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miércoles, 21 de mayo de 2008

Miguel Angel Granados Chapa: Teólogos y pontífices del petróleo

Teólogos y pontífices del petróleo

Las palabras que encabezan esta columna fueron pronunciadas por Germán Martínez, jefe del Partido Acción Nacional, al participar el martes 13 en la primera sesión del debate social previo al legislativo en torno a las iniciativas de reforma petrolera. Para denostarlos, llamó a quienes se oponen a esos proyectos de ley teólogos y pontífices del petróleo, actuantes en “capillas de interesada veneración ideológica”. Ellos, dijo, buscan “cancelar de tajo la posibilidad de cualquier discusión racional sobre los mejores diseños institucionales para garantizar la seguridad energética y fortalecer a la industria petrolera de México”.

Se equivocó Martínez. Tales teólogos y pontífices no sólo no impiden el debate sobre el tema, sino que el foro en que hablaba fue propuesto por Andrés Manuel López Obrador el 18 de marzo, y su realización resultó del acuerdo a que llegaron las fracciones senatoriales, incluidas las de los partidos que integran el Frente Amplio Progresista. El debate previo a la discusión en las cámaras (que no hubiera sido posible si, como ostensiblemente se pretendió, se apresurara en abril el trámite a las iniciativas presidenciales) es parte de la estrategia del movimiento encabezado por López Obrador, para que la sociedad, los ciudadanos, la gente, tengan claros los propósitos de quienes buscan entregar nuevas porciones de la industria petrolera a capitales privados, y de quienes se oponen a ese propósito.

Martínez dedicó una porción de su discurso, con el que se inició el debate que cerrará el 22 de julio, a anatematizar sin nombrarlo a López Obrador. Le imputó encarnar “la verdadera amenaza privatizadora, (la) privatización política que algunos buscan para desestabilizar a la democracia mexicana y conseguir lo que no obtuvieron en las urnas”. Insistió en que esa privatización política responde a “resentimientos de derrotas electorales” y más precisamente al “resentimiento por la derrota electoral del 2006” .

Se equivocó también Martínez al asegurar que el “falso nacionalismo” opuesto a la reforma calderonista “no permite tocar ni reformar nada, no propone nada, no busca nada”. Esa misma mañana, poco después José Agustín Ortiz Pinchetti, hablando en nombre de López Obrador, formuló las propuestas del movimiento que éste encabeza, y las detallaría el jueves siguiente Claudia Scheinbaum, una de las dos únicas mujeres que presentaron ponencias junto a 19 varones, en las sesiones iniciales del foro de discusión (la otra fue la presidenta del PRI, Beatriz Paredes).

En el diálogo que siguió a la presentación de las ponencias, Martínez elogió a Cárdenas, “su nacionalismo”, “el conocimiento que usted tiene del tema”, y le extendió “nuestro reconocimiento desde Acción Nacional”. Si con eso pretendió contrastar dos modos diferentes de abordar desde la izquierda la reforma petrolera, es que no se percató de que en este asunto la posición de Cárdenas nada difiere en lo sustancial de la sostenida por López Obrador.

Desde el primer momento Cárdenas percibió la inconstitucionalidad de la propuesta calderonista para reformar la ley reglamentaria del artículo 27 en materia petrolera. Lo hizo apenas tres días después de presentadas las iniciativas, cuando instó a resistir la pretensión reformadora en esa dirección, por esconder una modificación constitucional. Este martes insistió, citando con mofa a la Secretaria de Energía que aseguró la semana anterior que no se propone reformar la Constitución , que “sin alterar su texto, se alienta y se está dispuesto a permitir su violación. Esto, planteado por el Ejecutivo y expresado por sus representantes en este foro, resulta tanto o más grave, todavía, que reformarla”. Se refirió explícitamente a la porción de la reforma que permitiría maquilar la refinación y construir y operar ductos: “según la interpretación del gobierno no se está haciendo en la iniciativa referencia a los contratos y concesiones de los que trata la constitución, sino a otros, y preguntó entonces: “¿A contratos y concesiones que no son contratos ni concesiones según la definición constitucional? El Estado directamente o por conducto de sus agentes, está constitucionalmente impedido, desautorizado para contratar o conceder concesiones a personas físicas y morales, tratándose del petróleo y de todos los hidrocarburos. Que no se pretenda, con el subterfugio de llamar contrato de maquila al contrato concesión, y permiso a la concesión, violar impunemente la Constitución ”.

Cárdenas produjo, con mucho, la mejor pieza del día inaugural del debate. No sólo por su condición biológica de ser hijo de quien es, sino por haber sido formado por su padre en el nacionalismo que condujo a la expropiación como acto de soberanía frente a la pretensión de las empresas extranjeras de no acatar el derecho mexicano, Cárdenas ha penetrado en los varios aspectos del tema petrolero. Lo mostró a lo largo de su ponencia y al caracterizar en breves líneas la política pública en relación con ese producto energético, de que resulta el estado actual de Pemex:

De principios del siglo XX hasta 1938, el petróleo “se explotó en el esquema de una economía dependiente de enclave, enviándose la mayor parte de la producción a mercados del exterior y sólo utilizaba una parte menor en la producción de combustibles y otros petrolíferos destinados al consumo interno.

