BUSCA, BUSCADOR

domingo, 11 de mayo de 2008

PROCESO: "Crimen político" del panismo : fotos


La ejecución del dirigente campesino Armando Villarreal revela hasta qué punto se entreverán los mayores problemas del país: la crisis del campo, la política energética y la impunidad criminal. Otros líderes, acosados judicialmente, consideran que el gobierno federal pretende intimidarlos con el asesinato, pero advierten que no dejarán de luchar por precios más justos en electricidad, diesel y fertilizantes.

Patricia Dávila
El asesinato del dirigente de la organización campesina Agrodinámica Nacional A.C., Armando Villarreal Martha, cometido el pasado 14 de marzo en el municipio de Casas Grandes, Chihuahua, fue sólo el inicio de una escalada represiva en el estado, pues desde entonces han sido detenidos otros 12 dirigentes, 11 más han tenido que ampararse y sobre otros 40 pesan órdenes de aprehensión. Con esa ofensiva el gobierno federal pretende intimidar a la organización para que no retome la denuncia que Villarreal Martha iba a interponer días antes de su muerte en contra de Petróleos Mexicanos (PEMEX), señalan otros representantes de la organización, como Pedro Vázquez, de Guanajuato, y Clemente Márquez, de Zacatecas. Sin embargo, sostienen que no les queda otra salida, ya que PEMEX vende 298 dólares la tonelada de amoniaco –sustancia que se utiliza en la fabricación de fertilizantes– a grandes empresas distribuidoras como Masagro, Tepeyac y Aprodifer, para que éstas lo revendan a los campesinos en 830 dólares por tonelada.

"El alto costo de los fertilizantes no es por culpa del mercado, sino por una mala política pública del gobierno federal, porque él mantiene su decisión en cuanto a que PEMEX mantenga paradas casi todas sus plantas para la elaboración de amoniaco", escribió el dirigente en un documento titulado El amoniaco en México: una concesión a particulares sin reforma energética. Gran fraude al campo. Antes de esta protesta, Villarreal Martha ya había impugnado la política energética federal al impulsar la suspensión de pagos por energía eléctrica en más de 5 mil pozos de agua en el país, en protesta contra las altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y participó en movilizaciones contra los altos precios del diesel. A consecuencia de estas acciones, el dirigente enfrentó 16 procesos judiciales, por los cuales estuvo encarcelado en total un año y ocho meses.

Después del asesinato, los integrantes de su organización han sufrido intentos de secuestro, demandas judiciales y detenciones policiacas al margen de la ley, sobre todo en los estados en que el movimiento se ha consolidado, como Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila y Durango. Por todos estos factores, los dirigentes de Aerodinámica Nacional y el diputado local perredista Víctor Quintana, dirigente del Frente Democrático Campesino (FDC) en Chihuahua, señalan que la ejecución de Armando Villarreal es un crimen político cuyo autor intelectual es el gobierno federal. Consideran que el asesinato a tiros del dirigente de 50 años de edad es un "mensaje intimidatorio" para los campesinos que participan en el movimientos de resistencia civil en contra de la política federal en las materias agrícola y energética.

Cerco judicial

El 10 de abril del 2001, pocos meses después de que Vicente Fox asumiera la Presidencia de la República, Villarreal Martha encabezaba el Comité Pro Mejoramiento del Agro, que nació para defender los intereses de los campesinos en los temas de la electricidad y el diesel. En ese entonces inició la suspensión de pagos a la CFE en 2 mil 800 pozos de agua ubicados en Chihuahua, lo que implicó dejar de cubrir un adeudo de un millón 600 mil pesos. El mismo año, el líder campesino denunció públicamente la política federal hacia el campo y organizó la toma de aduanas y puentes internacionales. Por esos actos, en el Juzgado Sexto de Distrito se le fincaron los delitos de motín, lesiones, daños en propiedad ajena, amenazas cumplidas y robo calificado.

El 8 de julio de 2002 fue recluido en el penal de Ciudad Juárez, donde permaneció un año y ocho meses. Quedó en libertad en enero del 2004. En entrevista, Sergio Conde Varela, abogado defensor de Armando Villarreal, dice que "los levantamientos campesinos incomodaban al gobierno; lo consideraban enemigo y sentían que atentaba contra la seguridad interior de la nación, contemplada en el artículo 20 fracción VI de la Constitución". La presión política era tal, prosigue, que él "ya le daba enter a la computadora para que salieran los amparos. Después del asesinato de Armando se tramitaron 13 amparos de campesinos contra acusaciones de ataques a las vías generales de comunicación, derivadas de las manifestaciones públicas que hacen". Esos 13 juicios a los que se refiere Conde involucran a campesinos originarios del municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, donde radicaba y fue asesinado Villarreal.

