Podredumbre electoral ¿urnas o ataúdes?: Lilia Arellano

Podredumbre electoral ¿urnas o ataúdes? Lilia Arellano Estado de los Estados Gobernadores Vs. Calderón Impunidad vigente en la PGR Ferrocarriles: otro monopolio Zedillo y el atraco ferroviario Punta Colonet, mega fracaso “Todos aquellos planes que no sean trazados según todas las disposiciones del género, tienen que fracasar”: Novalis. MEXICO, D.F., 25 de junio (LA JORNADA) Totalmente reprobable es el hecho de que la administración federal que encabeza Felipe Calderón utilice la tragedia de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, y el presunto ataque a los cárteles de la droga en Michoacán, para elevar la rentabilidad electoral del Partido Acción Nacional, a unos cuantos días de las elecciones federales del 5 de julio, cuando los sondeos de opinión señalan que los blanquiazules están abajo en la preferencia electoral, por lo que, habrá que aceptar, grupos totalmente identificados con la derecha impulsan el “voto en blanco” o nulo, para evitar una estrepitosa derrota en las urnas. Por lo que toca al infanticidio imprudencial de 47 pequeños en las inadecuadas instalaciones de la guardería de Hermosillo, éste no debe quedar en la impunidad por ningún motivo, tal y como lo está indicando el inútil enfrentamiento entre la administración de Felipe Calderón, sus funcionarios de primer nivel: el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, el Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, el director general del IMSS, Daniel Karam, y el ex titular de esa dependencia, Juan Molinar Horcasitas, hoy al frente de la SCT, quienes han cerrado filas en contra del gobernador de Sonora, Eduardo Bours, que puntualmente ha respondido a los señalamientos de los servidores públicos federales quienes intentan hacer recaer como única responsable a su administración. En este afán en el que se ha empeñado Calderón para evitar que su partido se fracturara y que continuara enfrentamientos entre, incluso, funcionarios del sexenio anterior y actuales, el michoacano ha extendido un manto de impunidad hacia todos por igual como garantía de que no existe nada en este país que pueda debilitarlos o confrontarlos. Tal estrategia ha llegado ya al Congreso, al presentarse este jueves un “ensayo” de lo que pudo haber sido la presencia de Daniel Karam, director del Seguro Social, ante la Comisión Permanente del poder legislativo; ahí, el funcionario dijo que habrá más detenciones, aunque no se precisó de quiénes o de qué lado, y aceptó apenas si alguna responsabilidad del IMSS en este que a todas luces ha sido un infanticidio. Tal y como se conocen los hechos hasta el momento, en efecto, tanto el gobierno federal como el estatal son culpables de la tragedia, por lo que se deben deslindar las responsabilidades y sancionar a los infractores, para lo cual se requiere una investigación seria, a fondo, sin que esté salpicada de conflictos políticos y electorales. Es evidente la responsabilidad del IMSS por permitir que funcionen guarderías con tales niveles de inseguridad, y en el caso de la guardería ABC mucho tiene que aclarar Juan Molinar Horcasitas, puesto que él firmó el permiso respectivo. Tienen responsabilidad no sólo por lo que toca al incendio y las muertes y ésta de manera muy directa ya que las aprobaciones para el funcionamiento llegan de esa dependencia federal, sino por la forma tan inadecuada de resguardar y empezar a educar a los infantes al percatarnos todos de que los tenían literalmente embodegados, sin que respiraran siquiera el aire natural. También la administración de Eduardo Bours tiene una gran parte de responsabilidad por tapar los errores del IMSS y no denunciar que las autorizaciones fueron entregadas a propietarios o arrendatarios de inmuebles que no contaban con las medidas de seguridad que exigen los reglamentos de protección civil y bomberos, así como de salud estatal, por lo que a primera vista se tiene la certeza de que el imprescindible y necesario servicio de guarderías fue tomado por influyentes que lo vieron como un negocio para ser automáticamente concesionado a familiares y amigos. Esto es lo que tiene que aclarar ahora la Procuraduría General de la República, que una vez más debe de demostrar su titular, Medina Mora, si la aplicación y procuración de la justicia son su prioridad o la construcción de impunidad para los amigos. En los últimos hechos, a priori, el Instituto Mexicano del Seguro Socia señala en la demanda que interpuso contra el gobierno de Sonora por responsabilidad civil, que los responsables del incendio ocurrido