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miércoles, 5 de marzo de 2008

Sergio Aguayo Quezada : Microvictorias

Microvictorias

La microvictoria le hizo un rasguño imperceptible a Sky, la poderosa empresa de televisión por cable. Permitió, eso sí, entender algunos de los mecanismos que someten a los consumidores a una indigna servidumbre.

En 2007 Sky realizó una campaña de suscripciones comprometiéndose a transmitir en exclusiva todos los partidos de la Liga Española del Futbol, una de las mejores del mundo. Cuando empezó el torneo en agosto, y durante un par de meses, fueron cancelando, sin previo aviso, la transmisión de algunos partidos, arruinando, con ello, una recreación rigurosamente planificada. Acostumbrados a ningunear al auditorio tampoco se preocuparon por informar cuándo se regularizaría el servicio. El futbol es cosa seria y la interrupción de la dosis prescrita causa ronchas e irritación que, al combinarse con los malos modos de Sky, llevó a tres suscriptores a buscar algún tipo de compensación (Germán Dehesa, la directora de Alconsumidor, Adriana Labardini y el autor de estas líneas).

El plural es impreciso e injusto. Quien llevó en su totalidad el caso fue Alconsumidor que también se interesó porque engancha con la Ley de Medios. Sky es filial de Televisa y funciona gracias a una concesión otorgada por el Estado mexicano. Para fundamentar la queja se solicitó una copia del Título de Concesión a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) que reafirmó su vocación de palafrenera de las televisoras porque durante tres meses se hizo la remolona e inventó excusas para no entregar el documento. Cedieron gracias al Instituto Federal de Acceso a la Información.

De manera simultánea, Alconsumidor informó a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que Sky transmitía publicidad engañosa porque seguía prometiendo la transmisión de todos los partidos. La Profeco mostró más empeño que la Cofetel y a principios de 2008 multó a Sky con unos 400 mil pesos. Esta decisión apuntaló las quejas individuales y la Profeco organizó una audiencia de conciliación. El pasado 21 de febrero, se firmó un convenio según el cual Sky compensará al trío de suscriptores dejándoles de cobrar renta por dos meses. Dejará de percibir unos 3,600 pesos (una bicoca cuando se piensa que en 2004 facturó 4,200 millones de pesos que le dejaron una utilidad de 1,400).

La historia corroboró la complicidad del Gobierno Federal con las televisoras porque toleró la construcción del entramado legal que esclaviza a los usuarios. De acuerdo a la legislación Sky no tenía que compensar a los quejosos. En el contrato firmado por quienes contratan el servicio, la empresa “se reserva el derecho de eliminar, aumentar o sustituir cualquiera de las señales que se incluyan en su paquete de programación”. Hay otras cláusulas leoninas. Por ejemplo, la obligación de pagar el servicio durante 18 meses aun cuando quisiera cancelarse anticipadamente; también cobran una fantasmagórica “membresía anual” cuyo monto podrá “cambiar [Sky] en cualquier momento”, etcétera, etcétera.

Si el contrato está hecho a la medida de los intereses de la empresa es porque la autoridad se lo permitió. De acuerdo al Título de Concesión, Sky presentó ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el contrato actualmente en vigor. La SCT tuvo 30 días naturales para hacer observaciones y no se requiere ser abogado para darse cuenta que al Gobierno mexicano no le interesó en lo más mínimo la defensa de los usuarios.

La indefensión forma parte de nuestras tradiciones. En México firmamos automáticamente los documentos preparados por las empresas porque somos desidiosos y porque si no aceptamos nos quedamos sin luz, teléfonos, hipoteca, tarjeta de crédito, etcétera. Defenderse es difícil y caro. En la microvictoria aquí reseñada la inversión en tiempo y gastos asumidos por Alconsumidor supera con creces los 3,600 pesos. Lógicamente, un porcentaje bastante alto de la sociedad prefiere refugiarse en la pasividad.

En el calvario del consumidor también influye la imposibilidad jurídica de que los resultados de una demanda como ésta beneficie a todo un grupo (en este caso los suscriptores de Sky). Si existiera lo que en otros países se conoce como Class Action Law Suit, esa bonificación de dos meses se hubiera extendido al millón y medio de suscriptores que tiene Sky. El costo para la empresa hubiera sido enorme porque, en un caso extremo, hubiera dejado de ingresar en el año alrededor de un 17 por ciento.

En México defenderse de las injusticias requiere de persistencia e imaginación. Además de celebrar el ahorro de 3,600 pesos Alconsumidor se puso a explorar la forma de ampliar el beneficio obtenido a otros suscriptores. Fue así que encontró una pequeñísima palanca legal en el reglamento aplicado a los concesionarios de la televisión por paga. En el texto se estipula que las empresas deberán “prestar el servicio en condiciones no discriminatorias”. Sigue entonces que, en teoría, podrían beneficiarse aquellos clientes de Sky que soliciten un reembolso por dos meses invocando el incumplimiento de la promesa de transmitir todos los partidos de la Liga Española. Los interesados pueden hacer el trámite en la página del organismo que ha llevado el asunto (www.alconsumidor.org).

Los consumidores son uno de los grupos vulnerables más numerosos y olvidados. Pese a que de una u otra manera la inmensa mayoría padecemos diariamente las consecuencias de vivir en un país de monopolios, ninguna fuerza política se ha interesado en abanderar esta causa. Recae en las víctimas la tarea de defenderse y, en una situación como ésta, adquieren relevancia la defensa de casos porque permiten entender y difundir una problemática generalizada y porque las microvictorias, por más pequeñas que éstas sean, alientan a seguir adelante en la búsqueda de los resquicios que nos permitan liberarnos, aun cuando sea temporalmente, de ese yugo impuesto por empresas voraces y un Estado enclenque y timorato.
La Miscelánea

El organismo Sonora Ciudadana libre, en Hermosillo, una batalla para averiguar en dónde está un tesoro perdido. En 2007, la Conaculta de Sergio Vela le otorgó un donativo al Gobierno de Sonora por 10 millones de pesos para el Complejo Cultural MUSAS. Ahora resulta que se ignora la forma en que se gastó el dinero. Pareciera que a las autoridades estatales y municipales les comieron un pedazo de la lengua los ratones porque sólo responden que el dinero se ejerció, pero se rehúsan a dar más detalles.

