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lunes, 24 de marzo de 2008

Michoacán: Los hombres del gobernador Leonel Godoy Rangel

Michoacán: Los hombres del gobernador
francisco castellanos j.

Morelia, Mich., 24 de marzo (apro).- Personajes con antecedentes penales y/o acusados de presuntos actos de corrupción, enemigos declarados del PRD en alguna época y exintegrantes del equipo de Lázaro Cárdenas Batel, conforman la baraja de colaboradores del actual gobernador de Michoacán, el perredista Leonel Godoy Rangel.

Francisco Morelos Borja, dirigente del Partido Acción Nacional en el estado, afirma que Godoy Rangel cometió un grave error al rodearse de personas de dudosa reputación, entre las cuales se encuentran varios exfuncionarios de la pasada administración, identificados plenamente con el “clan Cárdenas”, cuya principal cabeza, Cuauhtémoc Cárenas, fue el principal impulsor de la candidatura de Leonel Godoy a la gubernatura. Uno de los nombramientos más cuestionados es el de Genoveva Figueroa Zamudio, quien repite como secretario de Turismo. En el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, desempeñó la misma función. Figueroa Zamudio fue gobernador interino de Michoacán en el periodo 1988-1992, en sustitución de Luis Martínez Villicaña, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. En ese entonces, Cuauhtémoc Cárdenas y Leonel Godoy lo responsabilizaron de la muerte de 55 militantes del PRD durante su gestión.

Aún así, Godoy ratificó a Figueroa Zamudio como secretario de Turismo.

Otro nombramiento que sorprendió fue el de Humberto Suárez López en la secretaría de Finanzas y Administración. El funcionario desempeñó el mismo cargo en la administración de Cárdenas Batel. Más que por su trabajo, Suárez López ganó fama por pagarle a varios periodistas de la “fuente” viajes a Europa, con recursos del erario. Godoy Rangel “rescató” también a otro cardenista: Eloy Vargas Arreola, uno de los empresarios locales consentidos de la familia Cárdenas que arrastra varias acusaciones por la presunta comisión del delito de peculado. Vargas Arreola fue secretario de Desarrollo Económico en el gobierno de Cárdenas Batel. En 2007, renunció al cargo para buscar la candidatura del PRD a la alcaldía de Morelia, pero fracasó. Le ganó el priista Fausto Vallejo.

No menos polémico fue el nombramiento de Saída Sagrera Hernández como secretaria de Educación.

La causa: la ahora funcionaria del gobierno estatal estuvo presa varios años, acusada de secuestro y pandillerismo. En 2002, Sagrero Hernández fue arrestada como presunta responsable de los delitos de lesiones, privación ilegal de la libertad y daños en su modalidad de pandillerismo, según la averiguación previa penal 299/2002-II. En ese entonces, la agraviada fue María Sanjuana Cerda Franco. En ese mismo año, la ahora secretaria de Educación enfrentó otro proceso penal, el 121/92, en el Juzgado Primero de Uruapan, por “daño en las cosas”, en agravio de Rigoberto de la Rosa. Según la causa penal, el 17 de septiembre de 2002 Sagrero, junto con 50 profesores comandados por el exdiputado federal perredista Juan Pérez Medina, sacó por la fuerza de un canal de televisión local a dos docentes del grupo sindical antagónico.

Los afectados, María Sanjuana Cerda y Lucino Soriano, fueron vejados y exhibidos por la avenida principal de Morelia, donde los obligaron a caminar descalzos. El 12 de octubre de ese año, un juez giró orden de aprehensión en contra de Sagrera y siete profesores más por la probable comisión de los delitos de lesiones, privación ilegal de la libertad y daños en su modalidad de pandillerismo. Sagrero Hernández fue desconocida inmediatamente por la Sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), cuyo líder, Artemio Ortiz Hurtado advirtió: “Godoy le dio la espalda a nuestro movimiento, no es nuestra secretaria, que la reconozca él, él la nombró.” Otro nombramiento que sorprendió a los michoacanos fue el de Ignacio Mendoza Jiménez, quien quedó a cargo de la subprocuraduría en Morelia. Y es que el funcionario, que ocupó el mismo cargo, aunque en Zamora, durante el sexenio de Cárdenas Batel, fue relacionado con bandas de extorsionadores.