“De 1938 hasta 1976, la actividad de Pemex se orientó preferentemente a satisfacer las demandas nacionales de petrolíferos y apoyar el crecimiento económico del país. En los seis años siguientes, además de atender a los objetivos anteriores, la explotación del petróleo se constituyó, también, en una importante fuente generadora de divisas, que principalmente se utilizaron para impulsar los procesos de industrialización del propio hidrocarburo.

“Entre 82 y 88, la administración frenó y prácticamente abandonó el esfuerzo de integración y alargamiento de las cadenas productivas petroleras y destinó las divisas obtenidas de la exportación de crudo, al pago de la deuda externa. De 1988 para acá, se aceleró consciente e intencionadamente el desmantelamiento y la obsolescencia de la industria petrolera estatal, centrando la atención y las inversiones en la explotación y exportación de petróleo crudo, apropiándose la Secretaría de Hacienda del producto de su venta por la vía de derecho, impuestos, etcétera, para nutrir los recursos fiscales del Estado”.

Egresado como Cárdenas de la Escuela Nacional de Ingenieros, Javier Jiménez Espriú la dirigió ya como facultad en los años 70. Luego de ser secretario de administración y aspirar sin éxito a la Rectoría , salió del campus (aunque mantuvo su vinculación con el club de futbol hasta el 2001)) realizó una carrera en la administración federal (que incluyó la dirección de comercialización de Pemex). Con ese equipaje, Jiménez Espriú sintetizó dos días después el sentir de una porción importante del miembros del PRI (él lo es desde 1958). Quién sabe si su posición es compartida por los legisladores de ese partido (no podemos saberlo ni siquiera respecto de la sostenida por la lideresa del tricolor), pero refleja un parecer que no podrá ser soslayado a la hora de legislar. Descalificó a la propuesta presidencial como “insuficiente en el análisis económico, discutible desde el punto de vista técnico, inconsistente en el aspecto legal, ignorante del contenido histórico y ayuna de sensibilidad política”.

Salvo la de Germán Martínez, no hubo en los dos días iniciales del debate una defensa explícita de las iniciativas presidenciales, aunque sí expresiones favorecedoras de su intención y descalificadoras de la oposición a tales proyectos. Por ello adquirieron mayor relieve las posturas contrarias a la legislación propuesta, entre las que sobresalió la expuesta el jueves por Claudia Scheinbaum, en representación del gobierno que se estima legítimo frente al espurio que encabeza Calderón. Con propuestas puntuales de reforma, como la de asignar 75% de los excedentes petroleros de este año a fortalecer las finanzas de Pemex, la eventual aplicación de esa medida tendría que superar la amarga sorpresa de que no obstante el alza continua de los precios internacionales del petróleo, no hubo tales excedentes en el primer trimestre, según informó el viernes el Secretario de Hacienda.

El pasado presente.- El 18 de mayo de 1992, un día como hoy hace 16 años, fue firmado el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal (Anmebn). Tres lustros después, una de sus signatarias, Elba Ester Gordillo, con un poder reforzado y ampliado, firmó la Alianza para la Calidad Educativa , ya como dependiente del Ejecutivo sino como su sostén y apoyo.

El acuerdo resultó de intensas negociaciones entre la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación , a cuya cabeza se hallaban Ernesto Zedillo y Gordillo. Cuando digo que su entonces secretaria general estaba subordinada al Presidente no digo que su enorme organización pudiera moverse como un mecanismo que obedece a la simple manipulación de sus controles, sino que su participación en procesos de reforma requiere un intenso trabajo político aunque al final se sobrepongan los intereses conservadores, como tal vez ocurrirá una vez más con la Alianza firmada el jueves pasado.

Además de cumplir instrucciones presidenciales, a cada uno de sus signatarios le importaba mostrar su capacidad de acuerdo para consolidarse en su posición. Zedillo tenía apenas cinco meses en su silla cuando fue firmado el acuerdo, cuyo contenido inicial se circunscribía a la federalización como se denominaba entonces al intento de descentralizar la gestión educativa. En enero de 1992 Zedillo había transitado los 500 metros que separaban SEP de la oficina que ocupaba en Palacio Nacional como secretario de Programación y Presupuesto, para sustituir a Manuel Bartlett. Colocado en la difícil posición de acatar a quien había sido su rival en la sucesión presidencial, el ex secretario de Gobernación era un singular precandidato derrotado que no se va al ostracismo sino que es invitado, y acepta trabajar con quien lo venció. Era un pago que Salinas estaba obligado a realizar, pues su polémico ascenso a la Presidencia no hubiera sido posible sin el trabajo de Bartlett al frente de la Comisión Federal Electoral.

