BUSCA, BUSCADOR

miércoles, 12 de marzo de 2008

VIDEO: MENSAJE JESUSA RODRIGUEZ MOVIMIENTO EN DEFENSA DEL PETROLEO


http://video.google.es/

  • EL MOVIMIENTO YA "AMARRÓ" EN LOS 32 ESTADOS DE LA REPÚBLICA
  • RECUERDEN QUE AQUEL QUE LLEVE VIOLENCIA EN LOS MÍTINES, ES UN PROVOCADOR ALIADO DE CALDERÓN
  • LA RECOMENDACIÓN FUNDAMENTAL ES IR PACÍFICAMENTE
  • EL MOVIMIENTO ES TOTALMENTE PACIFICO
  • TODOS AL ZOCALO CON AMLO EL 18 DE MARZO 2008, SIN VIOLENCIA.
  • NO SE DISTRAIGAN SI TOCAN LAS CAMPANAS DE CATEDRAL, TODOS ATENTOS A LOS ACTOS DE PROVOCACION PARA NO RESPONDER A ELLOS.
  • Y AQUEL QUE LE DE CORAJE, A VER CON QUE SE LO BAJA, SEAN INTELIGENTES.
  • DEFIENDAN CON DIGNIDAD AL PAIS Y VAMOS A CELEBRAR EL 18 DE MARZO CON ALEGRIA Y ENTUSIASMO.

http://lopezobradordvds.blogspot.com/
VIDEO VÍA SENDERO DEL PEJE
Kikka Roja

Ayer el PRD tomó la tribuna, hoy: Ruth Zalaveta pide la renuncia de Mouriño y Graco Ramirez pide arraigo de Oswaldo Machado Martínez pieza clave

AUDIO MOURIÑO EN CONFERNCIA DE PRENSA:
RECUERDEN QUE LOS CHUCHOS SON LOS FAVORITOS DEL PAN: JESUS ORTEGA Y RUTH ZAVALETA ( CHUCHOS GRUPILLO DEL PRD) ERAN O SON ALIADOS DE LOS PANISTAS. ¿QUE RAYOS LES PASA A LOS CHUCHOS? ¡mordiendo la mano que los alimenta!



  • Juan Camilo Mouriño debe renunciar: Ruth Zavaleta 11:28
  • El pesado expediente Mouriño
  • Gobierno federal indaga si Mouriño infringió ley
  • PRD en Senado exhibe más pruebas contra ‘Iván’
  • Investiga ya PGR el caso Mouriño
  • Apapachan a ‘Iván ’ en la Presidencia

  • Podcast. AUDIO DE Mouriño en conferencia de prensa
  • Editorial. Desgaste innecesario
  • Ricardo Alemán. Sí, mohína; pero también ilícito
  • Alfonso Zárate. ¿Tráfico de influencias o abuso de poder?
  • Bajo reserva. Los reflectores se mudaron en unas cuantas horas
  • Arturo Zárate Vite El Universal Ciudad de México Miércoles 12 de marzo de 2008

    12:47 El secretario de la Comisión de Energía del Senado, Graco Ramírez, solicitó el arraigo del ingeniero Oswaldo Machado Martínez, gerente de transporte terrestre de Pemex Refinación, porque en su opinión es un funcionario clave para aclarar los contratos que firmó Juan Camilo Mouriño. Según el senador perredista, desde anoche recibió información de que están presionando a ese funcionario para que desaparezca o se vaya del país. Por ello, consideró que es necesario que la Procuraduría General de la República (PGR) actúe de inmediato y lo arraigue, para que proteja su vida y sea un testigo fundamental en este asunto. De acuerdo con Graco Ramírez, dicho funcionario tiene abundante información sobre los contratos que adjudicó Pemex a la empresa de la familia Mouriño. El senador también planteó que el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, debería de renunciar para que no utilice el cargo en su favor y para librarse de la justicia. Por su parte, Santiago Creel, del PAN, sostuvo que deben ser la PGR y la Secretaría de la Función Pública las que lleven a cabo las investigaciones. mzro


    Kikka Roja

    Lucia Morett Declaración | ALVARO URIBE ASESINO DE MEXICANOS: prefiere una demanda que LIBERAR a Ingrid Betancourt

    ■ El fiscal general de Ecuador tomó la declaración a la estudiante mexicana en el hospital
    Los soldados colombianos remataron a gente herida o que se había rendido: Lucía Morett
    ■ La Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos confía en que el gobierno mexicano actúe