en dicha guardería son la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal y los dueños de la misma. Acusa que el siniestro fue producto de la negligencia de los responsables de la bodega, usada por la administración estatal, y sus consecuencias se agravaron por el incumplimiento de las medidas de seguridad por parte de los operadores de la guardería. Lo que no ha hecho Daniel Karam, titular del IMSS, es dar la lista de los accionistas y propietarios de guarderías subrogadas, ni ha informado sobre el número de guarderías que han tenido que ser cerradas por encontrarse en zonas de riesgo o porque no cuentan con las medidas de seguridad. Después de esa acción legal, el siguiente paso que tomó la gestión de Calderón fue quitarle la investigación a la procuraduría estatal de Sonora. Así, la Procuraduría General de la República atrajo la investigación por el siniestro para, según dijo Gómez Mont, “que no haya dudas ni disputas competenciales ni políticas”. Un juez penal determinó la competencia respecto a la consignación de los propietarios y representantes legales de la estancia por considerar que se refiere a un servicio subrogado en el ámbito federal. El titular de la política interna del país mantiene el tono de la disputa con el gobernador Eduardo Bours, a quien le exigió rectificar “el tono altanero”, con el que en los últimos días se ha dirigido a Felipe Calderón, y acusa que las declaraciones del mandatario sonorense son “parcialmente falsas” y que intenta ocultar “hechos que son evidentes”. Y una vez más, el inquilino del Palacio de Covián no tuvo que ir muy lejos por la respuesta porque de inmediato, este jueves, el gobernador sonorense convocó a conferencia de prensa y respondió que Fernando Gómez Mont está “brutalmente confundido ya que no sabe si es el abogado de los altos funcionarios del Seguro Social, si es el Procurador General de la República o el Secretario de Gobernación”; y añadió que no es honesto que Gómez Mont abogue por los funcionarios del IMSS. Bours, quien había exigido citar a declarar al ex director del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, y a su sucesor, Daniel Karam, así como a los propietarios de la guardería ABC, también admitió que no está completamente de acuerdo con que se deje fuera de las investigaciones a la Procuraduría de Justicia del Estado, sin embargo reconoció que la ley le da todas las facultades de atracción a la Federación, por lo que dijo que confiaba plenamente en Eduardo Medina Mora, titular de la PGR, y que por ello lo apoyará en las investigaciones que, subrayó, espera que sean “objetivas, sin politizar y sin proteger”. En tanto, los sonorenses y los mexicanos en general claman una sola palabra: “justicia”. Otro tanto, conformado por miles de familias exigen al gobierno federal controlar su famosa “guerra” contra la delincuencia ya que se han enlutado tan sólo este año tres mil hogares en los que el pariente, el padre, la madre, el hermano, el tío, el bebe, el niño, el adolescente, nada tenían que ver con narcotraficantes. La única siembra que crece en el sexenio calderonista es la de cadáveres. “No soy subordinado”: Godoy Otro lamentable enfrentamiento entre la administración federal calderonista con un gobierno estatal es el que se sostiene contra la gestión perredista de Leonel Godoy en Michoacán. Tras el brutal golpe que se le dio con la captura y encarcelamiento de alcaldes y funcionarios de primer nivel por presuntamente estar relacionados con el narcotráfico y ante los reclamos del propio Godoy, del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, del ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas, y de la dirigencia nacional perredista que encabeza Jesús Ortega, Calderón los mandó por un tubo al señalar que espera de los gobiernos estatales colaboración y no reclamos. En este duelo verbal, Godoy le respondió que no se debe confundir “colaboración con subordinación”, al señalar que ha acreditado plenamente su colaboración con las autoridades federales en la lucha contra el crimen organizado, y que ha habido respeto hacia el gobierno federal, por lo que debe haber reciprocidad. Al mismo tiempo, la dirigencia nacional perredista advirtió que antes del 5 de julio formalizará en la Cámara de Diputados una denuncia de juicio político contra el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, por la filtración de información de indagatorias en Michoacán, así como por el uso faccioso y electoral que ha dado esa dependencia a favor del Partido Acción Nacional (PAN). “Descubre” CFC monopolios El miércoles pasado la