Pero ambos estaban incómodos en esa nueva relación, en que Bartlett ya no era compañero de gabinete de Salinas y su antagonista sino subordinado suyo. A poco andar se presentó entre ellos un diferendo por el súbito golpe presidencial contra Carlos Jonguitud Barrios, el líder verdadero del sindicato magisterial. No es que Bartlett se opusiera a deponer al cacique, sino que fue apartado de la operación pues se consideró que como asunto político que era su gestión correspondía a Fernando Gutiérrez Barrios, secretario de Gobernación. Esa decisión dejó a Bartlett sin capacidad de negociación ante la reemplazante de Jonguitud, Gordillo, ya que ésta sabía que el secretario de Educación era por entero ajeno a la decisión de entronizarla. Esa capacidad le era necesaria a Bartlett para cumplir el programa de federalización que le encomendó Salinas y del que no pudo dar buenas cuentas. Aunque en diciembre de 1991, después de tres largos años en la SEP , aún faltaban meses para que se abriera el proceso electoral en Puebla, Bartlett renunció a su cargo en espera de ser gobernador de la tierra en que había nacido cuando la trashumancia profesional de su padre, juez federal, lo situó por un tiempo en la Angelópolis.

Después de un trienio como secretaria general reemplazante del titular, caído junto con Jonguitud, Elba Ester Gordillo logró establecer la reelección en el sindicato y 1992 era ya el cuarto año de su desempeño al frente del SNTE, el primero de su segundo periodo. (Cumpliría un tercero, que concluyó en 1996, y durante los ocho años siguientes se mantuvo ajena formalmente a la secretaría general que ocuparon personeros suyos, hasta que en el 2004 una nueva reforma estatutaria le permitió instituir la presidencia del sindicato, cargo que ocupa desde entonces). Aunque después sus relaciones con Zedillo se descompusieron, al principio halló en él un trato distante sí, pero diferente del muy rígido que Bartlett le dispensaba. Y así en sólo unos meses se puso a punto el acuerdo modernizador. Éste incluía la descentralización, previa garantía al sindicato de que se preservaría su unidad. Incluía también una renovación curricular y una valoración del trabajo de los maestros, que comprendía el establecimiento de la carrera magisterial, un conjunto de estímulos para que los maestros mejoraran sus ingresos sin tener que aguardar el ascenso en la pirámide laboral.

Gordillo se ufanó de los logros magisteriales en el acuerdo firmado hoy hace 16 años: “en su espíritu y en su letra hay un claro reconocimiento del papel protagónico del maestro en la transformación educativa de México, un compromiso de la federación y de los gobiernos estatales de mejorar las percepciones de los trabajadores de la educación, de establecer un sistema estatal para la formación del maestro y de convenir la puesta en marcha de un programa emergente de actualización”.


Kikka Roja

PROCESO : Jenaro Villamil: Debate: las iniciativas de Calderón son privatizadoras y si violan la Constitución

El debate petrolero
jenaro villamil

México, D.F., 20 de mayo (apro).- Las tres complejas y ricas sesiones de debate en el Senado sobre la reforma petrolera han tenido dos puntos de disenso claros: las iniciativas de Calderón son privatizadoras y si violan la Constitución.

Es claro que existen dos bloques sin matices en este sentido. El único consenso creciente: la necesidad de una “segunda expropiación” de Pemex frente a la Secretaría de Hacienda resulta ser inútil por ahora, ya que el gobierno federal no acompañó sus iniciativas de una profunda reforma fiscal para liberar a la paraestatal de la extracción de recursos que ha hecho Hacienda, como apuntó David Ibarra Muñoz desde el primer día del debate. Sobre la anticonstitucionalidad de las iniciativas presentadas por Calderón, este martes el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juventino Castro y Castro no sólo afirmó que van en contra de los artículos 27 y 28 de la Constitución (éste último clave porque advierte que las áreas estratégicas, como el petróleo, deben estar en manos de la nación), sino que también es viable y necesaria una consulta popular para definir el futuro de una reforma de este calado. A la argumentación del veterano ministro le siguió Jaime Cárdenas, exconsejero del IFE, quien detalló una lista de por lo menos ocho artículos constitucionales que son violentados en las cinco iniciativas enviadas por Calderón. Afirmó que éstas son “claramente privatizadoras”.