    Blanche Petrich

    La estudiante mexicana Lucía Morett presentó ayer su primera declaración ministerial ante el fiscal general de Ecuador, William Pesantez, en el Hospital Militar de Quito, y dio testimonio de cómo los soldados colombianos que bombardearon el campamento de las FARC en la zona de Sucumbios –de donde se han rescatado, hasta ahora, los cadáveres de cinco mujeres y 17 hombres– remataron a heridos y a gente que se había rendido.Las otras dos sobrevivientes de la masacre, Doris Bohórquez y Martha Pérez, dos colombianas retenidas a la fuerza en el campamento para hacer el trabajo doméstico, ratificaron con sus declaraciones esa afirmación. “Los soldados les gritaban ríndanse, les vamos a respetar la vida, y una vez que se iban rindiendo, los iban matando”, sostuvo en entrevista el secretario general de la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (Aldhu), Juan de Dios Parra. El jurista, que representa a las tres sobrevivientes en la demanda contra Colombia por acto de guerra ilegítimo, acto de invasión en el que se usaron bombas de fragmentación, aniquilamiento de heridos y abandono de lesionados en el lugar, entre otros delitos contra el derecho humanitario, expresó que la Aldhu y las organizaciones humanitarias ecuatorianas “aspiramos a tener el apoyo del gobierno mexicano”.

    Informó que, además de esta vía, se estudia la posibilidad de presentar el caso ante la Corte Penal Internacional, ya que se trató de un ataque militar contra un grupo de estudiantes mexicanos, todos civiles, que estaban de forma legal en Ecuador, donde sus actividades eran lícitas. “Claro que primero hay que derrotar esta etapa inicial del proceso en el que se pretendió culpar a las víctimas de ser guerrilleros y terroristas, como si eso justificara el hecho de que fueron masacrados.”

    –¿Qué expectativas tienen sobre el gobierno mexicano?

    –Todo país soberano debe proteger a sus nacionales fuera de sus fronteras. México lo ha hecho en el pasado con mucha energía, y esperamos que ahora no sea la excepción. Estos chicos eran estudiantes civiles que estaban legalmente aquí, sus actividades eran lícitas y así lo ha certificado la propia Fiscalía General. Por tanto, son víctimas de una masacre.

    “Las autoridades mexicanas determinarán qué hacer, pero nosotros sí vamos a recurrir la próxima semana al Ministerio Público en México y a las autoridades respectivas, en demanda de protección de su gente y de sus derechos. Si no lo hacen, será el pueblo mexicano el que juzgue esta conducta. Nosotros como sociedad civil latinoamericana no vamos a descansar hasta que estos crímenes sean castigados y no queden en la impunidad”, indicó. La Aldhu entregó a la fiscalía ecuatoriana toda la documentación que certifica que los jóvenes mexicanos entraron con visa de turismo por 40 días, en los que visitaron varias universidades y se entrevistaron con líderes sociales e indígenas. Además presentaron en el segundo Congreso Continental Bolivariano, en Quito, entre el 25 y 27 de febrero, una obra de teatro de la cual hay un video.“Ahí alguien les propuso ir a conocer un campamento de las FARC”, relató Parra, al referir el contenido de la diligencia de ayer en el Hospital Militar. “Les entusiasmó la idea, primero por curiosidad y luego porque algunos estaban trabajando su tesis sobre movimientos de América Latina.“El 28 de febrero fueron por tierra en autobús a Lago Agrio, que es la ciudad más cercana a la frontera.

    Llegaron el 29 por la mañana, dieron unas vueltas por la ciudad y ahí los contactó un hombre, un adulto de pocas palabras, vestido de civil, que los condujo en un vehículo unas dos horas, poco más. Luego los subieron a una lancha, fueron por un río y caminaron mucho tiempo hasta llegar al campamento clandestino de las FARC alrededor de las seis de la tarde del día 29.“Ahí los habría recibido una mujer que les señaló el lugar donde les dieron de comer y les asignaron los sitios para dormir. Al día siguiente iban a iniciar las entrevistas y las actividades, pero esa misma noche fue el bombardeo. ”Lucía Morett relató que el bombardeo fue en dos etapas. Ella quedó herida porque se protegió con una mochila. Explicó que después de unos minutos arribaron los soldados. Cinco de ellos la rodearon, la iluminaron, ella les decía que era mexicana, estudiante. Relató algún acoso sexual al que fue sometida. Más tarde llegó otra ola de efectivos colombianos, pero con otro uniforme, que se identificaron como policías. No la mataron, pero ella refiere que escuchaba ráfagas de disparos contra grupos de gente que estaba rendida o herida. Después la trasladaron a un sitio más alto, bajo un techo, porque ya estaba alto el sol. Y ahí la abandonaron. La joven tiene una herida de 10 centímetros de profundidad en un glúteo, infectada y de difícil cicatrización. Ha estado varias veces en el quirófano. Parra indicó que durante toda la diligencia de ayer ante el fiscal fue acompañada por el embajador y el cónsul de México. “Eso la reconfortó, porque hasta anoche estaba muy dolida, sentía que su embajada la había poco menos que abandonado.”

    Ayer llegó a Quito la familia de Fernando Franco, y su cadáver fue identificado, así como el de Juan González del Castillo. Se espera para hoy el arribo de la familia de Verónica Natalia Velázquez Ramírez. La embajada mexicana también logró contactar a la familia de Soren Ulises Avilés, egresado del Instituto Politécnico Nacional.