Comentarios:

e-mail: saguayo@colmex.mx
JAjajajaa, el fútbol es cosa seria... y luego Germán Dehesa... La telenovela se llama: "También los intelectuales se zurran de coraje" ¡chiale!

Kikka Roja

TLCAN, bajo juicio en EU: Rogelio Ramírez de la O

TLCAN, bajo juicio en EU
Rogelio Ramírez de la O

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) está ya en el centro de los compromisos de campaña de Hillary Clinton y Barack Obama para su revisión. Según ellos, ha costado a Estados Unidos 3.7 millones de empleos manufactureros. La prioridad de los próximos años será salir lo mejor librados posible de una recesión y frenar el desempleo.

Aunque totalmente lógicos, estos pronunciamientos son recibidos por el gobierno mexicano como amenazas. Su falta de entendimiento del problema es en parte por anteponer la ideología a la realidad, en una mezcla de fe en el libre comercio con inocencia y falta de profundidad. También en parte porque en las últimas décadas el gobierno se acostumbró e influyó en varios centros y líderes de opinión para considerar la defensa de intereses nacionales como anticuada y populista.

Para empezar, el TLCAN nunca fue un tratado de libre comercio en su totalidad. Desde el inicio de las negociaciones ambos países salvaguardaron sectores de la competencia. Estados Unidos protegió su transporte marítimo; y el gobierno de Carlos Salinas protegió las telecomunicaciones y la banca. El resultado fue que aunque México ganó muchos empleos manufactureros hasta 2000, nuestra industria nunca afianzó su competitividad porque los sectores protegidos (telecomunicaciones, banca, cemento, transporte y otros) le vendieron sus insumos muy caros. Las ganancias del tratado fluyeron hacia estos sectores más que hacia el grueso de la industria.

Al mismo tiempo las tarifas acordadas para proteger la agricultura mexicana se fueron reduciendo hasta llegar a cero este año, perdiéndose millones de empleos agrícolas sin que el gobierno lograra un plan efectivo en 14 años. Algo debe andar muy mal para que hoy los productores agrícolas se nieguen a dialogar con el secretario de Agricultura.

Siempre supimos que un tratado entre países tan desiguales sería muy difícil, pues los productores de ambos tienen calidad de infraestructura y costos de crédito muy diferentes, para mencionar sólo dos variables que pueden causar pérdida de empleo. Por esa razón es que los únicos antecedentes y lecciones de comercio libre eran de los tratados europeos. Bélgica y Luxemburgo fueron el primer ejemplo de éxito, no sólo por ser economías con nivel de desarrollo similar, sino porque los tamaños de sus empresas eran muy similares: medianas y pequeñas en ambos lados de la frontera.

Más tarde el éxito se amplió en la Unión de Benelux, que incluyó a Holanda, y posteriormente convergió en la Comunidad Económica Europea. Pero la construcción de estos acuerdos tomó más de 60 años y no se hizo con precipitación y menos sin reconocer que los países de menor desarrollo no pueden participar a menos que reciban consideraciones especiales.

Compárese esta situación con los cambios de última hora que México aceptó para modificar en su contra el tratado en materia de azúcar mediante “cartas paralelas”, a fin de acallar la oposición de azucareros estadounidenses.

Quienes hoy se alarman por reclamos al TLCAN parecen desconocer estas cuestiones tan básicas. La problemática en EU es que perdió muchos empleos y sigue haciéndolo, aunque ya no hacia México. Para ser justos, los candidatos presidenciales no culpan sólo al TLCAN, sino a todos los tratados.

Pero aparte de mantener sectores privilegiados sin competencia externa, el gobierno cometió el gran error de no valorar al TLCAN con realismo, confundiéndolo con libre comercio a diestra y siniestra. Así, en lugar de concentrarse en preservar el empleo que ya estábamos generando, se dedicó a firmar tratados con todos los países que se lo solicitaron, abriéndoles nuestro mercado interno. No valoró que el TLCAN era la membresía a un club norteamericano al que no tenía acceso ningún otro país en desarrollo ni el peso de nuestro mercado interno.

Y hoy parece no entender que su misión en el TLCAN era desarrollarse y crear empleo. El mismo presidente Bush indicó el 28 de febrero que “a México hay que ayudarlo (con el TLCAN) a crear empleo para que reduzca la emigración”.

Hoy el TLCAN y, por asociación, la emigración de México son llamados a cuentas en EU. La revisión del tratado no implica, como muchos opinan erróneamente, que perderíamos todos los empleos hoy asociados a las exportaciones. Pero si el gobierno mexicano no tiene un nuevo plan de gran visión frente a EU —como así parece—, se expone a otro fracaso. Los pronunciamientos defensivos, como los hizo el embajador en Washington, Arturo Sarukhán, sólo exponen al gobierno a aparecer como un perdedor cuando el nuevo presidente lo llame a discutir el TLCAN.

rograo@gmail.com

Analista económico


Kikka Roja

VIDEO: Debate Dirigencia PRD: Miguel León López, Alfonso Ramírez Cuéllar, Alejandro Encinas, Camilo Valenzuela, Dina Navarro, Jesus Ortega



