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lunes, 8 de diciembre de 2008

Javier del Real Magallanes

PLAZA PÚBLICA
Javier del Real Magallanes
Miguel Ángel Granados Chapa
8 Dic. 08

Convertido en subsecretario de Estrategia e Inteligencia de la SSP, al mando de 27 mil miembros de la Policía Federal, el divisionario tendrá que demostrar qué buenas razones lo condujeron a esa posición

Aunque la versión más lógica y sostenible es que la Secretaría de la Defensa Nacional metió en la de Seguridad Pública una cuña, en la persona del general de división Javier del Real Magallanes, nuevo subsecretario de Estrategia e Inteligencia policial, el principal afectado por esa decisión, Genaro García Luna, intentó maniobrar para hacer creer que a él se debe esa designación.

Según la especie favorable a sus intereses, García Luna habría solicitado al presidente de la República la incorporación del divisionario a la Secretaría que él encabeza: "Fuentes de la SSP federal comentaron que el propio García Luna realizó un intenso cabildeo para que se autorizara la inclusión del militar en activo a la estructura de la SSP.

"El general Del Real mantiene una estrecha amistad con García Luna. Han coincidido en diversas tareas. Ambos trabajaron en el Centro de Investigación para la Seguridad Nacional" (El Universal, 5 de diciembre).

Podría ser verdad lo dicho en esa nota, si se considera el aval que repetidamente ha brindado en fechas recientes el presidente Calderón a su secretario de Seguridad Pública. Pero es más verosímil la tesis de que, hombre de confianza del general secretario de la Defensa, Guillermo Galván, el nombramiento de Del Real Magallanes sea un acto de presencia de la Sedena en la SSP, para irle de la mano al titular. Son conocidas las diferencias y aun enfrentamientos de las dos Secretarías y se ha sabido de la alerta que un grupo relevante de generales lanzó contra la designación de García Luna como jefe del Cisen (que era la posición que le estaba destinada en noviembre de 2006) y la expresión de desconfianza que el propio general Galván habría emitido ante su jefe cuando García Luna fue nombrado secretario. En este caso, la inclusión de un militar avezado en asuntos policiacos significaría el principio del fin del cacicazgo que el titular de la SSP ha pretendido ejercer en las fuerzas federales de seguridad. Por lo pronto, tuvo que desplazar a su amigo Facundo Rosas para hacerle lugar al general recién llegado, y lo confinó a otra subsecretaría, la de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos, distante de la operación policiaca misma.

Si es verdad que Del Real es una cuña que limite a García Luna, que no será propiamente su jefe puesto que, como general en activo, su inmediato superior conforme a la disciplina militar es el propio secretario de la Defensa, también puede serlo que se haya removido a Rosas por su desliz en el caso de la comandante Lorena González, procesada por el secuestro de Fernando Martí. No obstante que él mismo la invitó en octubre pasado a pasar de la AFI a la Policía Federal, Rosas pretendió negar la pertenencia de quien organizó el falso retén donde Martí fue capturado a la Secretaría de que era el número dos. García Luna salió en su apoyo, aunque al final debieron admitir que en efecto la acusada no les era desconocida.

Del Real, que llegó a divisionario en diciembre de 2004, antes de cumplir 60 años, ha combinado una carrera de servicio estrictamente castrense con labores de inteligencia y aun administración policial. Fue, por ejemplo, director ejecutivo de políticas de seguridad pública bajo el mando del general Enrique Salgado Cordero, que a las órdenes de Óscar Espinosa Villarreal fue uno de los últimos secretarios de ese ramo en la administración priista. Como subdirector operativo del Estado Mayor de la Sedena realizó también acciones policiacas: participó en la detención de los hermanos Cerezo, en agosto de 2001, y dio cuenta de ella junto con el subprocurador Gilberto Higuera. No debió ser acertada la información en que se basó la acusación porque uno a uno fueron cayendo los cargos que se imputaron a esa familia, dos de cuyos miembros siguen presos por arbitrarias razones extrajudiciales.

Además de jefe de la sección segunda del Estado Mayor de la Defensa (el departamento que maneja la inteligencia militar) y director del Colegio de la Defensa Nacional (donde se preparan los cuadros selectos de las Fuerzas Armadas), Del Real Magallanes ha tenido mando de tropas, como comandante de dos regiones militares, la segunda con sede en Mexicali y la cuarta asentada en Monterrey. Fue desde allí responsable del operativo Nuevo León Tamaulipas, uno de los despliegues de tropa de mayor envergadura en la estrategia contra la delincuencia organizada. En los años en que fue comandante de la región no fue posible contener la violencia criminal en Monterrey y su zona metropolitana, cuyos pobladores han vivido en creciente zozobra. Miembros del Ejército realizaban acciones contra el narcomenudeo, lo que derivó en el asesinato de los tres oficiales que realizaban investigaciones en ese campo y de 10 militares más a mediados del reciente octubre. Igualmente, en esos días se produjo un ataque a balazos y con una granada (que no estalló) contra el consulado norteamericano en la capital de Nuevo León, que suscitó la expresa preocupación del embajador Antonio O. Garza, que tan atento está a la lucha (o su falta) del gobierno mexicano contra el crimen organizado.

En su nueva responsabilidad, Del Real tendrá bajo su mando a la Policía Federal, una contrahecha corporación que no acaba de nacer legalmente, y que consta de 27 mil efectivos. Tendrá que depurar los mandos de ese cuerpo, una zona minada por la corrupción y la complicidad con la banda de Jesús Zambada, El Rey, según se desprende de indagaciones ministeriales en curso.

Cajón de Sastre

Un dictum conservador asegura que quien a los 18 años no es comunista es que carece de corazón, pero quien sigue siéndolo a los 40 es que no tiene cabeza. El profesor Othón Salazar Ramírez, muerto el jueves pasado, fue comunista a los 18, a los 40 y al doble de esa edad, pues siguió siéndolo toda su vida, que terminó a sus 84 años. Lo fue con el corazón y la cabeza, y pagó los costos de su militancia en un régimen autoritario. Pionero de la libertad sindical en el sindicato de maestros, fundador del Movimiento revolucionario del magisterio, primera línea de oposición al cacicazgo oficialista que desde hace más de medio siglo domina esa poderosa agrupación, fue preso político y perdió su trabajo como profesor, pero no perdió la congruencia ni la dignidad.


Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com

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La Montaña de Othón Salazar Ramírez

TOLVANERA
La Montaña de Othón
Roberto Zamarripa
8 Dic. 08

Frente a la sierra guerrerense, en el corazón de la región de La Montaña, fue sepultado Othón Salazar Ramírez el pasado sábado, quien falleciera en una humilde casa en las afueras de Tlapa.

No acudieron a despedirlo los líderes de partidos que hoy se benefician de las siembras del Maestro Othón. Ni una palabra de Jesús Ortega, el líder del PRD, ni un reconocimiento de quienes hoy administran los presupuestos parlamentarios perredistas. Es muy chiquita esa "izquierda" para tamaña biografía.

Pero lo despidieron los suyos. Los amuzgos, los mixtecos, los tlapanecos. Los pobladores de su natal Alcozauca y de La Montaña que reconocieron siempre en Othón congruencia, lealtad a principios, limpieza en su trayectoria y honestidad a carta cabal.

Lo que debieran ser divisas de comportamiento humano se convierten en datos extraordinarios de una biografía. ¿Por qué no era un líder de maestros que viajara en Hummer? ¿Por qué no tenía casas en el extranjero, Coronado, California, por ejemplo?

Tras encabezar las movilizaciones por libertad sindical y mejoras económicas de los maestros en 1958, Othón no sólo fue encarcelado sino que le despojaron de su plaza magisterial que nunca pudo recuperar. La atrocidad política de la que fue objeto no fue reparada por ninguno de los gobiernos priistas ni panistas. Aunque a decir verdad, fue hasta la administración de Josefina Vázquez Mota, cuando Othón Salazar recibió un reconocimiento simbólico que acreditó su trayectoria como maestro adscrito a la Secretaría de Educación Pública.

Las aportaciones históricas de Othón, empero, no quedan en su batalla sindical. Pueden reconocérsele aportes para la construcción de una política que otorgó ciudadanía real a los indígenas, los empujó a dotarse de gobiernos propios, impulsó políticas de desarrollo sustentable cuando nadie hablaba de ellas, y proyectó la lucha contra la pobreza como uno de los ejes de acciones sociales de cualquier fuerza gobernante.

En 1979 cuando el Partido Comunista incursionaba en las lides electorales y asumía como fuerza principal de la izquierda partidista el respeto a la legalidad, Othón Salazar contendió como candidato a diputado federal por el Quinto Distrito electoral de Guerrero con cabecera en Tlapa y que concentraba los municipios de la región de La Montaña.

Mientras las movilizaciones ciudadanas por respeto al voto tenían eco en las grandes urbes y asentaban su fuerza en Sonora, Nuevo León o Chihuahua, con movilizaciones panistas, en La Montaña de Guerrero s urgió un impresionante movimiento indígena que si bien no logró el reconocimiento del triunfo electoral del candidato Othón, provocó la anulación de los comicios y la convocatoria a extraordinarios.