    SRE: familiares de las víctimas pueden actuar “como consideren pertinente”
    Georgina Saldierna
    Padres de víctimas mexicanas demandarán a Colombia ante instancias internacionales
    Emir Olivares y agencias
    Los padres de los estudiantes mexicanos que se encontraban en el campamento de las FARC atacado en Ecuador anunciaron que demandarán internacionalmente a Colombia, pues consideraron estos hechos como una irrupción “genocida” y un “crimen de Estado”.
    Enérgica condena, pide el PRD
    Víctor Ballinas y Andrea Becerril

    Kikka Roja

    Mouriño no renuncia porque está en el poder, de pendejo se va, se caerían sus amigotes

    PERO, VAMOS A VER CÓMO LE HACE CALDERÓN PARA SEGUIR GOBERNANDO SU ESPURIATO. LA USURPACIÓN DE LA PRESIDENCIA MEXICANA ESTÁ "PRENDIDA CON ALFILERES", que tal que hay otros PANISTAS RATERAZOS enemigos de Calderón ZOPILOTEANDO, en la pelona de FECAL. Creo que vamos a ver traiciones amistosas... Digo, Mouriño dijo que las amas de casa telenoveleras "deben estar tranquilas"... ¡Hay espectáculo vergonzante pa´ rato!
    ■ Asegura que continúa como interlocutor del gobierno con las diversas fuerzas políticas
    No renuncio; “sigo firme” en el proyecto del Presidente: Mouriño
    ■ En conferencia de prensa en Bucareli anuncia que puso a disposición de PGR, SFP y Congreso copias de los siete contratos que firmó entre diciembre de 2000 y enero de 2004
    Fabiola Martínez

    Ampliar la imagen El secretario de Gobernación, al comparecer ayer ante los medios de comunicación Foto: Marco Peláez

    Juan Camilo Mouriño Terrazo, titular de la Secretaría de Gobernación (SG), dijo que no renunciará a su cargo y –por el contrario– aseguró que continúa como interlocutor del gobierno calderonista con “las diversas fuerzas políticas” del país.

    –¿Puede usted seguir siendo un secretario de Gobernación útil? –se le preguntó.

    –Por supuesto que puedo y sigo adelante en mis funciones (…) Los problemas de México son los mismos que existían antes de que todo esto iniciase. Y la responsabilidad que tenemos de resolverlos y la determinación que tenemos de hacerlo, la convicción con la que trabajamos, sigue siendo la misma (…) Sigo trabajando firme y hacia delante en el proyecto del Presidente y en el proyecto de México.

    Luego de que Andrés Manuel López Obrador diera a conocer (el 24 de febrero pasado) la existencia de contratos firmados entre Pemex y Transportes Especializados Ivancar (en el periodo en que Mouriño se desempeñaba simultáneamente como apoderado legal de esa empresa y funcionario público), el secretario de Gobernación anunció que puso ayer a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y de las juntas de Coordinación Política del Congreso de la Unión copias de los siete contratos que firmó entre diciembre de 2000 y enero de 2004. El funcionario se presentó este martes ante los medios de comunicación acompañado por sus más cercanos colaboradores (incluidos subsecretarios, comisionada del Instituto Nacional de Migración y oficial mayor) para mostrar documentos acerca de la relación mercantil entre Pemex y la empresa propiedad de su familia. El espacio, en la sala de conferencias de la SG, prácticamente resultó insuficiente para dar cabida, al lado del podio, a los funcionarios que fueron a arropar a su jefe. Por novena ocasión (el 28 de febrero lo hizo en un mensaje de dos cuartillas, y una semana después en una entrevista para la televisión y seis para estaciones de radio) repitió que en su participación en la firma de contratos no hubo conflicto de intereses ni incurrió tampoco en tráfico de influencias. En entrevista para Televisa –el 6 de marzo pasado– aseguró que la firma de los contratos era “legal” y ética.

    Reiteró su versión con base en dos argumentos principales: que la empresa familiar celebra contratos con Pemex para el transporte de combustible, de manera ininterrumpida desde 1985, y que sus atribuciones como funcionario público no estaban relacionadas con la operación comercial de Pemex Refinación, ni con las actividades de transporte de la paraestatal.Señaló que las acusaciones por presunto tráfico de influencias son hechos infundados y tienen una clara intención política de quienes –dijo– prefieren mantener el debate en el ámbito de la opinión pública.

    “Quienes se sirven de esta información para crear una historia dolosa, lo hacen con evidente propósito político: pretenden evadir la discusión de los temas de fondo de este país y se empeñan en detener la marcha de un gobierno plenamente decidido a atender los asuntos más apremiantes de la sociedad”.Insistió en que nunca intervino, como servidor público, en acto alguno que representara un beneficio económico para él o su familia, de ahí que rechazó alguna violación a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos o el Código Penal Federal. Agregó que no hay más contratos, además de los siete a los que hizo referencia ayer. Mouriño Terrazo se presentó ante la prensa con una carpeta blanca en la que, dijo, se encuentran los documentos que entregó a las dependencias y a los órganos de gobierno de las cámaras de Diputados y Senadores.Emitió, en 12 puntos, la explicación acerca del desarrollo contractual de Ivancar con Pemex, y repitió que esa información es transparente y, por ello, es pública para cualquier ciudadano que la requiera, a través de Transparencia (Mexicana) o el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. “Soy el principal interesado en aclarar estos hechos”, sostuvo. Señaló que hasta la fecha no ha sido presentada denuncia alguna ante las instancias competentes “y, sin embargo, quienes me acusan prefieren mantener el debate en el ámbito de la opinión pública, con una clara intención política”.

