BUSCA, BUSCADOR

lunes, 6 de agosto de 2007

ASTILLERO TV : astillero.tv

Julio Hernández López entrevista a Alfredo Jalife sobre el caso Zhenli Ye Gon
Los Panistas expertos en inventar cuentos chinos, tramposos, trinqueteros, ladrones.
http://astillero.tv/

¿PARTIDO DE ACCIÓN NARCONAL? EL AVIÓN DE CONAGUA



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Kikka Roja

La red aduanera: Quiénes, Cómo, Cuándo…

Javier Lozano Alarcón

La comisión legislativa que investiga la relación de funcionarios públicos con los hermanos Bribiesca Sahagún cuenta con informes que detallan la forma en que la supuesta modernización del sistema de Aduanas facilitó el contrabando y fomentó redes de complicidad entre autoridades y empresarios como Zhenli Ye Gon. En ese circuito de corrupción aparecen mencionados una y otra vez los mismos nombres: Francisco Gil, José Guzmán Montalvo, Javier Lozano...



Jesusa Cervantes

José Guzmán Montalvo
El escándalo detonado por el descubrimiento de las importaciones ilegales de precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas, cuyo beneficiario fue el empresario chino Zhenli Ye Gon, puso al descubierto la frágil "modernización" del sistema nacional de aduanas. Implantada desde 1992 por Francisco Gil Díaz con el propósito de detener el contrabando, esta modernización abrió aún más la puerta para la introducción de mercancías ilícitas y fomentó toda una red de corrupción y complicidades en la que participaron autoridades aduaneras y hacendarías. Documentos obtenidos por la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que indaga a los hermanos Bribiesca Sahagún, beneficiarios de algunos contratos firmados con dependencias públicas, subrayan que durante el sexenio pasado el titular de la Administración General de Aduanas (AGA), José Guzmán Montalvo, contribuyó a elaborar un plan "transexenal" para beneficiar a los hijos de Marta Sahagún. Y como remate, uno de esos documentos da cuenta de que en 1994 Javier Lozano Alarcón –actual secretario del Trabajo y Previsión Social a quien Ye Gon señala como la persona que lo obligó a custodiar parte de la fortuna encontrada en su residencia de Las Lomas– sabía del tema aduanero. Luego de amenazar con demandar a Ye Gon por involucrarlo en actividades ilícitas, Javier Lozano prácticamente reculó al declarar, en conferencia de prensa, que "la forma en la que voy a actuar, tanto en los términos, en la modalidad, la oportunidad, la jurisdicción, porque esto puede ser en Estados Unidos y en México, y como no tengo un plazo para hacerlo y como no pienso interferir en el proceso de extradición, sabré cómo y cuándo hacerlo".

Los inicios

Apenas establecido el gobierno foxista, la Auditoría Superior de la Federación comenzó a investigar a la empresa Integradora de Servicios Operativos, S.A. de C.V. (ISOSA) y a los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II, creados en 1993 para manejar el derecho de trámite aduanero. Ya al final del sexenio foxista, el auditor superior, Arturo González de Aragón, advirtió que hasta 2005 dejaron de entrar 10 mil millones de pesos por ese concepto al erario federal, y la Cámara de Diputados inició los reclamos para saber cómo funcionaba ISOSA, si era una empresa privada o una entidad pública y cómo obtenía sus recursos. Un documento en poder de Proceso revela que, en 1994, Lozano Alarcón, entonces director de Normatividad y Desarrollo Administrativo de la Subsecretaría de Egresos de Hacienda, conocía el manejo de estos recursos y dio su aval para que no fueran auditados. En el oficio D.G.308-A, fechado el 5 de agosto de 1994 y dirigido a la subprocuradora fiscal de la Federación de Legislación y Consulta, María del Carmen Compañ, Lozano Alarcón comenta a la funcionaria que "el contrato de fideicomiso en comento tiene el carácter de PRIVADO, por virtud de la naturaleza de las aportaciones que como contraprestación pagarán las personas que realicen las operaciones aduaneras a quienes presenten los servicios a que se refiere el artículo 8-B de la Ley Aduanera". La modernización aduanal la inició Gil Díaz cuando era subsecretario de Ingresos de Hacienda con la creación, el 28 de mayo de 1992, de la empresa ISOSA, una de cuyas funciones fue instalar el semáforo en las 48 aduanas del país, así como cobrar el derecho de trámite aduanero. Al año siguiente, Hacienda autorizó que empresas privadas pudieran realizar "operaciones de apoyo, control y dictamen para el segundo reconocimiento de mercancías en las aduanas". Esta información la dio a conocer la dependencia en un comunicado de prensa el 24 de octubre de 2005, cuando Gil Díaz era su titular.

En 1993 participaban en el segundo reconocimiento la empresa Operadora de Gestión Aduanal, S.A. (OGASA), conformada a su vez por 11 consorcios de comercio exterior que tenían presencia en 45 de las 48 aduanas del país. La doceava empresa era SGS Servicios Logísticos Aduaneros, S.A. de C.V, filial de la trasnacional suiza Société Générale de Surveillance. Todas juntas conformaron el llamado fideicomiso Aduanas 2, legalmente conocido como Fideicomiso Consorcios de Comercio Exterior II. Un documento interno de la AGA señala que la filial de la empresa suiza "fue beneficiada a principios de los noventa por el entonces director general de Aduanas, Luis Manuel Gutiérrez Levi, para operar empresas del segundo reconocimiento en algunas aduanas, negocio multimillonario que se paga con recursos públicos provenientes del DTA (Derecho de Trámite Aduanero)". La filial de la empresa Suiza comenzó a cobrar relevancia. Una auditoría realizada en 2002 por el Órgano Interno de Control de Nacional Financiera (Nafin) detectó irregularidades en el fideicomiso Aduanas II, entre ellas la asignación directa de nueve contratos por 1 millón de dólares y 13.9 millones de pesos por el Comité Técnico del fideicomiso. Una de las empresas beneficiadas fue, precisamente, la Société Générale de Survillance, que recibió 2 millones de pesos. Nafin aseveró que nunca hubo concurso de licitación ni se realizó ninguna evaluación de propuestas técnicas y económicas, y sin embargo el procedimiento fue ratificado por el "representante del SAT", según se indica en la página 35 del documento. El funcionario del SAT que debió verificar la licitación y no lo hizo era José María Zubiría Maqueo, a quien nunca se sancionó; por el contrario, Felipe Calderón Hinojosa lo ratificó en su cargo.El fideicomiso Aduanas II fue creado por Gil Díaz en 1993 y cancelado en 2006.

