Las omisiones exhibidas por el gobierno mexicano lo ponen a una enorme distancia de la realidad global y en particular de su socio principal, Estados Unidos.

México fue aparentemente sorprendido por la nueva ley agrícola de Estados Unidos, aun cuando ésta se emitió desde el año pasado. Su nueva exigencia es que los productos importados de carne, frutas secas y otros agrícolas tengan una etiqueta que muestre su origen.

En lugar de analizar por qué la recesión ha cambiado la postura de gobiernos hacia el libre comercio, el gobierno se desgarra las vestiduras y comienza a bloquear la importación de carne estadounidense.

Pero nada en el sentido común dice que los consumidores estadounidenses no tengan el derecho a saber de dónde viene el producto que van a comprar. Más aún, en teoría económica, el origen es una característica importante de productos diferenciados; de ahí la preferencia por el vino francés, el whisky escocés, los chocolates suizos o el bife de Kobe.

En lugar de ver esto como un giro y una oportunidad para el agro mexicano y requerir igualmente el etiquetado de origen en maíz, café, cereales y frutas y verduras, con lo que el consumidor mexicano podría preferir nuestros propios productos, y de paso exigir la diferenciación entre orgánico y genéticamente modificado, el gobierno amenaza quejarse con la Organización Mundial de Comercio.

Alguien tiene que informarle que en las crisis el proteccionismo aumenta y los organismos multilaterales simplemente se quedan fuera de las grandes iniciativas. Rusia aumentó las tarifas a la importación de automóviles; India las de hierro, acero y soya; Indonesia anunció medidas para apoyar a sus productores, y Brasil y Argentina consideran aumentar la tarifa externa de Mercosur.

El mismo Pascal Lamy, presidente de la Organización Mundial de Comercio, abandonó su plan de fijar fecha para un acuerdo de desgravación comercial mundial, indicando que “este no es un buen momento”.

Aquí, cuando la industria mexicana es golpeada por la crisis, el gobierno reduce las tarifas a la importación para hacer ésta más barata, cuando la inflación ya hizo perder competitividad a muchas empresas. A su pesar, éstas comprueban que aun cuando la crisis ya derrumbó gran parte del pensamiento económico prevaleciente, el gobierno no cambia nada en su postura.

Y sólo eso explica que Calderón esté convencido de que México tiene menor riesgo macroeconómico que Brasil, Japón, Gran Bretaña o Estados Unidos. Ahora, que esto lo apoye en un análisis de Merrill Lynch, es patético.

No se puede así tener confianza en que el gobierno haga lo necesario para paliar los efectos de esta crisis, si no muestra que la entiende. Esta crisis global no es cíclica, como dijo Calderón, sino estructural.

La falta de entendimiento no es cuestión de ideología. Así, la élite económica estadounidense trabaja hoy en un enorme plan de estímulos del presidente electo Obama, de 800 mil millones de dólares, aun a sabiendas de que va a resultar en un enorme déficit fiscal. El riesgo fiscal nadie lo niega, pero cada problema tiene su momento. Aun así, Obama considera mantener el seguro médico para los que pierdan su empleo.

En contraste, aquí el gobierno ni siquiera acepta que las pérdidas en los fondos de retiro de los trabajadores son un problema y mucho menos exige a las afores que reduzcan las abusivas comisiones que cobran. Y su famoso programa de infraestructura está comenzando hasta el tercer año, cuando el crédito internacional para estos proyectos ya no está disponible.