De acuerdo con un informe interno de la Policía Federal Preventiva (PFP) adscrita a la regiónd e Zamora, el 12 de febrero de 2005 Erick Miguel Ángel Rosas Hernández presentó ante la Secretaría de la Función Pública una denuncia en contra de Ignacio Mendoza JIménez, entonces subprocurador regional en Zamora, por el “supuesto abuso de autoridad e intento de extorsión por la cantidad de un millón de pesos, así como amenazas a su persona, entre otras delitos”.

En entrevista con Apro, Ignacio Mendoza negó que haya cometido el delito de extorsión y aseguró que la acusación es falsa. Argumentó que cuando Rosas Hernández interpuso la denuncia él se encontraba en la Ciudad de México, en curso en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe). En la entrevista, Mendoza Jiménez muetra un oficio de comisión SA/707/2004, firmado por el entonces procurador Daniel Arellano Pulido, para asistir a un curso en el centro de capacitación de la PGR, con fecha de 28 de octubre de 2004. También presenta copia de la declaración que rindió en la Visitaduría General de la procuraduría general de Justicia del estado, ante la licenciada María Antonieta Dueñas Bedolla, A.P.P 004/2005- V6, en la que niega haber recibido dinero alguno.

Lealtad cardenista

La lista de cardenistas incluidos en el gabinete de Godoy es larga: Catalina Rosas Monge, la directora de la Comisión de Pesca durante el sexenio anterior, fue colocada ahora como secretaria de Urbanismo y Medio Ambiente. Desiderio Camacho Garibo, quien fungió como director de la Comisión del Transporte y coordinador de Espacios Educativos en el gobierno de Lázaro Cárdenas, fue nombrado secretario de Comunicaciones y Obras Públicas. Otro político cercano a la familia Cárdenas invitado al gabinete es Jaime Hernández Díaz, perredista que fungió como secretario de Cultura en la gestión de Cárdenas Batel. Ahora ocupa el mismo cargo.

En el 2005 Díaz Hernández renunció a la secretaría de Cultura para asumir el cargo de rector en la Universidad Michoacana, donde, según un informe de la Comisión de Derechos Humanos, el gobernador Leonel Godoy cobraba 18 mil pesos mensuales como investigador de tiempo completo en el Centro de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. En la Procuraduría quedó como titular Miguel García Hurtado, exsubprocurador en Morelia, con Lázaro Cárdenas; otro funcionario de Cárdenas Batel, Ignacio Mendoza Jiménez, exsubprocurador en Zamora, es ahora subprocurador en Morelia. Este funcionario fue acusado en la SFP (denuncia 1880069) por una presunta extorsión de un millón de pesos.

Jesús Montejano Ramírez, director de Prevención y Readaptación Social del Gobierno de Michoacán, con Cárdenas Batel, fue designado subprocurador en Apatzingán. La actuación de Montejano estuvo sujeta al escrutinio de la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán , debido a las quejas recibidas sobre presuntos actos de corrupción en la preliberación de internos y en la rotación de funcionarios de las distintas cárceles. La esposa de Montejano, Yolanda Hernández Martínez, fue nombrada subdirectora de Prevención y Readaptación Social. En el sexenio de Lázaro Cárdenas Batel, se desempeñó como directora del Albergue Tutelar para Menores.

Armando Machorro Arenas, jefe de prensa en el gobierno de Cuahutémoc Cárdenas (1980-1986), en el sexenio de Lázaro se desempeñó como director de Comunicación Social; ahora, con Leonel Godoy, fue ratificado como coordinador de Comunicación Social del gobierno estatal. Godoy nombró como secretaria de Seguridad Pública a Citlalli Fernández, una licenciada en derecho “muy allegada” al gobernador; y ésta nombró, a su vez, a Jaime Álvarez Ramos, como titular de la Dirección y Readaptación Social del Gobierno de Michoacán. Álvarez Ramos fue investigado en el 2001 por la Contraloría General del Distrito Federal, cuando se desempeñó como director de Prevención y Readaptación Social. En ese entonces, fue acusado de presuntos daños al erario por 22 millones de pesos.

De acuerdo con el expediente que se integró en su contra, Álvarez Ramos firmó varios contratos de obras y adquisiciones sin que estuviera facultado para ello.