Arnaldo Córdova explicó que la figura nueva de “contratos de aprovechamiento” o de “beneficio” son contratos de riesgo prohibidos por la Constitución porque significan un usufructo de la explotación petrolera. La contraparte en este debate, Héctor Fix Fierro, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Mario Alberto Becerra y, en menor medida, Arturo Zaldívar, afirmaron que no hay violación alguna a la Constitución y que pueden existir distintas interpretaciones a la prohibición tajante del artículo 27 constitucional. Sin embargo, no han tenido argumentos contundentes para convencer por qué si la industria petrolera es definida como un área estratégica por la Constitución –distinta al área prioritaria, susceptible de ser privatizada o concesionada-- el sector de refinación, transporte, ductos y almacenamiento debe tener inversión de terceros o privados, nacionales o extranjeros. Tampoco se ha aclarado por qué si México reservó todo su sector energético en el capítulo sexto del Tratado de Libre Comercio, negociado en la era de Carlos Salinas de Gortari, ahora se pretende abrir este sector, algo que ni el “Innombrable” pudo realizar, aunque ganas no le faltaran.

Estos puntos son fundamentales para el futuro del debate. De la definición de si continuamos o no considerando al petróleo como un área estratégica, depende considerar si llegó o no el momento de privatizar parte de la industria petrolera o simplemente crear una confusión jurídica, política y económica que beneficiará sólo a quienes ven a nuestro petróleo como parte de sus reservas (léase Estados Unidos). La semana pasada, el ingeniero Javier Jiménez Espriú se llevó la tarde con una exposición notable, en la que afirmó que el problema principal de las iniciativas de Calderón es que son intentos de simulación y de engaño. Pretenden negar lo que explícitamente proponen: abrir áreas claves del proceso de la industria petrolera. Los defensores de la reforma calderonista no han sido muy afortunados porque no abundan ni resuelven el tema estratégico fundamental: bajo qué consideraciones jurídicas, históricas y económicas es necesario cambiar el candado expresado en el artículo 27 constitucional.

Aquí entraron en colisión las visiones históricas de Lorenzo Meyer, quien hizo una explicación clara y documentada sobre el valor del petróleo y el nacionalismo mexicano, y la de Héctor Aguilar Camín, quien se fue por la vía de la metáfora fácil al decir que el petróleo forma parte de nuestra “mitología nacionalista” y debemos cambiarla. Más desafortunado aún fue el dirigente nacional del PAN, Germán Martínez, quien sólo alcanzó a definir como “pontífices del petróleo” a los opositores a las reformas calderonistas, pero no le agregó una idea sugestiva o convincente a las iniciativas. No sólo eso. Abandonó la plaza en la apertura de los debates. Si ese gesto de Germán Martínez definirá la actitud del gobierno de Calderón, entonces el debate será ganado por los opositores, a menos de que alguien pueda argumentar sensatamente y no con desplantes de autosuficiencia tecnocrática –como los de Carlos Elizondo Mayer Serra-- que las restricciones y alcances de la Constitución en materia de petróleo siguen siendo vigentes para una nación dependiente como México.

jenarovi@yahoo.com.mx

Kikka Roja

ALIANZA: PANistas-NUEVA IZQUIERDA (los chuchos): quieren imponer consejeros corruptos en IEDF

  • Pretende condicionar la aprobación de iniciativas del GDF, acusan
  • Asambleístas evitarán que la alianza NI-PAN defina agenda
  • Poco ético, utilizar como moneda de cambio el asunto electoral, dicen

Gabriela Romero y Raúl Llanos

Diputados perredistas de la corriente Izquierda Unida (IU) advirtieron que no permitirán que sus correligionarios de Nueva Izquierda (NI), en alianza con los legisladores panistas condicionen la aprobación de iniciativas que son primordiales para el avance de ciudad de México, como la ley de aguas o los programas de desarrollo urbano delegacionales, al nombramiento de consejeros del Instituto Electoral del Distrito Federal. En conferencia de prensa, los legisladores Agustín Guerrero, Avelino Méndez y Arturo Santana puntualizaron que pretender condicionar la aprobación de temas como la ley del agua por un consejero electoral “es poco ético, no se puede utilizar como moneda de cambio. Es necesario que cesen en su intento de chantajear al Gobierno del Distrito Federal”.

Avelino Méndez aseveró que el vicecoordinador de la fracción panista, Jorge Triana, ha aceptado públicamente esto. Por lo que Arturo Santana aclaró a los diputados de Nueva Izquierda que con esto sólo se perjudica a los ciudadanos, “no a nosotros”. Agustín Guerrero advirtió que los legisladores de Izquierda Unida no permitirán que en la agenda del periodo extraordinario de sesiones, que la Asamblea Legislativa tiene previsto convocar del 26 al 29 de mayo, se programe como primer tema el asunto electoral, porque con esto NI y Acción Nacional buscan controlar la elección de 2009.

Remarcó que anunciar la celebración del periodo extraordinario sin contar con más temas que el electoral “fue un papelón, no se tiene certeza sobre los dictámenes que pudieran estar listos para esas fechas. El PRI maneja 25 iniciativas y el PAN 16”, dijo. Señaló que cuando hay “compañeros que se comportan como los del PAN están traicionando al partido (del sol azteca), porque si los ciudadanos hubieran querido establecer un contrapeso en la Asamblea Legislativa hubieran votado por otros partidos, no dar la mayoría al PRD”. Por la tarde, los coordinadores acordaron enviar sus propuestas de agenda legislativa al secretario técnico de la Comisión de Gobierno para que determine la situación en que se encuentren los dictámenes, y el lunes definir qué temas podrían incluirse en el periodo extra.