Pide Ramírez Cuéllar a Encinas ofrecer una disculpa pública
Intercambian nuevamente graves acusaciones por los vicios y deformaciones que tiene el partido, en el segundo y último debate entre candidatos a la dirigencia nacional del PRD
Jorge Octavio Ochoa y Adriana Floreán Chávez/corresponsal
El Universal
Morelia, Michoacán
Miércoles 05 de marzo de 2008 15:19 Los aspirantes a la dirigencia nacional del PRD intercambiaron hoy nuevamente graves acusaciones por los vicios y deformaciones que tiene este partido. Alfonso Ramírez Cuéllar pidió a Alejandro Encinas ofrecer una disculpa pública por haber distribuido, dijo, 6 millones de copias en todo el país de la carta en la que Andrés Manuel López Obrador pide el voto a los militantes en favor de Encinas. A su vez, Jesús Ortega tronó contra sus detractores y dijo que no lo pueden acusar de “tibio”, y aclaró que durante el conflicto pos electoral 2006, él participó en acciones radicales como fue la toma de la Bolsa Mexicana de Valores. Por su parte, atacó nuevamente al bloque de Nueva Izquierda que impulsó la reciente reforma electoral, la que catalogó como una “regresión grave”. Con esta reforma, insistió, se anuló entre, otras cosas, la efectividad del sufragio efectivo y se debilitó aún más al sistema político mexicano. Por su parte, Camilo Valenzuela insistió en su exigencia de posponer para junio próximo las elecciones internas del PRD, para subsanar los errores que han persistido en el proceso. A su vez, Gina Navarro ungió a su partido a tomar acciones en torno al tratado del libre comercio en el rubro del maíz y el frijol, ya que millones de mexicanos resultaron afectados. En este segundo y último debate el candidato mexiquense, Miguel León, declinó su candidatura en favor de Alejandro Encinas.
P.D. NO SE LE ACUSA DE TIBIO, SE LE PREGUNTA RESPETUOSAMENTE A CERCA DEL PADRON INFLADO
  • Acata Encinas detener distribución de cartas de apoyo
Cumple la orden de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia, de exhortar a sus simpatizantes a detener la distribución de la carta de apoyo de López Obrador a su candidatura

  • Pide Ramírez Cuéllar a Encinas ofrecer una disculpa pública 15:19
  • Declina León López en favor de Alejandro Encinas 14:53
  • Es necesario cambiar la imagen del PRD: Ortega 13:11
  • La izquierda debe tener visión estratégica: Encinas 12:40


  • Jorge Octavio Ochoa
    El Universal
    Morelia, Mich.
    Miércoles 05 de marzo de 2008 17:01 Bajo protesta, Alejandro Encinas Rodríguez cumplió la orden de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia de su partido, de exhortar a sus simpatizantes para detener la distribución de la carta de apoyo de Andrés Manuel López Obrador a su candidatura. Sin embargo, advirtió que se reserva el derecho de “recurrir” ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) los términos del veredicto porque, dijo, se le negaron sus derechos de audiencia y de defensa para presentar documentos de descargo. Aseguró no haber sido informado oficialmente del fallo de dicha Comisión y que se enteró a través de los medios de comunicación, porque “aunque no es tarea que le corresponda”, el secretario general del PRD, Guadalupe Acosta, lo difundió al filo de las 22:30 horas del martes a algunos cuantos. Catalogó de “unilateral” el resolutivo de la comisión porque, “afecta, agravia y vulnera” sus derechos políticos y las garantías que la norma interna del PRD y la propia legislación del país le otorgan. Ello, porque nunca fue notificado de la existencia de un recurso en su contra. También se violan sus derechos, añadió, porque en ningún momento se le requirió ningún tipo de información o de opinión, o declaración, respecto a este asunto. Además, dijo, “se vulneró mi derecho y mi garantía de audiencia”, que solicitó vía telefónica al comisionado Renato Sales y éste se la negó.

    Desigualdad, padrón inflado y propaganda ilegal, algunos defectos
    Reconocen aspirantes a dirigir el PRD anomalías en el proceso

    ■ Ramírez Cuéllar imputa irregularidades a los dos principales candidatos

    Alma E. Muñoz y Ernesto Martínez Elorriaga Enviada y corresponsal

    Alejandro Encinas, Camilo Valenzuela, Miguel León López, Jesús Ortega, Dina Rocío Navarro y Alfonso Ramírez Cuéllar, candidatos a la presidencia del PRD, al término del debate que sostuvieron ayer en la ciudad de Morelia Michoacán Alejandro Encinas, Camilo Valenzuela, Miguel León López, Jesús Ortega, Dina Rocío Navarro y Alfonso Ramírez Cuéllar, candidatos a la presidencia del PRD, al término del debate que sostuvieron ayer en la ciudad de Morelia Michoacán Foto: Notimex

    Morelia, Mich., 5 de marzo. En la recta final de la lucha por la presidencia nacional del PRD, los cinco aspirantes al cargo admitieron que la contienda interna se desarrolla bajo un esquema de irregularidades en el que privan inequidad, anomalías en el padrón y distribución ilegal de propaganda. Alfonso Ramírez Cuéllar acusó a Jesús Ortega y Alejandro Encinas, los dos candidatos favoritos para ganar, de ser los principales responsables de tal situación.

    Al primero lo cuestionó por haberse aliado con fuerzas políticas externas para obtener una votación mayoritaria en los comicios del próximo 16 de marzo. Al segundo –en favor de quien ayer declinó Miguel León López, otro de los aspirantes–, por la distribución de la carta de apoyo de Andrés Manuel López Obrador, al margen de lo señalado por el Comité Técnico Electoral. Ortega no tuvo respuestas contundentes a los cuestionamientos de que fue objeto por las anomalías en el listado nominal perredista y sus supuestos vínculos con gobiernos priístas y panistas.

