- Su actuación al frente de la CNDH es “vergonzosa”, señalan
- Demandan ONG al Senado la remoción de Soberanes
- Intervino en la salida del representante de la ONU para derechos humanos
AUDIO SERGIO AGUAYO : LA ONU PIDIÓ UN MILLON DE DOLARES: NO HAY EVIDENCIAS
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Sergio Aguayo: La salida de México de Amerigo Incalcaterra: Jose Luis Soberanes lo lanzó
Víctor Ballinas
Ampliar la imagen Miguel Concha, Luis Arriaga y Clara Jusidman, durante la conferencia de prensa Miguel Concha, Luis Arriaga y Clara Jusidman, durante la conferencia de prensa Foto: María Luisa Severiano
Organizaciones civiles de defensa de derechos humanos hicieron ayer un “serio llamado” al Senado para que “evalúe la actuación del ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, y considere la posibilidad de iniciar un juicio político para su remoción, porque no está cumpliendo con sus obligaciones”. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Católicas por el Derecho a Decidir, Sin Fronteras, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, Red por los Derechos de la Infancia y Fundar, entre otras organizaciones, en conferencia de prensa calificaron de “vergonzosa la actuación del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)”, quien, afirmaron, “intervino para la remoción del representante de la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra”.
Al defender el trabajo del funcionario de la ONU, las ONG denunciaron que Soberanes “ha mantenido una permanente oposición al trabajo de Incalcaterra, lo que se ha manifestado a través de la ausencia y no participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el Acuerdo de Cooperación Técnica desde el año 2000. Se ha opuesto también a las instituciones que a nivel local realizan una mejor actuación en la materia, con el fin de no tener la mínima sombra para sus planes hacia el futuro político”.
Soberanes Fernández, agregaron, “se ha opuesto al Diagnóstico de Derechos Humanos 2001, al Programa Nacional de Derechos Humanos 2002, al Convenio con la Unión Europea, así como también ha mantenido una constante posición en la que no apoya la presencia de relatores especiales, como el de educación, el de venta, trata y explotación, el de indígenas, el de migrantes, el de tortura y el de libertad de expresión”. Las organizaciones civiles exhortaron al Senado a que “llame a cuentas al ombudsman nacional, pues no rinde cuentas a nadie”. Le pidieron evaluar la gestión de Soberanes al frente de la CNDH, por “la opacidad en el manejo financiero, en la rendición de cuentas y el manejo discrecional del presupuesto”. Esta situación, expusieron, “no es nueva, ya en el asunto de la relección de Soberanes Fernández, a finales de 2004, expusimos al Senado que evaluara el trabajo de la CNDH, que lo monitoreara, y no nos hizo caso. Incluso ahora sabemos que a lo mejor no nos hacen caso, pero seguiremos insistiendo”.
Luis Arriaga leyó la posición de las ONG, ante las “presiones que ejercieron la CNDH y el gobierno federal para que Incalcaterra fuera removido del cargo. Hasta este momento, en México las instituciones gubernamentales, en sus diversos ámbitos, no han demostrado interés ni conocimiento, y en cambio sí una posición de retroceso. Por ello es necesario el compromiso real del gobierno en el contexto del renovado acuerdo para la estancia del citado relator en México”.
Las ONG concluyeron que es una exigencia de la sociedad civil contar con una oficina de derechos humanos fuerte y congruente con su mandato, con capacidad de monitoreo y de hacer recomendaciones al Estado.
Organizaciones civiles de defensa de derechos humanos hicieron ayer un “serio llamado” al Senado para que “evalúe la actuación del ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, y considere la posibilidad de iniciar un juicio político para su remoción, porque no está cumpliendo con sus obligaciones”. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Católicas por el Derecho a Decidir, Sin Fronteras, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, Red por los Derechos de la Infancia y Fundar, entre otras organizaciones, en conferencia de prensa calificaron de “vergonzosa la actuación del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)”, quien, afirmaron, “intervino para la remoción del representante de la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra”.