  • Demanda la anulación de la convocatoria para renovar consejo
  • Promueve Convergencia juicio de revisión del acuerdo sobre el IEDF
Gabriela Romero y Raúl Llanos

El Partido Convergencia promovió ayer un juicio de revisión constitucional electoral en contra de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, contra el acuerdo mediante el cual aprobó la convocatoria para la elección de candidatos a integrar el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) sin antes haber modificado el Código Electoral local, por lo que en su recurso reclama la anulación de ésta.

El documento fue presentado por el representante legal de ese partido a nivel nacional, Armando de Jesús Levy Aguirre, en el recinto legislativo de las calles Donceles y Allende, tras peregrinar primero por la oficina de la Comisión de Gobierno, después por la Oficialía de Partes, en donde inicialmente lo recibieron e incluso sellaron de recibido, para posteriormente, después de consultar, regresárselo con el argumento de que debía entregarlo en la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

Con base en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal dispone de 24 horas para notificar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que recibió la solicitud de juicio de revisión constitucional, plazo que vence hoy antes de las tres de la tarde, y de 72 horas para elaborar su informe circunstanciado.

  • El lunes envió solicitud; lo quiere para hoy
  • Pide panista a consejeros informe de su desempeño
Gabriela Romero y Raúl Llanos
El presidente de la Comisión de Asuntos Político Electorales de la Asamblea Legislativa, Jorge Triana Tena, solicitó a cada uno de los siete consejeros del Instituto Electoral del Distrito Federal, un “informe pormenorizado del desempeño de su cargo desde enero de 2006 a la fecha”.La solicitud fue entregada el lunes anterior antes del mediodía en la oficialía de partes, y los consejeros tienen que entregar el informe a “más tardar el miércoles 21 de mayo de 2008”.En su escrito, el legislador panista hace referencia al acuerdo de la Comisión de Gobierno por el que se aprueba el procedimiento y se expide la convocatoria para la renovación escalonada de los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, remarcando que a la comisión que preside corresponde hacer la evaluación de su desempeño y decidir quiénes serán ratificados.
PANISTAS CORRUPTOS, GOLPISTAS

Kikka Roja

falsos Maestros maltratan a los niños: violencia en las escuelas

  • UNESCO y Educación local recogen el sentir de 263 adolescentes de 4 delegaciones
  • Trato violento y profesores injustos orillan a menores a dejar la escuela
  • Más allá de su situación familiar y económica predominan las referencias a castigos, según estudio
LA EDUCACION PUBLICA, GRATUITA, ASESINADA POR LOS PANISTAS Y ELBA ESTHER GORDILLO
Rocío González Alvarado

Con frases como: “no me gustan las clases de español, tampoco las de matemáticas, menos los talleres. Toda la escuela es aburrida”, “no quiero ir a la escuela porque los maestros me caen mal, mucho más el director”, o “ya no estudio porque la maestra me pegó y me rompió la boleta en la escuela”, niños y adolescentes que no asisten a clases expresaron lo que les gusta y disgusta de la escuela y los motivos que los obligaron a dejar las aulas. Lo anterior forma parte de los resultados obtenidos en talleres realizados en las delegaciones Gustavo A. Madero, Alvaro Obregón, Iztapalapa, y Milpa Alta, identificadas con los más altos índices de exclusión educativa, que se recogen en el estudio Y tú ¿qué opinas? realizado por la Unesco en México y la Secretaría de Educación capitalina, con el propósito de conocer por qué los menores dejan la escuela.

Los 263 participantes, de entre seis y 18 años, manifestaron su sentir mediante dibujos, cuentos, obras de teatro y escritos, en los que predominan las referencias a trato violento o incomprensión de sus profesores, más allá, inclusive, de la situación económica o familiar. Los ejemplos se multiplican en los diferentes ejercicios, como el que hizo Alejandra, de 15 años, en un reportaje titulado “Profesores injustos” en el periódico Nosotros, “el más candente”. En éste cuenta la experiencia que tuvo con una maestra que la reprobó por no tener máquina de escribir. ¿No te ha pasado que un maestro te culpa de algo injustamente?”, inquiere.

En un sociodrama, en el que se les pidió protestar por la exclusión educativa, los menores llamaron a su organización “Muera la escuela” y expusieron 13 razones. Entre ellas, “los maestros son incomprensivos”, “ponen castigos injustos”, “no puedes pintarte el pelo ni hacerte perforaciones”, “sólo quieren que lleves tenis blancos”. De hecho, en los murales sobre su experiencia en las escuelas, los participantes utilizaron colores intensos, como rojo, negro o azul, y dibujaron inmuebles maltrechos, grafiteados y de cabeza, que cobijan a personajes oscuros, y rodeados de hechos de violencia, como un individuo atropellado y un perro muerto a tiros. Lo que más les disgusta de las instalaciones físicas son los sanitarios. En cambio, cuando ilustraron su escuela ideal recurrieron a colores claros, al “estilo arcoiris, con zonas verdes que evocan la naturaleza y el uso del azul como elemento del cielo o el mar”. “La escuela que me gustaría está en las nubes”, anota Mariana, de 10 años. La de Angélica tiene juegos y la de Elizabeth un módulo de policía.