Othón Salazar siempre se comprometió con resistencias democráticas pacíficas y legales. Alguna vez contó que en los momentos más difíciles de la represión política, luego de las manifestaciones magisteriales de 1958 que le costaron la cárcel, Genaro Vázquez, un ex profesor rural que tomó el camino de las armas, le entregó un revólver. "Te hará falta", platicaba Othón sobre lo dicho por Genaro. Othón lo guardó atado a su cinto pero nunca lo usó. Lo suyo no era la violencia sino una encomiable perseverancia que no le soltó hasta su muerte.

Antes, mucho antes de que el subcomandante Marcos reivindicara los derechos indígenas, el Maestro Othón ya había movilizado, pacíficamente, a miles de indígenas dispuestos a conquistar sus gobiernos locales, a pugnar por la reorientación de presupuestos y a pelear por transformaciones profundas a sus condiciones de vida. Othón no tuvo que empuñar un arma para defender a los indígenas y menos los dejó solos. Iba y venía siempre con su gente. Y daba la cara por ellos. La suya era una manera afable, pedagógica, amable y tenaz de dirigir. Othón movió a La Montaña.

"...El maestro Othón Salazar, sin saberlo, se convirtió en el detonador de una nueva etapa de los temas ambientales nacionales, la cual derivó en muchas políticas que se concretaron desde la Semarnap", escribió Julia Carabias al recordar la etapa en la que un importante número de biólogos, economistas y sociólogos acudieron por convocatoria del profesor a proponer alternativas para el hambre, la deforestación y la destrucción ambiental en las zonas indígenas de La Montaña (Reforma, 13/11/2008).

Othón no fue el primer gobernante comunista como muchos suponen. Fue el tercero. El primero fue Abel Salazar Bazán, pariente de Othón, y quien instauró la rendición de cuentas pública del ejercicio de un presupuesto exiguo, posteriormente, en 1984, el otro alcalde socialista fue Antonio Suárez y en 1987, ya como militante del PSUM, llegó Othón Salazar a la alcaldía. Luego vino Javier Manzano y otros más que cambiaron el rostro de la digna Alcozauca de Guerrero.

La historia de México en los últimos 50 años tiene muchas páginas escritas por Othón Salazar. Por lo menos, debería recibir un homenaje en los patios de la SEP.

Othón movió a La Montaña y La Montaña fue a él. Ahí, en La Montaña, queda su huella: una enorme seña de congruencia.


Correo electrónico: tolvanera06@yahoo.com.mx

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BALEAN A ROSA LUZ ALEGRIA EN SU CASA

Balean a Rosa Luz Alegría

Notimex

Cuernavaca, Mor, 7 de diciembre. La ex secretaria de Turismo Rosa Luz Alegría Escalante recibió un balazo aparentemente en un intento de secuestro en el municipio de Xochitepec, reportaron autoridades policiacas. De acuerdo con los informes, el calibre del proyectil que hirió a la funcionaria en el sexenio de José López Portillo es de arma larga. Familiares de la víctima la trasladaron a un hospital particular de esta ciudad, donde es intervenida. Debido a complicaciones por la herida, en la parte baja del abdomen, podría ser llevada a un nosocomio de la ciudad de México. Los familiares solicitaron sangre tipo O, Rh negativo.

Cuernavaca, Morelos (SUN).- Rosa Luz Alegría Escamilla, secretaria de Turismo en el sexenio del ex presidente José López Portillo, fue baleada por sujetos desconocidos que ingresaron a su residencia, situada al sur de Morelos, supuestamente para secuestrarla. Esos datos han trascendido en la clínica particular de Cuernavaca donde Alegría Escamilla, de 59 años de edad, es intervenida por las heridas de arma de fuego que le produjeron sus presuntos atacantes. El nosocomio donde se encuentra la ex activista del movimiento estudiantil de 1968, es custodiado por elementos de la AFI y de la Policía Preventiva de Morelos. Una versión no oficial dio a conocer que los presuntos secuestradores irrumpieron en la residencia de Alegría Escamilla alrededor de 14:30 horas de este domingo, pero luego de frustrar su objetivo huyeron del sitio.

08/12/2008

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desaparecido campesino Javier Torres Cruz que denunció a ex líder ganadero Rogaciano Alva Álvarez

Colectivo contra la tortura culpa a gobiernos federal y estatal
Reportan desaparecido a campesino que denunció a ex líder ganadero

Sergio Ocampo Arista (Corresponsal)

Chilpancingo, Gro., 7 de diciembre. El campesino Javier Torres Cruz, quien denunció a Rogaciano Alva Álvarez, ex dirigente de la Asociación Regional Ganadera, como responsable del asesinato de la defensora de los derechos humanos Digna Ochoa, está desaparecido desde el miércoles pasado, dio a conocer el coordinador del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Bertoldo Martínez Cruz. “Responsabilizamos a los gobiernos federal y estatal de su desaparición, y ratificamos que con esto se corrobora que se está criminalizando la lucha social”, afirmó.

Entrevistado por teléfono, Martínez Cruz explicó que Torres Cruz es miembro de la Organización Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán. “Nos dice su mamá, Martha Elba Cruz, que su hijo salió de su casa el miércoles de la semana pasada, pero ya no regresó”, indicó.

Dijo que familiares de Javier Torres fueron a buscarlo a las instalaciones del 19 batallón de infantería, con sede en la cabecera municipal de Petatlán, pero nos les quisieron dar información. “Nosotros ya pedimos la intervención del presidente Felipe Calderón y de las comisiones Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Coddehum)” para que intervengan de inmediato.

El coordinador del CCTI recordó que Javier Torres presentó hace un año, ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, una denuncia contra el ganadero y ex alcalde de Petatlán, Rogaciano Alva, por el asesinato de Digna Ochoa, ocurrido en 2001.

Apenas el 13 de noviembre pasado el Ejército incursionó en la comunidad La Morena, en busca de Javier Torres y dos de sus hermanos. Los militares catearon viviendas durante siete horas y maltrataron a mujeres y niños. Se llevaron documentos, alhajas y dinero en efectivo. Esos incidentes fueron denunciados ante la CNDH y la Coddehum.
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Gobernar para claudicar: Denise Dresser

Juar juar! la señora Dresser ya se puso celosa, su familia no es noble, le gana televisa...
Por Denise Dresser.-