Al defender el trabajo del funcionario de la ONU, las ONG denunciaron que Soberanes “ha mantenido una permanente oposición al trabajo de Incalcaterra, lo que se ha manifestado a través de la ausencia y no participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el Acuerdo de Cooperación Técnica desde el año 2000. Se ha opuesto también a las instituciones que a nivel local realizan una mejor actuación en la materia, con el fin de no tener la mínima sombra para sus planes hacia el futuro político”.
Soberanes Fernández, agregaron, “se ha opuesto al Diagnóstico de Derechos Humanos 2001, al Programa Nacional de Derechos Humanos 2002, al Convenio con la Unión Europea, así como también ha mantenido una constante posición en la que no apoya la presencia de relatores especiales, como el de educación, el de venta, trata y explotación, el de indígenas, el de migrantes, el de tortura y el de libertad de expresión”. Las organizaciones civiles exhortaron al Senado a que “llame a cuentas al ombudsman nacional, pues no rinde cuentas a nadie”. Le pidieron evaluar la gestión de Soberanes al frente de la CNDH, por “la opacidad en el manejo financiero, en la rendición de cuentas y el manejo discrecional del presupuesto”. Esta situación, expusieron, “no es nueva, ya en el asunto de la relección de Soberanes Fernández, a finales de 2004, expusimos al Senado que evaluara el trabajo de la CNDH, que lo monitoreara, y no nos hizo caso. Incluso ahora sabemos que a lo mejor no nos hacen caso, pero seguiremos insistiendo”.
Luis Arriaga leyó la posición de las ONG, ante las “presiones que ejercieron la CNDH y el gobierno federal para que Incalcaterra fuera removido del cargo. Hasta este momento, en México las instituciones gubernamentales, en sus diversos ámbitos, no han demostrado interés ni conocimiento, y en cambio sí una posición de retroceso. Por ello es necesario el compromiso real del gobierno en el contexto del renovado acuerdo para la estancia del citado relator en México”.
Las ONG concluyeron que es una exigencia de la sociedad civil contar con una oficina de derechos humanos fuerte y congruente con su mandato, con capacidad de monitoreo y de hacer recomendaciones al Estado.
MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA
La CNDH y la ONU
Antes de dar por concluida su misión el 23 de mayo, el representante en México de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Amérigo Incalcaterra, entregó al semanario Proceso, que lo publicó dos días más tarde, en su número 1647, un texto que resume su visión sobre la materia de que se ocupó en los tres años recientes: “… por debajo del discurso de los derechos humanos subyacen realidades sumamente injustas, como la sistemática violación de los derechos de los migrantes, la discriminación hacia los pueblos indígenas, la violencia en contra de la mujer, la precarización del trabajo, la enorme desigualdad de oportunidades, el uso desproporcionado de la fuerza pública e, incluso, situaciones que se vieron reflejadas en casos como Atenco, Oaxaca o Pasta de Conchos, por citar tan sólo algunos”.
Apreciaciones de semejante jaez las hizo Incalcaterra durante su desempeño, iniciado en octubre del 2005. No esperó a retirarse para expresar su parecer. Tampoco dejó de trabajar, en sus casi 32 meses en México, para contribuir a que el gobierno, las instituciones, los organismos civiles y la sociedad en general cobraran conciencia de esa realidad y se afanaran en superarla. Con todo, a los ojos de autoridades gubernamentales el funcionario de la ONU se tornó incómodo, y fue pedido su traslado, a que accedió la señora Louisa Arbour después de su visita a México en febrero pasado, en aras de mantener en nivel adecuado la relación institucional con el gobierno mexicano. Aunque la Cancillería , de modo displicente, y el propio Incalcaterra en apego a las buenas maneras, negaron que su salida de México resultara de una ilegítima presión gubernamental, tras su partida quedó claro que se forzó el fin de su misión. El trabajo de Incalcaterra no sólo incomodaba al gobierno sino también al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes. Inconforme desde el principio con la apertura de una oficina mexicana de la ONU en el ramo de su competencia, como si la promoción de los derechos humanos en su más amplia acepción (que incluye la propuesta y adopción de políticas públicas en la materia) fuera de su exclusiva responsabilidad. Por otra parte, Soberanes aspira notoriamente a una hegemonía cabal en ese ámbito, que mediante el control de comisiones locales y agrupaciones civiles, le permita aminorar y aun eliminar la crítica a sus procedimientos.