    En el México de las instituciones –agregó– corresponde a las autoridades determinar si una conducta constituye una infracción a la ley. En el oficio solicita al procurador Eduardo Medina Mora y al titular de la SFP, Salvador Vega, analicen los documentos “de acuerdo con sus atribuciones”, entre éstos los convenios para la prestación de servicio de transporte terrestre en los años 2000-2004.




    Mouriño signó cinco contratos con Pemex cuando fue legislador
    Fabiola Martínez
    El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, firmó con Petróleos Mexicanos (Pemex) –en calidad de apoderado legal de Transportes Especializados Ivancar (TEISA)– cinco contratos cuando fungía como presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, y dos más en calidad de funcionario de la Secretaría de Energía (SE), cuando el titular de esta dependencia era Felipe Calderón.
    Revienta AN crear comisión investigadora
    Enrique Méndez y Roberto Garduño
    Presenta Navarrete expediente sobre el conflicto de intereses
    Andrea Becerril y Víctor Ballinas
    Como parte de una estrategia diseñada desde que estuvo en la Oficina de la Presidencia para colocar a sus empresas en situación privilegiada y que pudieran beneficiarse de la pretendida privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex), el ahora secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, colocó a incondicionales en puestos claves de la paraestatal y otras dependencias, advirtió el coordinador perredista en el Senado, Carlos Navarrete.
    Mouriño, obligado a renunciar: diputados
    De la Redacción
    La determinación de Juan Camilo Mouriño de seguir al frente de la Secretaría de Gobernación provocó agrias críticas de diputados de PRD, PRI, PT y Convergencia. Señalaron que con el argumento de trabajar por México, el funcionario sólo muestra un desaforado interés por conservarse en el poder, y consideraron que su permanencia en el cargo terminará por afectar los intereses de su jefe, Felipe Calderón.
    Debe aplicarse juicio político
    Roberto Garduño y Enrique Méndez
    El gobierno, comprometido con la legalidad, afirma Calderón
    Claudia Herrera, Víctor Cardoso y Juan Antonio Zúñiga
    En el contexto de la polémica desatada por los presuntos negocios ilegales del secretario de Gobernación con Petróleos Mexicanos, el presidente Felipe Calderón declaró ayer que tiene un “enorme compromiso” con la legalidad y la seguridad del país.
    MOURIÑO AHORA CACIQUE LADRON DE TIERRAS DE CAMPESINOS

    Campeche, Cam., 11 de marzo. El Frente Campesino Independiente Emiliano Zapata acusó al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, de alentar, mediante empresas fantasmas, la compra de más de 120 mil hectáreas de ampliaciones forestales.


    Kikka Roja

    Fernando Siqueira: presión de Estados Unidos por privatizar los hidrocarburos de América Latina

    • Entrevista a Fernando Siqueira, Director de la Asociación de Ingenieros de Petrobras
    • Brasil busca recuperar el control de su petróleo
    • Empresas extranjeras se apropian de recursos, sostiene
    • Ante la presión de Estados Unidos por privatizar los hidrocarburos de América Latina, el especialista dice que su país debe copiar a México el marco constitucional de control del Estado sobre sus recursos. “Ahora más que nunca Pemex es un paradigma”, afirma
    Roberto González Amador e Israel Rodríguez

    Ampliar la imagen Fernando Siqueira, director de la Asociación de Ingenieros de Petrobras, acompañado de Murilo Marcato, delegado de la misma organización, en entrevista con La Jornada Foto: Carlos Ramos Mamahua
    Ampliar la imagen El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, en una visita a la planta de gas de Cabiunas-Vitoria en Serra, en el estado de Espíritu Santo Foto: Ap
    Ampliar la imagen La decisión del gobierno brasileño de privatizar la industria petrolera en 1997 tuvo como componente fundamental “convencer” a la población, a través de los vehículos de comunicación de masas, que Brasil no podía solo, explicó Fernando Siqueira Foto: Carlos Ramos Mamahua