Montalvo y su red

Ya como titular de Hacienda, en el año 2000 Gil Díaz llevó a la dirección de la AGA a José Guzmán Montalvo. Según la investigación sobre el sistema aduanal, que duró más de dos años y se realizó de 2004 a 2005, la misión del funcionario era localizar las vulnerabilidades del sistema aduanal. Pronto conformó una red con funcionarios que le ayudaron en "la operación sistemática de corrupción y contrabando". Una parte de esta investigación fue a parar a la Comisión Especial de la Cámara de Diputados. Uno de los "documentos confidenciales" recibido por los legisladores recientemente describe el modus operandi de Guzmán Montalvo y menciona la forma en que se benefició a Marta Sahagún y a su hijo Manuel Bribiesca, a quienes el funcionario "donó" parte de la mercancía decomisada.

Guzmán Montalvo es egresado de la Escuela Libre de Derecho, al igual que Lozano Alarcón, y mientras que éste fue compañero de pupitre de Felipe Calderón, el primero perteneció a la generación de Margarita Zavala, esposa de Calderón. Al salir de la escuela en 1991, el tamaulipeco Guzmán Montalvo fue nombrado administrador de la Aduana Marítima de su estado. Para 1993 ya era administrador de la Aduana Fronteriza de Tijuana, que registra la mayor cantidad de cruces de personas en el mundo. Al año siguiente se convirtió en administrador de la aduana de Nuevo Laredo, considerada la más grande de Latinoamérica, pues ahí se realizan diariamente 6 mil pedimentos de importación para todo tipo de carga. De 1995 al 2000 Guzmán ocupó cargos en la operación central de la AGA y, finalmente, Vicente Fox lo nombró administrador general de Aduanas.Según el "informe confidencial", al concluir sus gestiones en las aduanas de Tijuana y Nuevo Laredo, Guzmán Montalvo "dio instrucciones para quemar los locales que almacenaban los archivos con los pedimentos y documentación aduanera de su gestión". Según la investigación, Guzmán Montalvo contaba con personas que le ayudaban en el tráfico de mercancías. Una era su secretaria privada, Luz Irene Garza, así como su secretario Jesús Sánchez Rivas, cuya hija Marisol Sánchez González fue subadministradora de la aduana de Pantaco en la Ciudad de México. Ella fue la "clave para el tráfico de mercancías decomisadas para la fundación Vamos México y para Manuel Bribiesca", dice uno de los documentos de la investigación en poder de este semanario.

Otro de los integrantes de la red era el secretario particular de Guzmán Montalvo, Jesús Mao Cervantes, "a quien le creó la Administración Central de Enlace Operativo y Seguridad. También estaba Fanny Auran Graham, administradora central de Operación Aduanera y luego administradora central de Regulación de Despacho, donde llegó a controlar el estratégico semáforo fiscal". Así mismo, participaba Gabriela Deffis Ramos, "a quien (Guzmán Montalvo) le creó la Administración Central de Imagen y Difusión" y fungía como contacto con los administradores de las aduanas para situaciones confidenciales. Estos colaboradores de Guzmán, según el documento, se encargaban de la designación, rotación y reacomodo de los funcionarios aduanales cuando su desempeño era riesgoso, como fue el caso del administrador de la Aduana de Reynosa, Eugenio Muñoz Yarrington, "dado de baja por su complicidad en el caso de la mercancía robada en las bodegas de la aduana de Vallejo". Lo mismo pasó con Mario Córdova, antiguo compañero de Guzmán Montalvo en la Escuela Libre de Derecho, quien fue nombrado administrador central de Fiscalización y al término del sexenio foxista se desempeñaba como encargado de Reconocimiento Aduanero. Según el documento, el grupo de Guzmán Montalvo es responsable de por lo menos el 30% del llamado contrabando documentado. "Las cifras de este contrabando son difíciles de calcular. Las cámaras y asociaciones de empresarios lo estiman en un 5% del PIB y recientemente se señaló que durante los últimos cinco años el contrabando había sido aproximadamente de 175 mil millones de dólares, con un promedio anual de 35 mil millones de dólares", precisa.

Al aplicarse la "modernización" aduanal se instalaron los semáforos fiscales y fue retirado el personal de "vistas fiscales", que según los informantes que participaron en la investigación conformaron dos empresas importadoras, con registro en Estados Unidos para no pagar impuestos. Una de ellas era la Compañía Mexicargo, S.A. de C.V. y la otra la Consolidadora de Carga, S.A. Ambas se encargaban de que las mercancías en tránsito se introducían de contrabando por la aduana de Nuevo Laredo, indica el texto.

Jugada de alto nivel

Al cambio de sexenio, Guzmán Montalvo salió de aduanas pero dejó a parte de su equipo, que fue avalado por Felipe Calderón. Por ejemplo, Fanny Euran Graham, quien fue ratificada como administradora central de Operación Aduanera; Rodolfo Torres Herrera, administrador de la Aduana de Nogales con Guzmán, y hoy administrador central de Contabilidad y Glosa; así como Jesús Mao Cervantes, quien se mantuvo como administrador central de Enlace Operativo y Seguridad. Proceso ha documentado que por lo menos 40 de los 48 encargados de las aduanas de la época de Montalvo permanecen en su trabajo. Según el "documento confidencial", varios de los contendores decomisados y que iban a parar a la aduana de Pantaco eran donados a Vamos México; "para ello fueron asignados como responsables el administrador de la aduana, Héctor Castro Herrera, Marisol Sánchez González y el jefe de la bodega, Rosendo Espíritu. Por Vamos México, el contacto era Gina Morris". "Ante lo fácil y atractivo, el siguiente paso fue la incorporación de Manuel Bribiesca…

Con la liberación de contenedores decomisados a un costo promedio de 750 mil pesos cada uno y 20 de ellos a la semana el negocio era muy atractivo: de 10 a 15 millones semanales menos comisiones (25%) a los funcionarios de Pantaco". Así mismo, los documentos de la investigación señalan que dicha cantidad es "una bicoca" comparada con las comisiones por facilitar el contrabando documentado que se señaló anteriormente y donde participaba el círculo cercano a Guzmán Montalvo. Aquí es donde aparece el actual encargado del AGA, José Bravo Moisés, nombrado por Felipe Calderón para sustituir a Guzmán Montalvo. En un informe enviado por Guzmán a la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, el extitular de la AGA sostiene que la Presidencia de la República recibía un 9.9% de la mercancía decomisada en forma de donación. El 21 de febrero pasado, a un cuestionamiento de la propia comisión legislativa sobre el paradero de 13 pick-up en la aduana de Puerto Palomas, el administrador informó que se desconocía el destino final, pues la transferencia de los bienes la determina la Administración General de Innovación y Calidad del SAT, cargo en el que en ese tiempo estuvo José Bravo Moisés. Pero los Bribiesca Sahagún no sólo participaban de las donaciones, también tenían vínculos con una de las cinco empresas internacionales que a partir de enero de 2006 tienen a su cargo el segundo reconocimiento aduanal: la Société Générale de Sourveillance. Según los documentos, desde los noventa una de sus filiales mexicanas participaba en ese mismo trámite.

