buscan y hasta con morbo, con ganas, exclusivamente, de encontrarle el 'prietito' en el arroz. Mira, si algo le admiro a Margarita es que no sea nada protagonista, ni arribista, ni narcisista... Ella sí que a leguas se ve que no es nada gastadora... Que nunca lo ha sido. En cambio, Mar-ti-ta, híjole, ésa sí que era consumista compulsiva... Ésa sí que cambió de look 180 grados. ¿Te acuerdas cuando se quitó el fleco y cómo de un buen día para otro apareció en las fotografías llena de botox? Yo, cada vez que la veía en la prensa, gritaba para mis adentros: '¡botox, por botox, arruga por arruga!'. Ella sí que no salía de las boutiques como Chanel, Frattina y otras más que están en Presidente Masaryk. Me acuerdo que cuando se publicó el reportaje de la revista Quien respecto a las posibles primeras damas, la más sencilla y auténtica de las tres, era precisamente Margarita. Claro que ahora como esposa del Presidente, es obvio que quiera cuidar su imagen. Está en su derecho. Además, a Margarita, le importan otras cosas, no te olvides que es una profesional, es una abogada, que ha sido diputada federal a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Tiene una maestría, creo que en Derecho. Dentro del PAN siempre fue muy apoyadora de las mujeres.

Claro, que yo no estuve nada de acuerdo con ella cuando se pronunció contra la despenalización del aborto. No creo que hubiera sido su papel como primera dama al hacer una declaración tan en contra de la opinión mayoritaria de las mujeres del Distrito Federal (ahora veo con preocupación, y más aún con la modificación, al dictamen, que una niña o niño que tienen 12 semanas en el vientre de la mamá, y que ya es posible verlo en la pantalla que tiene corazón, pulmones, cabeza y brazos, no se le considere persona y se le niegue el derecho a vivir). Bueno, pero independientemente de su ideología con la que no estoy nada de acuerdo, lo bueno es que ella no va a estorbar a su marido. Tengo la impresión de que le queda muy claro que la gente no votó por ella, sino por su marido. Te apuesto lo que quieras que Margarita sí sabe quién es 'la escritora india, Rabina Gran Tagora' (já, já, já...). Y otra cosa que tiene nuestra primera dama a su favor, es que afortunadamente sus hijos están todavía muy, muy pequeños como para hacer negocios chuecos... You know what I mean...". ¡Ah, cómo estaba exaltada Sofía cuando descubrió la portada del semanario por eso no dejaba de hablar y de hablar y de hablar... Bien dice la frase que "donde no hay publicidad resplandece la verdad".
gloaeza@yahoo.com

¡Qué tijerota! jájaja

Kikka Roja

Sergio Aguayo Quezada

El método de Krauze

sergioaguayo@infosel.net.mx
www.sergioaguayo.org

¿Tiene límites la libertad de expresión? Sí, cuando se difama o se viola la intimidad. La arbitrariedad a la hora de castigar este delito, como en el caso de Lidia Cacho, comienza a quedar atrás y los jueces trazan límites como ocurre en las democracias consolidadas. Una costumbre muy mexicana es la de hablar quedito y sacarle la vuelta a la confrontación pública de las ideas. La dejadez malacostumbró a medios de comunicación y periodistas que, salvo algunas excepciones, dedican poca atención a la veracidad de lo difundido. Hubo excepciones a la pasividad; Enrique Krauze siempre siguió el método de responder en los medios con rapidez y fuerza a las críticas para, de esa manera, defender sus ideas en los medios. Rara vez dejaba pasar una y con sus polémicas podría armarse un volumen de regular tamaño. Esa fórmula ha ido complementándose con demandas interpuestas ante un Poder Judicial cada vez más autónomo. El preámbulo viene a cuento porque no respondí con la claridad, rapidez y contundencia requerida a las versiones que, a partir de 1997, aseguraron en diferentes medios que mi actuación como académico o integrante de organismos civiles como Alianza Cívica era el resultado de instrucciones emitidas por el Gobierno de Estados Unidos. En algunos círculos empecé a ser acusado de “agente del Gobierno de Estados Unidos”, de “colaborador y empleado de la CIA”, de “mercenario, cipayo y traidor a la patria”, de “farsante”, de “policía”, de “opaco”...