Las irregularidades que analizó la Contraloría durante la gestión de Álvarez Ramos incluyeron el otorgamiento de beneficios a los internos de mayor peligrosidad en el reclusorio Oriente mediante un permiso para operar “tiendas” paralelas a las que tenía la propia institución.


Kikka Roja

3 comentarios:

  1. Creo que nuestro gobernador va empezando y sin duda Godoy empieza mal, imaginemos como va a terminar su periodo.
    Entrando y arrasó con todos los puestos de gobierno del Estado, en donde en muchos de los casos, metió a personas incompetentes, sin estudios y con las mayores intenciones de robar lo más que se pueda, como uno de ellos dijo: "no sabemos cuanto dure esto, así que ay que agarrar todo lo que se pueda"...

    Para colmo el estado entra en un caos, huelgas del STASPE que afectan a toda la ciudadanía, tomas de los maestros, enfrentamientos con los estudiantes, marchas de los transportistas, ahora parece que no hay dinero para el Estado, ¿entonces hay dinero para quien? se ha retirado el apoyo a becas estudiantiles, parece que hay dinero para Godoy, su tal vez próxima campaña a la presidencia, para apoyo a su gente, tal vez para López Obrador o quien sabe, tal vez únicamente intereses personales.

    El caso es que gracias a Dios, nuestro mal querido gobernador solo durará 4 años, y de lo que estamos muchos seguros es que el PRD no estará presente en nuestros votos en las siguientes elecciones.
    ¿como ven?

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  2. Lázaro Cárdenas Batel, RATA DE DOS PATAS

    Saqueó Michoacán por mas de tres mil millones de pesos

    El gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel,
    saquea las arcas de la entidad al otorgar contratos fantasmas
    a la constructora Consorcio Industrial, empresa propiedad
    de Félix Cantú Aguilar que defrauda al fisco, opera
    ilegalmente y tiene suspensión de actividades.
    Por cada contrato, Cárdenas Batel recibe una jugosa
    comisión del 85 por ciento, a través de una ingeniosa
    triangulación bancaria en la que la empresa se queda con
    el 15 por ciento restante del dinero sin realizar ninguna
    obra.

    Lo saqueado hasta el momento por el mandatario
    michoacano a la entidad que gobierna es de casi tres mil
    millones de pesos, cifra que desvió de recursos destinados
    a educación, seguridad y desarrollo social.
    Parte del fraude y atraco a las arcas del gobierno de
    Michoacán consiste en pagar millonarias sumas a la
    constructora Consorcio Industrial por supuestas obras
    que realiza y que en realidad son hechas por el gobierno
    Federal, es decir la compañía de Cantú Aguilar las hace
    suyas sin meter las manos.

    De esta manera, Lázaro Cárdenas Batel, a quien le que quedan
    escasos días como mandatario estatal, hace efectivo
    aquello del “año de Hidalgo”, convierte al presupuesto
    michoacano en su “caja chica” y se retira del cargo con
    muchos millones de pesos, resultado de los ilícitos negocios
    con la mencionada constructora.
    La empresa constructora, propiedad de Félix Cantú
    Aguilar, tiene en sus fraudulentas operaciones como
    “cerebro” a su contador público Raúl Rosas Morales,
    quien a su vez es protegido por los funcionarios de la
    Secretaría de Hacienda y Crédito Público Juan Hernández
    y Víctor Manuel Reyes, quienes “tapan” las evasiones fiscales.
    Por estos dos funcionarios y Rosas Morales es que
    Consorcio Industrial, que agrupa a 20 empresas, sigue
    operando, no obstante tener problemas legales por evadir
    al fisco y la suspensión de actividades presentada ante la SHCP.
    Por su carácter al margen de la ley, la totalidad de los
    contratos que consiguen los “venden” a otras compañías.
    A pesar de su carácter ilegal, la empresa propiedad de
    Cantú Aguilar sigue operando y prueba de ello son los
    contratos que de manera ilícita le otorgó el gobernador de
    Michoacán –unomásuno tiene pruebas en su poder—,
    quien a cambio se benefició con varios millones de pesos Sin embargo,
    Consorcio Internacional no paga el
    Impuesto al Valor Agregado (IVA) y por consiguiente el
    Impuesto a la Renta, lo que constituye un grave delito
    en perjuicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito
    Público y del gobierno Federal mismo.
    En otra negociación ilegal, el gobierno del
    Distrito Federal le otorgó a la empresa una serie de
    contratos para obras, tras ganar un concurso,
    según trascendió. Lo insólito de todo esto, al igual
    que como ocurrió en Michoacán, es que Consorcio
    Industrial no tiene maquinaria para realizar los
    trabajos.
    Lo mismo ocurrió con la paraestatal Petróleos
    Mexicanos que le concedió contratos por 2 millones de
    dólares y 21 millones de pesos.