“No es difícil gobernar. Basta con no ofender a las familias nobles”, escribió Mencius el filósofo chino. Y vaya que el gobierno mexicano sigue su pronunciamiento a pie juntillas, sobre todo en el terreno de las telecomunicaciones y la televisión. Ante Telmex hay que doblegarse. Ante Televisa hay que arrodillarse. Ante los concesionarios hay que hincarse. Ante los que realmente ejercen el poder en el país, la autoridad se rehusa a actuar como tal. En lugar de imponer decisiones legítimas, las negocia. En vez de regular en nombre del interés público, termina por fortalecer a los feudos privados. El gobierno no gobierna, ruega. Eso es lo que revela el comportamiento reciente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ante decisiones que involucran a Telmex. Esa es la debilidad que exhibe un gobierno que –en aras de no ofender– termina por claudicar.
Produciendo así historias de terror como la que el país acaba de presenciar en el tema de las “Áreas de Servicio Local”. Desde hace más de un año, la autoridad regulatoria --la Cofetel– determinó reducir esas áreas de 397 a 197, para que los consumidores tuvieran que pagar menos llamadas de larga distancia en zonas geográficamente cercanas, como ocurre actualmente. El esquema existente permite que Telmex cobre más de lo que debería y que los ciudadanos paguen transfieran más riqueza a las arcas de la compañía de lo que les toca. Hoy una llamada de Toluca a Metepec es considerada y cobrada como una larga distancia, cuando no debería ser considerada como tal. Hoy una llamada de Texcoco al D.F. contribuye al abuso cotidiano que Telmex es capaz de perpetuar, porque el gobierno se lo ha permitido.
Pero como suele suceder en casos en los cuales Telmex ve afectados sus intereses, el asunto estuvo parado más de un año porque el Sr. Slim se amparó. Cuando la Cofetel logró que un tribunal revocara la suspensión y se pudiera avanzar en beneficio de los consumidores, ocurrió algo verdaderamente sorprendente. La Subsecretaria Carpinteyro le dio entrada desde su oficina a una petición de Telmex para frenar la decisión tanto del tribunal como de la Cofetel. En pocas palabras, lo que Telmex no pudo ganar en los tribunales, lo ganó con la decisión de una mujer que al entrar al puesto generó grandes expectativas que ahora defrauda. Algo legalmente improcedente se volvió procedente y benefició –nuevamente– a un interés privado por encima del interés público. Un avance a favor de los consumidores se volvió –nuevamente– un retroceso para ellos.
Y algo similar ha ocurrido en el tema de la interconexión de larga distancia y las tarifas exorbitantes que Telmex le cobra a sus competidores. La Cofetel determinó bajar las tarifas después de un pleito de diez años con el “jugador dominante”; años en los cuales los consumidores suscritos a servicios alternativos al de Telmex se han visto obligados a pagar tarifas diez veces más altas de lo que deberían. Pero otra vez, la subsecretaria intervino para permitirle a Telmex parar una decisión que afectaba de manera negativa sus intereses. Otra vez Purificación Carpinteyro puso en tela de juicio su reputación como una funcionaria autónoma, independiente, capaz de actuar como autoridad y no como correa de transmisión de Telmex.
Ahora bien, probablemente la subsecretaria argumentaría que todo es parte de una “gran negociación” con el Sr. Slim que –al final del día– va a producir acuerdos. Que al concederle a Telmex ciertas cosas, logrará obtener otras. Que si ella está dispuesta a darle algo al monopolista más exitoso de México, eventualmente logrará que acepte ciertas decisiones regulatorias en lugar de ampararse constantemente ante ellas. Pero ese comportamiento coloca al gobierno de México en una posición precaria y contraproducente. Acaba negociando con la persona a la cual debería regular; acaba pidiéndole favores al hombre que debería contener; acaba claudicando ante la compañía a la cual tiene la obligación de sancionar. El gobierno –ya sea a través de Luis Téllez o Purificación Carpinteyro-- termina por ceder ante chantaje del Sr. Slim y repite sus argumentos: Si no le dan lo que quiere, dejará de invertir. Si no le permiten seguir comportándose como lo hace en el país se irá de él. Si no le cambian el título de concesión para que pueda entrar al negocio de la televisión abierta con las condiciones que exige, demandará a la SCT.
Pero al tratar de congraciarse con quien debería regular, el gobierno pierde de vista los costos que perpetúa para el país. La penetración de los servicios de telecomunicaciones en México sigue siendo relativamente baja, en gran medida por los obstáculos que Telmex ha colocado. El ritmo de crecimiento pronosticado de la banda ancha va a ser muy pequeño, en gran medida por los diques que Telmex ha erigido. En los últimos 5 años el nivel de inversiones en el sector ha sido bajo, comparado con otros países, en gran medida por la competencia que Telmex ha frenado
Y en lugar de remediar los errores que ha cometido, el gobierno los exacerba. En el pasado, tanto la SCT como la Cofetel no pudieron –o no quisieron– obligar al Sr. Slim a cumplir con los términos de su concesión. Aquella que se le vendió a cierto precio con la condición de que no podía ofrecer televisión. Aquella cuyos requerimientos ha ignorado una y otra vez. Pero en lugar de exigir que cumpla, el gobierno se apresta a premiarlo. Por más escandaloso que parezca, la SCT parece estar dispuesta a modificar el título de concesión de Telmex sin exigir algo sustancial a cambio. Piensa darle más al Sr. Slim para ver si así –por lo menos– deja de ampararse contra toda decisión gubernamental. Piensa darle más para ver si así –por lo menos– alguien logra competir contra Televisa. Como si el país no tuviera una opción mejor. Como si no hubiera otra alternativa que negociar la ley.
Como si sólo fuera posible enfrentar a los oligopolios en lugar de obligarlos a competir con un tercero como NBC. Como si no fuera viable abrir tanto las telecomunicaciones como la televisión con la licitación de una tercera cadena, y la elaboración de una nueva ley de medios, y la autoridad de un gobierno que actúa en lugar de negociar. Como cualquier empresario racional, Slim empuja hasta donde encuentra resistencia. Pero la resistencia gubernamental no se da: La subsecretaria Carpinteyro cede, el Secretario Téllez calla, el presidente Calderón está ausente, la Cofetel está dividida. El gobierno dice que gobierna cuando en realidad claudica. Y dado que opta por comportarse como oveja, no sorprende que acabe devorada por el lobo.

07/12/2008

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¿Quiénes deben ser rescatados?

¿Quiénes deben ser rescatados?
http://www.jornada.unam.mx

Es claro, a estas alturas de la crisis económica global, que el Estado mexicano deberá empeñar una considerable proporción de sus recursos para la reactivación del mercado interno y para la atenuación de los efectos más desastrosos del desarreglo financiero mundial. Ya ni los neoliberales más fundamentalistas ni las cúpulas empresariales ponen en duda que sólo la presencia del sector público podrá sacar al conjunto de las economías del marasmo al que fueron llevadas por la desenfrenada especulación y por la obsesión de los capitales financieros internacionales con las ganancias inmediatas.

Está pendiente de determinar, en cambio, el monto y el orden de prioridades en el que se aplicarán las inversiones de recursos públicos en nuestro país, y de las decisiones que se adopten en este sentido dependerá la viabilidad de la estrategia contra la crisis.

La inercia ideológica del grupo gobernante, que se remonta a las presidencias de Carlos Salinas y de Ernesto Zedillo, apuntaría en automático al rescate de los grandes consorcios financieros, comerciales, industriales y de servicios que se encuentren en aprietos a consecuencia de sus actividades especuladoras, de su opacidad interna o de la ineficacia de sus directivos. Es posible, pues, que se intente desde el poder público una nueva oleada de salvamentos, con cargo al erario, de entidades privadas, como ocurrió en el pasado con los bancos, las autopistas, los ingenios y las líneas aéreas, en lo que constituyó un círculo cerrado de corrupción: tales empresas llegaron a ser insostenibles por las prácticas indebidas en que incurrieron, y su rescate representó una oportunidad de negocios turbios para logreros que se hicieron con propiedades que el gobierno remató a precios irrisorios. El caso más indignante fue el del Fobaproa-IPAB, legalizado por los legisladores priístas y panistas, en cuyo contexto se llevaron a cabo desfalcos que hasta la fecha no han sido aclarados y que la sociedad sigue pagando.

Las operaciones de rescate requeridas han de ir dirigidas, en cambio, a los sectores de la población más golpeados por la crisis: los pequeños deudores que se ven rebasados en su capacidad de pago en razón de las alzas en las tasas de interés, los que han perdido o perderán su empleo u ocupación, las pequeñas empresas que ven amenaza su subsistencia, los migrantes mexicanos que se ven obligados a volver al país porque se les han cerrado las posibilidades de trabajo en territorio estadunidense, y quienes han perdido una parte importante de su ahorro para el retiro.

Es sabido que en el ámbito de las pequeñas empresas se genera la mayor parte de las fuentes de trabajo en el país, y resulta por ello procedente darles prioridad en los programas que se pongan en marcha para paliar los efectos del actual desbarajuste financiero.

En cuanto a los cientos de miles de ciudadanos que se han quedado sin empleo –en México o en Estados Unidos–, su circunstancia no les es imputable; son, por así decirlo, víctimas inocentes de la crisis.

Otro tanto ocurre con los pequeños deudores, a quienes el incremento de intereses lleva a una situación desesperada de la que no son, de manera alguna, responsables.

Por lo que hace a los trabajadores que han experimentado pérdidas por el manejo de sus fondos de retiro, cabe señalar que las autoridades tienen ante ellos una responsabilidad inexcusable, pues decisiones gubernamentales profundamente inmorales y repudiables los obligaron a depositar los recursos de sus pensiones en cuentas sobre las cuales no tienen ningún control y con las cuales se toleró y hasta se alentó la especulación bursátil, a sabiendas de que se ponían en riesgo los recursos para el retiro de millones de personas.

Si en la circunstancia presente el Ejecutivo federal actúa con sensibilidad social y sentido de país, tendrá ante sí la oportunidad de remontar en alguna medida su propio desgaste; en caso contrario complementará la crisis económica con un descontento que puede crecer hasta grados insospechados.