La empresa Suiza tiene a su cargo el Primer Recinto Fiscalizado Estratégico, ubicado en San Luis Potosí, a través de su filial Free Trade Logistik Zone, "empresa dirigida por Juan Carlos López Rodríguez", según el informe. A este hombre se le vincula con Manuel Bribiesca Sahagún, y uno de sus hermanos, Humberto López Rodríguez, es uno de los agentes aduanales que trabajó para Zhenli Ye Gon.La historia de la relación es la siguiente: Manuel Bribiesca es amigo de la infancia de Sergio Amaury Flores Pérez, director de Tránsito de Reynosa, Tamaulipas, municipio gobernado por el panista Francisco García Cabeza de Vaca.Flores Pérez fue, en la década de los noventa, jefe de Operación Aduanera de Reynosa y Nuevo Laredo, y después subadministrador de la aduana de Guadalajara. Fue él el que presentó a Manuel Bribiesca con Juan Carlos López Rodríguez, quien fue inhabilitado por 11 años debido a actos de corrupción.

Kikka Roja

Azcárraga Jean, a juicio

Jenaro Villamil

Desde el principio despertaron sospechas las maniobras de Emilio Azcárraga Jean para hacerse del control absoluto de las acciones de Televisa tras la muerte de su padre, en 1997. Ahora, por la soberbia de no negociar con los otros legatarios, tiene que enfrentar una demanda de Paula Cusi, viuda legal del Tigre, por 800 millones de dólares, en un litigio que puede sacar a flote información que el consorcio ha mantenido oculta.

Pareja sentimental de Emilio Azcárraga Milmo durante dos décadas y su esposa legal hasta su muerte, Paula Cusi Presa Matute ha cimbrado a las estructuras del consorcio televisivo más importante del país al demandar a Emilio Azcárraga Jean por el presunto despojo de la sexta parte del legado de El Tigre y al solicitar que se anulen las consecuencias jurídicas y administrativas de las asambleas de accionistas de Televisa que le otorgaron a El Tigrillo el control del grupo mediático. La demanda ha empañado la celebración de la primera década de Azcárraga Jean y su equipo compacto al frente de Televisa. Justo antes de cumplirse 10 años del fallecimiento de El Tigre, cuando prescriben los derechos de los legatarios, el 9 de enero de 2007 Cusi interpuso la demanda ante la jueza 62 de lo civil en el Distrito Federal, Yolanda Morales Romero. Desde 1998 Cusi intentó que se le reconociera la sexta parte del reparto de los bienes de la herencia que estipuló El Tigre el 18 de enero de 1996, a fin de evitar la demanda. Se realizaron seis infructuosas reuniones con Alfonso de Angoitia, brazo derecho de Azcárraga Jean y cerebro financiero de Televisa, sin que se llegara a un arreglo. El último encuentro entre los asesores jurídicos de Cusi y De Angoitia fue en diciembre de 2006.

Paula Cusi contrató originalmente al abogado corporativo Javier Pérez Rocha para llegar a un acuerdo con Azcárraga Jean. Ante el fracaso y las amenazas nada veladas de Televisa a sus asesores jurídicos, Cusi decidió contratar el despacho de César Gerardo García Méndez e interponer una demanda de juicio civil. El documento de 160 fojas, del cual Proceso obtuvo una copia, involucra a 40 codemandados, entre ellos a los albaceas de la sucesión de Azcárraga Milmo, a las hermanas de Azcárraga Jean, a sus primos Diez Barroso, a Alejandro Burillo Azcárraga, a funcionarios y exsocios de Televisa, así como al Banco Inbursa de Carlos Slim y a las otras instituciones financieras partícipes en la reestructuración financiera del consorcio. La demanda argumenta una maquinación para despojar a Paula Cusi del 16.66% que le corresponden del legado de El Tigre, así como para autorizar pagos y compra de acciones y Certificados de Participación Ordinaria (CPO) que le permitieron a Azcárraga Jean tener el control de la empresa sin cumplir con lo establecido en el testamento de su padre en el reparto de bienes y acciones en tres empresas vinculadas a Televisa: Grupo Televicentro, Grupo Alameda y Grupo Triple C. Hasta el pasado 2 de agosto, habían respondido al emplazamiento de la juez el Banco Inbursa, Bancomer, Alejandro Burillo, Fernando Diez Barroso, los notarios involucrados, así como uno de los dos albaceas de la herencia de Azcárraga Milmo, Rubén Fuentes Colín.

En la demanda se solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a la Secretaría de Hacienda y al Servicio de Administración Tributaria información puntual sobre el manejo de las deudas, las ampliaciones de capital y la redistribución de las acciones de Televisa, es decir, datos desconocidos sobre el manejo financiero de esta empresa en los últimos diez años. "El alegato podría parecer un pleito entre privados, pero no es así. La cuestión de fondo es la impunidad y la falta de transparencia con la que se manejan las compañías de gran capital en este país. En la demanda se acusa de apoderamiento ilegal a Emilio Azcárraga Jean de todas las empresas de Televisa", sintetiza César Gerardo García Méndez, abogado de Paula Cusi. Y subraya que el monto del despojo a su cliente equivale al 4% de las acciones de Televisa o su equivalente al valor actual: 800 millones de dólares. El abogado precisó que, hasta el momento, ni Azcárraga Jean ni los funcionarios de Televisa han respondido al emplazamiento que le hizo la juez Morales Romero vía edictos publicados el 14, 19 y 22 de junio pasados en el periódico Reforma. Azcárraga Jean y los codemandados tienen 40 días hábiles para responder y proporcionar la información en su descargo.

Se recurrió al mecanismo de los edictos, que se utiliza para personas o empresas cuyo domicilio no se identifica, ante la negativa constante de Televisa para ser notificada. El abogado García Méndez relató que varias veces se acudió a los edificios plenamente identificados con el logotipo del consorcio, y las respuestas fueron: "Aquí no es Televisa… háganle como quieran". Azcárraga Jean tampoco ha expresado ninguna posición pública frente a la demanda. Proceso buscó un contacto con De Angoitia, sin obtener respuesta. La oficina de comunicación social de Televisa precisó que la demanda "no es un asunto institucional", sino un litigio privado. Sólo a través de algunas columnas de negocios, el corporativo ha desestimado que prospere el juicio y ha rechazado que tenga repercusiones en la vida financiera de esa empresa pública que cotiza el 60% de sus acciones en el mercado bursátil. El abogado García Méndez opina lo contrario: el juicio "puede tener un impacto en la reestructuración financiera y los órganos administrativos derivados de los hechos que se relatan. Sí hay una situación de riesgo para los accionistas, que deben ser informados por la CNBV".