    En cambió, resaltó que le molestan las acusaciones sin fundamento, “y más me molesta que venga esa acusación insidiosa de compañeros muy radicales en el discurso, pero muy sumisos en la práctica”. Recordó que participó, después de los comicios presidenciales de 2006, en todas las fases de la resistencia civil contra el fraude: “Yo tomé la Bolsa Mexicana de Valores, tomé la Secretaría de Hacienda y aquí, compañeros, hay testigos. Yo estuve en la primera trinchera, en la lucha más intensa y más difícil de nuestro partido. A mí no me van a acusar de tibieza. En todo caso, reflexionemos sobre la verdadera situación del partido, pero con una actitud sensata e inteligente para resolver los problemas”.

    Pero Ramírez Cuéllar no lo soltó: “Me parece que la política inteligente no es la del sometimiento a gobiernos del PRI y el PAN en estados de la República. No es inteligente perder el carácter opositor para tener complicidades con gobiernos locales”. Y hasta cuestionó que Ortega hablara de “principios éticos”. Ante las imputaciones, este último equiparó a su principal detractor en este debate, realizado en el bastión del perredismo, con un francotirador, porque “le tira a todo lo que se mueva en razón de impotencia”.

    Encinas también abonó en las acusaciones contra Jesús Ortega, al referirse al crecimiento del padrón por encima de los votos obtenidos en la pasada elección presidencial, y al tomar como ejemplo sobre la conducta de integrantes de Nueva Izquierda –de la cual es líder su oponente– el pronunciamiento de Ruth Zavaleta, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, para que los ministros de culto voten y sean votados. También mencionó la “sugerencia” de uno de los candidatos de ese grupo perredista en Guanajuato, Miguel Alonso Raya, de establecer alianzas con el PAN y con El Yunque.

    Como respuesta, Ortega resaltó –tres veces– que está en desacuerdo con Zavaleta y hasta dijo que “enfrentaría” modificaciones legales en ese sentido, porque está por el Estado laico. También se expresó en contra de establecer pactos con El Yunque, “como tampoco comparto la tesis que en alguna ocasión manejó la gobernadora de Zacatecas (Amalia García), de que se podían hacer alianzas hasta con el diablo”, le reviró a Encinas, quien es apoyado por la mandataria. “Cuidado –expresó–: hay que tener claridad en esa política”. Anticipó que, de ganar las elecciones, pedirá licencia para separarse de su corriente y demostrar sus verdaderas intenciones de dirigir a todos los perredistas. Alejandro Encinas también recibió lo suyo, cuando Ramírez Cuéllar, al inicio del debate, lo cuestionó porque se imprimieron 6 millones de copias de la carta firmada por López Obrador llamando a votar por el ex jefe de Gobierno capitalino, y con ello violó el acuerdo de la distribución de propaganda y el tope de campaña impuesto, además de un acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional del PRD al respecto.

    El ex funcionario capitalino se defendió y dijo que no hubo ningún acuerdo de la dirigencia partidista. Aseguró conocer el papel que está jugando el representante de Movimiento por la Democracia en este proceso interno, aunque no abundó sobre ello. Ramírez Cuéllar preguntó: “¿Por qué Alejandro Encinas violó el estatuto y mandó publicar y distribuir esta carta (la de López Obrador), cuando nuestra legalidad interna lo prohíbe? ¿Por qué superó el tope de campaña? “La congruencia empieza por lo más elemental; es lo mismo que estamos pidiendo. A mí nadie me ha encomendado ser presidente del partido, pero sí quiero someter al PRD a grandes reformas”, planteó como despedida.

    En el debate quedó rezagada Dina Rocío Navarro, otra de las aspirantes a la presidencia nacional del sol azteca, quien exigió respeto a la igualdad de género y unidad partidaria. Sobre esto mismo se pronunció Miguel León López antes de declinar en favor de Alejandro Encinas. Camilo Valenzuela, otro de los candidatos, insistió en su propuesta de postergar las elecciones internas hasta junio –aunque esta demanda ya fue rechazada por la mayoría del CEN y por el resto de los aspirantes–, con el argumento de la desigualdad y las irregularidades que han permeado el proceso. Durante sus participaciones en el debate, moderado por el académico del Instituto Tecnológico de Monterrey José Fernández Santillán, se pronunció porque el PRD asuma la movilización de masas como único camino para rescatar a México.

    Ponemos a su disposición el video con el debate.

    Debate parte I



    . .


    www.radioamlo.tv

    Del debate podemos rescatar que Miguel León López declinó a su aspiración en favor de Alejandro Encinas.


    Voz e imagen de la resistencia civil pacifica

    Kikka Roja

    Astillero: Gasolineras Mouriño, un (mal) ejemplo

    Julio Hernández López
    Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

    ■ Gasolineras Mouriño, un (mal) ejemplo

    ■ Convenios cierran paso a extranjeros

    ■ Pero españoles operan franquicias

    ■ Pemex debería rescindir 31 licencias

    Pemex debería revisar su relación contractual con las empresas distribuidoras de gasolina de la familia Mouriño en el sureste del país y, consecuentemente, rescindirla, pues en el modelo de convenio que la paraestatal realiza con particulares en materia de franquicias establece con claridad y sin excepciones que esos negocios están reservados para sociedades integradas por mexicanos, con absoluta exclusión de extranjeros en cualquier modalidad. Tal estipulación ha sido larga y ostentosamente violada cuando menos por el ciudadano español Carlos Mouriño Atanes, padre de Juan Camilo, y probablemente por el hijo del primero y hermano del segundo, Carlos Mouriño Terrazo, quien ha desempeñado funciones directivas en las surtidoras de combustible a pesar de que siempre se ha asumido como español y nunca como mexicano (a menos que también le hayan fabricado un expediente patito de conversión ciudadana del que hasta ahora no ha informado a nadie).