Comisión Federal de Competencia realizó un sensacional e increíble descubrimiento: que las empresas ferroviarias Ferrocarril Mexicano (Ferromex) y Ferrosur incurrieron en prácticas monopólicas absolutas, por lo que tendrán que ser sancionadas, castigo que afectará a empresas tenedoras de acciones como Grupo Carso, Grupo México y Sinca Ibursa. Aunque aún no está muy claro qué hay detrás de este “descubrimiento”, vale la pena recordar que en noviembre de 1995, Ferromex y Ferrosur habían notificado a la CFC su intención de fusionarse y al día siguiente habían realizado la operación, sin esperar la autorización de la comisión. Fue hasta junio de 2006 cuando el pleno de la CFC resolvió no autorizar la operación porque ello implicaba una concentración excesiva en el mercado de transporte ferroviario de carga, “en detrimento de la eficiencia de ese mercado y en perjuicio de los consumidores”. En agosto de 2007, se inició un proceso de investigación para establecer si las dos empresas intercambiaban información con el objeto de determinar conjuntamente los precios que cobran por sus servicios, en violación al artículo 9º de la Ley Federal de Competencia Económica. Así, es hasta el 24 de junio de 2009 cuando la CFC determina “sancionar en definitiva” a Ferromex y a Ferrosur, porque “no tenían derecho a fusionarse. En consecuencia, desde el punto de vista jurídico, las empresas siguen siendo competidoras entre sí y, por lo tanto, están sujetas a la ley de competencia como empresas independientes”·. Esto no es más que la punta del iceberg de un complejo problema nacional derivado del proyecto de desmantelamiento de un proyecto de Nación contenido en la Constitución de 1917, que se remonta a la desaparición de Ferrocarriles Nacionales de México, irresponsable proceso que se perpetró en el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León y del cual directamente fue uno de los más beneficiados. A este ex presidente hay que reclamarle que la privatización de los ferrocarriles haya frenado el desarrollo de cualquier proyecto nacional y junto con la de otras industrias y sectores estratégicos haya abonado a la extranjerización y a la conformación de monopolios privados. Retraso imperdonable La nacionalización de los ferrocarriles realizada por el presidente Lázaro Cárdenas el 23 de Junio de 1937 se llevo a cabo atendiendo su papel estratégico en el desarrollo del país y dada la incapacidad de la iniciativa privada, carente de los recursos financieros y tecnológicos necesarios. Por ser el medio de transporte terrestre de menor costo, jugó un papel fundamental para el desarrollo nacional a partir de la reconstrucción post-revolucionaria. El transporte de carga ferroviaria sirvió para dar un importante apoyo a la agricultura, al comercio y a la industria, integrando importantes regiones del país al mercado interno, y también sirvió para impulsar el comercio exterior. Sin embargo, a partir de los años cuarenta el gobierno federal dio un impulso desmedido al autotransporte para favorecer a las empresas fabricantes de automotores, a los empresarios del transporte que se fueron adueñando del mercado y a los políticos que fueron enriqueciéndose con la construcción de carreteras, descuidándose el ferrocarril para debilitar al sindicato ferrocarrilero constituido en 1933. La debacle de los ferrocarriles se dio durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, pues en 1992 se anunció que en los FNM (Ferrocarriles Nacionales de México) se pondría en práctica un “programa de cambio estructural”, impulsado y patrocinado por el Banco Mundial. Ese año la SCT canceló el servicio ferroviario conocido como “Express”, que era un servicio de paquetería y carga en pequeño volumen, transportado en carros especiales agregados en trenes de pasajeros. También anuló el servicio “menos de carro entero”, que permitía a los usuarios transportar cargas que ocupasen hasta medio furgón, que eran remolcados en trenes mixtos o de los llamados “polleros”. Estas cancelaciones provocaron el cierre de cientos de estaciones, pues se quedaron sin materia de trabajo, y que miles de agricultores, comerciantes e industriales se quedaran sin los servicios ferroviarios que utilizaban y que les permitían transportar sus mercancías a un bajo costo. La economía de muchas regiones se desactivó, se contribuyó a la desintegración del mercado interno y sometió a un mayor aislamiento a muchas comunidades pobres y con menor desarrollo. La primera acción que realizó Ernesto Zedillo ya asentado en la silla presidencial, fue enviar una iniciativa para reformar el párrafo