El 12 de noviembre de 2007, prosigue el abogado, la PGR inició la averiguación previa por delitos "contra el consumo y la riqueza nacional" en contra de Jorge Armando Vega Carvajal, los hermanos Leopoldo y Eloy Baca Prieto, Alfredo y Humberto Quezada Chávez, Baltazar Prieto Piñón, Héctor Prieto Baca, Imelda Morales Lozano y Leobardo Prieto Baz. Para evitar que los encarcelaran, Conde Varela interpusieron varios recursos de amparo: el 90/2008 ante el Juzgado Noveno de Distrito de Ciudad Juárez, a favor de Alfredo Quezada Chávez; el 89/2008 en el mismo juzgado para Eloy Baca Prieto; y otro ante el Juzgado Séptimo de Distrito contra la orden de detención de Leobardo Prieto Baz. A pesar de esto se dictaron órdenes de aprehensión contra Eloy Baca Prieto, Alfredo y Humberto Quezada Chávez, Leopoldo Baca Prieto y Jorge Armando Vega Carvajal, todos por robo (uso y aprovechamiento de energía eléctrica). A ellos, se les sigue el juicio 58/2008, excepto a Jorge Armando Vega Carbajal, a quien se le fijó una caución de 35 mil pesos.

El abogado Sergio Conde afirma que el antecedente de estos juicios fue el instaurado contra Armando Villarreal en 2002 ante el Juzgado Sexto de Distrito (el número 8/2002, por robo de energía eléctrica), del cual salió absuelto. Además de los anteriores juicios, el abogado enfrentó las averiguaciones previas contra los campesinos Víctor Gaytán Aguilar, David Gómez Orrantia y Jorge Porras Loya, a quienes se les instruye proceso por lesiones inferidas a Moisés Ricardo Caraveo, empleado de la CFE. El caso, registrado con el número de expediente 160/2007, se lleva en el Juzgado Noveno de Distrito, donde se les dictó auto de formal prisión a los acusados. Además, prosigue Conde, en diciembre del 2007 el campesino Ismael González Escárcega, del ejido Monterde, municipio de Guazapares fue procesado por oponerse a la ejecución de cortes de luz (expediente 144/005), pero fue liberado por falta de elementos en enero pasado.

Dentro del expediente judicial (240/2005-V) de la Policía Federal Preventiva contra Villarreal se enjuició también al ex presidente del Comisariado Ejidal del municipio de Ascensión, Chihuahua, Mario Armendáriz, quien está sujeto a proceso ante el Cuarto Tribunal Unitario en Chihuahua por ataques a las vías generales de comunicación. El pasado 14 de marzo a las 11 de la mañana el abogado Sergio Conde presentó la solicitud de amparo a favor de Armando Villarreal por una demanda referente a la movilización que realizó el 28 de octubre del 2006. Seis horas después del trámite, el dirigente campesino fue emboscado y acribillado cuando iba en su camioneta, que manejaba uno de sus hijos. Para Conde Varela –quien fue secretario del ayuntamiento de Ciudad Juárez cuando Francisco Barrio fue presidente municipal– la represión campesina inició durante el sexenio de Vicente Fox, con la detención de Armando Villarreal en el 2001.

Agrega que cuando el PAN cerraba los puentes cada tres días en 1986, para este partido se trataba de "mítines democráticos", pero cuando Villarreal hizo lo mismo fue acusado por el gobierno panista de "motín criminal".

La diferencia entre mitin y motín es una letra y muchos años de cárcel, señala. En su opinión, el propósito del gobierno federal era acabar con Villarreal a como diera lugar, como puede comprobarse por las numerosas irregularidades jurídicas en los expedientes que le abrían las autoridades. Y da un ejemplo: El 4 de marzo de 2005 el agente del Ministerio Público federal José Luis Barra Limón envió a la delegación de la PGR en el estado un oficio en el que señala que se le aseguró a Armando Villarreal "un costal dentro del cual se encuentran cuatro paquetes en forma rectangular y de tamaño similar, elaborados éstos con cinta color gris, conteniendo cada uno de ellos un vegetal verde y seco, el cual cuenta con las características propias de la marihuana". Conde Varela se hizo cargo. "Cuando llegué al juzgado –relata– les dije que me enseñaran el costal. El juez no lo encontró, dijo que había sido un error. Se lo estaban cargando".