    El “Contrato de franquicia para estación de servicio” que deben celebrar Pemex Refinación y los interesados en esos negocios estipula en el apartado 2.4 de la sección “Declaraciones” de ambas partes y, más delante, con la misma redacción, en el numeral 6.2 de la cláusula sexta, referida a las “obligaciones de las partes”, el compromiso del aspirante a franquiciatario de que la suya “es una sociedad de nacionalidad mexicana y cuenta en sus estatutos sociales con cláusulas de exclusión de extranjeros, de conformidad con los artículos segundo y sexto de la Ley de Inversión Extranjera, por lo que no cuenta con participación accionaria y/o social extranjera, ni es administrada directa ni indirectamente, ni tiene participación como socios o accionistas a inversionistas extranjeros, ni a sociedades con cláusulas de admisión de extranjeros. La inversión extranjera no podrá participar en la sociedad directamente ni a través de fideicomisos, convenios, pactos sociales o estatutarios, esquemas de piramidación, inversión neutra o cualquier acto, por virtud del cual se le otorgue control o participación alguna”. En la siguiente “Declaración”, la 2.5 de esos contratos, se determina que el buscador de franquicias “no ha celebrado u otorgado antes de la fecha de firma de este contrato o durante la vigencia de la misma, ningún mandato o poder a favor de extranjero(s), mediante el cual se comprometa el patrimonio, los derechos y obligaciones relacionados con el presente Contrato de Franquicia Pemex”.

    Pues bien, dado que de manera pública y notoria se sabe, por declaraciones de ellos mismos, que la fuente original del enriquecimiento del español Carlos Mouriño Atanes y de sus hijos hispanos han sido las mencionadas franquicias (actualmente tienen 31 estaciones de gasolina en el sureste del país), procedería aplicar lo establecido en “Causales de rescisión”, cláusula decimasexta, numeral 10, donde se menciona que “sin necesidad de declaración judicial” alguna ni “previa aplicación de penas convencionales”, los convenios pueden ser cancelados si el franquiciatario permite “directa o indirectamente la participación accionaria y/o social extranjera o incumpla de cualquier forma la obligación pactada en el numeral 6.2 de la cláusula sexta del presente contrato”.

    La indagación sobre la manera en que los españoles Mouriño se hicieron de concesiones o franquicias para gasolineras es importante porque, hasta hace años, esos beneficios se obtenían mediante procesos frecuentemente relacionados con la corrupción política. Luego, cuando se abrió la posibilidad de que cualquier interesado pudiese instalar una estación de combustibles mediante franquicias, se establecieron reglas que, como se ve, fueron expresa y constantemente violadas. Añádase el hecho conocidísimo de que las gasolineras del Grupo Energético del Sureste suelen dar litros de a 900 mililitros (merma mayor al 0.56 por ciento) y se tendrá una visión empresarial muy distante a la idílica e infantil que difundió en días pasados el entrampado secretario de Gobernación. Otro punto de necesario esclarecimiento es el relacionado con la muy difundida función del español Mouriño Atanes como recaudador y aportador de fondos para la campaña de Vicente Fox y, antes, de candidatos presidenciales priístas, incluido el históricamente derrotado Francisco Labastida Ochoa; recuérdese que, según las disposiciones vigentes, está prohibido a los extranjeros participar en actividades políticas mexicanas.

    Y, ya que de probanzas legales se trata, la Federación Campechana de Jóvenes sin Acciones de Empresas Familiares por Abandonar (para Sacrificarse por la Patria) pregunta al Niño Héroe de Madrid, Juan Camilo Mouriño Terrazo, en dónde hizo su servicio militar nacional o dónde hay constancia de que no le hubiera tocado cumplir con esa obligación cívica ciertamente más enfadosa (y por tanto más meritorio su cumplimiento) que dejar a la familia en Campeche (para deambular en el DF por antros y fiestas varias), renunciar a acciones de empresas familiares (que siempre encontrarán manera de retribuir sesgadamente a aquel de sus miembros que ofrendaron a la patria como servidor público) y la monserga de vivir entre chilangos cuando la comodidad pleonásticamente campechana es más sabrosa.

    Mientras tanto, Juan Camilo, el apoderado legal de la empresa de transportaciones políticas Ivancar-Bucareli, huía ayer hacia delante a toda velocidad. Pronunció discurso en circunstancias propicias para el esclarecimiento, la puntualización o el deslinde y prefirió la evasión, consolidando la percepción de que no sabe cómo salir del atolladero de conflictos de intereses en que ha sido (feli)pillado. Por su parte, los panistas, divididos, aprobaban en el Senado y reculaban en San Lázaro respecto a una comisión legislativa propuesta para investigar los negocios del ¿todavía? favorito de Los Pinos. Y, con Germánico Martínez equiparando a Mouriño con René Bejarano en un artículo periodístico, ¡hasta mañana, mientras Javier Lozano ha entregado, gulp, las primeras propuestas de reforma en materia laboral!


    Kikka Roja

    El montaje de Uribe : El gobierno colombiano absolutamente ilegal

    El montaje de Uribe
    Editorial LA JORNADA
    Con el telón de fondo del conflicto desatado a raíz de la matanza perpetrada por militares colombianos en territorio ecuatoriano, durante la cual fue asesinado el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Raúl Reyes, y que ha derivado en el rompimiento de relaciones diplomáticas de Ecuador y Venezuela con Colombia, el presidente de este último país, Álvaro Uribe, se ha encargado de enrarecer el panorama al lanzar acusaciones tan severas como poco verosímiles contra sus homólogos Rafael Correa y Hugo Chávez.

    Con base en documentos supuestamente hallados en unas inciertas computadoras portátiles del insurgente muerto, el gobierno colombiano ha señalado la existencia de “acuerdos del grupo terrorista de las FARC y los gobiernos de Ecuador y Venezuela”. El propio Uribe afirmó ayer que denunciará al mandatario venezolano ante la Corte Penal Internacional de La Haya por “patrocinio y financiación a genocidas”, lo que fue calificado por Caracas de “risible amenaza”.