    Estados Unidos enfrenta una “difícil situación energética”, y la necesidad que tiene de lograr el control sobre los recursos petroleros de América Latina está detrás de las “enormes presiones” para privatizar los hidrocarburos en México y en otros países de la región. Habla Fernando Siqueira, director de la Asociación de Ingenieros de Petrobras (Aepet):“En realidad, Estados Unidos paga hoy 300 dólares por barril de petróleo: 100 dólares por el costo del crudo en el mercado y otros 200 derivados de los gastos en el aparato militar en Oriente Medio para garantizar el suministro desde esos yacimientos”.Crítico del proceso de privatización de Petróleos Brasileños (Petrobras), que se concretó en 1997, durante el gobierno del ex presidente Fernando Henrique Cardoso –cuando se promulgó una ley que permitió a otras empresas competir con Petrobras en todos los ramos de la actividad petrolera–, Siqueira dice a La Jornada:“En la discusión sobre el tema energético, México no debe ver el proceso de apertura en Petrobras como un ejemplo. En Brasil estamos en plena campaña para recuperar el control sobre el petróleo, y Brasil tiene que copiar a México el marco constitucional de control del Estado sobre sus recursos, y ahora más que nunca Petróleos Mexicanos (Pemex) es un paradigma. Es necesario que Brasil recupere el control de su riqueza”.Fernando Siqueira y Murilio Marcato, delegado de la Aepet en Minas Gerais, forman parte del movimiento que ha renacido en Brasil para que el país recupere el control de su petróleo. La Aepet, fundada en 1961, está integrada por 5 mil empleados de nivel medio y superior de Petrobras, la mayoría en activo. Entre sus objetivos está defender la propiedad del Estado sobre el petróleo y el fortalecimiento de Petrobras como una empresa energética pública.De visita a México comentaron a La Jornada algunas de las experiencias del proceso de privatización del petróleo en su país. Entre ellas, la forma en que las empresas extranjeras penetraron los órganos de dirección de la Agencia Nacional del Petróleo (ANP), el órgano creado por el gobierno después de la apertura para coordinar la política petrolera, e incluso del intento –ya durante el gobierno del presidente Luis Inacio Lula da Silva– de cambiar el nombre de la empresa por “Petrobrax”, bajo el argumento de su director de que “era más fácil de pronunciar para los inversionistas extranjeros”. También de la manera en que los promotores de la privatización invirtieron millones de dólares en pagar a periodistas y “analistas independientes” para que influyeran en la opinión pública en crear un clima favorable a la privatización.“La experiencia de Petrobras no fue buena ni para el país ni para la petrolera; se abrió a las compañías extranjeras que se convirtieron en propietarias del recurso natural. El gobierno tenía 87 por ciento de las acciones y ahora tiene sólo 40 por ciento. Las empresas participan en las licitaciones de lotes para explotar campos petroleros y se convierten en dueñas del terreno y del petróleo que encuentren, el cual pueden vender a quien deseen”.La privatización de Petrobras, asegura Siqueira, no llevó nuevas inversiones a Brasil. Tampoco aportó tecnología. “Las empresas extranjeras vinieron a Brasil a aprender, Petrobras era un líder tecnológico”, asegura.

    Debilitamiento premeditado

    A la vez que se transfería a firmas privadas, principalmente extranjeras, la propiedad sobre el petróleo, el Estado comenzó a perder los recursos de la renta petrolera.Explica Fernando Siqueira: las empresas privadas que participan en la explotación del petróleo brasileño pagan al gobierno una participación de 10 a 45 por ciento del precio a que vendan el crudo. La media internacional en cuanto al pago de contribuciones a los países propietarios del recurso, agrega, es de 84 por ciento del precio de venta. Es decir, las compañías que operan en el país sudamericano pagan al Estado la mitad de lo que se tributa en promedio internacional.Otra merma para el Estado, luego de la privatización impulsada por el régimen de Fernando Henrique Cardoso y continuada en el actual, tiene que ver con el valor de los lotes, que son las partes del territorio que se adjudican a las firmas privadas mediante licitación.Explican los expertos que el lote más costoso ha sido vendido por el gobierno brasileño a un precio de 300 millones de dólares. La firma que se lo adjudicó extraerá crudo por un monto equivalente a 8 mil millones de dólares durante la vida productiva del yacimiento.La privatización de Petróleos Brasileños en 1997 fue el punto culminante de un proceso de debilitamiento intencional de la empresa iniciado 20 años antes, explican. “Petrobras fue obligada a comprar petróleo a precios internacionales de 25 dólares por barril y venderlo en el mercado interno a 14 dólares; la diferencia era cubierta por la producción nacional y esto provocó que la empresa no tuviera recursos para invertir y se descapitalizara”, dice Siqueira.En 1994 ocurrió un intento de reforma a la Constitución brasileña para acabar con el monopolio del Estado sobre el control de los recursos naturales. “Se tergiversaban las cosas, diciendo que Petrobras era un monopolio, pero en realidad el monopolio era del Estado sobre el control de los recursos, y Petrobras sólo era la empresa encargada de poner en práctica la política estatal sobre petróleo”, añade.Había una creciente oposición a la privatización de Petrobras, que incluía al sindicato petrolero, entonces uno de los mayores del país, a empleados públicos de otros gremios, sindicatos de industria y organizaciones sociales. Cuenta que en 1995 el entonces presidente Henrique Cardoso emitió un decreto que prohibía a cualquier empleado público trasladarse a Brasilia, la capital federal y asiento de los poderes, a realizar cualquier protesta contra la decisión de abrir la empresa petrolera al capital privado, so pena de ser despedido. El objetivo, dice, era “quebrar” la resistencia a la política de apertura.Un año después fue enviada la ley para eliminar el control total del Estado sobre el petróleo y permitir a empresas extranjeras extraer y hacerse propietarias del crudo brasileño. Fue aprobada un año después, a la vez que se creaba una Agencia Nacional del Petróleo que, asegura, respondía a los intereses de las grandes trasnacionales a las que entregó “todo el conocimiento que Petrobras había acumulado en 55 años de investigación sobre los yacimientos de petróleo en el país”.