Enriquecimiento ilícito

Los hechos expuestos en la demanda relatan mecanismos que presuponen un fraude fiscal, así como operaciones de compraventa de CPO –agrupamiento de acciones de Televisa que llegaron a tener un valor de 11.67 dólares cada uno– entre Azcárraga Jean y Laura Diez Barroso, Gina Diez Barroso y Mónica Diez Barroso, que se encuentran "viciados de inexistencia y nulidad absoluta", indica el abogado de Paula Cusi. García Méndez también cuestiona la "desproporcionada indemnización" de 90 millones de dólares que Azcárraga Jean le pagó a Laura Azcárraga Washman y a Fernando Diez Barroso para que le permitieran tener el control accionario del consorcio. Así mismo se le solicita a la juez "la nulidad e inexistencia del voto otorgado por los albaceas de la sucesión (Julio Barba Hurtado y Rubén Fuentes Colín) en la Asamblea General de Accionistas de Grupo Televicentro celebrada el 30 de mayo de 1997, y por ende la nulidad e ineficacia del acuerdo que aprobó el aumento de capital social ahí establecido. "Igualmente habrán de ser declarados nulos todos y cada uno de los actos y/o acuerdos adoptados en la Asamblea o fuera de ella, con posterioridad a la fecha de celebración de la Asamblea de Accionistas que se analiza, ordenando se restituyan las cosas al estado que guardaban hasta antes del voto y acuerdo que se impugna de nulo".

Esta asamblea fue la que le permitió a Emilio Azcárraga Jean tener la mayoría accionaria del Grupo Televicentro (en un 50.34%), de Grupo Alameda, poseedora de acciones de Televisa (en un 92.10%) y, por ende, el control de Grupo Televisa. En su calidad de legataria de la sexta parte de las acciones de estas empresas y del Grupo Tripe C, Cusi alega en su demanda que nunca se le informó ni se le rindió cuentas sobre el destino que se le dio al contrato de compraventa de acciones. Explícitamente se acusa a Azcárraga Jean de "contratar consigo mismo" para obtener el control de las acciones y de presunto "enriquecimiento ilícito", ya que "utilizó recursos económicos que le eran ajenos, a saber, aproximadamente, la cantidad de 4 mil 530 millones de pesos" que utilizó para aumentar el capital social de Grupo Televicentro no con recursos propios sino con aquellos que pertenecían al consorcio controlador de la compañía. Esta operación, alega Cusi, repercutió en su patrimonio y generó "ilegal enriquecimiento del demandado". En la demanda se acusa a los albaceas de la herencia de El Tigre, Julio Barba Hurtado y Rubén Fuentes Colín, de actuar con notoria parcialidad a favor del Tigrillo, "por ser éstos directivos o funcionarios, y por lo tanto, dependientes económicos del Grupo Televisa, controlada ya, como se dijo, por el señor Emilio Azcárraga Jean". Otro de los ejes del alegato de Cusi es que deliberadamente se argumentó que Azcárraga Milmo dejó más pasivos y deudas que bienes que repartir y, por tanto, fue necesario contratar préstamos y aumentos de capital para salvar a la empresa. La consecuencia de esta operación fue disminuir el valor real de las acciones para que Azcárraga Jean pudiera "comprarse a sí mismo", más barato, y asumir el control de la compañía.

En el numeral 40 de la demanda se relata, por ejemplo: Entre los motivos determinantes de la voluntad de los accionistas de Azcárraga Jean, Burillo Azcárraga y Banco Inbursa S.A. de C.V. para resolver fuera de asambleas la reducción y aumento del capital social de Grupo Televicentro S.A. de C.V., seguramente se encuentra el de provocar, primero, la devaluación de los Certificados de Participación Ordinaria de Grupo Televisa S.A., emitidos con base en las acciones de Grupo Televicentro S.A. de C.V., con la finalidad de que Emilio Azcárraga Jean y/o Banco Inbursa S.A. los adquirieran a bajo precio, para posteriormente revaluarlos mediante aumento de capital social de Grupo Televicentro S.A. de C.V., para así obtener mayores utilidades y ventajas patrimoniales, en perjuicio de los demás herederos y legatarios, particularmente mi representada la señora Paula Cusi Presa Matute. Este tipo de mecanismos permitieron que Azcárraga Jean, quien originalmente tenía el 10% de las acciones de Grupo Televicentro, controladora del 24% accionario de Televisa, obtuviera el control de más del 50% del consorcio, proporción que ni su padre llegó a tener.

Azcárraga Milmo tenía al momento de su muerte el 41.4% de acciones, derivado del control de Televicentro, Grupo Alameda y Grupo Triple C.; Alejandro Burillo Azcárraga el 14%; Miguel Alemán Velasco el 8.3%; Miguel Alemán Magnani, el 6.1%; José Antonio Cañedo White, el 5.1%; y Guillermo Cañedo White el 5.1%. Paula Cusi le vendió a Azcárraga Jean el 10% de sus acciones en Televicentro, el equivalente entonces a 3.3%, por un monto de 45 millones de dólares. Sus asesores jurídicos alegan que en el caso de Cusi hubo buena voluntad para esta compraventa de acciones, pero no se le ha pagado el 16.666% que le corresponde como parte del legado y que sus abogados calculan como 4% del valor de las acciones totales de Televisa.

La herencia de El Tigre

En el origen de este conflicto se encuentra el testamento y el complicado litigio por el control de Televisa, en el cual se involucró el propio expresidente Ernesto Zedillo, con una máxima que pronunció ante los demás accionistas y familiares: "Existe un pacto histórico entre el Estado mexicano y la familia Azcárraga". El testamento de El Tigre, firmado el 18 de enero de 1996 ante el notario Juan Manuel García de Quevedo y Cortina, divide en seis partes iguales de 16.6666% su fortuna, correspondiente a las acciones que poseía en Grupo Televicentro, Grupo Triple C y Grupo Televisa. Ese porcentaje se establece para Paula Cusi, la primera mencionada en el testamento. Igual porcentaje se reparte entre cada una de sus hijas: Alejandra Patricia Azcárraga de Surmont, Ariana Cristina Azcárraga de Surmont y Carla Laura Magdalena Azcárraga Jean, así como para su última pareja sentimental, Adriana Abascal López, y para su hijo Emilio Pablo Fernando Azcárraga Jean. A Cusi le lega además los automóviles Rolls Royce, Bentley Turbo y BMW 750, así como "los derechos de acceso y uso de un palco en el Estadio Azteca, que la legataria elija en primer término". A su hijo Emilio Azcárraga Jean le tocó, además del porcentaje accionario, el 30% del producto de la venta de los activos de la empresa Azteca 90 Limited; el 70% restante fue para Adriana Abascal.

