Por David Aponte
México.- La ex titular del Servicio Postal Mexicano y ex subsecretaria de Comunicaciones y Transportes, Purificación Carpinteyro, ordenó en septiembre de 2008 a los mandos operativos de Sepomex ocultar el envío masivo de cartas del presidente Felipe Calderón a beneficiarios de los programas sociales, distribución de aproximadamente 40 millones de copias, que tuvieron un costo de entre 150 y 240 millones de pesos, de acuerdo con cálculos de legisladores del PRI y PRD.
Un correo electrónico enviado a los directivos del organismo descentralizado prohibió hacer declaraciones sobre la distribución masiva de las cartas personalizadas, en las que el mandatario saludaba e informaba de los resultados de los programas sociales.
Ofelia Cauz Rebolledo, gerente de Gestión Institucional del Servicio Postal Mexicano, expuso en la comunicación interna, fechada el 11 de septiembre de 2008: “Por instrucciones de la lic. Carpinteyro y con fundamento en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se les recuerda que 'no se deberá declarar sobre las cartas que han sido enviadas por medio de la Presidencia'”. Se tiene una copia de la comunicación interna.
El correo estaba dirigido a Javier Alejandro Madrazo Castelazo, director Corporativo de Asuntos Jurídicos y Seguridad Postal; Mark Roland Solley Hackmack, director Corporativo Comercial; Francisco Javier L'elise Meléndez, director Corporativo de Logística e Información y Tecnología; Víctor Manuel Leyva Alatriste, director Metropolitano; Carlos Alberto Rodarte Leal, director Regional Centro; Susana Manterola Piña, directora Regional Sur, y Jaime Moreras Lusarreta, director Regional Norte de Sepomex.
La utilización de Sepomex para la distribución de las cartas de Calderón detonó dos semanas antes del segundo informe de gobierno, cuando la prensa publicó el machote de la comunicación presidencial. La diputada perredista Susana Monreal Ávila presentó el 20 de agosto de 2008 un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso para soliciar al Presidente que se abstuviera de promocionar a su gobierno mediante la utilización de los padrones de los programas sociales, y que la difusión del contenido del informe presidencial se hiciera con apego al principio de autoridad.
El 11 de septiembre de 2008, el senador del PRI, Carlos Lozano de la Torre, presentó en el pleno del Senado otro punto de acuerdo en el que señaló que los posibles costos del envío de cartas estarían entre 150 y 240 millones de pesos.
“Hoy confirmamos que lo adelantado por los medios de comunicación y los temores expresados en esta tribuna, resultaron reales y que efectivamente, el gobierno federal, mediante las dependencias a su cargo, han realizado un enorme gasto con fines abiertamente de promoción personal del primer mandatario y con un sesgo político-electoral a favor del partido en el gobierno; además de hacer uso indebido de información privada de los ciudadanos”, argumentó.
Lozano recordó que el 6 de febrero de 2008 Purificación Carpinteyro había expuesto en comisiones del Senado la queja por el uso excesivo de las franquicias postales por parte de los poderes Legislativo y Judicial, en el contexto de una situación económicamente crítica de Sepomex. A finales de octubre de 2008, el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, se negó a proporcionar información a los senadores del uso del servicio postal para la distribución de las cartas del presidente Calderón, bajo el argumento de que la Ley del Servicio Postal se lo prohibía. El entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, había aceptado ante la prensa que las cartas enviadas por Calderón fueron pagadas por Sepomex con recursos públicos, pero que el organismo no resultó con afectaciones en sus finanzas.
Hoy conocemos que hubo una instrucción expresa para ocultar la información y sepultar el caso.
Un correo electrónico enviado a los directivos del organismo descentralizado prohibió hacer declaraciones sobre la distribución masiva de las cartas personalizadas, en las que el mandatario saludaba e informaba de los resultados de los programas sociales.
Ofelia Cauz Rebolledo, gerente de Gestión Institucional del Servicio Postal Mexicano, expuso en la comunicación interna, fechada el 11 de septiembre de 2008: “Por instrucciones de la lic. Carpinteyro y con fundamento en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se les recuerda que 'no se deberá declarar sobre las cartas que han sido enviadas por medio de la Presidencia'”. Se tiene una copia de la comunicación interna.
El correo estaba dirigido a Javier Alejandro Madrazo Castelazo, director Corporativo de Asuntos Jurídicos y Seguridad Postal; Mark Roland Solley Hackmack, director Corporativo Comercial; Francisco Javier L'elise Meléndez, director Corporativo de Logística e Información y Tecnología; Víctor Manuel Leyva Alatriste, director Metropolitano; Carlos Alberto Rodarte Leal, director Regional Centro; Susana Manterola Piña, directora Regional Sur, y Jaime Moreras Lusarreta, director Regional Norte de Sepomex.
La utilización de Sepomex para la distribución de las cartas de Calderón detonó dos semanas antes del segundo informe de gobierno, cuando la prensa publicó el machote de la comunicación presidencial. La diputada perredista Susana Monreal Ávila presentó el 20 de agosto de 2008 un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso para soliciar al Presidente que se abstuviera de promocionar a su gobierno mediante la utilización de los padrones de los programas sociales, y que la difusión del contenido del informe presidencial se hiciera con apego al principio de autoridad.
El 11 de septiembre de 2008, el senador del PRI, Carlos Lozano de la Torre, presentó en el pleno del Senado otro punto de acuerdo en el que señaló que los posibles costos del envío de cartas estarían entre 150 y 240 millones de pesos.
“Hoy confirmamos que lo adelantado por los medios de comunicación y los temores expresados en esta tribuna, resultaron reales y que efectivamente, el gobierno federal, mediante las dependencias a su cargo, han realizado un enorme gasto con fines abiertamente de promoción personal del primer mandatario y con un sesgo político-electoral a favor del partido en el gobierno; además de hacer uso indebido de información privada de los ciudadanos”, argumentó.
Lozano recordó que el 6 de febrero de 2008 Purificación Carpinteyro había expuesto en comisiones del Senado la queja por el uso excesivo de las franquicias postales por parte de los poderes Legislativo y Judicial, en el contexto de una situación económicamente crítica de Sepomex. A finales de octubre de 2008, el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, se negó a proporcionar información a los senadores del uso del servicio postal para la distribución de las cartas del presidente Calderón, bajo el argumento de que la Ley del Servicio Postal se lo prohibía. El entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, había aceptado ante la prensa que las cartas enviadas por Calderón fueron pagadas por Sepomex con recursos públicos, pero que el organismo no resultó con afectaciones en sus finanzas.
Hoy conocemos que hubo una instrucción expresa para ocultar la información y sepultar el caso.
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