    Los modos de Halliburton

    Una vez aprobada la ley que privatizaba la propiedad del petróleo brasileño, se instrumentó en la empresa una política de jubilación anticipada, que redujo de 35 a 30 años los años laborados antes del pase a retiro. En este proceso, la plantilla laboral de Petrobras se redujo de 60 mil a 30 mil empleados, aunque el plan de los administradores era de mantener sólo 15 mil empleados.Una siguiente medida fue reconformar el consejo de administración de Petrobras, que hasta antes de la privatización estaba integrado por nueve miembros: seis directivos de la empresa y tres representantes de la sociedad.Con las modificaciones legales se incluyó a consejeros externos de nacionalidad brasileña que, dicen los entrevistados, representaban los intereses del sistema financiero internacional.A partir de esta reconformación del consejo se perdió control sobre las decisiones y el manejo de información estratégica. Un problema, desde su punto de vista, que llegó al extremo este año, cuando “se perdieron” tres discos duros robados a computadoras portátiles y que contenían la información sobre el gigantesco campo de Tupí, descubierto en diciembre pasado. Esos datos, como se ha publicado en la prensa brasileña y ahora recuerda el entrevistado, “aparecieron” en poder de Halliburton, la empresa propiedad del vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney.Se eliminó, además, al equipo de planeación de Petrobras y se compraron “activos podridos” en Argentina, pertenecientes a Repsol, firma que, dijo, “se sospecha es un brazo de la Shell usado por la petrolera anglo holandesa para eludir algunos controles a que están sujetas las mayores compañías energéticas del mundo”.Fernando Henrique Cardoso dejó la presidencia en 2003 con una deuda interna por el equivalente a 60 mil millones de dólares, aun cuando durante su gobierno fueron vendidos activos públicos por 160 mil millones de dólares. “Entregó al país en bancarrota”, señala Siqueira. Murilo Marcato, delegado de la Aepet en Minas Gerais, recuerda que una vez iniciado el proceso de privatización, que ha llevado a que 40 por ciento del capital de Petrobras esté colocado en bolsas de valores, desde el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES, similar a Nafin en México) se buscó adquirir acciones de la compañía petrolera para asegurar que una parte permaneciera bajo control estatal. “El gobierno impidió que siguiera la compra de acciones del BNDES, e incluso los directivos del banco que la promovían fueron cesados”. Actualmente, ese banco tiene alrededor de 10 por ciento del capital de Petrobras.En cambio, se favoreció a las empresas privadas que compraban acciones de Petrobras a través de los mercados accionarios. Dice Marcato que en 1999 el estatuto de la empresa fue cambiado para permitir que su presidente fuera extranjero; en 2000 se vendió, a través de la bolsa, 18 por ciento de la participación estatal. Un porcentaje similar de acciones, también del gobierno, fue colocado en las bolsas en 2001. En total, 40 por ciento del capital de Petrobas fue vendido en la bolsa.

    El gran consumidor

    Los dirigentes de la Asociación de Ingenieros de Petrobras consideran que América Latina está sujeta a una mayor presión por parte del aparato industrial y militar de Estados Unidos, y de las grandes compañías petroleras que los abastecen, por el control del petróleo. Una presión que ha ido en aumento conforme el alza en la cotización del crudo llega a niveles que los expertos consideraban que ocurrirían después de 2010.Explica Siqueira: “El choque de precios previsto para 2010 está ocurriendo en 2008. Se anticipó porque los picos de producción se han caído y la demanda ha subido. La era del petróleo barato ya se terminó y ahora la previsión es que el barril alcance 180 dólares en 2015 y una cotización de 300 dólares en 2020”.En este contexto de precios cada vez más altos, Estados Unidos muestra una mayor avidez por petróleo. Ese país consume una cuarta parte de la producción mundial dentro de su territorio y casi otro tanto con sus instalaciones militares externas, señala el experto.Así, con reservas de 28 mil millones de barriles, Estados Unidos requiere 8 mil millones de barriles por año para su suministro interno y otros 7 mil millones de barriles para su aparato militar, “por lo que si no garantiza un suministro confiable, en dos años puede colapsar”.Agrega que el desarrollo de Estados Unidos está “montado” sobre la energía del petróleo, que es la materia prima de 3 mil productos que no son fácilmente sustituibles.“Estados Unidos está en una situación crítica. Consume 15 mil millones de barriles por año y tiene 28 mil millones en reserva. En ese país, cada coche consume 28 barriles (al año), una computadora tres barriles, y el promedio de consumo por habitante es de 25 barriles por año, en tanto que en los países de Europa es de 11 barriles por persona al año”, asevera.Una de las principales fuentes de abasto de petróleo para Estados Unidos es el Oriente Medio y en especial de Arabia Saudita. Según los entrevistados, el gasto militar estadunidense en esa región del mundo agrega un costo de 200 dólares por barril al precio del crudo, que ya tiene dos semanas arriba de 100 dólares. Para el aparato industrial y militar de Estados Unidos, el costo neto ha subido a 300 dólares por barril de crudo.“Aun cuando Arabia Saudita es un aliado muy fiel de Estados Unidos, no tiene la capacidad para abastecer y garantizar el suministro de crudo”, agrega Siqueira. Estados Unidos, asegura, se encuentra en una situación difícil de abasto de petróleo y para ellos es más fácil tratar de garantizar ese suministro en América Latina que invertir en Medio Oriente.“Ahora que la oferta de petróleo es prácticamente igual a la demanda, la lucha por el abasto y el control del crudo se intensifica”.