    De su lado, Rafael Correa convocó ayer a la comunidad internacional a “cerrar filas alrededor del principio, la ética y el derecho que deben guardar las relaciones internacionales”; condenó nuevamente el bombardeo del ejército colombiano en el norte de Ecuador, en la medida en que fue un atentado contra la soberanía de ese país y porque, además, la agresión frustró las negociaciones que su gobierno sostenía con las FARC para liberar a una docena de rehenes, entre los cuales se encontraba la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt.

    Las acusaciones del gobierno colombiano se inscriben en una cadena de inconsistencias con respecto a los acontecimientos del sábado pasado. Ha de recordarse que en un principio, las autoridades colombianas afirmaron que durante el operativo no se violó en momento alguno la soberanía de Ecuador; incluso Uribe agradeció públicamente al presidente Correa, a quien dijo haber mantenido al tanto de los hechos. Más tarde se aseguró que las milicias colombianas sí habían entrado a territorio ecuatoriano, pero que lo habían hecho en persecución de los guerrilleros y en todo momento actuaron en defensa propia, cuando se ha comprobado que los insurgentes fueron asesinados a mansalva, posiblemente mientras dormían.

    Resulta poco verosímil, además, que los equipos de cómputo de supuesta propiedad de Reyes hubiesen sobrevivido a las explosiones y, en todo caso, no parecería lógico que el líder guerrillero portara la información a la que ha hecho referencia Uribe. Los señalamientos y las supuestas pruebas que vinculan a Correa con la guerrilla tienen toda la apariencia de un montaje del presidente colombiano y constituyen un agravio no sólo para el pueblo ecuatoriano, sino para el conjunto de la opinión pública internacional y hasta para la inteligencia humana.

    Lo que queda claro, en cambio, es que por medio de estas maquinaciones se pretende llevar a escala regional un conflicto local, añejo y exacerbado, para el cual el gobierno de Uribe no ha podido ofrecer una solución; en cambio, ha torpedeado en forma sistemática todos los intentos surgidos dentro y fuera de Colombia por solucionarlo.

    La versión de Correa, en cambio, no presenta inconsistencias ni constituye una suma de improbabilidades, y ha sido confirmada por el gobierno de Francia, cuya cancillería afirmó que Raúl Reyes era su contacto con las FARC para negociar la liberación de Betancourt y Bogotá estaba al tanto de lo anterior, lo que pone en evidencia la traición del gobierno de Colombia, al romper el hilo fundamental de una gestión humanitaria que habría contribuido a acabar con el sufrimiento de un nuevo grupo de prisioneros de la guerrilla y de sus familias.

    La agresión contra el territorio ecuatoriano confirma, pues, el afán del gobierno de Uribe por impedir toda posibilidad de un canje humanitario con la guerrilla. Su embestida contra los gobiernos de Venezuela y Ecuador denota, por un lado, la hostilidad que provocan en el Palacio de Nariño las posiciones dialogantes y favorables a un arreglo pacífico, como las que han sostenido Quito y Caracas y, por el otro, la mano, no tan invisible, de Washington.

    Y es que una perspectiva de paz en Colombia no sólo reforzaría el fracaso de la política militarista de Uribe, sino que haría perder sentido al Plan Colombia, instrumento central del injerencismo estadunidense en Sudamérica, y cuyo objetivo último no es el narcotráfico –con el que Uribe ha estado vinculado, según medios de prensa estadunidenses y colombianos– y tal vez ni siquiera las FARC, sino los gobiernos venezolano, boliviano y ecuatoriano.

    La incursión militar ordenada o tolerada por Uribe contra el territorio de un país vecino es una inequívoca violación de la legalidad internacional. Para colmo, el presidente colombiano, en vez de reconocer su falta, ha urdido una historia insostenible para presentar a la víctima como agresora y para derivar el conflicto interno que no puede o no quiere resolver hacia una escalda regional muy conveniente para los designios intervencionistas de la administración de George W. Bush. El ataque y las mentiras subsiguientes merecen una enérgica condena de la comunidad internacional, y en particular en el seno de la Organización de Estados Americanos.

    Kikka Roja

    Comision para investigar a Mouriño: Panistas al rescate del delincuente

    En el Senado fue fundamental la decisión de Manlio Fabio Beltrones de sumarse a la propuesta
    Crearán ambas cámaras comisión para investigar el caso Mouriño

    La postura de los priístas en Xicoténcatl tomó por sorpresa a los legisladores del blanquiazul

    Andrea Becerril y Víctor Ballinas

    En el Senado de la República se acordó ayer integrar una comisión que investigue el presunto tráfico de influencias y otros delitos en los que habría incurrido el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, en el sexenio pasado, al obtener diversos contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex) para sus empresas familiares cuando ya desempeñaba cargos públicos. La decisión del coordinador de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones, de sumarse a la propuesta de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia, fue fundamental para integrar la comisión, ya que se requiere que 50 por ciento de los senadores lo solicite. Hasta ayer había ya 64 firmas, por lo que el martes próximo se integrará esa comisión especial que investigará todo lo referente a la forma en que, entre 2002 y 2007, Pemex asignó sin licitación de por medio contratos a empresas en las que Mouriño Terrazo aparece como apoderado legal.

    La decisión de los priístas tomó por sorpresa a los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), quienes salieron de inmediato en defensa de Mouriño. El coordinador del blanquiazul, Santiago Creel Miranda, declaró que el Senado no puede convertirse en una mesa del Ministerio Público, y aunque sostuvo que están “en total apertura” para que se investiguen las acusaciones, advirtió que no aceptarán “juicios sumarios”, cuando debe prevalecer la presunción de inocencia. Por la mañana, durante una entrevista televisiva, Beltrones dijo que el secretario de Gobernación debe renunciar si se prueban las acusaciones que se han formulado en su contra, ya que hasta el momento sólo se ha dedicado a negar que existen las pruebas. Dijo que Felipe Calderón debe explicar públicamente las presuntas irregularidades en las que incurrió su secretario de Gobernación.

