Raymundo Riva Palacio
Narcoestado (la otra cara)
Miércoles, 24 de Junio de 2009
La dirigencia del PRD ha denunciado como una maniobra electoral la operación contra narcopolíticos en Michoacán, no por el ejercicio de la acción contra el narcotráfico, sino por la temporalidad. ¿Por qué se hizo tan cerca de las elecciones intermedias? Jesús Ortega, líder del PRD, dice que porque el presidente Felipe Calderón y el dirigente del PAN, Germán Martínez, son de Morelia y quieren votos. "¿Por qué no se hizo hace cinco meses?, ¿por qué no dentro de dos meses?", añade Samuel González Ruiz, un especialista en materia de seguridad pública y justicia y consultor en el Senado. El gobierno dice que no está politizando la ley, y cuando se recuerda el lugar común que la justicia es ciega, la pregunta es si a quien tienen ciego es al presidente.
Si lo que sucedió en Michoacán está realmente alejado del calendario electoral, la duda razonable sobre la culpabilidad de 27 funcionarios del gobierno de Leonel Godoy, alcaldes y policías, tiene que plantearse, cuando menos, teóricamente. Hasta este momento, el caso tiene mucho más preguntas que respuestas. La operación produjo la detención de todos ellos, y se dijo que fue resultado de una investigación de seis meses. A muchos les puede parecer un tiempo adecuado, pero dadas las características del caso donde de golpe se detiene a casi tres decenas de personas acusadas de vínculos con La Familia Michoacana, la acción de la PGR tendrá que estar totalmente blindada para evitar que, dentro de algunos meses, salgan en libertad a quien hoy se trata como delincuentes.
La delincuencia no es un delito fácil de probar. El artículo dos de la Ley Contra la Delincuencia Organizada la define cuando "tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes (terrorismo, acopio y tráfico de armas, indocumentados y órganos, corrupción de menores de 18 años y trata de personas)". Esto significa que la PGR tiene que probar que tres o más de los 27 detenidos trabajaban coordinadamente con La Familia.
El reto es monumental. La PGR optó por ir tras 27 sujetos, de tres diferentes partidos, por funcionarios de gobierno, por un empresario reconocido, y por policías de diversos niveles en todo el estado. Se podría decir que el disparo de la PGR fue con escopeta, lo que añade mayor complejidad en la integración de la averiguación que pruebe la culpabilidad de todos ellos. Lo heterogéneo del mosaico introduce dudas adicionales sobre la presunta culpabilidad de los 27, no porque puedan ser culpables o inocentes, sino por la manera como se supone se hizo la investigación. Los 180 días que se dice duró la investigación son extremadamente pocos para un caso de tal envergadura.
Como un caso comparativo se encuentra el del entonces gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, cuya averiguación inició cuando el ex presidente Ernesto Zedillo ordenó al Ejército a mediados de 1996 la investigación sobre pistas de aterrizaje en el estado que no tenían justificación alguna. La PGR continuó la pesquisa no sólo hasta el 5 de abril de 1999, cuando lo detuvo, sino inclusive la continuó hasta 2000. Es decir, el caso de Villanueva, que fue quirúrgico y focalizado a un sujeto, tardó tres años en producir la orden de aprehensión, y todavía se extendió un tiempo para añadir acusaciones en el expediente, que incorporó declaraciones de testigos protegidos, y documentación mexicana y estadounidense.
En el caso de Michoacán, de acuerdo con información que ha trascendido, no se tiene nada salvo la declaración de los testigos protegidos. Los interrogatorios, de acuerdo con personas que han tenido acceso a esa información, no han producido pruebas adicionales. En cambio, provocan sospecha sobre la fortaleza del caso. Por ejemplo, a uno de los ediles lo amenazaron con que si no se declaraba culpable o inculpaba a otros, le dirían a su esposa que tenía una segunda esposa y un hijo. El alcalde, que mantiene su inocencia, respondió a la amenaza: díganle, ella lo sabe hace tiempo.
Tampoco han podido establecer, como en el caso de Villanueva, una ruta de dinero que ayude a mostrar la ganancia de su involucramiento. Peor aún, salvo el caso de unos funcionarios, a nadie le han encontrado cuentas bancarias. Es decir, no hay forma de documentar sus movimientos de dinero. Hasta ahora no se sabe que los detenidos hayan cambiado sus patrones de comportamiento por ingresos inexplicables o sus conductas de consumo. Pero aún si eso se probara, no demuestra que estén vinculados a la delincuencia organizada. La corrupción no está necesariamente asociada con ese delito, y uno o todos pudieron haber hecho un servicio a un narcotraficante –un permiso de suelo irregular o un trámite especial- por el cual recibió dinero, lo cual lo haría ladrón, pero no que trabajara para él.
La PGR también tiene que presentar una especie de cronograma donde se demuestre en tiempo y espacio cómo actuaron todos los inculpados en la protección de La Familia. Este es un punto donde la PGR actual ha tenido descalabros. Por ejemplo, en el caso del ex jefe de la SIEDO, Noé Ramírez Mandujano, acusado de dar protección al Cártel de Sinaloa, la PGR aportó como prueba un episodio con vehículos de la dependencia en tareas de protección de los narcotraficantes. Sin embargo, esos vehículos que señala la PGR, le habían sido retirados meses antes, por lo cual, ese momento incriminatorio, simplemente no existe.