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ASI ERA Abascal, Alvaro Delgado


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revista Proceso
El martes 2 falleció el exsecretario del Trabajo y de Gobernación Carlos Abascal Carranza, a quien las cúpulas del empresariado, la derecha católica y del panismo y muchos medios de comunicación elevaron a la categoría de prócer, con aires casi de santidad. Si bien para ellos el activismo católico de este personaje, aun siendo funcionario público, no fue otra cosa que prueba de “congruencia”, lo mismo puede decirse de su conducta intolerante, represiva y facciosa, congruente así mismo con su expresión confesa de repudio a la democracia. Ésta es, llegó a decir, “una farsa de la que se ha servido la masonería en México…”

ASI ERA 06/12/2008
Autor: Alvaro Delgado
Fuente: Proceso
www.xalapa.diarioaz.com.mx/2.0/4/121/22090/Opinion/Asi-era.html

Detrás de los alardes religiosos y el catolicismo militante de Carlos Abascal Carranza, que para la clase política que lloró su muerte son prueba de «congruencia», se encuentran acciones represivas con numerosos muertos, contubernio con líderes corruptos, promoción del sindicalismo blanco, contratos para amigos, negociaciones de la ley y maniobras para instaurar un Estado confesional contrario a la Constitución.
Activo dirigente patronal y promotor de diversas iniciativas católicas, elevado ya a prócer de la derecha, Abascal repudió la democracia la mayor parte de su vida –«es una farsa de la que se ha servido la masonería en México» –, pero murió como un prominente ideólogo del Partido Acción Nacional (PAN) , al que su padre y maestro, Salvador Abascal Infante, detestaba.
Fue «un panista de los grandes», lo definió el presidente del PAN, Germán Martínez, a pesar de que Abascal militó formalmente en ese partido apenas seis años, desde el 2002, cuando ya era secretario del Trabajo del gobierno de Vicente Fox, con quien compartió escándalos a lo largo del sexenio por mezclar sus creencias personales con la función pública.
Abascal como secretario de Gobernación y Eduardo Medina Mora como secretario de Seguridad Pública federal –hoy procurador general de la República (PGR)– formaron parte del gobierno de Fox que le heredó a su sucesor, Felipe Calderón, un Estado «doblegado», como éste se lo hizo saber, por escrito, al Congreso.
«Estaba doblegado por el poder de grupos criminales que conducían sus actividades delictivas (narcotráfico, secuestros y tráfico de drogas, entre las principales) con absoluta impunidad y el Estado no podía cumplir a cabalidad con su obligación de salvaguardar la integridad de las personas y su patrimonio», describió Calderón el momento en que tomó posesión, el 1 de diciembre del 2006.
Abascal y Medina Mora –también ex director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en el sexenio de Fox– diseñaron la estrategia para reprimir, en medio del proceso electoral del 2006, movimientos sociales y sindicales, cuyas arbitrariedades permanecen impunes porque, precisamente, uno de los involucrados es el titular de la PGR.
En la incursión policiaca de San Salvador Atenco, Estado de México, el 3 de mayo, murieron dos personas y elementos policiacos cometieron violaciones tumultuarias contra mujeres, y en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, el jueves 20 de abril, el embate de la tropa federal arrojó dos trabajadores mineros muertos con arma de fuego.
Los hechos en Michoacán eran parte del conflicto del sindicato minero en el que el gobierno de Fox tomó partido al negar la toma de nota a Napoleón Gómez Urrutia y dársela, con base en documentos falsos, a Elías Morales, el 20 de enero, un mes antes de la muerte de 56 trabajadores en la mina de Pasta de Conchos, Coahuila, el 19 de febrero, que padecían peligrosas condiciones de trabajo ignoradas por funcionarios de la Secretaría del Trabajo designados por Abascal.
La política laboral del gobierno implicó establecer contubernios con líderes corruptos y autoritarios, como Víctor Flores, a quien el sucesor de Abascal en la Secretaría del Trabajo, Francisco Xavier Salazar Sáenz, validó la ilegal prórroga de su gestión al frente del Congreso del Trabajo.
Abascal operó también la política del gobierno de Fox para disolver el movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y mantener en el cargo al gobernador priista Ulises Ruiz: Primero mediante la cooptación de la cúpula del sindicato magisterial del estado y luego con la acción represiva de la policía federal.
«Calderón solicitó que el asunto quedara resuelto antes de asumir su responsabilidad. Fox se comprometió que así sería. El conflicto quedó en manos de Abascal», escriben Rubén Aguilar y Jorge Castañeda en su libro La diferencia, con base en lo que Fox les platicó y el ex vocero sabía como protagonista de la trama.
Abascal procedió a convencer al secretario general de la Sección 22 del magisterio, Enrique Rueda, de separarse de la APPO a cambio de dinero, cancelar órdenes de aprehensión y excarcelar maestros, según se pactó en una reunión celebrada en 27 de octubre, tal como se consigna en una grabación reproducida en el libro Oaxaca sitiada, de Diego Enrique Osorno:
El líder asegura: «Tenemos otras cosas torales: el asunto de los compañeros detenidos en la jornada: Evangelino (Mendoza), Germán (Mendoza Nube)…» a lo que el secretario –¿reconvenido en magistrado?– responde: «Me comprometí. El lunes están libres» (...) La negociación continúa, el audio no miente. Rueda asegura: «El asunto de las órdenes, la revisión que hay contra los dirigentes…». Abascal contesta: «Eso está claro: se cancelan…».
Dos días después de ese arreglo violatorio de la ley, el domingo 29, más de 5 mil agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) y de la Agencia Federal de Investigación (AFI) recuperaron el centro histórico de Oaxaca, y el resto lo hizo ya Calderón: El lunes 4 de diciembre fue detenido el líder de la APPO Flavio Sosa, quien había sido citado a conversar por el sucesor de Abascal, Francisco Ramírez Acuña.
En gratitud a tales acciones en Oaxaca, Calderón asistió al funeral de Abascal, la tarde del martes 2, y aunque fue menos prolijo en elogios que a Juan Camilo Mouriño, el fallecido secretario de Gobernación, lo enalteció como un gran mexicano y un hombre congruente.
«Que descanse en paz Carlos Abascal y que seamos capaces quienes lo conocimos de poder seguir su ejemplo y su testimonio», expresó Calderón, quien compartió con él no sólo su repudio al Estado «ateo y antirreligioso» vigente en la Constitución, sino el proyecto de reformar ésta para impartir educación religiosa en las escuelas públicas.
DISCÍPULO DE ABASCAL
Calderón, en efecto, comparte con Abascal la agenda de la derecha en materia religiosa y educativa, como lo escribió hace casi dos décadas, el 2 de diciembre de 1991, cuando el fallecido ex secretario de Gobernación apenas comenzaba a simpatizar con la democracia y a participar en la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
En «Educación religiosa», un artículo que publicó en el diario unomásuno, justo cuando comenzó su gestión como diputado federal en la segunda parte del sexenio de Carlos Salinas, Calderón exigía una reforma constitucional para garantizar la educación religiosa, porque los católicos «han tenido que vivir una suerte de clandestinidad educativa, social y política».
En este contexto, exponía, es que debía analizarse la reforma educativa: «No es sólo el argumento difícilmente refutable de que la actual Constitución viola el universalmente reconocido derecho humano de los padres a escoger el tipo de educación de sus hijos, sino también el argumento de que la democracia implica pluralidad, y que el sistema educativo actual no es estrictamente laico, sino ateo y antirreligioso, que no es lo mismo».
Inclusive Calderón proponía que el Estado apoyase económicamente la educación religiosa: «Esto significa que si una persona es marxista, católica, judía, protestante, anarquista, etcétera, tendría el derecho de educar a sus hijos en esas convicciones, con el apoyo del Estado».
Abascal pensaba igual y por ello exigió reformas al artículo 3 de la Constitución para impartir educación religiosa en las escuelas públicas, a todos los niveles, como lo ratificó en entrevista con el reportero, en junio del 2007:
«El Estado coadyuva con los padres de familia y el Estado debe asegurarse de que todos los niños tengan acceso a la educación. Si un padre de familia escoge que en la escuela su hijo reciba educación religiosa, debería ser posible.»

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La prisa y las grillas hunden a Calderón: Jesusa Cervantes

La aprobación de la reforma de seguridad pública en el Congreso parecía una inmejorable oportunidad para que el presidente Felipe Calderón presumiera de una eficaz operación para contener el desbordamiento del crimen organizado. Pero a esos afanes se los comieron las prisas. Diputados presentes en las negociaciones revelan cómo el PAN se enredó al trabajar bajo presiones y en medio de intereses encontrados, como los del procurador Eduardo Medina Mora y el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Jesusa Cervantes
La prisa y las grillas hunden a Calderón
La propuesta central de Felipe Calderón para reformar la Constitución en materia de seguridad, basada en la figura de un "supersecretario" y en la unificación de la policía, naufragó ante la disputa que mantienen el procurador general, Eduardo Medina Mora, y el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Otro factor que afectó la propuesta del Ejecutivo fue el vacío de operación política que generó la muerte de quien fuera secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y de José Luis Santiago Vasconcelos, cuyo último cargo fue el de secretario técnico para la Aplicación de la Reforma a la Ley de Justicia Penal. Juan N. Guerra y Mónica Fernández, diputados federales del PRD, y Layda Sansores, de Convergencia, narran cómo la sustitución de los operadores políticos de la reforma provocó presiones de los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública, así como un caos en la fracción del PAN, abriendo paso a una nueva negociación de tres pistas.

Después de que el 31 de septiembre el presidente de la República, Felipe Calderón, envió a la Cámara de Diputados su paquete de reformas en materia de seguridad, los legisladores se centraron en la reforma energética; fue la semana pasada que arrancaron las negociaciones sobre seguridad. Luego de que el PRI y el PRD hicieron público su rechazo a crear una sola policía federal, el PAN trasladó su prioridad y se empeñó en realizar una modificación constitucional que abriera paso a una ley antisecuestros. Para ello, el gobierno de Calderón notificó a los dos principales partidos de oposición que el encargado de negociar con ellos era el nuevo secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien conversó por separado con los representantes del PRI y del PRD.

