Gilberto López y Rivas
Los crímenes de Estado de Álvaro Uribe siguen causando víctimas, con la complicidad de quien ocupa ilegítimamente el Poder Ejecutivo en México, Felipe Calderón. Las amenazas de extradición a Ecuador de Lucía Morett Álvarez y la detención ilegal del sociólogo colombiano Miguel Ángel Beltrán Villegas cuando realizaba trámites migratorios, y su expulsión inmediata a Colombia, son dos sucesos más que lamentar de la cadena que se inicia con la acción militar del gobierno colombiano en territorio ecuatoriano el primero de marzo de 2008, en la que fueron asesinados, además de Raúl Reyes y sus compañeros de armas, cuatro estudiantes mexicanos.
Álvaro Uribe se responsabilizó públicamente de este hecho violatorio del marco jurídico internacional y el que rige los actos de guerra y el derecho humanitario, sin que hasta la fecha se le finquen cargos por este y los innumerables crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo de Colombia, como los denunciados en esta columna sobre los cientos de ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas falsos positivos (La Jornada, 21 de marzo de 2009).
Paradójicamente, Lucía Morett, herida gravemente en ese bombardeo, es inculpada en un juicio de extradición por Wirmar Gonzabay Pérez, agente fiscal del distrito Sucumbíos, y Orellana, del Ministerio Público de Ecuador (fallecido en una zona de tolerancia de Lago Agrio, víctima de un paro cardiaco), por el delito contra la seguridad del Estado, sin que hasta la fecha se conozcan acusaciones y trámites judiciales similares en contra de los militares colombianos y su comandante en jefe, Álvaro Uribe, quienes son los delincuentes confesos de la incursión en territorio ecuatoriano. El juez local de la provincia –asimismo– dictó una orden de llamamiento a juicio en contra de Lucía. La larga mano de Uribe llega al aparato judicial ecuatoriano, tan sospechosamente sesgado que responsabiliza a las víctimas y no a los victimarios; pero también llega a México, cuyo gobierno no ha condenado el homicidio de esos jóvenes estudiantes que desarmados y sin uniforme se encontraban en el campamento, y cuyo presidente se dispone a visitar Colombia para ser recibido como un héroe de la lucha contra el terrorismo.
Los padres de esos estudiantes afirman en carta a Felipe Calderón, fechada el primero de marzo de este año: “Múltiples ataques e infundios se han manejado para desprestigiar a nuestros hijos asesinados y a Lucía como testigo, pretendiendo con ello desviar la responsabilidad que los asesinos tienen por los delitos cometidos. Categóricamente reiteramos, nuestros hijos ingresaron y transitaron legalmente por Ecuador. Su visita como civiles en un campamento de las FARC no constituía ningún delito. Eran jóvenes entusiastas, interesados en conocer los procesos sociales latinoamericanos. Su derecho a realizar investigaciones académicas in situ fue reivindicado por autoridades, profesores, trabajadores y estudiantes de la UNAM”. Se destaca en este documento la negativa de Patricia Espinosa y el titular del Ejecutivo federal a recibir a los padres, no obstante la gravedad de lo sucedido y los diversos documentos enviados sobre la masacre de Sucumbíos. Se señalan la falta de una defensa efectiva para los mexicanos víctimas de delitos en el extranjero y el nulo interés del gobierno de Calderón para que los culpables materiales e intelectuales de los homicidios de mexicanos sean juzgados. También se hace un enérgico extrañamiento a que la investigación de las autoridades mexicanas se ha centrado en los jóvenes y sus acciones, y no en la incursión extraterritorial colombiana. Se denuncian el carácter persecutorio del interrogatorio de la Procuraduría General de la República (PGR) a Lucía Morett y los dos procesos penales abiertos contra ella y otros ciudadanos sin pruebas ni fundamentos. Sobre todo, se demanda que el gobierno mexicano no otorgue la extradición de Lucía Morett, con base en el artículo 3 del tratado de extradición entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República de Ecuador, que es muy claro en negar dicho acto si existen razones fundadas para considerar que una solicitud de extradición ha sido formulada con el propósito de perseguir o castigar a una persona por motivos de su raza, religión, nacionalidad, creencias políticas o cualquier otro tipo de discriminación prohibida por la legislación interna de cada una de las partes, así como por los tratados internacionales vigentes para ambas partes. Lucía es perseguida por sus creencias políticas en favor de la solidaridad entre los pueblos de México y Colombia y en defensa de los derechos humanos de los colombianos violentados gravemente por Álvaro Uribe Vélez.
Convenientemente, los aparatos de inteligencia colombianos encontraron en la ya legendaria computadora de Reyes todo un expediente contra Miguel Ángel Beltrán Villegas, maniobra que con precisión el editorial de nuestro periódico del 24 de mayo califica de montaje elaborado por la administración uribista. Ahora se tratará de relacionar a este peligroso terrorista con Lucía Morett y con otros mexicanos y extranjeros de la supuesta red internacional de la guerrilla colombiana, académicos, intelectuales y activistas que han manifestado desde nuestro país posturas críticas hacia el gobierno uribista y que podrían, por tanto, estar incorporados en la lista negra de Bogotá (Ibid.).