Rechacé las acusaciones mediante cartas al director, que en ocasiones publicaban, pero nunca con la misma notoriedad que la calumnia. Eran escritos inútiles porque ya había sido manchado por la difamación que es un líquido tan viscoso y pegajoso como esas humedades que destrozan construcciones. Ante el limitado efecto de mi defensa interpuse una demanda civil en 2005. Tras recorrer la instancia local y federal, el asunto llegó a los ministros de la Suprema Corte que el pasado 23 de mayo determinaron que la libertad de expresión acaba donde empieza el derecho al honor, a la vida privada, a la intimidad. El fallo define con mayor precisión conceptos clave para la construcción de un marco jurídico y eso orientará las decisiones futuras de otros juzgadores. Concluyeron, por ejemplo, que el honor es “un bien objetivo que hace que la persona sea merecedora de estimación y confianza en el medio social donde se desenvuelve”. En mi demanda, la decisión de los ministros respaldó los fallos alcanzados por un juzgado capitalino (3 de julio del 2006) y uno federal (9 de febrero del 2007). Este último concluyó que “el contenido de 29 publicaciones” incluía “acusaciones maliciosas, malintencionadas o dolosas” que afectaban mi honor y que el demandado había hecho “afirmaciones categóricas” como si fueran una “noticia completamente veraz” lo que “jamás se probó durante el juicio”.

Los criterios definitivos todavía están en fermentación. En la única opinión divergente de la Primera Sala de la Suprema Corte, el ministro José Ramón Cossío mencionó ángulos que requieren de mayor desarrollo. ¿Debe tratarse de manera diferenciada la intimidad de los personajes públicos y de las personas privadas? ¿existen categorías de “personaje público” y en consecuencia, debe distinguirse entre un columnista y un político profesional? Por ahora, una tesis del juez federal Víctor Mota Cienfuegos merece resaltarse porque marca un método para resolver el conflicto entre derechos. La información transmitida –escribió— no debe deformar la realidad, ni dañar derechos de terceros. El periodismo, agrega, debe sujetarse a la “veracidad de los hechos sobre los que informa” y esto supone ante todo que el periodista se asegure de que lo transmitido como “hecho” fue contrastado con datos objetivos. Ésa es una de las claves para conciliar la libertad de expresión con el derecho de la sociedad a la información, al honor y a la intimidad. Desde esta perspectiva, la Constitución no debe ser utilizada por los negligentes que presentan como hechos incontrovertibles simples rumores, meras invenciones o insinuaciones insidiosas. Los jueces consideraron que sólo debe ampararse la “información rectamente obtenida y difundida, aun cuando su total exactitud sea controvertible”. En otras palabras, en la medida en la que los medios de comunicación se apeguen a los criterios imperantes en el periodismo profesional serán bastante más espaciadas las demandas por difamación que tanto están floreciendo en México.

Consideraciones de este tipo han llevado a los medios de otros países a establecer códigos de ética que incluyen la obligación de verificar la veracidad de lo difundido y a establecer la figura del defensor de los derechos del lector para que quienes se sienten agraviados tengan un método de apelación más inmediato y sin la lentitud y el costo inherentes a una demanda judicial. Pero eso forma parte del futuro. Ante la persistencia de hábitos perniciosos considero bastante útil el método empleado por Krauze: responder con rapidez y claridad a las críticas injustificadas. Cuando éstas rebasen los límites y propaguen infundios y mentiras el difamado tiene a su disposición recursos legales que, con todas sus limitaciones e imprecisiones son, ya, una alternativa realista para quienes se decidan a defender el honor de esa manera.