Cacería

Después del asesinato del líder, las órdenes de aprehensión contra campesinos se multiplicaron. El 3 de abril a las 6 de la tarde, Cipriana Jurado Herrera, dirigente del Centro de Investigación y Solidaridad Obrera, fue interceptada prácticamente a las puertas de su casa de Ciudad Juárez por tres elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) que iban a bordo de dos vehículos. Ella cuenta en entrevista: "Yo pedía las identificaciones (de los agentes) y me acusaron de resistirme al arresto. Me agarraron y me subieron por la fuerza al carro. Ahí escuché que iban a detener a Carlos Chávez, igual que a mí, por el delito de ataques a las vías de comunicación en una manifestación del 8 de octubre del 2005". Alcanzó a comunicarse con el diputado perredista Víctor Quintana por teléfono celular. "Le dije que me llevaban detenida y que iban por Carlos" (otro activista campesino), recuerda. El legislador le avisó a Chávez, y éste, que vive en Casas Grandes, relata: Quintana "me dijo que no saliera, pero tuve miedo de que me fueran a asesinar igual que a Armando Villarreal y que fueran a buscarme a mi casa, poniendo en riesgo a mi familia. La mañana del viernes salí solo y, efectivamente, me estaban esperando. Antes de subir me preguntaron si yo iba a sustituir a Armando en el movimiento. Les dije que no. En ese momento me quedó claro que su asesinato fue un crimen político".

Villarreal Martha, igual que Chávez, era originario de Casas Grandes y ambos iniciaron el movimiento de resistencia civil contra las altas tarifas de la CFE, así como los precios del diesel y los fertilizantes. Días después, en el ejido Aldama de la misma entidad, fueron detenidos los campesinos Carlos Sergio Rubio Tarín, Roque y Jesús Rubio Márquez, Luis Rivas Rubio y Salvador Sinecio Porras, acusados de "robo a la nación" al negarse a pagar la electricidad a la CFE. La orden de aprehensión también era para Miguel Rubio, quien falleció hace dos años, y para Rafael Candia, actualmente recluido en un asilo. "Yo andaba en el rancho. Llegaron dos hombres y me dijeron que eran de la Sagarpa, que andaban buscando a Luis Rivas, que los llevara con él. Paré el tractor y me fui con ellos. Cuando llegamos con él, también lo subieron. Ahí ya sacaron las armas", recuerda Roque Rubio: Por su parte, Salvador Sinecio cuenta: "Eran como las 2:30 de la tarde, acababa de llegar del campo. Andaba ya en pantuflas. Llegó un compañero a preguntarme por qué una troca blanca traía a Luis. Estábamos platicando cuando llegan los policías. Me dijeron: ¡súbete! Pregunté cual era el delito y (les pedí) que me dejaran poner mis zapatos y el sombrero, pero me suben a la camioneta y me mancuernan (esposan) con Chuy".

Los agentes trasladaron a los tres hasta una gasolinera, donde ya los esperaban vehículos de la PGR con 15 encapuchados a bordo. Entrevistados en Aldama, Roque, Luis y Salvador, coinciden: "Nosotros no nos negamos a pagar la luz a la CFE, simplemente pedimos que nos cobren lo justo, a 14 centavos el kilowatt/hora, como lo proponía Armando Villarreal.

Tenemos recibos en donde se nos cobra hasta 250 mil pesos al mes. Esto es inaudito". Sin embargo, los trasladaron al Centro de Readaptación Social de Chihuahua, en donde los obligaron a desnudarse y a hacer cinco lagartijas cada uno, a pesar de que los tres son mayores de 70 años. El movimiento contra los altos costos de la electricidad, el diesel y los fertilizantes, que Villarreal Martha impulsó en Chihuahua, se expandió rápidamente a otros Estados. En Zacatecas, por ejemplo, se mantienen suspendidos los pagos por la energía eléctrica en mil 500 pozos. Clemente Márquez, representante de Agrodinámica en esta entidad, afirma que los campesinos no esperan a ningún dirigente para reconectarse a los cables de alta tensión después de los cortes de la CFE, por lo que hace tres años también aquí se giraron órdenes de aprehensión por ataques a las vías generales de comunicación. Entre otros, fueron detenidos el propio Márquez, así como el tesorero y el secretario de Agrodinámica, respectivamente Javier Romo Hernández y Lino López de la Cruz.