Apoyo a Lucía Morett y a la negativa de su extradición; a los padres de los estudiantes masacrados en Ecuador. Indignación por la obsecuente complicidad de Felipe Calderón y su gobierno con Uribe Vélez en la detención y expulsión de nuestro colega Beltrán Villegas, a quien envío un saludo solidario. Alto a las agresiones a la Universidad Nacional Autónoma de México.
kikka-roja.blogspot.com/
Álvaro Uribe se responsabilizó públicamente de este hecho violatorio del marco jurídico internacional y el que rige los actos de guerra y el derecho humanitario, sin que hasta la fecha se le finquen cargos por este y los innumerables crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo de Colombia, como los denunciados en esta columna sobre los cientos de ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas falsos positivos (La Jornada, 21 de marzo de 2009).
Paradójicamente, Lucía Morett, herida gravemente en ese bombardeo, es inculpada en un juicio de extradición por Wirmar Gonzabay Pérez, agente fiscal del distrito Sucumbíos, y Orellana, del Ministerio Público de Ecuador (fallecido en una zona de tolerancia de Lago Agrio, víctima de un paro cardiaco), por el delito contra la seguridad del Estado, sin que hasta la fecha se conozcan acusaciones y trámites judiciales similares en contra de los militares colombianos y su comandante en jefe, Álvaro Uribe, quienes son los delincuentes confesos de la incursión en territorio ecuatoriano. El juez local de la provincia –asimismo– dictó una orden de llamamiento a juicio en contra de Lucía. La larga mano de Uribe llega al aparato judicial ecuatoriano, tan sospechosamente sesgado que responsabiliza a las víctimas y no a los victimarios; pero también llega a México, cuyo gobierno no ha condenado el homicidio de esos jóvenes estudiantes que desarmados y sin uniforme se encontraban en el campamento, y cuyo presidente se dispone a visitar Colombia para ser recibido como un héroe de la lucha contra el terrorismo.
Los padres de esos estudiantes afirman en carta a Felipe Calderón, fechada el primero de marzo de este año: “Múltiples ataques e infundios se han manejado para desprestigiar a nuestros hijos asesinados y a Lucía como testigo, pretendiendo con ello desviar la responsabilidad que los asesinos tienen por los delitos cometidos. Categóricamente reiteramos, nuestros hijos ingresaron y transitaron legalmente por Ecuador. Su visita como civiles en un campamento de las FARC no constituía ningún delito. Eran jóvenes entusiastas, interesados en conocer los procesos sociales latinoamericanos. Su derecho a realizar investigaciones académicas in situ fue reivindicado por autoridades, profesores, trabajadores y estudiantes de la UNAM”. Se destaca en este documento la negativa de Patricia Espinosa y el titular del Ejecutivo federal a recibir a los padres, no obstante la gravedad de lo sucedido y los diversos documentos enviados sobre la masacre de Sucumbíos. Se señalan la falta de una defensa efectiva para los mexicanos víctimas de delitos en el extranjero y el nulo interés del gobierno de Calderón para que los culpables materiales e intelectuales de los homicidios de mexicanos sean juzgados. También se hace un enérgico extrañamiento a que la investigación de las autoridades mexicanas se ha centrado en los jóvenes y sus acciones, y no en la incursión extraterritorial colombiana. Se denuncian el carácter persecutorio del interrogatorio de la Procuraduría General de la República (PGR) a Lucía Morett y los dos procesos penales abiertos contra ella y otros ciudadanos sin pruebas ni fundamentos. Sobre todo, se demanda que el gobierno mexicano no otorgue la extradición de Lucía Morett, con base en el artículo 3 del tratado de extradición entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República de Ecuador, que es muy claro en negar dicho acto si existen razones fundadas para considerar que una solicitud de extradición ha sido formulada con el propósito de perseguir o castigar a una persona por motivos de su raza, religión, nacionalidad, creencias políticas o cualquier otro tipo de discriminación prohibida por la legislación interna de cada una de las partes, así como por los tratados internacionales vigentes para ambas partes. Lucía es perseguida por sus creencias políticas en favor de la solidaridad entre los pueblos de México y Colombia y en defensa de los derechos humanos de los colombianos violentados gravemente por Álvaro Uribe Vélez.
Convenientemente, los aparatos de inteligencia colombianos encontraron en la ya legendaria computadora de Reyes todo un expediente contra Miguel Ángel Beltrán Villegas, maniobra que con precisión el editorial de nuestro periódico del 24 de mayo califica de montaje elaborado por la administración uribista. Ahora se tratará de relacionar a este peligroso terrorista con Lucía Morett y con otros mexicanos y extranjeros de la supuesta red internacional de la guerrilla colombiana, académicos, intelectuales y activistas que han manifestado desde nuestro país posturas críticas hacia el gobierno uribista y que podrían, por tanto, estar incorporados en la lista negra de Bogotá (Ibid.).
Apoyo a Lucía Morett y a la negativa de su extradición; a los padres de los estudiantes masacrados en Ecuador. Indignación por la obsecuente complicidad de Felipe Calderón y su gobierno con Uribe Vélez en la detención y expulsión de nuestro colega Beltrán Villegas, a quien envío un saludo solidario. Alto a las agresiones a la Universidad Nacional Autónoma de México.
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