El encargado de negociar por el PRD, el diputado Juan N. Guerra, detalla que el 28 de noviembre Germán Martínez, presidente del PAN, se comunicó con Guadalupe Acosta Naranjo, que aún era el dirigente del PRD, para informarle que se entenderían con Gómez Mont. El nuevo operador del Ejecutivo inició las pláticas con el PRD durante el sábado 29 y el domingo 30 de noviembre, en las oficinas de la Secretaría de Gobernación en la avenida Reforma, muy cerca de las centrales que están en Bucareli y Antonio Caso. Ahí, el planteamiento central de crear la policía única fue sustituido por la urgencia de modificar el artículo 73 de la Constitución para dar paso a la creación de una ley antisecuestros.

Juan N. Guerra narró que a esas reuniones acudió también el subprocurador de Asuntos Jurídicos de Gobernación, Daniel Cabeza de Vaca. Los perredistas aceptaron votar a favor de la reforma constitucional siempre y cuando se eximiera del cargo de secuestro a los luchadores sociales. "Gómez Mont aceptó nuestra propuesta y sobre esa base se fueron construyendo los acuerdos -continúa Guerra-; uno de ellos fue que la reforma constitucional sería la parte última de toda la reforma y que primero se sacaría adelante la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pero el lunes (1 de diciembre), el coordinador del PAN, Héctor Larios, llegó muy presionado por sus compañeros de partido y quiso que a fuerzas se votara la reforma del artículo 73 de la Constitución." Según el perredista, desde días antes, el 26 de noviembre, senadores y diputados del PRI, PAN y PRD se reunieron en la Torre del Caballito del Senado de la República para trabajar un dictamen sobre la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Así, explica el diputado Guerra, todo el paquete se trabajó en tres pistas: en el Senado, en las oficinas de Gobernación en Reforma con el secretario Gómez Mont y en la Cámara de Diputados, para lo cual se declararon en sesión permanente las comisiones de Seguridad Pública y de Justicia.

Aunque el PRI y el PRD coincidieron desde el primer momento en rechazar la policía única con un "supersecretario" al frente, cada partido tenía sus propios objetivos, que se fueron mezclando a lo largo de las negociaciones. Esto provocó un caos en el PAN, que a decir de Guerra recibía presiones de todos lados. El PRD ya había acordado con Gómez Mont la despenalización de la lucha social, y al PRI le interesaba cambiar la iniciativa de Calderón que preveía suspenderles a los estados los recursos federales para programas de seguridad si sus gobiernos no cumplen las metas en esta materia.

Cambio de señales

Layda Sansores, diputada de Convergencia, califica el conjunto de la negociación como una disputa por los recursos. Explica que desde la segunda semana de octubre, cuando se aprobó el presupuesto para 2008, el PRI había logrado un techo de 4 mil 138 millones de pesos para los estados, lo que en la discusión de la reforma sobre seguridad se pretendía anular. La urgencia del gobierno de Calderón por aprobar la reforma del artículo 73 constitucional abrió la puerta de la negociación, pero por otro lado Héctor Larios traía presiones de sus compañeros de bancada, del secretario de Seguridad Pública y del procurador general de la República, quienes insistían en que "a como diera lugar se aprobara la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública". Larios estuvo ausente de las negociaciones del fin de semana, así que cuando llegó a la reunión de la Comisión de Justicia del lunes, pretendió sacar adelante la reforma del artículo 73 y se empeñó en que se votara.

"Nosotros le dijimos: no la chingues, estás armando un relajo y no quedamos en eso con el secretario de Gobernación, sino que sería una de las últimas negociaciones, pero incluyéndoles la despenalización de la lucha social", narra Juan N. Guerra. Por otro lado, el presidente de la Comisión de Justicia, César Camacho Quiroz, había convocado para dictaminar el lunes 1 la Ley Orgánica de la PGR, que sería la base para sacar del esquema de la procuraduría a la Agencia Federal de Investigación (AFI). La diputada Layda Sansores explica que la propuesta era pasar a los miembros de la AFI a la Policía Federal Preventiva y conformar la policía única bajo el mando del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Agrega que ese día el PRI, el PRD y Convergencia presentaron una sola propuesta: mantener a la AFI dentro de la PGR, es decir, como está actualmente.

"Pero cuando el PAN se vio perdido -puntualiza la diputada-, los asesores de la PGR que estaban ahí presentaron una propuesta alternativa diciendo: está bien, no nos quedemos sin policía investigadora (AFI), pero cambiémosla por una policía ministerial y que los afis que quieran seguir presenten un nuevo examen. A su vez, los diputados del PAN propusieron también que la Secretaría de Seguridad Pública tuviera su propia policía investigadora. Su propuesta era como un arreglo intermedio." En ese momento, continúa, entró una llamada del secretario de Gobernación, los asesores de la PGR salieron del salón y minutos después regresaron para decir que ya no estaba en sus manos continuar con la negociación, por lo que Camacho Quiroz ya no la sometió a votación.

"Pero la actitud del presidente de la comisión resultó sospechosa -aclara Sansores-, pues luego de esa llamada ya no quiso someter a votación el dictamen, siendo que para eso había convocado. Nosotros suponemos que desde Gobernación, luego de darse cuenta que no tenían los votos para aprobarlo, y que el PRI, el PRD y nosotros hacíamos mayoría, se ordenó que se suspendiera."

A tropezones

En la reunión de la Comisión de Justicia del 1 de diciembre, cuenta Juan N. Guerra, se suspendió la votación de la ley orgánica de la PGR pero se evidenció la urgencia del gobierno y del PAN por discutir la reforma constitucional. "Todo esto abre aún más la negociación, a lo cual se suman las grillas internas de la fracción del PAN y las presiones que tanto Genaro García Luna como Eduardo Medina Mora hacían a uno y otro grupo del mismo gobierno", comenta el perredista. El PRI aprovechó esa prisa para presionar en la reunión de la Comisión de Seguridad del martes 2, donde se discutía la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la cual se preveía la cancelación de los recursos federales a los estados. Layda Sansores, integrante de la Comisión de Seguridad, presenció la ruptura: "Cerca de las cinco de la tarde de ese martes, Marco Tulio López Escamilla, coordinador de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública, que también estaba presente, abandona la reunión y se va a Los Pinos a consultar tres o cuatro artículos de la ley, regresa como a las siete de la tarde diciendo que Calderón no acepta las propuestas priistas -entre ellas el retiro de la cancelación de los recursos para los estados-; y es entonces cuando se rompe con lo ya avanzado entre PAN y PRI."

La legisladora dice que durante la madrugada y hasta la mañana del miércoles 3 continuaron las negociaciones entre Emilio Gamboa, coordinador de los diputados del PRI; César Camacho, presidente de la Comisión de Justicia; y el secretario Fernando Gómez Mont. De todas formas la negociación se entrampó. Tanto el PRI como el PRD condicionaron la aprobación del artículo 73 de la Constitución a que se incluyeran sus demandas. Y para el miércoles 3, mientras el PRI y el PAN negociaban, el PRD ya había llegado a un acuerdo sobre el artículo 73. Sin embargo, los perredistas se enteraron poco después de que Héctor Larios dio la orden de eliminar la despenalización de la lucha social, lo que trabó el acuerdo inicial. Para ese momento, explica el diputado Juan N. Guerra, Felipe Calderón ya tenía claro que la propuesta del "superpolicía" no prosperaría de ninguna forma: "Para ese día, nuestras propuestas en materia de seguridad iban avanzando, así que no teníamos mayor problema para votarla a favor, pero por otro lado creo que a Calderón le urgía la votación del artículo 73 y, sobre todo, que fuera por unanimidad.

"Larios tenía muchas presiones. Había muchas grillas en el seno del PAN y mucho ruido. Por un lado lo presionaba García Luna y por otro, Medina Mora. Todo esto se da a raíz de la muerte de Juan Camilo Mouriño, porque la negociación queda suelta; venían asesores de todos lados, de todas las secretarías, y presionaban a todos. Nosotros teníamos claro que la negociación era con Gobernación, pero por el lado del PAN no lo tenían claro. "Por la dispersión que traían en el PAN, nos dimos cuenta que no sabían a dónde iban a llegar. Esta situación la seguimos aprovechando para presionar. Ahora ya no sólo estábamos pidiendo que se respetara el acuerdo con Gómez Mont sobre la despenalización del secuestro para los luchadores sociales, sino que además pedimos que se incluyera el compromiso de aceptar las figuras de plebiscito y referéndum en la Constitución."

Larios tuvo que dar marcha atrás. El jueves 4 la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó por unanimidad el dictamen para despenalizar la lucha social e incluir en la Constitución las figuras del plebiscito y el referéndum. Mónica Fernández, diputada del PRD e integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, corroboró que desde el viernes 28 de noviembre el PAN y el PRI presionaron para que se aprobara la reforma al artículo 73. Según ella, la pretensión de Héctor Larios de no respetar un acuerdo con el secretario de Gobernación llevó a los opositores a obtener un mejor resultado, como es la aceptación constitucional del plebiscito y el referéndum.