    Estrategia mediática

    La decisión del gobierno brasileño de privatizar su industria petrolera en 1997 tuvo un componente fundamental para asegurar su realización, cuenta el especialista. Fue “convencer” a la población, a través de los principales vehículos de comunicación de masas en el país, de que Brasil no podía solo.Relata: “la campaña en los medios de comunicación hacía llegar a los brasileños el mensaje, insistente, de que si no había apertura al capital privado no llegarían al país recursos externos necesarios para explotar el recurso, y entonces, se decía desde el gobierno, se tendrían que desviar recursos de los ramos de la salud, educación y seguridad. Se nos insistía en que no teníamos recursos ni experiencia, por lo que necesitábamos ayuda de las compañías y que no permitir esa ayuda sería ruin para el país”.Todas las afirmaciones para apoyar la privatización estaban sustentadas en mentiras, cuenta Siqueira. Fue una campaña muy bien elaborada y planeada, añade. Recuerda que la trasnacional Shell invirtió 100 millones de dólares para que especialistas y profesores escribieran artículos y aparecieran en los medios de comunicación para hablar a favor de la privatización. “Les daban espacios para defender la privatización, compraron conciencias de periodistas y académicos que después se volvieron célebres en los medios brasileños”.Relata que los promotores de la privatización ofrecían a profesores universitarios triplicarles el sueldo para que aceptaran escribir artículos y participar en foros para hablar a favor de la apertura de la empresa petrolera al capital privado.“Yo, como opositor a la privatización, realicé entonces visitas por todo el país para hablar sobre el tema. Y me llamó la atención cómo, sin importar la región de Brasil donde me encontrara, las preguntas de quienes me cuestionaban en los foros eran las mismas, como salidas del mismo sitio”.Los periódicos y los medios electrónicos lanzaron una campaña en la que argumentaban que la nacionalización de los recursos petroleros “era algo retrógrado y que la globalización era lo actual”. Se desplegaron informaciones subliminales para convencer a la población, dice.

    Recuperar el control

    En diciembre de 2007, Petrobras anunció el descubrimiento del campo petrolero Tupí, en el sureste del país, en la costa del océano Atlántico, un yacimiento que incrementará la reserva de crudo de Brasil a 80 mil millones de barriles, lo que convierte a ese país en poseedor de una riqueza comparable a la de mayores dueños de reservas: Rusia, Arabia Saudita, Irán, Irak y Venezuela.El descubrimiento de Tupí reavivó el debate nacionalista e infundió nuevos ánimos a un sector de la población que busca recuperar el control total de Brasil sobre sus recursos naturales. Una acción emprendida, entre otras organizaciones por la Aepet, ante un órgano autónomo de procuración de justicia, detuvo temporalmente una licitación de 41 campos cercanos a Tupí. Con este mandato judicial, el gobierno pospuso la venta de esos campos.“La enorme riqueza descubierta hace necesario que Brasil recupere el control sobre sus yacimientos. Como están las cosas ahora ese control no existe, porque las empresas privadas, de acuerdo con la ley vigente, son propietarias del crudo que extraen”, dice.En Brasil, asegura, ha crecido un nuevo sentimiento nacionalista que ha hecho suyo el lema “el petróleo es nuestro” –que fue una de las frases empleadas por Getulio Vargas, el presidente que nacionalizó el hidrocarburo en los años 50, quien tomó como ejemplo el decreto del presidente Lázaro Cárdenas de nacionalización en 1938.Añade que la privatización de Petrobras tuvo otras implicaciones. Dio éxito a la idea de los grupos que controlan política y económicamente a Estados Unidos de que se debe impedir que países potencialmente hegemónicos se desarrollen.“Antes de la privatización, en Brasil el 90 por ciento del desarrollo tecnológico se realizaba en empresas estatales, eso se perdió. Los países dominantes no quieren un competidor indeseable”.