    TRIANGULAN Y “LAVAN” DINERO
    Para que el gobernador de Michoacán, Lázaro
    Cárdenas Batel y la empresa de Félix Cantú Aguilar
    reciban las millonarias sumas saqueadas a las arcas
    del gobierno michoacano, utilizan
    una ingeniosa triangulación
    en la que el dinero es “lavado”
    o “blanqueado”.
    La triangulación consiste en
    que el dinero propiedad del
    gobierno del estado que se paga al Consorcio industrial
    por las supuestas obras, es depositado en
    Interacciones que a su vez las devuelve a las cuentas
    personales del mandatario, del propietario de la compañía
    y al gobierno local.
    Se sabe que incluso hay cuentas en el extranjero y
    que algunas de ellas están firmadas por familiares,
    como Gabriel Cárdenas Cornish, primo hermano del
    mandatario.

    AMISTAD CARDENAS-CANTU
    La relación entre el gobernador de Michoacán,
    Lázaro Cárdenas Batel y el propietario de Consorcio
    Internacional, Félix Cantú Aguilar, data desde la juventud
    de sus padres, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y
    Félix Cantú Ayala.
    Al respecto, cabe destacar que Cantú Ayala tiene
    cuentas pendientes con la justicia por burlar al fisco y
    actualmente está prófugo, según se sabe.
    Es precisamente por la amistad de sus padres que
    Cárdenas Batel en complicidad con Cantú Aguilar
    idean el desfalco al gobierno del estado de
    Michoacán.
    La empresa Consorcio Industrial S.A. de C.V. formaliza
    con el estado de Michoacán sus contratos el 4 de
    junio de 2004.
    Sobre el aviso de suspensión de operaciones, esta
    sucede el 19 de junio de 2006.

    CARDENAS DEBE SER INVESTIGADO
    Sobre el desfalco a las arcas del gobierno de
    Michoacán, gente que conoce el asunto demanda que
    se investigue a Lázaro Cárdenas Batel por el presunto
    ilícito antes mencionado.
    Señalan que el todavía gobernador hizo efectivo el
    “Año de Hidalgo” al apoderarse de esta manera de
    varios millones de pesos que eran para educación,
    seguridad y desarrollo social.
    Piden que el gobernador electo, Leonel Godoy inicie su
    Gestión con una auditoria para que, de haber responsabilidades,
    se haga justicia.

    ResponderBorrar
  3. Lázaro Cárdenas Batel RATA DE DOS PATAS

    RATA DE DOS PATAS
    DEVUELVE A MICHOACAN LO QUE TE HAS ROBADO

    Lázaro Cárdenas Batel

    Saqueó Michoacán por más de tres mil millones de pesos

    El gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel,
    saquea las arcas de la entidad al otorgar contratos fantasmas
    a la constructora Consorcio Industrial, empresa propiedad
    de Félix Cantú Aguilar que defrauda al fisco, opera
    ilegalmente y tiene suspensión de actividades.
    Por cada contrato, Cárdenas Batel recibe una jugosa
    comisión del 85 por ciento, a través de una ingeniosa
    triangulación bancaria en la que la empresa se queda con
    el 15 por ciento restante del dinero sin realizar ninguna
    obra.

    Lo saqueado hasta el momento por el mandatario
    michoacano a la entidad que gobierna es de casi tres mil
    millones de pesos, cifra que desvió de recursos destinados
    a educación, seguridad y desarrollo social.
    Parte del fraude y atraco a las arcas del gobierno de
    Michoacán consiste en pagar millonarias sumas a la
    constructora Consorcio Industrial por supuestas obras
    que realiza y que en realidad son hechas por el gobierno
    Federal, es decir la compañía de Cantú Aguilar las hace
    suyas sin meter las manos.