El 3 de marzo de 1997, mes y medio antes de su fallecimiento, El Tigre operó la otra parte complicada de su herencia: el traspaso del mando en Televisa. Notablemente disminuido físicamente, Azcárraga Milmo apareció en un video transmitido en el noticiario 24 Horas y anunció que dejaba el cargo como presidente de la empresa y dejaba a su hijo Emilio Azcárraga Jean en su lugar, y a Guillermo Cañedo White como presidente del consejo de administración. Durante los primeros meses al frente de Televisa, Azcárraga Jean se enfrentó a las deudas de su padre con sus hermanas y sobrinos, así como al reparto del legado y a una crisis financiera en el emporio. Sorpresivamente, y con la ayuda explícita de las autoridades financieras y hacendarias, igual que de nuevos inversionistas como Carlos Slim, en 1998Azcárraga Jean reestructuró la deuda de Televisa, que pasó de mil 266 millones de dólares a 533 millones de dólares. Las operaciones de Azcárraga Jean para hacerse del control accionario generaron dudas en la prensa y en los circuitos financieros desde mayo de 1998. Adriana Abascal, la exreina de belleza que fue la última pareja sentimental de El Tigre, presentó una demanda ante el juzgado 33 de lo civil familiar en términos similares a los que actualmente demanda Paula Cusi: despojo del legado de 16.6666% estipulado en la herencia de Azcárraga Milmo.

Abascal argumentó también un presunto fraude que consistió en convenios ilícitos y manipulación de las acciones tipo CPO (Certificados de Participación Ordinaria) que constituían el control mayoritario del capital de Televisa. En aquella ocasión, Alfonso de Angoitia calificó de "invento" el alegato de Abascal y declaró al periódico Reforma (2 de julio de 1999): "Ella se presenta como la viuda de Azcárraga; y es más, se está estudiando una acción porque hay un delito de usurpación del estado civil, porque ella nunca fue esposa de don Emilio". El litigio con Abascal se negoció finalmente, pero se mantuvo latente la otra demanda que ahora se ha presentado: la de Cusi. Por si fuera poco, tanto en aquel alegato de Abascal como en la actual demanda de Paula Cusi aparece una operación que se presume ilícita ante la falta de transparencia e información suficiente por parte de Televisa y de las autoridades financieras: la compra, en 1999, de la totalidad de las acciones del capital social de Grupo Alameda.

En el marco de la reducción de la deuda del consorcio de mil 266 millones a 533 millones de dólares, Azcárraga Jean anunció el 1 de febrero de 1999 que Grupo Televicentro vendería a su subsidiaria Televisa el Grupo Alameda en 230 millones de dólares. Las autoridades de la CNBV reestructuraron de tal manera los pasivos de Grupo Alameda que cuando lo adquirió Televisa no tenía ni una sola deuda y sus activos constituían 4.19% de las acciones de la televisora. Para lograr esta operación, que significó una recompra de acciones de la compañía, Televisa obtuvo la autorización de Salvi Folch Viadero, entonces vicepresidente de Supervisión Bursátil de la CNBV. Después de sus buenos servicios, Folch renunció en marzo de 2000. Un mes después, en contra de lo estipulado por la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, Folch fue contratado por Azcárraga Jean, primero como presidente de su portal esmas.com y luego como vicepresidente corporativo de Administración y Finanzas de Televisa. Ante la solicitud de información que un particular presentó al IFAI el 10 de octubre de 2006 para conocer todas las autorizaciones que se emitieron y que suscribió Salvi Folch en la autocompra de la deuda de Grupo Alameda, la CNBV se negó a otorgarlas y las clasificó como reservadas.

Grupo Televisa fue la primera empresa que ganó un juicio para impedir la entrega de información sobre sus operaciones accionarias. A menos que la demanda de Paula Cusi y la orden de la juez Morales Romero obliguen al consorcio a responder la acusación contra Emilio Azcárraga Jean por "enriquecimiento ilícito".

Proceso no. 1605, pág 26

Kikka Roja

Todo el dinero, todo el control

Rosalía Vergara - Proceso

Apoyo determinante de Felipe Calderón en 2006, Elba Esther Gordillo pretendió influir a favor del PAN en la elección de gobernador en Baja California. De su éxito o fracaso dependerá que alcance o no su objetivo: el control de la Secretaría de Educación Pública. Aun si lo logra le vendrán nuevos retos: enfrentar a la base sindical afectada por la reforma de la Ley del ISSSTE y a los cacicazgos regionales del sindicato que no se beneficiaron con su "presidencia vitalicia".

A más de 60 años de su creación y bajo el dominio de Elba Esther Gordillo, su “presidenta vitalicia”, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sigue manteniendo el control del magisterio y de la disidencia sindical con los mismos mecanismos que antaño utilizaba el sindicalismo corporativo. Entre los métodos utilizados por Gordillo para mantenerse al frente del sindicato más grande de Latinoamérica –cuenta con más de 1 millón de afiliados– y controlar los 120 millones de pesos que cada mes se generan por concepto de cuotas sindicales, se encuentran, entre otros, los siguientes: entrega discrecional de créditos hipotecarios, venta de plazas, negociación de ascensos y creación de cacicazgos regionales. Estos elementos de control los utiliza Gordillo para fines particulares denuncia Artemio Ortiz, dirigente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), disidencia del sindicato oficial. Por su parte Noé Rivera, integrante de la organización Dignidad Magisterial y ex operador político de la maestra, asegura que ella utiliza al SNTE con propósitos electorales, como en los comicios de 2006 cuando le brindó a Felipe Calderón el apoyo del magisterio. Advierte que la líder pretende repetir este esquema a favor del candidato del PAN, José Guadalupe Osuna Millán, quien contenderá con el priísta Jorge Hank Rhon por el gobierno de Baja California el próximo 5 de agosto.

En la actualidad, Gordillo cuenta con un enorme poder económico producto de las cuotas sindicales –1% del salario de los agremiados, casi 120 millones de pesos– y de las asignaciones discrecionales de recursos que el gobierno federal otorga al organismo sindical. También dispone del gran poder político que le entregó el presidente Felipe Calderón, al ubicar en importantes posiciones de poder a su yerno Fernando González, subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública, y a uno de sus más cercanos colaboradores, Miguel ángel Yunes, titular del ISSSTE. Una de las demandas de la CNTE, dice Ortiz, es transparentar el uso de las cuotas sindicales, pues a cada agremiado el SNTE le descuenta 1% de su salario mensual; si tiene dos plazas, el descuento es doble. En promedio, añade, la base magisterial recibe entre 3 y 15 mil pesos quincenales, pero hay quienes sólo cobran 500 o 600 pesos cada quince días. Esta disparidad salarial comenzó en 1992 con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) que aplica el esquema de carrera magisterial. A través del ISSSTE, Gordillo controla los créditos hipotecarios, complementarios o a corto plazo para los trabajadores en todo el país y decide a quién se los entrega. Sus allegados o incondicionales tienen preferencia en la atención médica, mientras que sus detractores deben ejercer presión para obtenerla. Además, acusa Ortiz, la maestra cuenta con una red de cacicazgos regionales integrada por líderes a quienes les otorga prebendas. Ella ejerce sobre éstos un control absoluto porque conoce su historial, así como sus cuentas pendientes. Sin embargo, muchos de estos caciques ya están hartos de Elba Esther y buscan la manera de librarse de ella.

