Cancelan diputados panistas el Arco Vial Sureste; prevén veto del Ejecutivo
David Carrizales (Corresponsal)
Monterrey, NL, 16 de diciembre. El proyecto Arco Vial Sureste quedó sin sustento jurídico y financiero, luego que la mayoría panista del Congreso de Nuevo León derogó el decreto 75, aprobado por unanimidad el 20 de marzo de 2007, que declaró la obra “de interés público y social”, y creó un impuesto por mejoría específica, que pagarían los “beneficiarios” de la construcción del eje carretero (dueños de predios aledaños a la vía). El coordinador de la bancada priísta, Ildefonso Guajardo, anticipó que autoridades del municipio de Benito Juárez, del gobierno estatal y dueños de terrenos afectados por la cancelación denunciarán por abuso de autoridad a los legisladores del Partido Acción nacional (PAN).
Asimismo, consideró que el decreto será vetado por el gobernador priísta José Natividad González Parás, debido a las numerosas “ilegalidades” que los panistas cometieron al aprobarlo, por ejemplo, no dar audiencia al alcalde de Benito Juárez, Héctor Treviño. Después de que la sesión del lunes se suspendió por “falta de garantías”, porque un grupo de priístas irrumpió en el Congreso y se apoderó de la tribuna y las curules, los trabajos se reanudaron este martes a las 15:10 horas, una vez que los colonos que apoyan el proyecto abandonaron el edificio y el gobierno estatal envió policías.
Los panistas pasaron la noche del lunes en el palacio de gobierno en espera de una cita con González Parás para quejarse de que el recinto legislativo fue “mancillado” por funcionarios estatales que llevaron “acarreados” para tomar el salón de sesiones. Sin embargo, se retiraron antes de ser recibidos, para reanudar los trabajos. En el Congreso, las bancadas de los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y Nueva Alianza comisionaron al petista Gerardo García Maldonado para que propusiera analizar el decreto 75 y formar mesas de trabajo que presentaran una nueva propuesta de dictamen. Legisladores de otros partidos demandaron a los panistas ser “responsables” y evitarse posibles juicios políticos y penales. Los del blanquiazul no respondieron los cuestinamientos.
El PAN aplicó la aplanadora para declarar el asunto suficientemente discutido, y al votarse la propuesta de Gerardo García hubo un empate a 21 sufragios. Los panistas se preguntaron quién fue el “traidor” o descuidado, pues el PAN tiene 22 diputados y los demás partidos 20. La Ley Orgánica del Congreso señala que en caso de empate debe hacerse una votación nominal. Los 22 panistas rechazaron el voto particular y los 20 diputados restantes se manifestaron a favor. José Manuel Guajardo, del PAN, admitió que entendió mal la “señal” de su coordinador, Óscar Cano. Al discutir el proyecto de dictamen que revocaría el decreto 75, la oposición cuestionó los “fines políticos” del PAN, al que acusó de oponerse al “progreso” de Nuevo León. El panista Ranulfo Martínez, el primero que hizo suya la causa del movimiento ambientalista opositor al Arco Vial Sureste –aprobado por su partido en un principio–, argumentó en tribuna que el Congreso no detuvo el proyecto, sino la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), porque el gobierno estatal no respetó al ley.
Amenazan a periodista
Fernando Mora Rosas, periodista de Grupo Acir, denunció que dos policías del municipio de Benito Juárez le pusieron una pistola en la cabeza y le dijeron que “le bajara de güevos”, por entrevistar a ciudadanos que se quejaron porque el lunes fueron acarreados a tomar el Congreso.
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Asimismo, consideró que el decreto será vetado por el gobernador priísta José Natividad González Parás, debido a las numerosas “ilegalidades” que los panistas cometieron al aprobarlo, por ejemplo, no dar audiencia al alcalde de Benito Juárez, Héctor Treviño. Después de que la sesión del lunes se suspendió por “falta de garantías”, porque un grupo de priístas irrumpió en el Congreso y se apoderó de la tribuna y las curules, los trabajos se reanudaron este martes a las 15:10 horas, una vez que los colonos que apoyan el proyecto abandonaron el edificio y el gobierno estatal envió policías.
Los panistas pasaron la noche del lunes en el palacio de gobierno en espera de una cita con González Parás para quejarse de que el recinto legislativo fue “mancillado” por funcionarios estatales que llevaron “acarreados” para tomar el salón de sesiones. Sin embargo, se retiraron antes de ser recibidos, para reanudar los trabajos. En el Congreso, las bancadas de los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y Nueva Alianza comisionaron al petista Gerardo García Maldonado para que propusiera analizar el decreto 75 y formar mesas de trabajo que presentaran una nueva propuesta de dictamen. Legisladores de otros partidos demandaron a los panistas ser “responsables” y evitarse posibles juicios políticos y penales. Los del blanquiazul no respondieron los cuestinamientos.
El PAN aplicó la aplanadora para declarar el asunto suficientemente discutido, y al votarse la propuesta de Gerardo García hubo un empate a 21 sufragios. Los panistas se preguntaron quién fue el “traidor” o descuidado, pues el PAN tiene 22 diputados y los demás partidos 20. La Ley Orgánica del Congreso señala que en caso de empate debe hacerse una votación nominal. Los 22 panistas rechazaron el voto particular y los 20 diputados restantes se manifestaron a favor. José Manuel Guajardo, del PAN, admitió que entendió mal la “señal” de su coordinador, Óscar Cano. Al discutir el proyecto de dictamen que revocaría el decreto 75, la oposición cuestionó los “fines políticos” del PAN, al que acusó de oponerse al “progreso” de Nuevo León. El panista Ranulfo Martínez, el primero que hizo suya la causa del movimiento ambientalista opositor al Arco Vial Sureste –aprobado por su partido en un principio–, argumentó en tribuna que el Congreso no detuvo el proyecto, sino la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), porque el gobierno estatal no respetó al ley.
Amenazan a periodista
Fernando Mora Rosas, periodista de Grupo Acir, denunció que dos policías del municipio de Benito Juárez le pusieron una pistola en la cabeza y le dijeron que “le bajara de güevos”, por entrevistar a ciudadanos que se quejaron porque el lunes fueron acarreados a tomar el Congreso.
EL PRI, EL PAN, LOS CHUCHOS DEL PRD, SE PELEAN POR EL DINERO DEL ERARIO, QUE EL ESPURIO CALDERON, LES REPARTE CON TAL DE SIMULAR QUE GOBIERNAN
..Y TODAVIA DICEN QUE LA IZQUIERDA "NO SIRVE", LA IZQUIERDA UN DIA VA A SALIR A DARLES EN LA MADRE A ESTOS RATERAZOS.
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