    De esta manera, Lázaro Cárdenas Batel, a quien le que quedan
    escasos días como mandatario estatal, hace efectivo
    aquello del “año de Hidalgo”, convierte al presupuesto
    michoacano en su “caja chica” y se retira del cargo con
    muchos millones de pesos, resultado de los ilícitos negocios
    con la mencionada constructora.
    La empresa constructora, propiedad de Félix Cantú
    Aguilar, tiene en sus fraudulentas operaciones como
    “cerebro” a su contador público Raúl Rosas Morales,
    quien a su vez es protegido por los funcionarios de la
    Secretaría de Hacienda y Crédito Público Juan Hernández
    y Víctor Manuel Reyes, quienes “tapan” las evasiones fiscales.
    Por estos dos funcionarios y Rosas Morales es que
    Consorcio Industrial, que agrupa a 20 empresas, sigue
    operando, no obstante tener problemas legales por evadir
    al fisco y la suspensión de actividades presentada ante la SHCP.
    Por su carácter al margen de la ley, la totalidad de los
    contratos que consiguen los “venden” a otras compañías.
    A pesar de su carácter ilegal, la empresa propiedad de
    Cantú Aguilar sigue operando y prueba de ello son los
    contratos que de manera ilícita le otorgó el gobernador de
    Michoacán –unomásuno tiene pruebas en su poder—,
    quien a cambio se benefició con varios millones de pesos Sin embargo,

    Consorcio Internacional no paga el
    Impuesto al Valor Agregado (IVA) y por consiguiente el
    Impuesto a la Renta, lo que constituye un grave delito
    en perjuicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito
    Público y del gobierno Federal mismo.
    En otra negociación ilegal, el gobierno del
    Distrito Federal le otorgó a la empresa una serie de
    contratos para obras, tras ganar un concurso,
    según trascendió. Lo insólito de todo esto, al igual
    que como ocurrió en Michoacán, es que Consorcio
    Industrial no tiene maquinaria para realizar los
    trabajos.
    Lo mismo ocurrió con la paraestatal Petróleos
    Mexicanos que le concedió contratos por 2 millones de
    dólares y 21 millones de pesos.

    TRIANGULAN Y “LAVAN” DINERO
    Para que el gobernador de Michoacán, Lázaro
    Cárdenas Batel y la empresa de Félix Cantú Aguilar
    reciban las millonarias sumas saqueadas a las arcas
    del gobierno michoacano, utilizan
    una ingeniosa triangulación
    en la que el dinero es “lavado”
    o “blanqueado”.
    La triangulación consiste en
    que el dinero propiedad del
    gobierno del estado que se paga al Consorcio industrial
    por las supuestas obras, es depositado en
    Interacciones que a su vez las devuelve a las cuentas
    personales del mandatario, del propietario de la compañía
    y al gobierno local.
    Se sabe que incluso hay cuentas en el extranjero y
    que algunas de ellas están firmadas por familiares,
    como Gabriel Cárdenas Cornish, primo hermano del
    mandatario.

    AMISTAD CARDENAS-CANTU
    La relación entre el gobernador de Michoacán,
    Lázaro Cárdenas Batel y el propietario de Consorcio
    Internacional, Félix Cantú Aguilar, data desde la juventud
    de sus padres, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y
    Félix Cantú Ayala.
    Al respecto, cabe destacar que Cantú Ayala tiene
    cuentas pendientes con la justicia por burlar al fisco y
    actualmente está prófugo, según se sabe.
    Es precisamente por la amistad de sus padres que
    Cárdenas Batel en complicidad con Cantú Aguilar
    idean el desfalco al gobierno del estado de
    Michoacán.
    La empresa Consorcio Industrial S.A. de C.V. formaliza
    con el estado de Michoacán sus contratos el 4 de
    junio de 2004.
    Sobre el aviso de suspensión de operaciones, esta
    sucede el 19 de junio de 2006.

    CARDENAS DEBE SER INVESTIGADO
    Sobre el desfalco a las arcas del gobierno de
    Michoacán, gente que conoce el asunto demanda que
    se investigue a Lázaro Cárdenas Batel por el presunto
    ilícito antes mencionado.
    Señalan que el todavía gobernador hizo efectivo el
    “Año de Hidalgo” al apoderarse de esta manera de
    varios millones de pesos que eran para educación,
    seguridad y desarrollo social.
    Piden que el gobernador electo, al homosexual de Leonel Godoy inicie su

    Gestión con una auditoria para que, de haber responsabilidades,
    se haga justicia.

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