El dirigente de la Coordinadora señala que hace un año la Secretaría de Educación Pública le entregó al SNTE 400 mil computadoras que no fueron repartidas. Una parte de estos recursos se destinó al apoyo que la maestra le dio a Felipe Calderón en el proceso electoral de 2006. El manejo de los créditos, las plazas y los ascensos forman parte de su gran poder. Debido a los compromisos de Gordillo con el poder, el SNTE se encuentra sometido a los designios del actual gobierno que está empeñado en cancelar el desarrollo pleno de la escuela pública en el país.

Dominio vitalicio

Los días 5, 6 y 7 de julio pasado se realizó la XXIII Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional del SNTE en Tijuana, Baja California. Los asistentes a la reunión confirmaron que eligieron a Elba Esther como su “presidenta vitalicia”; sin embargo, este organismo sindical dio a conocer los resolutivos de su Consejo Nacional en los que se establece que acordó una prórroga a la gestión de la dirigencia nacional por un “único período”. Por ello, la maestra permanecerá al frente del sindicato hasta 2012. La CNTE manifestó que, en los hechos, Gordillo es la “presidenta vitalicia”, pues las discusiones y la votación realizadas en el cónclave fueron en ese sentido. No es la primera vez que la líder se vale de estas artimañas para perpetuarse en el poder, pues esta figura de “por única vez” ya la había utilizado cuando era secretaria general del organismo. En un principio, comenta Artemio Ortiz, la XXIII Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional del SNTE se iba a realizar en la ciudad de Torreón, Coahuila, pero Gordillo decidió cambiar la sede a Tijuana, Baja California. En esta ciudad, la CNTE realizaba una reunión para discutir la reforma a la Ley del ISSSTE y el futuro del SNTE, por lo que detrás de la decisión de Gordillo se advierte una clara intención de opacar y nulificar la reunión de la disidencia magisterial. Por otra parte, el estado de Baja California es clave en estos momentos, pues el próximo 5 de agosto se realizarán las elecciones para gobernador. La líder aprovecho su estancia en la entidad para hacer sentir su fuerza y presencia políticas y para que sus operadores actúen a favor del PAN y en contra del PRI, como lo hicieron en 2006. Noé Rivera considera que con estas acciones Elba Esther le envía un mensaje al presidente Calderón, en el sentido de que está vigente y de que puede influir a favor del PAN en el resultado de las elecciones. Como retribución por sus servicios Gordillo busca lograr el control de la Secretaría de Educación Pública, lo cual se hizo evidente a partir de que criticó a su titular, Josefina Vázquez Mota, de quien dijo que “no sabe nada de educación”.

La sombra del 89

En lo que se refiere a la política sindical, asegura que los liderazgos del SNTE a nivel regional no están conformes con la decisión de prorrogar la presidencia de Gordillo, pues creyeron que el carácter de vitalicio también se extendería a las dirigencias seccionales y al ver que no sería así, manifestaron su desacuerdo. Tanto Rivera como Ortiz coinciden en que esta inconformidad, sumada al rechazo a la reforma a la Ley del ISSSTE y la modificación al régimen de pensiones de los trabajadores al servicio del Estado, incluidos los integrantes del SNTE, forman parte de las condiciones que podrían ocasionar la debacle de Gordillo, promovida incluso por el mismo gobierno. En el artículo tercero de los resolutivos de Tijuana, el SNTE de Gordillo defiende esa reforma, al considerarla el medio “para salvaguardar la viabilidad de la institución y la seguridad social de los trabajadores”. Por lo anterior, plantean que se presenta un contexto similar al de 1989, cuando desde el gobierno se decidió la defenestración del entonces dirigente del SNTE, Carlos Jongitud, quien fue sustituido por Gordillo en un acto de traición. La diferencia, precisa Ortiz, es que la CNTE está en un proceso de concientización de sus bases en Michoacán, Tlaxcala, Zacatecas y Guerrero y al movimiento se está sumando gente de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango y Tabasco; aunque en esta última entidad la presencia no rebasa más de 30 personas, de acuerdo con un maestro de la región. Pero el objetivo principal del movimiento, dice, consiste en abrogar la reforma a la Ley del ISSSTE, rescatar al sindicato, expulsar a Gordillo y su camarilla de la dirigencia del mismo y “asumir un nuevo rol desde la expectativa y visión de los trabajadores, de nuestro proyecto educativo, sindical y de seguridad social y ya se está dando el salto a la lucha popular”.

Reconoce que a 27 años de creada, la CNTE está en “pleno desarrollo” y que su actual despliegue político y social se lo ha dado el rechazo a la reforma del ISSSTE. Sin embargo, en una serie de asambleas realizadas del 17 al 27 de julio pasado en el Monumento a la Revolución en el marco del curso “El Educador Popular”, los maestros se quejaron de que “Elba entrega dinero a gente de la CNTE. Que siguen las luchas encarnizadas por puestos de dirección en Oaxaca, Zacatecas, Chiapas y Guerrero y que se sigue pensando que se debe pedir cuentas a la maestra sobre las cuotas sindicales, cuando el objetivo es expulsarla del SNTE”. Señalaron que el problema real de la coordinadora es de dirección, pues hay lugares como en Oaxaca “donde no hay liderazgos”. Además, no han elaborado planes para democratizar a la CNTE y al SNTE para colocarlos “en posiciones de poder”, porque los maestros sólo son “carne de cañón de la burguesía”. “Hay que unirse a todo mundo”, expresó el maestro Cecilio Zamudio, de la sección 14 de Guerrero, quien informó que en el evento de Baja California se proclamó “la declaración de Tijuana” que llama al magisterio a luchar por echar atrás la reforma del ISSSTE, democratizar al SNTE y expulsar a Gordillo; además de defender la educación pública. Por lo pronto, Ortiz comenta que el plan de acción de la CNTE es presentar el 18 de agosto próximo un informe nacional sobre las condiciones del ISSSTE en clínicas y hospitales, para contraponerlo a los 10 puntos que anunció Calderón para mejorar la calidad del servicio social y los rezagos en la institución en 90 días. Además, anuncia que para el próximo 25 de agosto, la CNTE realizará la reunión nacional de dirigencias, delegaciones, secciones y direcciones del SNTE, para definir la jornada de lucha, para armar un congreso de las bases y nombrar una nueva dirigencia que cancele la “presidencia vitalicia” de Gordillo.

Kikka Roja

SIEMBRA MAÍZ : www.sinmaiznohaypais.org.