El activismo de Incalcaterra iba en sentido contrario a ese anhelo pues el representante de la señora Arbour se reunía con el sector que más severamente examina las acciones y omisiones de la CNDH. En esa línea de conducta, el diplomático italiano dio la bienvenida al informe de Human Rights Watch (HRW) sobre la oficina del ombudsman, que había causado enojo en la Comisión. Probablemente Soberanes había manifestado antes y de otros modos su descontento con Incalcaterra, pero en esta oportunidad expresó por escrito, de modo formal, su “inconformidad” ante el “respaldo público al documento” de HRW “en donde se denosta (sic, en vez de denuesta) a la…CNDH a través de un análisis superficial basado en argumentos y datos ciertamente erróneos”. Llamó la atención de Soberanes que Incalcaterra “recomiende que atendamos las sugerencias de HRW, dejando la impresión de que ‘ la ONU valida el informe de HRW que reprueba a la CNDH ’, con lo cual comete “un grave error” y desatiende “su responsabilidad… de dar seguimiento a las recomendaciones de los relatores especiales”. En suma, el ombudsman solicitó a la señora Arbour tomar nota “de la situación referida” para evitar que funcionarios de la oficina de la Alta Comisionada “incumplan con su mandato y dañen de esta manera la imagen” de instituciones como la CNDH. Ya ido Incalcaterra, Soberanes parece prepararse para evitar que eso ocurra de nuevo. Al efecto, mencionó la oficina mexicana de la ONU en un contexto conspiracional.
Consultado sobre el retiro de ese funcionario, el presidente de la CNDH escribió para Reforma un artículo en que asegura que “entre las propuestas del Plan Mérida se menciona la asignación de fondos de Estados Unidos por el equivalente a un millón de dólares a la oficina en México del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU para distribuirlos prácticamente a discreción, conforme a criterios que hasta ahora no han sido dados a conocer”. Y crípticamente se pregunta a continuación: “¿Cuál sería la base jurídica para que organizaciones privadas asuman de ese modo un papel no sólo peligroso sino ilegal?”.
Al dejarnos a oscuras sobre esas organizaciones privadas que asumirían “de ese modo” un papel ilegal y peligroso sin aclarar de qué habla, Soberanes parece haber dejado suelta a la loca de la casa, la imaginación, pues no cita su fuente, sólo un vago “se menciona”. Su versión difícilmente corresponde con la realidad, pues el Congreso norteamericano es refractario a la ONU , por lo que no se ve cómo el Senado asignaría dinero de los contribuyentes a una oficina de aquel organismo impopular en los medios conservadores norteamericanos. Rápidamente hemos comprobado que esa fantasía, con la que tomaron el pelo a Soberanes y él quiso hacer lo mismo con nosotros, no contiene un ápice de verdad. La oficina que presuntamente repartiría alegremente un millón de dólares a discreción desmintió “categóricamente” tales versiones, es decir a Soberanes (única persona que se ha referido al tema) e informó “a la opinión pública que las mismas son incorrectas y sin fundamento”.