La miscelánea

Más allá de consignas o simpatías el hecho es que con la desaparición de Radio Caracas Televisión (RCTV) el Gobierno venezolano atacó la libertad de expresión. En marzo, el régimen de Hugo Chávez publicó un “Libro Blanco” en el que acusó a RCTV de “incitar a la rebelión” y de otros delitos igualmente graves. En caso de que así hubiese sido las autoridades pudieron haber llevado a la televisora ante los tribunales. Unas líneas de un comunicado de Human Rights Watch (22 de mayo) sintetizan lo sucedido: “No se estableció ningún procedimiento para que RCTV formule sus argumentos y presente evidencias a su favor. La decisión final tampoco estuvo basada en ningún criterio previamente establecido y no hubo ningún proceso de selección que le permitiera a RCTV presentar una solicitud para continuar con la concesión”. Aunque el Ejecutivo tuviera la facultad para negar la concesión tenía que respetar el debido proceso incluido en cualquier catálogo de los derechos humanos. Sigue entonces que estamos ante un ejercicio arbitrario de un Gobierno decidido a silenciar a un medio de comunicación crítico.


Kikka Roja

SCJN : Televisa Tv azteca Ladrones sin Calzones

  • Sin licitación, las grandes televisoras no podrán acceder a servicios de telecomunicación
  • Golpe contundente a la ley Televisa; la SCJN anula cuatro artículos más
  • La subasta pública origina que los medios electrónicos se entreguen al mejor postor, señala
JESUS ARANDA, ANDREA BECERRIL

Los ex senadores Nohemí Guzmán, Dulce María Sauri, Javier Corral y Manuel Bartlett, luego de la sesión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Foto: Francisco Olvera

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) asestó ayer un golpe definitivo a la ley Televisa, al invalidar cuatro artículos que permitían a las dos grandes televisoras incrementar su poder económico al acceder a servicios adicionales en telecomunicaciones sin licitación y sin el pago obligado al Estado por el uso del espectro radioeléctrico, además de obtener concesiones por 20 años, con la posibilidad de refrendarlas de manera automática. Por unanimidad, los nueve ministros declararon inconstitucional el artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT), ya que vulnera seis preceptos de la Carta Magna que tienen que ver con los principios de libertad de expresión, igualdad, rectoría económica del Estado sobre un bien público, utilización social de los medios de comunicación y la prohibición de monopolios.

El Congreso, en evidencia

Invalidaron también el artículo 17-G, por considerar que la subasta pública, como elemento determinante para el otorgamiento de concesiones, origina que los medios de comunicación se entreguen al mejor postor. Hubo coincidencia entre los ministros en que la concentración de los medios en pocas manos distorsiona el derecho a la información. Durante el debate, varios magistrados pusieron en evidencia la mala actuación del Congreso al otorgar, a través de la llamada ley Televisa, privilegios indebidos al duopolio televisivo. El ministro Genaro Góngora Pimentel incluso se preguntó ''hasta qué punto es válido'' que en una nación pluricultural, con 103 millones de habitantes, el Poder Legislativo impulse que los empresarios de la televisión abierta ''maximicen sus ganancias'' y con ello impidan el acceso efectivo de los diversos grupos sociales a los medios de comunicación. ''La renuncia del Estado al espacio radioeléctrico necesario para concretar los derechos fundamentales de expresión, información y prensa, a través de un acuerdo secretarial y su elevación a rango legal en el artículo 28 impugnado, es inconcebible en una democracia'', recalcó Góngora Pimentel. Se refirió a la ''multiplicación de los panes y los peces'' en las reformas a la LFRT y la Ley Federal de Telecomunicaciones, conocidas como ley Televisa, toda vez que con el pretexto de la reconversión tecnológica digital los legisladores permitieron que, además del negocio original de la radiodifusión, los dueños de las dos grandes cadenas televisoras tendrán hasta 65 por ciento del espectro para utilizarlo en otros servicios de telecomunicaciones, como Internet, telefonía móvil, transmisión de datos y voz, entre otros. Ello, ''gracias a los avances tecnológicos, a la visión del secretario de Comunicaciones y Transportes (Pedro Cerisola, quien expidió el sexenio pasado el acuerdo de convergencia) y a la actuación del legislador que acorazó el acuerdo y lo llevó a nivel legal a través del artículo 28 impugnado''. Insistió: ''Dado que el espectro radioeléctrico es un bien escaso y finito, y los medios masivos de comunicación son una actividad de interés público, el Congreso debe vigilarla y proteger el debido cumplimiento de su función social con miras a que haya los máximos elementos posibles de difusión de ideas, lo cual debe prevalecer sobre la conveniencia mercantil de los concesionarios''.