Molesta porque el dictamen sobre el sistema de Seguridad Pública se elaboró en el Senado y no se discutió en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, además de que se excluyeron las propuestas de los partidos minoritarios, Layda Sansores considera que al ver que no pasaría su propuesta de policía única, Felipe Calderón impulsó a como diera lugar la modificación del artículo 73 para abrirle camino a una ley antisecuestros. "Creo que su objetivo fue acceder a la presión de la ciudadanía y se llegó a esta nueva Ley del Sistema de Seguridad Pública, pero en contra de su voluntad", opina. En tanto el PRI, que había negociado con el PAN su respaldo a la reforma del artículo 73, presionó al gobierno para que se eliminara la pretensión de cancelar los recursos a los estados porque tiene 18 gubernaturas que el próximo año recibirán de la Federación más de 2 mil millones de pesos destinados a la seguridad pública.

La negociación del PRI, encabezada por el senador Jesús Murillo Karam, logró que antes de cancelarse los recursos cada gobernador explique por qué su estado no alcanzó las metas mencionadas. En este proceso se puede abrir otra negociación y, de aceptarse los argumentos del gobernador, se otorgarán los recursos federales. Las negociaciones en las que fue anulada la parte esencial de la propuesta calderonista fueron encabezadas por políticos que durante el gobierno de Ernesto Zedillo elaboraron la ley general que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual será sustituido por la reforma aprobada el jueves 4. Ellos son el priista Murillo Karam, que en aquella época era subsecretario de Gobernación, y los perredistas Samuel González Ruiz y Moisés Moreno, exfiscales y asesores de la PGR en el sexenio zedillista, además del diputado Juan N. Guerra.

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Sobre la ética de un ex presidente español, se averguenzan de José María Aznar

Gonzalo Martínez Corbalá
gtoribio@prodigy.net.mx
Sobre la ética de un ex presidente español

El lunes primero de diciembre, El País publicó una nota que no dejó de causar sorpresa, pues, independientemente de las inclinaciones ideológicas del presidente José María Aznar y de sus preferencias muy explícitas por los gobernantes de Inglaterra, Tony Blair, y el de Estados Unidos, George W. Bush, que lo llevaron hasta el punto de respaldar el ataque, a todas luces infundado, so pretexto de que buscaban las armas de destrucción masiva, que había llevado al propio Consejo de la ONU el general Colin Powell, asegurando que era urgente declarar la guerra a Irak y a Saddam Hussein antes de que esas armas fueran usadas en contra del “mundo libre”, armas de las cuales no se encontró el más mínimo rastro de existencia, lo cual ya de por sí dejó en claro las razones por las cuales decidieron Bush y Blair atacar a Irak con el respaldo de José María Aznar.

“Estas verdades” presentadas fueron muy distintas a lo dicho no solamente al Consejo de Seguridad de la ONU, sino a la opinión pública internacional para justificar el ataque a Irak, donde en realidad lo que había de por medio eran 100 mil millones de barriles de petróleo de reservas probadas en el subsuelo de parte de la antigua Persia, y no armas de destrucción masiva. Es evidente que quienes así lo aseguraron lo hicieron a sabiendas de que estaban justificando la urgencia de un ataque a Irak, no solamente injustificable, sino completamente basado en hechos irreales que sirvieron también para presentarlo a la opinión pública.

Es un hecho insólito que El País, que es un diario muy moderado y responsable de lo que publica, lance tres cabezas principales consecutivas sobre el mismo tema. La primera, del primero de diciembre, dice textualmente: “Aznar buscó ‘aeropuertos discretos’ para vuelos de presos a Guantánamo”, y luego pone con caracteres menores que “nuevos informes internos prueban que el gobierno del PP aceptó en menos de 24 horas la petición de Estados Unidos para hacer escala en España”, refiriéndose a la petición de nuestro vecino del norte para utilizar suelo español para vuelos militares que trasladaban presos de Afganistán a Guantánamo, y que de esta manera el presidente Aznar buscó “aeropuertos discretos” –las bases militares de Morón y Rota–, de lo cual publican en páginas interiores documentos lo suficientemente explícitos para no dejar duda de que así fue.

La segunda cabeza de primera plana aparece el martes 2 de diciembre y afirma: “El Congreso y los jueces investigan el caso secreto de Aznar y Bush”, informando que la audiencia nacional y el Congreso de los Diputados se han unido a la investigación abierta desde el pasado domingo por el gobierno sobre el supuesto acuerdo secreto alcanzado en 2002 por el ejecutivo de José María Aznar con Estados Unidos, según dice la nota de Miguel González, escrita en Madrid, y que esto motivó incluso que se escribiera un editorial que se titula: “Cómplices de la vergüenza”, puesto que “ningún alto cargo en el PP expresó reservas sobre el traslado ilegal sobre personas a Guantánamo”.

Finalmente, el miércoles 3 de diciembre, Miguel González escribe la nota con que cierra esta investigación que dice: “Los papeles de Guantánamo desaparecen del archivo oficial; los funcionarios confirman a Moratinos (ministro de Relaciones Exteriores) la existencia del informe y que la sustracción o destrucción del documento constituye un delito”.

La nota, excepcionalmente extensa, informa también de la fecha y del número del expediente que recoge la petición del consejero político militar de la Embajada de Estados Unidos en Madrid, documentos que finalmente no aparecen en el archivo de Asuntos Exteriores. Esta nota aparece en la primera plana junto a una fotografía en la que se ve de espaldas al ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, despidiéndose de la secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, en la OTAN, en Bruselas, que es la última a la que asiste ella, y donde el canciller español Moratinos comentó que “los informes que prueban el pacto Aznar-Bush sobre el traslado de presos a Guantánamo, no existen en los archivo del Ministerio”, según nota de Afp.

Lo cierto es que los altos cargos del gobierno español actual, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, están negando un hecho incluyendo al propio presidente, cuyos indicios publicados por un periódico que nos merece la mayor confianza por su seriedad, y que al hacerlo confiesan implícitamente que el traslado de presos de Afganistán a Guantánamo con escala en las bases militares españolas es algo que hubiera sido deseable mantener en secreto por lo reprobable del hecho en sí mismo, y que el destino de los presos fuera a Guantánamo, lo que actualmente parece avergonzar al gobierno español que encabezó José María Aznar.


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CRISIS ECONOMICA: Peor de lo que se cree

León Bendesky
leon@jornada.com.mx
Peor de lo que se cree

La crisis económica que está en pleno curso es más severa de lo que parece reconocerse en general en el país. No obstante, las evidencias de su magnitud son cada vez mayores. Esta discrepancia es crecientemente perversa.

En Estados Unidos los indicadores del empleo, de la producción y las condiciones financieras se siguen deteriorando y sus repercusiones negativas se transmiten de modo más definido a la economía mexicana.

Ya estamos en el momento en que se manifiesta el rezago entre lo que ocurre allá y su expresión de este lado. Al final de este trimestre y en el siguiente se van a advertir claramente las formas de la dependencia que existen, pero ahora en un marco de recesión mucho más grave.

Aquí, los datos que se generan periódicamente indican ya un fuerte debilitamiento de la actividad productiva, las exportaciones y la generación de empleos. También son mayores las tensiones en las condiciones monetarias, el crecimiento de los precios, las corrientes del crédito y la situación de endeudamiento de las familias.

El caso es que la crisis ocurre en un entorno frágil de la situación social y sobre una estructura económica que puede ser mucho menos resistente de lo que algunos han creído.

Recientemente se cumplieron dos años de la actual administración y es difícil identificarse con el discurso oficial acerca de las condiciones que prevalecen en el país. La recesión que ya se ha instalado hará que, de no enfrentarse los hechos, la brecha entre ese discurso y lo que pasa se vaya ensanchando.

Da la impresión de que en buena parte del gobierno federal se sigue actuando como si las condiciones fueran las usuales, hay mucha pasividad. Hacienda y Banco de México han aplicado diversas medidas para incidir en los mercados de crédito y en el tipo de cambio y tapar algunos agujeros fiscales. No es factible que esas mismas acciones puedan sostenerse en la medida en que avance el deterioro de las condiciones externas e internas.

En algunos escenarios se plantea que el precio internacional del petróleo pudiera llegar a 25 dólares por barril. El seguro adquirido por el gobierno ante la bajada de los precios cubre el año 2009 y tienen que anticiparse los posibles escenarios de restricción financiera y fiscal que están por delante.

El banco central no podrá intervenir sin límites para sostener los niveles crecimiento de los precios, las tasas de interés y el tipo de cambio cuyas metas se fijaron en el marco de un escenario de relativa estabilidad que ya no existe. Cualquier referencia a las tendencias observadas hasta apenas hace unos pocos meses es completamente inútil, un rompimiento decisivo ya ocurrió. Hay un cambio diametral del entorno que debe reconocerse de inmediato.