Apreciaciones de semejante jaez las hizo Incalcaterra durante su desempeño, iniciado en octubre del 2005. No esperó a retirarse para expresar su parecer. Tampoco dejó de trabajar, en sus casi 32 meses en México, para contribuir a que el gobierno, las instituciones, los organismos civiles y la sociedad en general cobraran conciencia de esa realidad y se afanaran en superarla. Con todo, a los ojos de autoridades gubernamentales el funcionario de la ONU se tornó incómodo, y fue pedido su traslado, a que accedió la señora Louisa Arbour después de su visita a México en febrero pasado, en aras de mantener en nivel adecuado la relación institucional con el gobierno mexicano. Aunque la Cancillería , de modo displicente, y el propio Incalcaterra en apego a las buenas maneras, negaron que su salida de México resultara de una ilegítima presión gubernamental, tras su partida quedó claro que se forzó el fin de su misión. El trabajo de Incalcaterra no sólo incomodaba al gobierno sino también al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes. Inconforme desde el principio con la apertura de una oficina mexicana de la ONU en el ramo de su competencia, como si la promoción de los derechos humanos en su más amplia acepción (que incluye la propuesta y adopción de políticas públicas en la materia) fuera de su exclusiva responsabilidad. Por otra parte, Soberanes aspira notoriamente a una hegemonía cabal en ese ámbito, que mediante el control de comisiones locales y agrupaciones civiles, le permita aminorar y aun eliminar la crítica a sus procedimientos.
El activismo de Incalcaterra iba en sentido contrario a ese anhelo pues el representante de la señora Arbour se reunía con el sector que más severamente examina las acciones y omisiones de la CNDH. En esa línea de conducta, el diplomático italiano dio la bienvenida al informe de Human Rights Watch (HRW) sobre la oficina del ombudsman, que había causado enojo en la Comisión. Probablemente Soberanes había manifestado antes y de otros modos su descontento con Incalcaterra, pero en esta oportunidad expresó por escrito, de modo formal, su “inconformidad” ante el “respaldo público al documento” de HRW “en donde se denosta (sic, en vez de denuesta) a la…CNDH a través de un análisis superficial basado en argumentos y datos ciertamente erróneos”. Llamó la atención de Soberanes que Incalcaterra “recomiende que atendamos las sugerencias de HRW, dejando la impresión de que ‘ la ONU valida el informe de HRW que reprueba a la CNDH ’, con lo cual comete “un grave error” y desatiende “su responsabilidad… de dar seguimiento a las recomendaciones de los relatores especiales”. En suma, el ombudsman solicitó a la señora Arbour tomar nota “de la situación referida” para evitar que funcionarios de la oficina de la Alta Comisionada “incumplan con su mandato y dañen de esta manera la imagen” de instituciones como la CNDH. Ya ido Incalcaterra, Soberanes parece prepararse para evitar que eso ocurra de nuevo. Al efecto, mencionó la oficina mexicana de la ONU en un contexto conspiracional.
Consultado sobre el retiro de ese funcionario, el presidente de la CNDH escribió para Reforma un artículo en que asegura que “entre las propuestas del Plan Mérida se menciona la asignación de fondos de Estados Unidos por el equivalente a un millón de dólares a la oficina en México del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU para distribuirlos prácticamente a discreción, conforme a criterios que hasta ahora no han sido dados a conocer”. Y crípticamente se pregunta a continuación: “¿Cuál sería la base jurídica para que organizaciones privadas asuman de ese modo un papel no sólo peligroso sino ilegal?”.
Al dejarnos a oscuras sobre esas organizaciones privadas que asumirían “de ese modo” un papel ilegal y peligroso sin aclarar de qué habla, Soberanes parece haber dejado suelta a la loca de la casa, la imaginación, pues no cita su fuente, sólo un vago “se menciona”. Su versión difícilmente corresponde con la realidad, pues el Congreso norteamericano es refractario a la ONU , por lo que no se ve cómo el Senado asignaría dinero de los contribuyentes a una oficina de aquel organismo impopular en los medios conservadores norteamericanos. Rápidamente hemos comprobado que esa fantasía, con la que tomaron el pelo a Soberanes y él quiso hacer lo mismo con nosotros, no contiene un ápice de verdad. La oficina que presuntamente repartiría alegremente un millón de dólares a discreción desmintió “categóricamente” tales versiones, es decir a Soberanes (única persona que se ha referido al tema) e informó “a la opinión pública que las mismas son incorrectas y sin fundamento”.
Kikka Roja
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