Al continuar la discusión sobre la acción de inconstitucionalidad en contra de la ley Televisa, la ministra Olga Sánchez Cordero recalcó que el artículo 28 referido vulnera el principio de igualdad consagrado en el artículo primero de la Constitución, al establecer un trato de privilegio a los concesionarios actuales en relación con los permisionarios de estaciones oficiales y quienes prestan servicios de telecomunicaciones, y respecto de cualquier interesado en incursionar en el mercado de la radiodifusión. Ello debido a que, añadió, los concesionarios pueden acceder a las telecomunicaciones mediante la simple presentación de una solicitud a la Secretaría de Comunicaciones, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública que se establece en la Ley Federal de Telecomunicaciones para quienes, por el contrario, pretenden incursionar en la radio y la televisión. Aunado a ello, los concesionarios no necesariamente deberán cubrir una contraprestación al Estado por los servicios adicionales de telecomunicaciones, dado que el pago de ésta se establece como mera posibilidad. Sánchez Cordero coincidió con el proyecto de su compañero Sergio Salvador Aguirre Anguiano e inclusive citó partes del documento, entre éstas aquella que establece que el trato discriminatorio pone en riesgo la rectoría económica del Estado y dificulta su papel como garante frente a la sociedad entera de los derechos a la libertad de expresión e información. Discriminación, agregó, que no solamente supone una ventaja netamente económica para los concesionarios de los servicios de radiodifusión y que de manera por demás evidente repercutirá en la determinación de todo aquello que debe entenderse como mercado relevante y poder sustancial en ese sector, sino que, además, perturba la libre concurrencia y la sana competencia. Lo establecido en el artículo 28, reiteró, incide en la función que el Estado tiene encomendada como guardián de la libertad de expresión y del derecho a la información, función que supone el fomento de la pluralidad y diversidad en la conformación de los medios de comunicación masiva, con el objetivo irrenunciable de generar una sociedad más integrada, más educada y sobre todo más justa. Juan N. Silva Meza, por su parte, consideró que el citado artículo también atenta contra la garantía de seguridad jurídica, pues no establece con claridad la regulación en la prestación de servicios adicionales de telecomunicaciones.

A su vez, Mariano Azuela también puso énfasis en los privilegios que el Congreso dio a las dos televisoras y subrayó que la Constitución tiene ''un centro'' y es el ser humano; en este sentido, ''el gran compromiso del cuerpo legislativo'' es crear condiciones propicias para el pleno desarrollo de la persona, lo que no se cumple en la ley impugnada. Igualmente, el ministro Sergio Valls hizo un reproche velado a los diputados y senadores que avalaron la ley Televisa, al preguntar si el argumento de que se fomentará la convergencia tecnológica es suficiente para pasar por alto el principio constitucional de igualdad, para que ''aquellos sujetos no contemplados en el artículo 28, soporten un trato discriminatorio al tener que someterse a reglas distintas en situaciones iguales''. Al momento de la votación hubo unanimidad en cuanto a la inconstitucionalidad del artículo 28 de la LFRT, pero Góngora Pimentel anunció que hará un voto concurrente, toda vez que, a su juicio, debe considerarse que con la digitalización se ''va a liberar espacio radioeléctrico'' que sería aprovechado por los concesionarios sin haber tenido necesidad de licitar el uso de éste. Sergio Salvador Aguirre Anguiano le contestó que no coincidía, ya que no se necesita comprometer un criterio técnico de la Suprema Corte, y explicó que en su proyecto el enfoque es que lo que se ''libera'' es el uso del espacio y que éste para ser concesionado requiere de licitación.