Las experiencias recientes de crisis indican que prevenir la devaluación, que es el ancla de una estabilidad financiera cada vez más precaria, es un callejón sin salida. Pero tampoco se puede devaluar más aceleradamente el peso, sobre todo en esta economía que consume importaciones con enorme apetito, y cuando las empresas grandes tienen deudas en dólares. Hay que buscar fuera de los límites impuestos actualmente a las políticas públicas más márgenes de maniobra.

Estamos cerca de encontrarnos de nuevo con los dilemas más convencionales de la política económica de las últimas tres décadas. Es un entorno que de lleno pone a prueba la verdadera eficacia de las reformas estructurales que se han hecho en los últimos 14 años en materia financiera y fiscal, pero también en el campo de la producción y el comercio exterior.

Existe un sistema financiero deforme, del cual las autoridades que lo regulan –la Comisión Nacional Bancaria y de Valores– pregonan que no existen riesgos que cuestionen su estabilidad. Pero no pueden defender un ápice que sea eficiente en cuanto al financiamiento de la actividad productiva. Está refugiado en los préstamos al consumo, muy rentables y sobre los que comandan márgenes muy grandes de tasas de interés y son sumamente rentables.

La crisis en Estados Unidos está centrada en el sistema financiero y en el excesivo endeudamiento de las familias que al mismo tiempo han perdido el valor de su activo principal: sus casas. La recesión –y la posibilidad de una depresión económica– se expresan en una caída del empleo que impacta negativamente y de manera adicional al consumo. Por eso hay expectativas de que pueda incluso ocurrir una deflación (los precios caen) con repercusiones en menores gastos de inversión.

Es posible que este entorno provoque posturas proteccionistas en ese país. Piénsese, por ejemplo, en las modalidades de un plan de rescate a la industria automotriz y las condiciones que se fijen respecto de los empleos que deban de mantenerse internamente, sobre todo si los sindicatos tienen que hacer concesiones laborales significativas. El efecto aquí va a ser enorme para el sector industrial, que genera la mayor parte de los empleos formales.

Los canales de transmisión de la crisis tienen que ser bien definidos y evaluados para establecer medidas adecuadas de respuesta, aunque por cierto no se pueda contener por completo su impacto. Esta crisis va a ser profunda y, además, duradera. El efecto perverso será así de otra naturaleza y dimensión que la anterior de 1995.


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Avionazo: SFP: 32 nuevas líneas de indagación del caso Mouriño

SFP: existen 32 nuevas líneas de indagación en el caso Mouriño
  • Ya metidos en las pesquisas, nos encontramos con más cosas, señala Salvador Vega Casillas
  • Aumenta la Función Pública líneas de investigación en accidente aéreo
  • Reconoce que existen redes de corrupción que manipulan procesos de licitación y trámites públicos
  • “Pasamos a un gobierno en que no puede hacerse casi nada por tanta normatividad”, asegura
Elizabeth Velasco C.

Ampliar la imagen Salvador Vega Casillas, titular de la SFP, en su despacho en Insurgentes Sur Foto: José Carlo González

El titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Salvador Vega Casillas, reveló a La Jornada que esa dependencia ha abierto 32 nuevas líneas de investigación sobre el accidente en que perdieron la vida Juan Camilo Mouriño y el ex fiscal antidrogas José Luis Santiago Vasconcelos, entre otras personas, el 4 de noviembre pasado.

En las nuevas pesquisas se introducen los antecedentes negativos de la empresa Servicios Aéreos Estrella (SAE), que adquirió el Learjet 45 en 2003, vía licitación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), y la advertencia de la otrora Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (ahora SFP) en 2005, sobre los antecedentes de SAE, multada en Estados Unidos por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

En entrevista, advirtió que se elevará el castigo para los funcionarios que incurran en cohecho: “quien cometa un acto de corrupción, que sepa que no sólo se va a enfrentar a una inhabilitación o sanción administrativa, sino también le vamos a seguir penalmente”. Una muestra, dijo, es que “se ha pasado de ocho denuncias penales –presentadas el sexenio anterior– a 56, donde están involucrados servidores públicos y empresarios”.

Aún más: la SFP ha emprendido el replanteamiento de todo el sistema de adquisiciones de bienes y servicios del gobierno federal, “y la tramitología”, para limitar el cohecho en los procesos de licitaciones y entrega de apoyos federales.

Para el caso de las compras y adquisiciones vinculadas a seguridad, se ha establecido un modelo que, según el caso, se podría reproducir en otras dependencias. “Para esa área creamos un comité donde se analizan las compras, se ponen los precios de cada uno de los proveedores, se les conoce y clasifica, y en ese comité se decide entre varias personas. La ley permite una designación directa, pero lo que hacemos es tomar entre todos las decisiones con toda transparencia: las compras, la calidad de los productos, los precios. Cuando se toma entre todos la decisión se deja de estar en el ámbito cerrado de una o dos personas.”

Vega Casillas destacó que las nuevas indagatorias sobre el accidente se integran en tres expedientes, que involucran desde los procesos de licitación de la Secretaría de Gobernación y del Cisen hasta cuestiones técnicas y de aeronáutica a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

“Es verdaderamente complejo, porque además, ya metidos en la investigación, nos encontramos con cosas que no tenían relación con el accidente o con la investigación que tenemos”; por eso “ya llevamos 32 líneas abiertas”.

Las indagatorias de la SFP, dijo, son independientes de las de la SCT, de las autoridades de aeronáutica del país y de Estados Unidos, y de la PGR.

En larga conversación, admitió que existen “redes de corrupción” entre funcionarios y empresarios que “manipulan” los procesos de licitación y trámites públicos, situación prohijada por la excesiva normatividad en los procesos para la adquisición de servicios y compra de bienes.

“Mientras sigamos con la misma cantidad de trámites, muchos tortuosos, existen oportunidades de corrupción.” Por ello se ha optado por crear comités plurales de adquisiciones y generalizar los trámites públicos vía electrónica, para evitar el contacto entre funcionarios y ciudadanía.

Vega Casillas destacó que la excesiva nomatividad provoca además el subejercicio del presupuesto federal, cuyo monto “es muy difícil determinar”. Lo paradójico es que cada una de las 245 entidades de la administración pública federal se “autoimpone” su propia normatividad, y la SFP obliga a las dependencias a revisarla.

–En el caso del Learjet, ¿por qué Gobernación, el Cisen y la SCT aplicaron cada una sus propias normas para la adquisición?

–Porque así está la normatividad; ellas tomaban su decisión.

–¿Así van a dejar las cosas?

–No, vamos a hacer la investigación y a establecer un sistema estandarizado para las compras. Por otra parte, el Cisen ya está en el comité de compras de seguridad; esto se va a aplicar en toda la administración.

El funcionario sostuvo que “la raíz de estos casos está en las licitaciones; en la complejidad de éstas y en la manipulación”.

–Por ello usted afirmó hace unos días que hubo corrupción en el accidente del Learjet 45.

–La respuesta fue: “por supuesto que sí es posible, por eso estamos investigando”; eso es parte de las líneas de investigación. Son dos empresas, una es Centro de Servicios de Aviación Ejecutiva (contratada por Gobernación para el mantenimiento del jet, cuyas operaciones ya suspendió la SCT) y Servicios Aéreos Estrella.

–¿Cómo hacer para que este tipo de situaciones no vuelvan a suceder?

–Estamos revisando muchas de las formas en que el gobierno adquiere. Antes de esto (del accidente) creamos en la Función Pública una unidad de compras gubernamentales, para justamente analizar desde el punto de vista económico toda la forma de comprar del gobierno federal, para evitar esto y para mejorar las condiciones de compra.

–En este procedimiento de compra, ¿qué provoca que no se adquiera lo que se necesita o que no se tengan las condiciones de seguridad necesarias?

–Porque se tiene una visión completamente normativa y no económica.

La normatividad no abatió la corrupción, sino que se volvió “una camisa de fuerza” en unos casos para no ejercer el presupuesto, y en otros se “usó para orientar la compra hacia quien ellos querían y con requisitos que nadie más pudiera cumplir.

“La administración federal tuvo un movimiento de péndulo: pasamos de un gobierno en que antes se podía hacer lo que se quisiera a otro en que no puede hacerse casi nada por tanta normatividad. Tenemos que regresar el péndulo al justo medio y darle prioridad a la eficacia y eficiencia del gobierno, sin descuidar el control y combate a la corrupción”.