En sus cuentos y composiciones en general, narran experiencias de niños que no van a la escuela por problemas familiares y su intención de cambiar el sistema educativo. “¡Podemos hacer una marcha para que la escuela sea más divertida”, propuso un menor. Otros, a petición de los talleristas, después de leer Los decretos del hombre, de Thiago de Mello, hicieron los propios. “Decreto que los niños vayan a la escuela”, “Está dicho que el maestro nos saque 10 en todos los examenes, tareas, etcétera”, o “Fuera feliz si todo en el mundo fuera divertido”. Con las respuestas de este ejercicio, realizado entre febrero y marzo de este año, sobre los factores que impiden a los niños y adolescentes disfrutar de su educación, se pretende plantear una guía para la adopción de acciones que coadyuven a que, cada vez más, se logre que todos ejerciten este derecho.

Kikka Roja

PEMEX A CONSULTA POPULAR: Castro y Castro: AMLO

  • El Ejecutivo eligió una vía impertinente para contradecir la Constitución, afirma
  • Someter a consulta popular iniciativas sobre Pemex, exige Castro y Castro
  • Critica que se expidan “bonos ciudadanos” en vez de reinvertir utilidades en la paraestatal

Andrea Becerril y Víctor Ballinas
German Martinez, MONERO HERNÁNDEZ
El ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Juventino Castro y Castro sostuvo que antes de votar la propuesta de reforma de Felipe Calderón para abrir Pemex al capital privado, debe ser sometida a “consulta popular”, como indica la Constitución. Al participar en el tercer foro de debate sobre las iniciativas en materia energética del Ejecutivo federal, afirmó que éste “ha elegido una vía impertinente para resolver y contradecir a la Constitución”, y recalcó que es necesaria una consulta a la opinión del pueblo, “a la soberanía popular”, porque “es ella titular exclusiva de las riquezas del subsuelo” y debe expresar “su parecer directo”. Destacó que Calderón no propuso una reforma constitucional para evitar “un grave enfrentamiento social”, pero sí modificaciones inconstitucionales a leyes secundarias al pretender que un área estratégica fundamental admita la intervención directa o indirecta de particulares.

Castro y Castro leyó el párrafo tercero del artículo 26 constitucional, que a la letra dice: “La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática.” Explicó que de forma textual, la norma constitucional señala que es el propio Estado el que debe formular esa planeación, “recogiendo de los sectores sociales las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan de desarrollo y, mediante tal procedimiento, imprimir solidez, dinamismo, permanencia y equidad al merecimiento de la economía, a la independencia y a la democracia política, social y cultural”. Es decir, precisó el jurista, “por todo ello se entiende el por qué en tales condiciones sociales se contempla una participación auténtica del hecho, mediante una consulta directa a él, tomando nota el Estado programador de sus necesidades y de sus requerimientos, y plasmando con todo ello esos apoyos necesarios para la eficacia y la justicia del desarrollo nacional”. De ahí que, “con lealtad” y “convicción”, planteó llevar a cabo esa consulta popular con el propósito de que el pueblo “pueda expresar auténticamente su parecer directo sobre las iniciativas del Ejecutivo”, ya sea en el sentido de que se dicten las nuevas normas para el manejo del petróleo o se desechen.

El ex ministro de la Suprema Corte consideró que la consulta popular, prevista en el artículo 26 constitucional, debe llevarse a cabo antes de que se voten las iniciativas de Calderón, porque realizarla después de aprobadas se constituiría en un verdadero referendo, figura que no existe en la Carta Magna. Castro y Castro reconoció que en forma inexplicable no se ha regulado esa consulta popular para cuestiones fundamentales del desarrollo nacional. Después pidió que se legisle en forma adecuada el espíritu constitucional en el manejo de los recursos naturales, sobre todo en el de las áreas estratégicas, para llegar a la conclusión de que “el aprovechamiento de los recursos naturales del subsuelo nunca puede quedar en manos y en control de intereses privados”. De entrada, recordó que en sus tiempos de estudiante sus maestros le inculcaron el principio mayor de los abogados mexicanos: “Sobre la Constitución, nada; contra la Constitución nadie.” Por eso, agregó, “imaginarán tanto mi desconcierto y mi estupor cuando en este mismo recinto se calificó a nuestra ley suprema de ser simplemente una mitología nacionalista, y al nacionalismo mismo el constituir una terca posición que impide el desarrollo del país”. Esto, en alusión a lo expresado el jueves pasado por el escritor Héctor Aguilar Camín, a quien no se refirió por su nombre, pero sí le respondió que “habrá que ilustrar a los mitólogos sobre qué es una nación y cómo defenderla viviendo tenazmente una cultura de la constitucionalidad”.