Había más órdenes por el mismo motivo, pero la organización negoció que se suspendieran con Santiago Creel, entonces secretario de Gobernación.

Márquez también representa a campesinos de San Luis Potosí y Aguascalientes. En esta última entidad fue detenido José Rico, quien estuvo sujeto a proceso federal en dos ocasiones por reconectar la electricidad para su pozo.

Sin embargo, explica Márquez, en la región de La Laguna, en Coahuila y Durango, el dirigente Pedro Vázquez adoptó otra forma de resistencia civil: los campesinos se ampararon ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y ni la CFE ni la Secretaría de Hacienda pueden cobrarles.

Otro de los estados a los que el movimiento se difundió con mayor rapidez fue Guanajuato, donde la resistencia civil consiste en la suspensión de pagos por electricidad correspondientes a mil 200 pozos.

En abril del 2003, 99% de los productores firmaron convenios de pago como parte del Acuerdo Nacional para el Campo, pero en menos de un año ya había nuevamente 9 mil deudores. Ahí Pedro Vázquez tiene en contra tres órdenes de aprehensión por extorsión (supuestamente al obligar al personal de la CFE a reconectar pozos) y por obstaculizar la realización de obra pública. Con estos son seis los procesos judiciales que ha enfrentado. Además, en marzo de 2006 intentaron secuestrar a su hija Teresa, quien estaba a bordo de una camioneta en Salamanca. Tres hombres la bajaron y la encañonaron con una pistola en el abdomen, pero la esposa de Vázquez, María Elena Ramírez, se encontraba cerca y logró impedir que se la llevaran. Posteriormente, en octubre del año pasado, Pedro Vázquez iba a una reunión en Dolores Hidalgo cuando fue interceptado por agentes de la AFI, quienes lo subieron a una camioneta Suburban.

"Conocí a uno de ellos –continúa–, era Ulises, delegado de la PGR en Salamanca. No me presentaron ninguna orden de aprehensión y yo les di el amparo que llevaba, pero él (Ulises) lo tiró por la ventana". En entrevista con la corresponsal en Guanajuato, Verónica Espinosa, Vázquez Martínez dijo que se reunió con Armando Villarreal un par de días antes de que fuera ejecutado en Nuevo Casas Grandes.

Ambos asistieron a un foro organizado por el Tecnológico de Monterrey en su campus de la ciudad de México, al que también asistió la senadora Yeidckol Polevnsky. A ella, Villarreal entregó la información que demuestra la dañina política de PEMEX con el amoniaco para privilegiar a cuatro grandes empresas.

"Polevnsky le aseguró a Armando Villarreal que lo destaparían muy fuerte, pero a los dos días Armando fue asesinado. Intenté ponerme en contacto con la senadora, pero no me respondió", asegura Vázquez. Pedro Vázquez recuerda que un par de semanas después de la "megamarcha" de organizaciones campesinas que desde diversos puntos del país arribaron al Zócalo capitalino el 31 de enero pasado, Villarreal le dijo por teléfono: "Las cosas se están poniendo de la chingada. Todas las puertas están cerradas".


Y DESPUÉS DE ACABAR CON LOS NARCOS, CAMPESINOS Y POLICIAS ENTRENADOS ¿CALDERON NOS ANEXARÁ A ESTADOS UNIDOS O A EUROPA?
QUE IDIOMA HABLARÁN LOS CHUCHOS ¿LADRARÁN EN INGLÉS?



Kikka Roja

Monero Hernández: La Jornada Semanal


Kikka Roja

Por mi madre bohemios : Carlos Monsivais 11/ Mayo/08

  • EMILIO GONZÁLEZ MÁRQUEZ "EL BEODO"
  • FRANCISCO SANTOS ARREOLA "EL PERREDISTA DE LOS PINOS"
  • EL FELIZ DIVORCIO DE LOS CHUCHOS (si por favor, vayanse al PAN)
  • VICENTE FOX ENVIDIA AL AMIGO MAGO LEGAL DEL OBRERO PUEBLO
  • EL PRIMERO DE MAYO NADA MÁS ES OFICIAL EN EL RESTO DEL PLANETA.