Al inicio de la sesión los ministros confirmaron su intención de declarar inconstitucional el artículo 17-G de la LFRT, que preveía la subasta pública como el mecanismo preferente para el otorgamiento de concesiones. Sobre este tema, Valls recalcó que si el criterio económico es el que prevalece, ya que accederían a los medios los que tengan más dinero, esto lleva a la concentración de la radio y la televisión en pocas manos, y ello permite a quienes tienen el control de los mismos ''manipular, moldear a la opinión pública en función de sus intereses e impedir que el público pueda contribuir de manera significativa al debate político''. Por ello, precisó que el argumento toral para invalidar el 17-G es evitar los monopolios. Aquí también hubo unanimidad de nueve votos para declarar la inconstitucionalidad de este precepto. Después, el pleno pasó a la discusión de otro de los artículos de la ley Televisa, que garantiza a las televisoras el predominio en el mercado; se trata del artículo 16 de la Ley Federal de Radio y Televisión, que permite concesiones por 20 años. Ahí, Azuela reveló otra irregularidad legislativa, dentro de lo que el ex senador Manuel Bartlett considera ''las marrullerías de la mayoría que aprobó por consigna la ley''. Destacó que en la iniciativa original que Vicente Fox envió al Congreso en 2005, se precisaba que las concesiones serían ''hasta por 20 años'', pero en el dictamen que aprobó la Cámara de Diputados, con el pretexto de que se harían sólo cambios de técnica legislativa y ortográficos, resulta que se hizo una modificación y quedó finalmente que las concesiones serían ''por 20 años''.

Azuela resaltó que no fue ningún cambio menor, y que además, cuando el Estado dice ''hasta, todavía ejerce autoridad'', pero al comprometerse a un plazo de 20 años pierde el control sobre el bien público. Góngora Pimentel hizo por su lado un análisis detallado sobre legislaciones de otros países en materia de concesiones y concluyó que el promedio mundial de éstas es de 10 años, periodo que tendría que ser referente para el caso de México. Valls argumentó que la inversión que lleven a cabo los concesionarios para entrar a la tecnología digital no es pretexto para que el Estado pierda el control sobre un bien del dominio público. La única que se manifestó en contra del proyecto fue Margarita Luna Ramos, quien sostuvo que no encontró razones por las cuales una concesión de 20 años sea inconstitucional, además de que, a su juicio, se pone en riesgo la inversión que ya realizó el concesionario y las fuentes de empleo creadas. Azuela le contestó que, para empezar, en esos niveles no se hacen ''inversiones a la aventura'', y luego en forma didáctica le hizo notar que es algo similar al ejemplo de un papá que le dice a su hijo: ''te voy a dar 100 pesos'', lo que es diferente a decirle: ''te voy a dar hasta 100 pesos'', y el vocablo ''hasta'' condiciona que el hijo demuestre que estudió, tuvo respeto a sus padres, etcétera. En ese ejemplo, agregó, el ''Estado papá, cuando dice hasta, todavía ejerce autoridad'' que puede decidir si la inversión es por ocho, diez o 20 años por los que tiene la concesión. Al invalidar el artículo 28, los ministros también declararon inconstitucional el 28-A, en el que se establecían disposiciones referentes al primero. Luego de discusiones, cambios al proyecto y adiciones no contempladas originalmente, el ministro ponente, Aguirre Anguiano, comentó que a su propuesta original le ocurrió lo mismo que al ''aparato destructor de bombas, de los que se manejan a control remoto'', y que le tocó observar en París, luego de que se hizo estallar un artefacto: ''Salió el aparatejo maltrecho, con las ruedas deshechas, pero caminando por sí mismo''.

Los ministros discutirán hoy temas relacionados con la integración de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y las radios comunitarias, pero lo medular de la ley Televisa ya quedó fuera.

Los ministros impidieron un despojo a la nación, celebran Corral, Bartlett y Sauri
ANDREA BECERRIL, JESUS ARANDA

No pudieron contener la emoción y al concluir el debate en la Suprema Corte, Javier Corral, Manuel Bartlett, Dulce María Sauri y otros ex legisladores aplaudieron la decisión de los ministros de prácticamente echar abajo la ley Televisa.