De acuerdo con los diccionarios, explicó, una mitología es una conjunción de mitos, y la Constitución no contiene mitos sino un pacto solemne realizado por la sociedad mexicana para establecer y defender un orden jurídico nacional. “O, dicho en los términos del artículo 133, es la ley suprema de toda la Unión.” Lo que alarma, manifestó, no es “esa triste concepción interesada; lo que atemoriza es el mensaje implícito que lleva a aconsejar” a los mexicanos que prefieran la tecnología y los procedimientos de la industrialización “a las normas constitucionales anticuadas y obsoletas, y optar más provechosamente por lo utilitario”. Las reformas, insistió, deben ser entendidas como “inconstitucionales, porque de aprobarse tal y como se propone se estaría autorizando y legitimando que Pemex maneje la industria petrolera nacional no en forma directa y exclusiva, como ocurre con todas las áreas estratégicas, sino involucrando en cualquier forma en su manejo al sector privado”. Castro y Castro criticó que en las iniciativas de Calderón se proponga la expedición de “bonos ciudadanos” para permitir, según se afirma, un mejor desempeño de Pemex.

“Resulta al menos exótico que una empresa estatal con tan inmensos beneficios como los que tiene Pemex, en vez de reinvertir sus utilidades en la empresa misma expida bonos en calidad de crédito.”

Sin un referendo no habrá cambios: López Obrador
Ciro Pérez Silva (Enviado)
Oaxaca, Oax., 20 de mayo. Tras los debates en el Senado sobre la reforma a Petróleos Mexicanos (Pemex) va a haber una consulta pública, “porque no podemos permitir que, en aras de la corrupción, se despoje al pueblo de México”, advirtió aquí Andrés Manuel López Obrador, en respuesta a quienes rechazan la participación social en este tema.
  • Se financiarían programas sociales, insiste
  • Calderón pide que se apruebe reforma
  • Fidel Herrera externa su apoyo al proyecto
Georgina Saldierna (Enviada)
Huayacocotla, Ver., 20 de mayo. El presidente Felipe Calderón insistió aquí en la aprobación de su reforma energética, luego de advertir que de 2004 a 2007 se han dejado de producir 300 mil barriles diarios de petróleo, lo que significa cien mil millones de pesos, es decir, cuatro veces el presupuesto del Programa Oportunidades en todo el país y varias el del estado de Veracruz.Si se logra recuperar esa producción de crudo mediante el fortalecimiento de Petróleos Mexicanos (Pemex), de darle autonomía, facultades de contratación de tecnología y de multiplicación de su capacidad operativa, “vamos a poder financiar las necesidades sociales de los mexicanos”, subrayó. leer más...
Kikka Roja

Día 3 debate nacional petrolero: Los panistas vendepatrias atacaron al articulo 27

  • Quienes apoyan la reforma dijeron que el artículo es confuso y con fuerte contenido ideológico
  • Agrio debate por los alcances del 27 constitucional en materia energética
  • O no saben leer o nos quieren engañar; me dan ganas de mandarlos a la escuela, replica Arnaldo Córdova
  • No sé por qué a la pasada sesión invitaron a Aguilar Camín; no sabe nada de esto, dice

Andrea Becerril y Víctor Ballinas

¿Qué es lo que no les parece claro del artículo 27 constitucional?, preguntó el doctor Arnaldo Córdova a participantes en el tercer foro de debate sobre la reforma de Petróleos Mexicanos (Pemex) que ayer argumentaron que el ordenamiento es confuso, “con un fuerte contenido ideológico e histórico”, lo que dificulta su interpretación. El experto en derecho constitucional, politólogo e investigador emérito del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, advirtió que la “víctima” ayer del debate fue el artículo 27 constitucional y sostuvo que quienes dicen “que no lo entienden, que es poco claro o que no dice lo que dice”, lo llevaron a concluir que “o no saben leer o no saben derecho o nos quieren engañar”. La alusión no fue sólo para los ponentes de ayer; Córdova se refirió a lo expresado durante el foro del jueves pasado por el escritor Héctor Aguilar Camín, quien sostuvo que todos los contratos firmados por Pemex son inconstitucionales. “No sé por qué lo invitaron, no sabe nada de esto, pero lo trajeron como experto.” Y no sólo eso, les dijo muy claramente: “Me dan ganas de volverlos a mandar a la escuela”. La referencia era clara a lo expresado por el catedrático de la Escuela Libre de Derecho Arturo Zaldívar, de que el artículo 27 es “un texto redactado de forma poco técnica para resolver problemas modernos y extraordinariamente complejos”. Tanto Córdova como el doctor Jaime Cárdenas y el ex ministro de la Corte Juventino Castro refutaron las afirmaciones hechas por Zaldívar y los también juristas Mario Becerra Pocoroba y Héctor Fix Fierro, quienes trataron de legitimar las cinco iniciativas de Felipe Calderón, expusieron que ese artículo 27 y su ley reglamentaria posibilitan la inversión privada en la refinación y transportación de hidrocarburos y sostuvieron que el proyecto presidencial no incluye contratos de riesgo.