    Más tarde a través del vocero de su bancada, Carlos Jiménez Macías, corroboró el aval priísta para conformar la comisión especial, “sin asumir de antemano culpabilidades”. Al presentar ante el pleno la propuesta del Frente Amplio Progresista (FAP), el coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete Ruiz, aclaró que “no se trata de vendetas o de escándalos mediáticos”, sino de esclarecer un asunto delicado que tiene que ver con la tendencia que se ha dado sexenio tras sexenio, “de confundir la función pública con los negocios privados”. El Congreso de la Unión, recalcó, no puede ignorar ni ver como incidente la forma en que la empresa Transportes Especializados Ivancar SA, por medio de su apoderado, Juan Camilo Mouriño, signó contratos con Pemex para la prestación de servicios a pesar de estar imposibilitado para ello, ya que era asesor del entonces secretario de Energía, Felipe Calderón, y luego subsecretario de la dependencia.

    Los senadores del PAN seguían con el ceño fruncido la intervención del perredista, pero casi saltaron de su escaño cuando dio a conocer que el PRI respaldaba la propuesta, que contaba ya con el voto de 64 legisladores. De inmediato, todos voltearon hacia el lugar de Beltrones, quien conversaba con María de los Angeles Moreno y Jesús Murillo Karam. Por la mañana, Santiago Creel puso a debate el tema al interior de su bancada –para esas horas sabía ya que el PRI iba con el FAP– y de inmediato el grupo de senadores más afines a Mouriño, entre ellos Guillermo Anaya y Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, advirtieron que se debía defender a ultranza al secretario de Gobernación. Hubo consenso en arroparlo, aunque varios senadores blanquiazules expresaron que no se debía obstaculizar las investigaciones.

    El coordinador de los senadores del Verde Ecologista, Francisco Agundis, se apresuró a salir en defensa del funcionario federal, al que calificó de “hombre recto, con probidad”, aunque dijo que si la comisión se integra sin duda participarán. La comisión se conformará el martes próximo, en que está citada la Junta de Coordinación Política del Senado. Ahí se decidirá quién la preside y el número de integrantes.

    Ante industriales, Mouriño prefiere hablar de logros del gobierno en vez de legalidad
    Alonso Urrutia
    Lo convocaron para que hablara acerca de la “cultura de la legalidad” y cerrara así los trabajos de la asamblea de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra). En respuesta, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, apenas dedicó una línea al tema y optó por llamar a los partidos a continuar en la búsqueda de consensos, destacando que los acuerdos que han alcanzado el Ejecutivo y el Congreso se han traducido en reformas estructurales que durante años no fue posible concretar.

    Leonel Cota Montaño, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), consideró ayer que el caso de Juan Camilo Mouriño es la prueba de fuego para Felipe Calderón Hinojosa. “Con esto habremos de ver hasta dónde llega la complicidad del michoacano”, subrayó.


    Kikka Roja

    QUE RUTH ZAVALETA YA NO TIENE FACULTADES NI MENTALES: MEDALLA PELELE

    No fue avalado por diputados de la Comisión de Gobernación
    Aprueba PRIAN inexistente dictamen para que el Presidente reciba presea

    Enrique Méndez y Roberto Garduño

    En un inédito debate que se dio desde las curules y no en tribuna, la mayoría de PRI y PAN aprobó un inexistente dictamen para autorizar al presidente Felipe Calderón aceptar y utilizar la medalla de la Orden Nacional Doctor José Matías Delgado, en grado de Gran Cruz Placa de Oro, que le concedió el gobierno de El Salvador.

    El documento votado consta de dos párrafos, no contiene exposición de motivos y fue dado en “la sala de comisiones” de la Cámara, que no existe, y no se aprobó en la Comisión de Gobernación, sino que sólo se recabaron las firmas de 15 integrantes de esa instancia, incluida la del perredista Francisco Santos Arreola, quien ayer confesó haber suscrito el texto sin saber de qué se trataba.

    A lo largo de una agitada discusión, el presidente de la comisión, Diódoro Carrasco Altamirano, admitió que el supuesto dictamen sí contenía vicios de origen, y para avalar el trámite parlamentario la presidenta de la mesa directiva, Ruth Zavaleta, afirmó: “todas las corcholatas se han votado de esta manera”.

    Sin embargo, tras su yerro declarativo, pidió desde su lugar que el pleno votara solicitar a la Dirección de Crónica Parlamentaria que se eliminara la expresión corcholata, como se denomina en la jerga legislativa a los permisos para utilizar medallas, condecoraciones y autorización a ciudadanos para trabajar para gobiernos extranjeros.

    El desliz de Zavaleta fue corregido, desde sus curules, por sus compañeros Javier González Garza, coordinador de la bancada del PRD, y Alfonso Suárez del Real. “No estamos discutiendo corcholatas”, señaló González Garza. “pero el fondo es que si tenemos algo que va en contra de la reglamentación, el pleno no lo puede subsanar”.

    Ante la preocupación de los panistas porque el tiempo transcurría y Calderón ya viajaba hacia El Salvador, Suárez del Real sugirió a la presidenta de la mesa directiva referirse con respeto a las condecoraciones de gobiernos extranjeros. “No los denigremos, pero esta legislatura está a punto de abonar a un procedimiento fast track que lastima esa decisión de gobiernos de otros países”, expresó.

    Así que en las intervenciones de Zavaleta, Crónica Parlamentaria sustituyó la palabra “corcholata” por “condecoración”, pero la dejó en la intervención de González Garza y así se pretendió corregir el dislate.

    El debate consumió casi la mitad de la sesión ordinaria, después de que el jueves pasado, ante la imposibilidad de que se aprobara el “dictamen”, el presidente en turno de la mesa directiva, el panista Cristian Castaño, “canceló” la sesión de ese día.