  • Sin maíz no hay país busca que se siembre el grano en casas, camellones y parques
  • Arranca en el Centro Histórico campaña en defensa del maíz nativo
CARLOS PAUL, BERTHA TERESA RAMIREZ

Actores y activistas, durante la siembra de granos de maíz Foto: Marco Peláez

Como parte de la campaña nacional en defensa de la soberanía alimentaria y la reactivación del campo mexicano denominada Sin maíz no hay país, pon a México en tu boca, este domingo arrancó la siembra simbólica de maíz nativo junto al monumento a la Fundación de Tenochitlán, ubicado a un costado del Zócalo de la ciudad de México. Con estas siembras -que igual se llevaron a cabo en las glorietas de Peralvillo, Vaqueritos, de Tacuba y en la Alameda de Oriente-, se busca defender el derecho a la biodiversidad. "México ocupa el quinto sitio en biodiversidad en el mundo, por ello resulta urgente revalorar el trabajo campesino y la biodiversidad de maíces nativos de nuestro país, que se encuentran amenazados por el libre comercio, la contaminación transgénica e inclusive por la posibilidad de que se utilice el maíz para elaborar biocombustibles", manifestó Cristina Barros, vocera de la campaña y colaboradora de La Jornada.

El acto se realizó con la presencia de Camilo Tapia, presidente del ejido de San Juan Ixtayopan; representantes de organizaciones como la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, Greenpeace México y Grupo de Estudios Ambientales; asimismo estuvieron presentes la señora Luz María Mendoza de Chapela, quien propuso las siembras, y las actrices y actores Julieta Egurrola, Vanessa Bauche, Cecilia Suárez, Paola Núñez, Bruno Bichir y Juan Manuel Bernal, entre otros. En su intervención, Barros reiteró que no se está en contra de la ciencia y la tecnología, "sino de aquella que se realiza sin responsabilidad social y ética, la que se utiliza para hacer dinero y tener control sobre la humanidad".

Los transgénicos, recordó la investigadora, "siguen siendo una tecnología no controlada, por lo que la información genética que se implanta en el maíz puede llegar a tener resultados impredecibles".

Control de semillas

Empresas trasnacionales como Monsanto, Syngenta (antes Novartis), Dupont (al que pertenece Híbridos Pioneer) y Bayer Crop Science, entre otras, "buscan tener el control de las semillas del mundo, patentando -una especie de marca registrada-, el maíz. En ocasiones, hasta han demandado a los propios campesinos, cuyo maíz ha sido infectado con los transgénicos, con lo cual resulta que la víctima es culpable". Los problemas del campo de nuestro país, "no se resuelven sembrando transgénicos, sino con voluntad política, apoyando a los campesinos, quienes son los que nos dan de comer". Esta campaña, que "reúne por vez primera a más de 300 organizaciones del campo, ambientalistas, sociedad civil y académicos, busca crear conciencia entre los consumidores sobre la crítica situación que enfrenta el campo mexicano y el adverso escenario que se espera a partir de la apertura total de fronteras, prevista para enero de 2008, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que igual amenaza a los productores de frijol, azúcar y leche", señaló.

Durante la intervención de Martha Delgado, titular de la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, un grupo de simpatizantes del "presidente legítimo", Andrés Manuel López Obrador, coreaba "¡resistencia, resistencia!", por lo que la actriz Julieta Egurrola los exhortó a que permitieran que terminaran las intervenciones de los participantes: "Hay espacio para todos, finalmente todos estamos en resistencia, simplemente déjenos manifestarnos, gracias". Después del incidente, la secretaria Martha Delgado continuó con su discurso en medio de algunas voces que, si bien seguían protestando, finalmente se apagaron. Delgado se comprometió a promover la protección del maíz en zonas rurales de la ciudad de México y a "monitorear el ingreso del maíz transgénico a la ciudad", el cual, reconoció la funcionaria, además del caso de Oaxaca, "ya se ha detectado su presencia en suelo de conservación del Distrito Federal". Se trabaja, dijo, "sobre una regulación local, con base en la Ley Federal sobre Bioseguridad".

Anunció que el próximo martes se darán a conocer los resultados de la Consulta Verde y que en breve se inaugurará en el Museo de Historia Natural la exposición El maíz es nuestra vida, integrada por 50 obras de 45 artistas visuales de Oaxaca. La meta de Sin maíz no hay país, pon a México en tu boca, pretende, además de que se siembren plantas en casas, camellones y parques, recabar un millón de firmas, enviarlas al Congreso y al gobierno federal, "para sacar al frijol y al maíz del capitulo agropecuario del TLCAN".

Para participar y más información sobre la campaña nacional, se puede visitar la página www.sinmaiznohaypais.org.



Kikka Roja

Cada año, 300 mil nuevos hogares pobres

Notimex

De los 300 mil nuevos hogares en situación de pobreza que cada año se forman, sólo 25 mil, que representan menos de 10 por ciento, reciben un apoyo para suelo y vivienda, mientras el resto ocupa territorios irregulares, un lote familiar o vive hacinado. Ante la falta de suelo apto para la vivienda de personas pobres, el Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda (Conorevi) propone que se eleve a rango constitucional las políticas públicas en materia de integración de reservas territoriales con fines de habitación social. Asimismo, plantea la asignación de recursos fiscales a los institutos estatales de vivienda para la adquisición de suelo e infraestructura, para posibilitar el equipamiento y servicios en las zonas donde se construya vivienda social.

Información de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), indica que de los 300 mil nuevos hogares en pobreza, 125 mil ocupan un territorio irregular, 100 mil se asientan en un lote familiar, 500 mil viven en condiciones de hacinamiento y sólo 25 mil reciben algún apoyo para suelo y vivienda. Los Organismos Estatales de Vivienda (Orevi) plantean analizar las reformas al artículo 27 de la Constitución y su ley reglamentaria, para agilizar el cambio automático del régimen de propiedad ejidal o comunal a propiedad privada. Para mejorar las condiciones de vida de las familias en pobreza y marginadas en zonas poco adecuadas para vivienda, también proponen impulsar el programa de conversión de suelo social a suelo urbano, a través de los organismos o dependencias especializadas.

Además, plantean crear un fondo o fideicomiso para adquirir suelo a bajo costo y estimular programas de coinversión para fraccionamientos de lotes con servicios para familias de bajos ingresos.Además, para no lesionar el patrimonio familiar, el Conorevi propone que se impulsen reformas a los códigos penales, para tipificar como delito grave actos tendientes a vender terrenos irregulares.
México es de caciques y potentados extranjeros, que odian al campesino

Kikka Roja

En Baja California Norte siempre la derecha corrupta

AN se encamina a lograr el carro completo en BC
ANTONIO HERAS, ALONSO URRUTIA
Tijuana, BC, 5 de agosto.
El candidato de la Alianza por Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, llevaba la delantera en la elección de gobernador, con 51.14 por ciento (198 mil 69 sufragios) contra 43.23 por ciento (167 mil 676 votos) del aspirante de la Alianza para que Vivas Mejor, Jorge Hank Rhon, cuando el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) había computado 45.5 por ciento de las 3 mil 65 urnas. El abstencionismo fue de alrededor de 55 por ciento.