Becerra, catedrático también de la Escuela Libre de Derecho, pidió avanzar a criterios más flexibles para interpretar la Constitución, en especial los artículos 25, 27 y 28, y expuso que se debe interpretar la ley conforme a la Constitución y la Constitución conforme a la ley.Sostuvo que “no necesariamente todas las actividades de la industria petrolera corresponden a áreas estratégicas”. Según su interpretación, el artículo 27 se refiere sólo a la explotación de petróleo como actividad exclusiva de la nación y deja fuera refinación, petroquímica y transporte de hidrocarburos, que pueden ser realizados por particulares. Castro dejó en claro que existe “un intencionado propósito de introducir confusión sobre lo estructurado por la Constitución para las áreas prioritarias, ante lo decretado exclusivamente para las áreas estratégicas”. Hizo notar que el cuarto párrafo del artículo 27 dice: “Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales”, incluyendo el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos. Y lo ratifica, agregó, el cuarto párrafo del artículo 25, donde se precisa que “el sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución”. Ese artículo, a su vez, añadió, en su párrafo cuarto ordena de qué manera se deben manejar tales áreas: “El Estado contará con los organismos que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo, y en las actividades de carácter prioritario, donde, de acuerdo con las leyes, participe el Estado por sí o con los sectores social y privado”.

Es decir, “el manejo de las áreas exclusivas se ordena como exclusivo y directo del Estado, y los sectores social y privado pueden auxiliarlo únicamente en tratándose de áreas prioritarias. Son dos mundos, dos enfrentamientos”.Y en realidad, el concepto provocó la confrontación entre los juristas que ayer expresaron que la reforma de Calderón es inconstitucional y los que propusieron a los legisladores interpretar la Carta Magna sin que sea trampa ni fraude, pero sí “de la forma que más le sirva al país”, según expresó Zaldívar. Córdova dijo a éste que “hasta en las escuelas de derecho se confunde la Constitución y se cree que es una ley como cualquier otra”, pero no es así, porque la Carta Magna “es un pacto, el pacto del pueblo mexicano, que dio lugar al Estado, es nuestro contrato social”. Agregó que le parece “una aberración eso de venir a decir aquí que la Constitución hay que interpretarla con base en una ley”. El otro tema de discusión entre los dos bandos fue el de los contratos de riesgo, prohibidos en la ley reglamentaria del 27 constitucional que, a juicio de Zaldívar y de Fix Fierro, no son equiparables a los contratos de desempeño incluidos en la reforma de Calderón.Jaime Cárdenas Gracia les dijo que esos contratos propuestos por el Ejecutivo para dar a empresas extranjeras la exploración y explotación de yacimientos de petróleo y gas “sí tienen características de contratos de riesgo”, pues si bien no les da a los inversionistas un porcentaje del petróleo explotado, sí les permite que se lleven parte de la renta petrolera.Ante la insistencia de los defensores de la iniciativa de Calderón, de que fue hasta la reforma de 1960 en que se prohibieron los contratos y concesiones, que pueden volver a establecerse en la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, el ex consejero del IFE y jurista dijo que tal interpretación es “no querer leer bien, lo digo con todo respeto, la Constitución”.

Ante la polarización, el ex ministro Castro y Castro aclaró: “No tengo pleito con nadie, nadie tiene pleito conmigo”, e igualmente Córdova dijo que él tampoco fue a pelear: “Vengo a discutir, nada más. No tenemos garantía de que los señores legisladores nos van a hacer caso”, e incluso consideró que el debate va “hacia un diálogo de sordos”.Diez legisladores de todas las fuerzas políticas formularon después preguntas a los ponentes. Los del PAN y el Verde (Arturo Escobar) se dirigieron a los juristas que están en favor de la reforma presidencial para que insistieran en sus argumentos. El diputado del PRD José Antonio Almazán señaló que “esas iniciativas entreguistas, de vendepatrias, no pasarán”, y a los ponentes que defendieron el proyecto de Calderón les dijo que “sus argumentos son cortos y pretenden ignorar el peso que tienen en la construcción de la identidad nacional el nacionalismo y el petróleo”. Rubén Camarillo, senador del PAN e impulsor de las iniciativas presidenciales reviró: “Los vendepatrias están allá afuera, no aquí adentro; si alguno se coló, ojalá lo identifiquemos para sacarlo a patadas”. En ese tono concluyó el tercer foro en Xicoténcatl.

Kikka Roja

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