    Kikka Roja

    Mouriño y el control de daños

    Mouriño y el control de daños
    editorial
    Ayer, el titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Juan Camilo Mouriño, puso a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Secretaría de la Función Pública (SFP), de las juntas de coordinación política de las dos cámaras legislativas y de “la opinión pública” un expediente con los siete contratos que firmó con Petróleos Mexicanos (Pemex) en calidad de apoderado legal de la empresa Ivancar, propiedad de su familia, en tiempos en que desempeñaba los cargos de presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, coordinador de asesores del secretario de Energía y subsecretario de Electricidad. En conferencia de prensa, Mouriño emitió de nueva cuenta descalificaciones contra sus detractores y aseguró que convenios como los firmados por él son habitualmente otorgados en adjudicación directa por la paraestatal a diversos transportistas. Pocas horas después, la PGR, tras ser requerida por el propio Mouriño, anunció que, “a efecto de dar trámite al documento que presentó el citado licenciado”, iniciaba una averiguación previa “para esclarecer dichos hechos y determinar lo que en derecho corresponda”.

    Por parte del coordinador del gabinete calderonista fue un nuevo paso en falso que, lejos de despejar las sospechas por su actuación, las robustece y extiende, mucho más allá del Palacio de Covián, al conjunto de la administración pública. Cabe preguntarse por qué el secretario de Gobernación esperó a que Andrés Manuel López Obrador y la bancada de Convergencia divulgaran otros cuatro nuevos contratos entre Pemex y las empresas de la familia Mouriño –adicionales a los que dio a conocer el dirigente opositor el pasado 24 de febrero– para convocar a la conferencia de prensa en la que ofreció tales documentos a la opinión pública, siendo que ésta ya los conocía; por qué tardó tanto tiempo en “cumplir con un deber como funcionario público y como ciudadano” y por qué eludió el punto principal del señalamiento, que no se refiere sólo a los beneficios que obtuvo con los contratos mencionados sino a su doble carácter de funcionario del sector energético y empresario del ramo petrolero. Lo dicho por el secretario de Gobernación ayer no es, pues, sino una repetición de gestos mediáticos ya efectuados anteriormente, que no van a atenuar la crisis política en la que ha sumido al gobierno federal.

    Más allá de lo que Mouriño haga o deje de hacer para defender su posición, que no puede ser mucho, la reacción de la PGR da cabal cuenta de lo que se configura, desde ahora, en tono y en contenido, como un mero trámite de exculpación a petición del interesado, es decir, como un acto de simulación. Independientemente del servilismo hacia el investigado en el tono del boletín de prensa emitido por la dependencia, ésta debió investigar de oficio los presuntos delitos cometidos por Mouriño, cuyos indicios fueron divulgados hace más de dos semanas. Otro tanto puede achacarse a la Secretaría de la Función Pública (SFP).

    Difícilmente ambas dependencias podrían apartarse de lo dicho por el sujeto a investigación –que es postura oficial del gobierno–, según la cual la divulgación de los contratos Ivancar-Pemex fue un acto “mezquino”, “inmoral” y “doloso” y una maniobra para “que a México le vaya mal”. Además de que el emisor de ese discurso sea el superior jerárquico de los titulares de la PGR y de la SFP, estas dependencias acusan un severo desprestigio por el faccionalismo y la parcialidad con que han sido usadas por el Ejecutivo en la presente administración y en el sexenio anterior: empleada, la primera, para golpear a las oposiciones políticas y sociales, para exculpar a funcionarios y allegados del foxismo sospechosos de desviar fondos y de enriquecerse a costa del erario, y para fabricar culpables a fin de dar la impresión de que se hacía algo significativo en el combate al crimen organizado; rebajada, la segunda, a defensoría de panistas y a sepulturera de investigaciones contra sospechosos de daño al patrimonio público. Al respecto, destacan el desfalco a Pemex en el que presuntamente se encuentran involucrados los hijos de Marta Sahagún o el desvío de recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) operado por Carmen Segura Rangel, actual diputada local por Acción Nacional.

    La única forma de dar credibilidad y transparencia a las pesquisas gubernamentales en torno a los negocios de Mouriño es que éste se retire del cargo, por lo menos durante el tiempo que tomen las investigaciones, a fin de no contaminarlas con la sospecha o la certeza de parcialidad. Esa sería la mejor contribución que podría hacer a sus correligionarios, a su jefe inmediato, a la transparencia en la administración pública, a una sociedad justificadamente escéptica y a las posibilidades –si es que aún quedan– de rescatar su carrera política.

    Por su parte, el calderonismo no puede seguir actuando en este caso como si se tratara de un problema mediático y de relaciones públicas, cuando en realidad es una severa crisis política. Tendría que empezar, pues, por desmentir al propio Mouriño, quien la describió como un mero empeño de los que “no quieren que México sea exitoso”, y por admitir que tal crisis existe.

    Kikka Roja

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