    Diódoro Carrasco arguyó que como las condecoraciones no son más que “trámites protocolarios” y, por tanto, no se requiere que la Comisión de Gobernación vote un dictamen, la perredista Valentina Batres solicitó a Ruth Zavaleta no admitir a trámite el documento y que se devolviera, a partir de una moción suspensiva que presentó el jueves.

    “Yo no tengo facultades para regresar el dictamen, puesto que hablamos de un vicio de procedimiento”, atajó Zavaleta. En respuesta, desde su curul, el perredista Cuauhtémoc Sandoval resaltó que el pleno no podía “aceptar darle trámite a un vicio de origen”, y agregó: “Es inaceptable que el diputado Diódoro, nada más por sus pistolas, no convocara a la comisión, y entonces hay un vicio que usted no puede avalar”.

    Molesta, Zavaleta reviró: “Para eso está el pleno, para subsanar los vicios de procedimiento”. Al otro lado del salón, el panista Juan José Rodríguez Prats afirmó que negar a Calderón el permiso para aceptar y usar la medalla rompería con el protocolo y el ritual del gobierno de El Salvador, que concede la Orden Nacional a los mandatarios que visitan por primera vez ese país. “Sería una gran ofensa, una gran lástima, ¡una gran herida!”, exclamó.

    A pesar de todos los argumentos, la mayoría priísta y panista aprobó el “dictamen” por 285 votos en favor, nueve en contra y cinco abstenciones. Los diputados del Frente Amplio Progresista optaron por no votar.

    FECAL NO MERECE MÁS QUE EL REPUDIO DE LA NACIÓN POR LADRON
    A RUTH ZAVALETA ¡NO LE SUBE EL AGUA AL TINACO!

    Kikka Roja

    ¿Daño moral? Onesimo Cepeda la gente está harta de la iglesia

    El PRD deberá pagarle sólo cien mil pesos como indemnización
    Revés para Onésimo Cepeda en demanda de reparación moral

    ■ El obispo de Ecatepec había pedido originalmente $750 millones

    Alfredo Méndez

    En una imagen de marzo de 2004, el obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, quien demandó al presidente nacional del PRD, Leonel Cota, por "daño moral" En una imagen de marzo de 2004, el obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, quien demandó al presidente nacional del PRD, Leonel Cota, por “daño moral” Foto: Marco Peláez

    El obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda Silva, recibió esta semana un revés judicial que implica un ahorro millonario para el PRD: la décima sala civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal determinó reducir la indemnización de 2 millones de pesos a cien mil por concepto de reparación de daño moral causado al prelado por el líder del sol azteca, Leonel Cota, quien en 2006 criticó públicamente al sacerdote.

    Además, el tribunal eliminó la obligación del PRD de publicar un extracto del fallo en dos periódicos nacionales y en el espacio noticioso que en la televisión dirige Joaquín López Dóriga, y ahora sólo deberá hacerlo en la página de Internet del partido.

    El órgano jurisdiccional confirmó en su fallo parte de la resolución emitida en agosto pasado por Sandra Luz Díaz Ortiz, titular del juzgado 35 en materia civil, respecto de que quien debe indemnizar a Cepeda Silva es el instituto político y no su dirigente nacional.

    Cota Montaño dijo hace dos años, en el noticiario estelar de Televisa, que el obispo de Ecatepec es “reaccionario” y “mercader de la religión y la política”.

    En respuesta, el prelado presentó una demanda civil en contra del partido y de Cota Montaño por las críticas públicas que le hizo éste.

    En la sentencia de segunda instancia el tribunal concluyó que el PRD fue condenado al pago de la reparación del daño moral porque se demostró que tenía la intención “dolosa” de denostar públicamente a Cepeda Silva.

    Sin embargo, consideró que era desmedido el monto de la indemnización de 2 millones de pesos fijado por la juez Díaz Ortiz.

    Onésimo Cepeda cuenta con 15 días hábiles para inconformarse con la resolución mediante una demanda de amparo directo que se tramitaría en el ámbito de la justicia federal.

    Los ataques verbales entre el obispo de Ecatepec y Cota Montaño empezaron el 28 de noviembre de 2006, cuando Cepeda Silva calificó de “estupidez” las críticas que hizo el ex candidato presidencial del PRD Andrés Manuel López Obrador al Instituto Federal Electoral.

    En aquella ocasión, el prelado envió un mensaje a López Obrador: “La estás regando. No la riegues, porque te vas a quemar”. Y se refirió a los abanderados de otros partidos como “candidatos de altura”.

    Cota Montaño contestó ante los medios de comunicación las declaraciones del obispo, a quien acusó de cínico por sus posiciones reaccionarias.

    El perredista Gerardo Fernández Noroña también entró a la guerra de declaraciones y denunció que alguien le estaría pagando al obispo Cepeda Silva para hablar en contra del PRD. En su demanda inicial el jerarca y la diócesis de Ecatepec demandaron por la vía civil a Cota Montaño y al PRD por presunto daño moral, y pidieron una indemnización de 750 millones de pesos.

    CUAL DAÑO MORAL, YA SE SABE QUE LOS CURITAS VIVEN COMO REYES A COSTILLAS DE LOS POBRES, ¿Y LA GENTE VIOLADA? ¿Y LOS CURAS TEPOROCHOS? ¿Y LOS CURAS QUE MANDAN MATAR A SUS HIJOS?

    750 MILLONES QUE SALDRÍAN DEL ERARIO, Y TODAVIA QUIEREN SER VOTADOS, EL ROBO COMPLETO. PERO NUNCA JUSTICIA PARA LA VICTIMAS DE LA IGLESIA.

    ¿SABRÁ LEER RUTH ZAVALETA? NO, LA IGLESIA LA TIENE AMENAZADA CON EXCOMULGARLA SI NO METE LEGALMENTE A LOS CURITAS EN LA POLITICA
    ¡QUE ASCO DE VIEJA!

    Kikka Roja

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