Revés a la indecencia
www.jornada.unam.mx
La inmoralidad ha sido frenada: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en un fallo que la reivindica de cara a la nación, por unanimidad declaró inconstitucionales los artículos 28 y 28-A de la llamada ley Televisa, oficialmente Ley Federal de Radio y Televisión, por medio de los cuales la pasada legislatura pretendía regalar -u otorgar a cambio de favores aún no revelados- concesiones de telecomunicaciones a los grandes consorcios televisivos y radiales, marginar a empresas medianas y pequeñas y a entidades públicas, sociales, culturales y educativas, y transferir a manos privadas cuantiosos recursos públicos. Asimismo, el máximo tribunal del país rechazó el artículo 17-G de la también denominada "ley de medios", en el que se estipulaba el otorgamiento de concesiones por subasta pública y que, de haber entrado en vigor, habría condicionado el derecho universal a la libertad de expresión al pequeño grupo de magnates que cuenta con los recursos suficientes para concentrar en sus manos la totalidad de las señales que fueran rematadas al mejor postor.

La resolución de la SCJN no sólo es positiva y reconfortante en la medida en que abre la perspectiva de restituir el sentido republicano a las leyes del país, preservar el dominio público y evitar el despojo a los derechos de los mexicanos y un saqueo a las arcas nacionales, sino también porque representa un paso en la dirección correcta para devolver al Poder Judicial la credibilidad y la autoridad que sus propios fallos recientes le han restado.

El vergonzoso capítulo que se inició con la aprobación unánime del engendro legislativo referido por la Cámara de Diputados y que culminó con la votación en el Senado, el 30 de marzo del año pasado, en la que fue avalado por dos terceras partes de esa cámara, no sólo fue una injustificable agresión de los legisladores contra derechos irrenunciables de la población, contra los principios republicanos de igualdad y libertad y contra los intereses nacionales de México; representó también un momento particularmente oscuro en la vida institucional del país, por cuanto evidenció el sometimiento de uno de los Poderes de la Unión al poder de facto del duopolio televisivo y el avasallamiento de las instituciones por parte del grupo político-empresarial que aún se mantiene en el gobierno.

En la circunstancia actual es pertinente reiterar el reconocimiento que se manifestó en su momento en este mismo espacio (31/03/2006) a los entonces senadores que resistieron las presiones procedentes de los consorcios de telecomunicaciones y de la propia Presidencia de la República, como Javier Corral (panista), Dulce María Sauri y Manuel Bartlett (priístas) y César Ojeda (perredista); varios de ellos perseveraron en el rechazo a la legislación depredadora y antinacional, pese a que fueron sometidos a un exasperante linchamiento mediático por parte de los concesionarios que ya se veían dueños de todo el espectro radioeléctrico sin desembolsar un centavo a cambio; sin embargo, han desempeñado papeles clave en el recurso de inconstitucionalidad que ahora desahoga la SCJN. Al mismo tiempo, resulta inevitable asentar que el más reciente fallo de este organismo exhibe la deplorable falta de decoro de los promotores de la ley Televisa, como Emilio Gamboa, Fauzi Hamdan, Diego Fernández de Cevallos, Enrique Jackson, Héctor Larios, César Camacho, José Antonio Aguilar Bodegas y demás legisladores que se desempeñaron no como representantes de la ciudadanía, sino como empleados de los magnates televisivos y radiofónicos. Es claro que los segundos, al promover y votar una ley que contravenía diversos ordenamientos constitucionales, faltaron a su juramento y que, quienes de entre ellos siguen ocupando escaños en órganos legislativos, debieran, por elemental vergüenza, renunciar a sus posiciones. Porque, una vez que culmine el trabajo de la SCJN, el engendro será devuelto a las cámaras para su adecuación y depuración, y sería alarmante que los mismos operadores de los consorcios volvieran a introducir, en el proceso de relaboración de la ley, los intereses espurios a los cuales sirven.


Kikka Roja

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