En Michoacán se vuelve a poner a juicio la procuración de la justicia en este gobierno. Hasta ahora, la PGR ha tenido un déficit en cada uno de sus casos importantes, y los descalabros han sido recurrentes. El empalmar este caso con el proceso electoral le agrega el ingrediente de un potencial conflicto político si los casos se empiezan a caer. La PGR debe demostrar que los 27 detenidos son culpables, más allá de cualquier duda razonable. Si no lo logra, quien quedará exhibido es el presidente Calderón, que pagará el costo político del fiasco. Si en cambio resulta sólido el caso, habrá que congratularse de que finalmente, la PGR acertó.
Si lo que sucedió en Michoacán está realmente alejado del calendario electoral, la duda razonable sobre la culpabilidad de 27 funcionarios del gobierno de Leonel Godoy, alcaldes y policías, tiene que plantearse, cuando menos, teóricamente. Hasta este momento, el caso tiene mucho más preguntas que respuestas. La operación produjo la detención de todos ellos, y se dijo que fue resultado de una investigación de seis meses. A muchos les puede parecer un tiempo adecuado, pero dadas las características del caso donde de golpe se detiene a casi tres decenas de personas acusadas de vínculos con La Familia Michoacana, la acción de la PGR tendrá que estar totalmente blindada para evitar que, dentro de algunos meses, salgan en libertad a quien hoy se trata como delincuentes.
La delincuencia no es un delito fácil de probar. El artículo dos de la Ley Contra la Delincuencia Organizada la define cuando "tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes (terrorismo, acopio y tráfico de armas, indocumentados y órganos, corrupción de menores de 18 años y trata de personas)". Esto significa que la PGR tiene que probar que tres o más de los 27 detenidos trabajaban coordinadamente con La Familia.
El reto es monumental. La PGR optó por ir tras 27 sujetos, de tres diferentes partidos, por funcionarios de gobierno, por un empresario reconocido, y por policías de diversos niveles en todo el estado. Se podría decir que el disparo de la PGR fue con escopeta, lo que añade mayor complejidad en la integración de la averiguación que pruebe la culpabilidad de todos ellos. Lo heterogéneo del mosaico introduce dudas adicionales sobre la presunta culpabilidad de los 27, no porque puedan ser culpables o inocentes, sino por la manera como se supone se hizo la investigación. Los 180 días que se dice duró la investigación son extremadamente pocos para un caso de tal envergadura.
Como un caso comparativo se encuentra el del entonces gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, cuya averiguación inició cuando el ex presidente Ernesto Zedillo ordenó al Ejército a mediados de 1996 la investigación sobre pistas de aterrizaje en el estado que no tenían justificación alguna. La PGR continuó la pesquisa no sólo hasta el 5 de abril de 1999, cuando lo detuvo, sino inclusive la continuó hasta 2000. Es decir, el caso de Villanueva, que fue quirúrgico y focalizado a un sujeto, tardó tres años en producir la orden de aprehensión, y todavía se extendió un tiempo para añadir acusaciones en el expediente, que incorporó declaraciones de testigos protegidos, y documentación mexicana y estadounidense.
En el caso de Michoacán, de acuerdo con información que ha trascendido, no se tiene nada salvo la declaración de los testigos protegidos. Los interrogatorios, de acuerdo con personas que han tenido acceso a esa información, no han producido pruebas adicionales. En cambio, provocan sospecha sobre la fortaleza del caso. Por ejemplo, a uno de los ediles lo amenazaron con que si no se declaraba culpable o inculpaba a otros, le dirían a su esposa que tenía una segunda esposa y un hijo. El alcalde, que mantiene su inocencia, respondió a la amenaza: díganle, ella lo sabe hace tiempo.
Tampoco han podido establecer, como en el caso de Villanueva, una ruta de dinero que ayude a mostrar la ganancia de su involucramiento. Peor aún, salvo el caso de unos funcionarios, a nadie le han encontrado cuentas bancarias. Es decir, no hay forma de documentar sus movimientos de dinero. Hasta ahora no se sabe que los detenidos hayan cambiado sus patrones de comportamiento por ingresos inexplicables o sus conductas de consumo. Pero aún si eso se probara, no demuestra que estén vinculados a la delincuencia organizada. La corrupción no está necesariamente asociada con ese delito, y uno o todos pudieron haber hecho un servicio a un narcotraficante –un permiso de suelo irregular o un trámite especial- por el cual recibió dinero, lo cual lo haría ladrón, pero no que trabajara para él.
La PGR también tiene que presentar una especie de cronograma donde se demuestre en tiempo y espacio cómo actuaron todos los inculpados en la protección de La Familia. Este es un punto donde la PGR actual ha tenido descalabros. Por ejemplo, en el caso del ex jefe de la SIEDO, Noé Ramírez Mandujano, acusado de dar protección al Cártel de Sinaloa, la PGR aportó como prueba un episodio con vehículos de la dependencia en tareas de protección de los narcotraficantes. Sin embargo, esos vehículos que señala la PGR, le habían sido retirados meses antes, por lo cual, ese momento incriminatorio, simplemente no existe.
En Michoacán se vuelve a poner a juicio la procuración de la justicia en este gobierno. Hasta ahora, la PGR ha tenido un déficit en cada uno de sus casos importantes, y los descalabros han sido recurrentes. El empalmar este caso con el proceso electoral le agrega el ingrediente de un potencial conflicto político si los casos se empiezan a caer. La PGR debe demostrar que los 27 detenidos son culpables, más allá de cualquier duda razonable. Si no lo logra, quien quedará exhibido es el presidente Calderón, que pagará el costo político del fiasco. Si en cambio resulta sólido el caso, habrá que congratularse de que finalmente, la PGR acertó.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
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