Kikka Roja

DEMOCRACIA DIRECTA: AMLO no puede ser vetado: fraude de Jesus Ortega

LOS RICOS, LOS OLIGARCAS, SIEMPRE ESCONDEN LA INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS
Cuando las instituciones están podridas de oligarcas, se recurre a la democracia directa.
VEAN EL VIDEO DE ENRIQUE DUSSEL circulos de estudios
¿Cómo puede el traidor de Jesus Ortega descalificar la voluntad de millones de ciudadanos sin que pague por sus delitos? muy simple: lo protegen el gobierno espurio de Felipe Calderón y los poderosos del dinero (los plutócratas y los oligarcas)
Jesús Ortega no es legal ni legítimo porque necesita que ALEJANDRO ENCINAS decline.
  • A Jesus Ortega se le acusa de rellenar las urnas con votos falsos en varios Estados
  • A Alejandro Encinas se le acusa del robo de una casilla, (busqué notas por todos los periódicos del famoso robo de urna, y lo que encontré fue que Alejandro Encinas interpuso una denuncia por robo de boletas. O sea, fue al revés.)
  • El bueno es el que defiende al ciudadano, el malo, el que fue protegido por los millonarios, lo feo sería, que la gente siga permitiendo que Calderón termine de ENTREGAR los bienes de la Nación.
AMLO tiene de su lado a "las bases" al Poder del ciudadano: La democracia directa.
EL PUEBLO ORGANIZADO PARA DERROTAR A LOS TRAIDORES A LA PATRIA.
Jesús Ortega vendió la idea de que él podía vetar a AMLO: Saucedo
Por ese “pacto” con la derecha pretenden imponerlo, asegura
Para solucionar la crisis los candidatos deben renunciar, dice Juan Guerra

Georgina Saldierna y Ángeles Cruz
Mario Saucedo señaló ayer que Jesús Ortega y su corriente, Nueva Izquierda (NI), hicieron un compromiso: vendieron la idea a la gente de la derecha y de los poderes fácticos, de que ellos podían vetar a Andrés Manuel López Obrador y al bloque de Alejandro Encinas; a los radicales que dicen ellos. Pero no les salió, y por eso a como dé lugar, a través del fraude, pretenden imponer la candidatura de Ortega, esperanzados en que esto se logre por medio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, subrayó. Integrante de la corriente de los Cívicos, estimó que NI pretende hacer del sol azteca un partido de izquierda dócil, funcional al sistema, lo que evidentemente entra en contradicción con el movimiento democrático. Al referirse al acta de cómputo nacional que da como triunfador de los comicios internos al abanderado de los chuchos, manifestó que tal resultado es producto de que el Comité Técnico Electoral (CTE) sumó votos fraudulentos, esto es, casillas impugnadas o no instaladas de los estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz.

Expuso que ahora la Comisión Nacional de Garantías tendrá que calificar la información y decir cuáles son votos correctos y cuáles no. Más adelante consideró que la crisis en este partido no ha tocado fondo, y que de ella todos sus dirigentes son responsables por haber dejado crecer una forma antidemocrática de hacer política. Saucedo se refirió también a la propuesta de Cuauhtémoc Cárdenas en el sentido de que los candidatos a la dirigencia declinen sus aspiraciones y se nombre una presidencia interina. Al respecto, cuestionó que en dicha salida se permita a Jesús Ortega despedirse como si no estuviera inculpado de haber cometido fraude electoral y atentar contra la vida interna del PRD. En este contexto, señaló la posibilidad de integrar una comisión de ética que sancione a dirigentes, senadores, gobernadores y diputados que hayan incurrido en prácticas antidemocráticas en procesos electorales, porque resulta que los causantes del problema que enfrenta el PRD siguen gozando de cabal salud, como si no hubiera pasado nada.

Por su lado, Juan Guerra, vicecoordinador de los diputados federales del PRD, dijo que para solucionar el conflicto de este instituto se requiere que Alejandro Encinas y Jesús Ortega piensen en el partido, en el deterioro que ya presenta, y declinen, porque ninguno de los dos que, por cualquier vía, quedara como presidente, podría desempeñar esa función. Sorprendido por la noticia de que el Comité Técnico Electoral concluyó el cómputo nacional de la elección del pasado 16 de marzo y le dio el triunfo a Jesús Ortega, confió en que éste se sostenga en su decisión de buscar una salida política. Resaltó que en el partido del sol azteca se necesitan las dos corrientes que ahora se disputan la presidencia del PRD, tanto la radical como la moderada, para complementarse y mantener ese capital político de la izquierda en México. Esta conjunción es la que da fortaleza al PRD, por lo que se debe preservar, y para ello es necesario buscar una salida política.