Detienen en Tijuana a maestros del SNTE y operadores panistas
ANTONIO HERAS, ALONSO URRUTIA
Tijuana, BC, 5 de agosto.
Con una baja afluencia de votantes, tardía instalación de casillas y la utilización de las corporaciones policiacas municipales y estatales, que derivó en la detención de maestros e incluso legisladores, transcurrió la jornada electoral en esta entidad. Las alianzas Para que Vivas Mejor y Por Baja California se acusaron mutuamente a lo largo del día de haber incurrido en violaciones a la ley electoral.

  • Participación electoral de 45%; albazos de ambas coaliciones
  • El PAN también va adelante en la lucha por el control camaral
  • Tijuana, Mexicali, Ensenada y Tecate se pintan de blanquiazul

ALONSO URRUTIA, ENVIADO, Y ANTONIO HERAS, CORRESPONSAL


Kikka Roja

En Oaxaca Abstencionismo

  • Votó menos de 23% de la lista nominal; el PRI se encamina hacia el carro completo
  • Abstencionismo marca los comicios para renovar el Congreso en Oaxaca
  • "Fue una elección de Estado": PRD; deplora AN "renuncia" del pueblo a cauces pacíficos

OCTAVIO VELEZ

Pobladores de la agencia municipal La Ventosa, en Juchitán, Oaxaca, quemaron urnas y papelería electorales en protesta por la falta de obras públicas en el lugar, a pesar de la construcción de las plantas eólicas La Venta I y II Foto: Hiram Moreno
En la comunidad de San Bartolomé Quialana, distrito de Tlacolula, la mayoría de participantes en los comicios fueron mujeres Foto: Blanca Hernández

Oaxaca, Oax., 5 de agosto. Con un abstencionismo de 77.10 por ciento, la Alianza que Construye, integrada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM), adelanta en los 25 distritos electorales de Oaxaca y se encamina a lograr carro completo en los comicios para renovar el Congreso local.

"El triunfo es irreversible; no hay elementos que pongan en tela de juicio nuestro triunfo", afirmó el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Heliodoro Díaz Escárraga. A su vez, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), en voz de su secretario general, Guadalupe Acosta Naranjo, aseguró que los candidatos de la coalición Por el Bien de Todos aventajan en siete de los 25 distritos. Sin embargo, hasta las 23:30 horas de este domingo, con 64.39 por ciento de las casillas computadas, la Alianza que Construye iba a la cabeza en los 25 distritos con amplio margen, salvo en los distri-
tos uno (Oaxaca de Juárez Sur) y 22 (Oaxaca de Juárez Norte), donde existe una diferencia de menos de 300 votos.

Según el programa de Información de Resultados Electorales Preliminares (Inforep), hasta esa hora solamente había participado 22.90 por ciento de la lista nominal de 2 millones 383 mil 667 electores, por lo que el abstencionismo era de 77.10 por ciento. La Alianza que Construye sumaba 257 mil 616 votos, por 149 mil 430 de la coalición Por el Bien de Todos y 75 mil 540 del Partido Acción Nacional (PAN). Unidad Popular, de registro local, tenía acumulados 15 mil 969 sufragios; por 14 mil 10 del Partido Nueva Alianza y 11 mil 564 de Alternativa Socialdemócrata. Debido al carro completo de la coalición PRI-PVEM, ninguno de sus candidatos a diputados plurinominales -entre éstos el ex secretario general de Gobierno Jorge Franco Vargas y la ex procuradora estatal de Justicia Rosa Lizbeth Caña Cadeza, acusados de reprimir al movimiento magisterial y popular- ocuparían un escaño en la próxima legislatura. El dirigente estatal del PRI, Heliodoro Díaz Escárraga, expresó que su partido respetará los resultados y no negociará con los partidos de oposición para perder un distrito, con el fin de permitir el ingreso de los ex funcionarios al Congreso.

Florentino López Martínez, vocero de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, reconoció que el "voto de castigo" impulsado por el movimiento magisterial y popular en contra de PRI, PAN, PVEM y Panal no logró su objetivo. "Desafortunadamente esta campaña no alcanzó sus propósitos, por el control que tiene el tirano (como llaman al gobernador Ulises Ruiz Ortiz) en los medios de comunicación y por el voto del miedo que impuso con el intenso patrullaje de la policía en todo el estado y los rumores de detenciones masivas", afirmó. En tanto, después de emitir su voto, Ruiz Ortiz negó que con la elección de hoy vaya a legitimar su gobierno, luego del conflicto político-social. "Yo ya estoy legitimado, ya gané las elecciones con el voto de los oaxaqueños", sostuvo. Para estos comicios se dispuso la instalación de 2 mil 453 casillas básicas: mil 857 contiguas, 228 extraordinarias y 44 especiales; pero de última hora 30 no fueron colocadas, por no existir condiciones.

El Instituto Estatal Electoral (IEE) informó que en el municipio de Santiago Amoltepec no se instalaron 11 casillas; tres en San Juan Copala, en Santiago Juxtlahuaca; cinco en San Pedro y San Pablo Ayutla, y tres en Tlaxiaco, debido a problemas políticos y agrarios. En las localidades de San Andrés Montecillo y San Francisco del Mar, correspondientes al distrito electoral 23, con sede en Juchitán de Zaragoza, vecinos robaron la papelería electoral de dos casillas y, por tanto, éstas no fueron instaladas. En Flor Batavia, perteneciente al distrito 17 del municipio de Teotitlán de Flores Magón, los pobladores se opusieron al establecimiento de dos casillas. Al menos 3 mil elementos de las policías preventiva estatal, municipal y ministerial resguardaron las principales zonas de la capital e instalaron un cerco con vallas metálicas en las instalaciones del IEE. El subsecretario de Asuntos Electorales del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, Edgar Pereira, aseveró que hubo "una elección de Estado", porque "todo el aparato del gobierno de Ulises Ruiz operó en favor del PRI".

Atribuyó el alto abstencionismo a "la gran desconfianza de la población" en los órganos electorales. En un comunicado, el dirigente estatal del PAN, Jorge Alberto Valencia Arroyo, manifestó que podrán registrarse triunfos legales, "pero nunca legítimos, cuando en las urnas decidió menos de 30 por ciento de los electores". Consideró que volver al escenario del carro completo para el PRI gracias al abstencionismo "nos habla de la renuncia de un pueblo a las formas y los cauces pacíficos y civilizados de cambiar las estructuras políticas en el estado".


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