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Roberto Rock: Mouriño: una duda ignorada: FALLAS MECANICAS DEL JET, DEMANDA AL GOBIERNO 500 MILLNES DE DOLARES

DE LAS FALLAS MECANICAS Y LA GRABADORA DESCONECTADA, SIGUEN DICIENDO QUE FUE ACCIDENTE.
YA NO FUE ACCIDENTE ¿A QUIEN LE ESTORBABA MOURIÑO?
..A LOS GRINGOS.
LOS SAQUEADORES ESPAÑOLES SE QUEDARON CON EL CONTRATO EN LA MANO, AHORA EL PETROLEO DE MEXICO SERÁ PARA ESTADOS UNIDOS.
POBRES PILOTOS QUE EN PAZ DESCANCEN, QUEDARON MAS QUE DESPRESTIGIADOS POR CULPA DEL CORRUPTO MAYOR MOURIÑO.
Roberto Rock
Expedientes abiertos
08 de diciembre de 2008
Mouriño: una duda ignorada

expedientesabiertos @hotmail.com
http://www.eluniversal.com.mx/columnas/75623.html
# Consulta los documentos 1
# Consulta los documentos 2

La posibilidad de una falla mecánica en el Learjet 45, similar a las ocurridas ya en otros lugares, ha sido soslayada sin razón aparente. La polémica se agudizará, pues están en curso demandas judiciales por parte de los deudos de las víctimas.

Expertos en aeronáutica han detectado en las conversaciones finales entre la tripulación del trágico vuelo en el que murieron Juan Camilo Mouriño y sus acompañantes, una clara alerta por deficiencias en el funcionamiento de los flaps o spoilers de las alas de la nave. De la inclinación precisa de éstos depende que se reduzca la velocidad del aparato (por ello se les denomina también speed brakes).

—Speed brakes —ordena uno de los pilotos, según la transcripción oficial de las conversaciones.

—“Es que algo anda mal aquí…” —le responden.

En las propias conversaciones se alude a la reciente revisión practicada al avión, durante la cual —dicen los referidos expertos— al parecer quedó “convenientemente” desconectada la caja negra que toma registro del comportamiento de los citados spoilers.

—Todavía le faltan algunos ajustes, me dijeron, ¿no? —pregunta la voz de un hombre no identificado que se acerca a la cabina de los pilotos.

—Ahorita ya está, ya quedó, ¿verdad, Álvaro? —argumenta un piloto.

—Es que, como a todo le meten mano, y algo le… —repone el aludido.

Esa falla, se aseguró a este espacio, pudo ser la causa del súbito viraje que la nave registró instantes después, desatando la pérdida de control que la hizo estrellarse. Ese extraño viraje casi en 180 grados (dutch roll, se le denomina), ha ocurrido también en otros casos, en aviones idénticos.

¿Por qué no se ha profundizado en este enfoque, y en cambio se enfatiza el tema de la turbulencia de un jet comercial, pero no se deja de insistir en que ambos aparatos estaban a la distancia reglamentaria?, se preguntan los expertos consultados.

El 2 de octubre de 2003, otro Learjet 45 tuvo un “giro incontrolado” por falla en los spoilers, en el aterrizaje en el aeropuerto de Denver, Estados Unidos, lo que obligó a realizar maniobras de emergencia.

Otro Learjet 45 más encaró lo mismo el 15 de marzo de 2002 (falla en los spoilers y un brusco giro o dutch roll) en un vuelo entre Roma y Reino Unido. El comandante reportó una caída abrupta “difícil de controlar”, y recibió órdenes de regresar.

Informes detallados de estos hechos, con similitudes pasmosas con el caso del avión de Mouriño, obran en poder de Expedientes abiertos. La parte sustantiva de ellos puede ser consultada por usted en la página de internet de EL UNIVERSAL.

Si la autoridad se mantiene de espaldas a este tema, nos lo toparemos nuevamente al concretarse demandas judiciales que preparan ya deudos de algunas de las víctimas. Los acusados serán el gobierno mexicano y la constructora del Learjet 45. Los montos irán de 300 a 500 millones de dólares.

Los expertos que siguen el caso prevén que, enfrentados al riesgo de un pago de esa dimensión, los fabricantes del avión echarán mano de todo lo que puedan para defenderse. Y entonces, ya lo verá usted, resurgirá la hipótesis del atentado.


APUNTES EL RECTOR de la UNAM, José Narro, y la secretaria de Educación, Josefina Vázquez Mota, parecen ir en rumbo de colisión. El primero puso en ridículo a la funcionaria cuando condenó en público el rezago en cobertura de educación superior: al menos dos décadas en relación con Chile o Argentina. Pero, en corto, le hizo ver que urge un nuevo programa de alfabetización, pues resulta una vergüenza que aún millones de mexicanos no sepan leer y escribir. Incluso ofreció apoyo de estudiantes de la UNAM. La respuesta de Vázquez Mota no pudo ser más patética: “Le deseo suerte, rector”. EL PRI

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Segob: coopelan o cuello…

• ¿Desalojo en Cananea?
• El PAN y sus trastornos psicológicos

gomezalce@aol.com

Se combate con gran desventaja, mi estimado, cuando se lucha contra los que no tienen nada que perder. Famosas palabras para comenzar la alborotada semana las escupidas por el desdibujado líder panista Germán Martínez el fin de semana, en el marco de su Consejo Nacional, al afirmar que el año próximo el adversario será el PRI de siempre.

Chingón.

¿Se habrá referido el disfuncional de Germán al mismo PRI con el que lograron hacer el arreglón más importante en 2006 para la entronización, por la puerta de atrás (ni modo), de Felipe en Los Pinos? O ¿será el mismo PRI al que este PAN de estos últimos sexenios le ha pirateado su magnífico estilo de utilizar el poder para atropellar la ley en toda la extensión de la palabra..? ¿El mismo PRI que redactó el simpático manual utilizado durante más de siete décadas…y con la llegada del psicológicamente trastornado ranchero, modificado en su última versión?

Notable, no le parece..?

Sobre todo porque el problema de estos panistas en el poder (embriagados del no poder) es que no tienen el talento, el conocimiento, el oficio ni las cicatrices políticas de varias de las lacritas tricolores que han sabido cómo ser la bisagra ideal. Han sabido desplegar el arte de negociar que, ante un Gymboree de rehenes improvisados y hormonalmente alterados personajes (from top to bottom), se antoja bastante elemental. Y botones de temerarias pendejadas sobran ya en el interior del putrefacto calderón.

El asunto del conflicto con el sindicato minero, como diría un clásico, no tiene madre.

Sobre todo, mi estimado, porque en política no hay coincidencias y la llegada del nuevo titular de Bucareli ha despejado las dudas de cómo se moverá el pandero (no sólo al ritmo de la grillita de los hermanos Zavala) de la Segob en una de sus divertidas vertientes: Golpear a los rivales de los clientes de su otrora célebre despacho.

Nada como que Gómez Mont avale la nueva embestida del (des)gobierno contra Gómez Urrutia y su cúpula sindical con detenciones —hechas sobre las rodillas—lanzando el mensaje que coopelan o cuello, hojaldras. Aquí la nueva política es... no hacer política (fuck that) y al diablo con negociar salidas a los atropellos, arbitrariedades, complicidades y excesos de Grupo México, de Germán Larrea, y ahora Altos Hornos, de Alonso Ancira. Vamos a prenderle fuego a la pradera sindical y veremos de qué cuero salen más correas.

La estrategia es que se armen los madrazos antes de que los aliados de Barack Obama, el poderoso sindicato de los USW, lleguen a Washington, lugar donde hace unos días tuvieron estupenda encerrona y sí, con la pena y aunque no lo parezca… el caso de los mineros está sobre la mesa internacional (CIDH) y sí… será un dolor de… muelas para el trío de pasados de Felipe, Javier y Fernando.

Este último a punto de estrenarse (con su distintiva mecha corta, talante, por supuesto, de moda sexenal) en la plaza si, como anuncia un atractivo y confidencial informe, la Policía Federal ya se prepara para entrar a recuperar, por tercera vez, Cananea.

¡¡¡Venga!!!

Justo cuando la SSP federal estrena al general Javier del Real (¿en el organigrama bajo las órdenes de un civil… como García Luna? (¡¿who´s the rocket scientist, la leyenda urbana de Tello Peón?!), nada como poner a nuestra fuerzas armadas para la foto (¿¡máaas?!) vendiendo la brillante idea para reprimir a (chingadazos, o ¿hay de otra?) mineros que no tienen nada más que perder. En momentos donde la paz social es sólida, no hay crisis ni desempleo, el valor de los commodities, incluido el cobre, van viento en popa, los salarios alcanzan para vivir mejor y se respira un clima de seguridad total.

Sí, amable lector, nada como planear el golpe económico en diciembre, congelando las cuentas sindicales de los mineros para asfixiarlos. Comprobando que entre líderes de sindicatos hay niveles, yes? Mandar el tubazo antes de que comiencen las renegociaciones de los contratos colectivos de trabajo la primera semana de enero y poner a todos los demás revoltosos en la sintonía federal de que, como se dijera en una amena reunión en Washington, the mexican government is a disguised dictatorship.

Mientras tanto, prepárese para una semanita infernal, ya que mañana marcharán varios poderosos sindicatos en apoyo a los mineros de Gómez Urrutia, a la liberación de Carlos Pavón y Juan Linares y al respeto por la autonomía sindical, en una primera fase de resistencia sumada a los diversos paros escalonados que podrían llegar a un paro nacional.

Porque las señales avisan que, para el (des)gobierno de Felipe, los aplastan ahora o… nunca.


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