De otra manera, advirtió el legislador, el PRD se va a seguir desfigurando y perdiendo apoyos. Ambos candidatos deben solicitar a la Comisión Nacional de Garantías la anulación de la elección y el nombramiento de una dirección provisional mientras se realiza el congreso refundacional del partido, donde se definirían las nuevas reglas internas, indicó.
  • El CEN discutirá hoy el acta de cómputo que da el triunfo al candidato de Nueva Izquierda
  • Habrá impugnación: Encinas; Ortega pide aceptar resultados
  • “Diálogo, pero sin que haya improperios”
Fabiola Martínez
Jesús Ortega Martínez, candidato a la presidencia del PRD, se manifestó en favor de una salida política a la situación de crisis que vive el PRD, siempre que ésta se sujete al marco de la ley y una vez que concluya el procedimiento estatutario. “Yo estoy dispuesto a dialogar, a platicar, a escuchar razones, pero no improperios. No rechazo ni niego que se exploren respuestas a la situación de crisis que vive el partido, pero cualquier solución pasa necesariamente por sujetarse a la ley”, indicó. El Comité Técnico Electoral (CTE) emitió el viernes por la noche un proyecto de acta de cómputo nacional (de la elección del pasado 16 de marzo) en la cual otorga a Ortega una ventaja de 16 mil 214 votos, esto es, 1.24 por ciento más respecto a la votación adjudicada a Alejandro Encinas, diferencia que, a decir de Nueva Izquierda, se podría duplicar en la etapa de impugnación. Este documento será discutido y, en su caso, avalado este domingo por el Comité Ejecutivo Nacional perredista para dar paso a la etapa de impugnación y posterior calificación de los comicios, a cargo de la Comisión Nacional de Garantías (CNG).

En ese contexto, integrantes de la corriente Nueva Izquierda consideraron que la ventaja es contundente y, aun cuando la CNG intentara revertir el “triunfo”, acudirían al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Rafael Hernández, representante de Ortega, repitió los argumentos del árbitro electoral perredista respecto a lo que consideran cumplimiento a la resolución del TEPJF (del 7 de mayo pasado) para emitir el acta con el cómputo total; sin embargo, el enviado de Nueva Izquierda evitó precisar cuántas casillas impugnarán, sólo dijo que actuarán, entre otros aspectos, contra las casillas “zapato” que favorecen a Encinas en entidades como Veracruz, Tamaulipas, Zacatecas y Tabasco. En la ronda de declaraciones opuestas –de Nueva Izquierda e Izquierda Unida–, Hernández indicó que Encinas “está hablando por la herida”. “Durante varias semanas el equipo de Alejandro Encinas inventó fábulas e historias sobre casillas no instaladas, sobre anomalías”, de ahí que pedimos a la CNG (encabezada por Ernestina Godoy) que “aplique el mismo rasero y dejen ya de estarle haciendo el favor a Encinas (...), porque si se aceptara el acta anterior (con 83 por ciento de los votos) entonces sí él se convertiría en el presidente espurio del ‘haiga sido como haiga sido’”.

Más tarde, vía telefónica, Ortega hizo un llamado a su opositor a la serenidad, equilibrio y sensatez, y a aceptar que en una elección se gana o se pierde; además, aseguró que ha habido expresiones de Agustín Guerrero y Gerardo Fernández Noroña en el sentido de que lo van a “sacar a patadas del PRD”, lo cual refleja “actitudes estalinistas” que avergüenzan. “El cómputo oficial me da una ventaja y debería aceptarse”, afirmó Ortega. Respecto de la propuesta de Cuauhtémoc Cárdenas para analizar la refundación del partido e incluso la posibilidad de que los candidatos a la presidencia renuncien a sus aspiraciones, indicó que el diálogo es una sugerencia atendible, siempre que sea congruente con lo que marcan las normas internas del PRD. “Para resolver la crisis del partido se necesita recurrir a la política (...) cualquier solución al margen de la legalidad está fuera de mi pensamiento”, aseguró.Un asunto fundamental en los partidos de izquierda, agregó, “son las decisiones colegiadas (porque) no se puede aspirar a construir una dirección de un solo individuo con facultades omnipotentes. Eso sólo ocurría en el viejo PRI”, comentó.
  • Izquierda Unida no acudirá a la sesión ya que no avalará la decisión del comité electoral
Georgina Saldierna

