Lydia Cacho sí fue torturada en traslado a Puebla

Asegura fiscal que Lydia Cacho sí fue torturada en su traslado a Puebla El fiscal aseguró que en la averiguación previa que se integró en la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos Contra Periodistas quedó debidamente integrada la comisión del delito de tortura, entre otros Asegura fiscal que Lydia Cacho sí fue torturada en su traslado a Puebla # Llevará Lydia Cacho su caso a la Eurocámara 2008-06-03 # Revés en QR, culpa de PGR: Cacho 2008-06-03 # Cronología: Caso Lydia Cacho 2008-06-02 # Revés a la PGR en caso Lydia Cacho 2008-06-02 Notimex El Universal Ciudad de México Miércoles 04 de junio de 2008 18:05 La periodista Lydia Cacho sí fue torturada por quienes se encargaron de detenerla en Quintana Roo y trasladarla a Puebla, afirmó el fiscal especial para la Atención a Delitos Contra Periodistas de la PGR, Octavio Orellana Wiarco. En entrevista, el funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró que contrario a lo que determinó el juez Segundo Penal de Cancún, el maltrato a Cacho "quedó acreditado en la averiguación previa que se entregó cuando se decidió ejercitar acción penal". El juez resolvió no emitir órdenes de aprehensión contra los servidores públicos de Puebla, debido a que consideró que "las molestias de que fue objeto la periodista Lydia Cacho en su traslado de Quintana Roo a Puebla son inherentes a cualquier detención".Orellana Wiarco consideró que "a Lydia Cacho le asiste la justicia y ella tiene razón. Consideramos que sí fue torturada y que deben emitirse las órdenes de aprehensión por parte del juez del fuero común". Recordó que el 12 de marzo un Tribunal Unitario de Circuito determinó que el asunto debía tomarlo un juez del fuero común por tratarse del delito de tortura. Ello a pesar de que la Fiscalía Especial se había basado en diversos instrumentos internacionales suscritos por México, como el Protocolo de Estambul, para que conociera el asunto un juez federal. Explicó que dicha Fiscalía no cuenta con atribuciones para intervenir en el juicio, sino que es el Ministerio Público del Fuero Común en Quintana Roo quien se encargó de hacer la apelación ante el juzgador, por negarse a librar las órdenes de aprehensión. Orellana Wiarco sostuvo que en este asunto existen infinidad de falsedades y desinformación que afectan también a Cacho, ya que "es falso que se hayan desaparecido 15 tomos de la investigación, pues la periodista dice que eran 36 y que solamente entregamos 21 tomos al juez" . Indicó que en noviembre de 2007, cuando se acumularon los dos expedientes abiertos, la Fiscalía de Violencia contra la Mujer entregó ocho tomos, mientras la Fiscalía a su cargo había integrado 13 más, por lo que nunca hubo más de 21 tomos que son los que hoy tiene el juez de la causa. Recordó que la periodista ha manifestado que había órdenes de aprehensión cuando se hizo la acumulación de expedientes, lo cual es falso, pues se determinó ejercitar acción penal contra los presuntos responsables hasta que se hiciera la integración de los expedientes y posteriormente se solicitaron las detenciones. Refirió que Lydia Cacho ha señalado que quien resolvió no solicitar las órdenes de aprehensión es "un brillante juez", pero ella seguramente no sabe que en su argumentación señala que "las molestias que sufrió la periodista son inherentes a cualquier detención" y por lo tanto no hubo tortura. Sin embargo, el fiscal aseguró que en la averiguación previa que se integró en la Fiscalía Especial quedó debidamente integrada la comisión del delito de tortura, entre otros, por lo que se deben obsequiar las órdenes de aprehensión respectivas. En ese sentido, consideró que importante que los abogados acudan a la sala del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, con sede en Cancún, a fin de que aporten mayores pruebas, para que den marcha atrás a la resolución del juez penal del fuero común. Otro de los argumentos del juez de Cancún para negar las órdenes de aprehensión, dijo, es que en todo caso se tendría que sancionar a los responsables del delito de tortura si son servidores públicos de Quintana Roo, ya que asegura que no puede sancionar a los de Puebla. El fiscal dejó claro que el Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo es quien tiene en sus manos la decisión final, pues incluso el Ministerio Público de la entidad ya hizo las apelaciones correspondientes.

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