Alejandro Encinas, candidato a la presidencia del PRD por Izquierda Unida, informó ayer que impugnará el acta de cómputo que le da el triunfo a Jesús Ortega, porque durante su elaboración los funcionarios del Comité Técnico Electoral (CTE) no cumplieron con la reglamentación interna ni con la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).La queja será interpuesta ante la Comisión Nacional de Garantías una vez que inicie el periodo –el próximo lunes– para presentar inconformidades, puntualizó al anunciar que por lo pronto los integrantes de su bloque no acudirán a la sesión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) prevista para este domingo con el fin de avalar el documento que el CTE dio a conocer la noche del viernes. El ex jefe de Gobierno de la ciudad de México explicó que dicha reunión fue convocada por Guadalupe Acosta Naranjo, a quien no le reconoce autoridad para hacer ese tipo de llamados ya que su nombramiento como presidente provisional fue un albazo. De hecho manifestó que impugnó la instalación del Consejo Nacional en el que se hizo tal nombramiento.Durante una conferencia de prensa, Alejandro Encinas expuso que los funcionarios del CTE que firmaron el acta de cómputo –Amet Ramos Troconis y Fermín Pérez Montes– incurrieron en diversas irregularidades.

Por ejemplo, no se respetó el reglamento de elecciones al sumar casillas que tienen más votos que las mil boletas entregadas, actas que vienen suscritas por funcionarios distintos a los que se había designado, urnas con más sufragios que el número de electores inscritos en el listado nominal y casillas que no se instalaron o cuya paquetería fue quemada. De manera adicional, mencionó que el documento contiene información que se levantó de manera unilateral. Por ejemplo, hay estados como Veracruz, Oaxaca y Chiapas que tienen dos actas de cómputo final firmadas de manera paritaria por delegados del CTE, y en esos casos en lugar de notificar a la CNG de este problema jurídico, el Comité Técnico Electoral procedió a contar el acta que era favorable a Nueva Izquierda.Alejandro Encinas señaló que los funcionarios del CTE tampoco cumplieron con los lineamientos emitidos por el TEPJF, entre los que se encuentra contar con la presencia de los interesados, terminar con los conteos estatales pendientes e incluir la totalidad de los votos emitidos.

Sobre este último punto expuso que no se contabilizó el 100 por ciento de las casillas de estados ganados por su corriente. Es el caso de Zacatecas, donde el conteo se quedó en 94 por ciento; Puebla, en 81 por ciento, y Tabasco en 96 por ciento. Frente a esta situación, dijo confiar en que el acta de cómputo nacional del viernes quedará sin ningún efecto. Acompañado de su equipo de campaña, consideró la emisión de dicho documento como un madruguete que lo único que hace es incrementar la espiral de encono y de polarización política, así como desgastar aún más la vida interna del perredismo. Lamentablemente se siguen anteponiendo los intereses de unos cuantos grupos al interés general del partido, subrayó.

Durante la rueda de prensa se pronunció por que se califique y se limpie la elección y se sancione a los responsables de las irregularidades registradas. Estimó que hay más de 100 mil votos producto de acciones fraudulentas, y señaló a manera de ejemplo que en Chiapas el promedio de votación fue de 550 sufragios por casilla, cuando la media nacional fue de 242. También dijo que pretender un acuerdo político tratando de renunciar o declinar las candidaturas implicaría no sólo incurrir en una acción de omisión, sino también de complicidad con quienes hicieron ese tipo de actos fraudulentos. Por último informó que los dos funcionarios del CTE que firmaron el acta de cómputo ni siquiera son miembros del PRD, cuando la normatividad interna señala que para ser integrante de ese comité se requiere de al menos un año de antigüedad en el partido.
EXPULSIÓN DEL PRD PARA RUTH ZAVALETA, JESUS ORTEGA, RENE ARCE Y DEMAS TRAIDORES.

Kikka Roja

Monosapiens : La Decencia Perdida



Mono Sapiens : La Decencia Perdida

Por Helguera y Hernández: La Decencia Perdida .


Kikka Roja

Buscar este blog

Gracias por tu Visita ¡

Todos los Archivos

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...