cuarto del Artículo 28 Constitucional, con el fin de posibilitar la privatización de la industria ferroviaria mediante un régimen de concesiones y permisos. El 2 de marzo de 1995 el Diario Oficial de la Federación publicó el Decreto correspondiente mediante el cual la industria ferroviaria pasó de ser estratégica y reservada al Estado mexicano, a ser prioritaria, lo que posibilitó su privatización, la cual dejo al gobierno federal únicamente 2 mil 300 millones de dólares, a cambio de restringir el desarrollo económico nacional. Antes de la privatización de los ferrocarriles, el servicio de pasajeros se fue suprimiendo de manera soterrada, para evitar manifestaciones de protesta por parte de los usuarios. Con la privatización, la red ferroviaria se contrajo, pues en las empresas a concesionar se incluyeron únicamente las vías más rentables que interesaron al capital extranjero: Negocios redondos Ferrocarril del Noroeste con 4,283 kilómetros fue concesionada a TFM (Transportación Ferroviaria Mexicana, que cuenta con dos socios: Transportación Marítima Mexicana y Kansas City Southern Industries); Ferrocarril Pacífico Norte con 7,164 kilómetros se concesionó a Ferromex (Ferrocarril Mexicano conformada por Grupo México, Ingenieros Civiles Asociados (ICA) y el gigante ferroviario Unión Pacific (UP), que cuenta en su Junta de Gobierno con el ex presidente Ernesto Zedillo y que compró el ferrocarril Southern Pacific y monopolizó todos los cruces fronterizos ferroviarios entre México y Estados Unidos); Nacozari con 320 kilómetros, y Ojinaga-Topolobampo con 943 kilómetros se le otorgó también a Ferromex. Ferrocarril del Sureste con 1,479 kilómetros fue para la constructora Tribasa, (Triturados Basálticos) una de las empresas beneficiadas con el rescate carretero. Esta operación fue un fraude total: Tribasa vendió un paquete accionario de 33.7% a la Sociedad de Inversión de Capitales (SINCA) del Grupo Financiero Inbursa y enajenó el restante 66.3% a Empresas Fisco, filial del Grupo Carso, lo que constituyó una violación flagrante a las bases de la licitación a través de la cual se le otorgó la concesión. Eso le permitió a Carlos Slim convertirse en el dueño del 100 por ciento de las acciones de ese ferrocarril sin haber participado en la licitación. Ferrocarril Coahuila Durango con 974 kilómetros se le concesionó a GAN (Grupo Acerero del Norte) y a Industrias Peñoles. Cabe destacar que el presidente de GAN, Xavier Desiderio Autrey Maza fue ampliamente favorecido por las privatizaciones y se contaba entre los accionistas principales de una veintena de empresas: Altos Hornos de México (AHMSA), Compañía Minera Real del Monte y Pachuca, Satélites Mexicanos (Satmex), entre otras. Ferrocarril Chiapas Mayab con 1,550 kilómetros a Genesse & Wyoming Inc., a la que la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras le autorizó poseer el 99.99% del capital social de la empresa. Este FC, que tiene dos troncales que se conectan a través de la vía transístmica, de Coatzacoalcos a Salina Cruz, abarca los estados de Yucatán, Campeche, Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca. En este punto cabe destacar que en el Decreto por el que se extinguió el Organismo Público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México, del 9 de diciembre de 1999, se destaca que “respecto a la vía férrea entre Salina Cruz, Oaxaca, y Medias Aguas, Veracruz... se constituyó una empresa paraestatal que será conservada por el Estado y a la que se le otorgará la asignación de administrar dicha vía férrea….”. Zedillo concesionó indebidamente a Ferrosur 91 mil 219 kilómetros de Coatzacoalcos a Medias Aguas, Veracruz, y a la empresa que se constituyó en base a dicho decreto, Ferrocarril del Istmo de Tehuatepec (FIT), se le concedieron únicamente derechos de paso, cuando debió ser a la inversa. Además, FIT no se formó como una empresa paraestatal, sino como una sociedad anónima de capital variable, con capital privado nacional y extranjero. Y para acabar de dibujar este cuadro, hay que señalar que FIT es sólo una empresa de papel que no opera los kilómetros que se le asignaron sino que contrata a terceros. Lo peor es que la empresa Gennesse & Wyoming Inc. anunció que el Ferrocarril Chiapas-Mayab dejaría de funcionar, argumentando que sus operaciones fueron afectadas en 2005 por el huracán Stan, que dañó o destruyó 70 puentes y vías haciendo inoperables 280 kilómetros de la línea, y que no podría seguir absorbiendo pérdidas financieras o hacer inversiones paulatinas, sin que suceda absolutamente nada, a pesar de que esta quiebra se dio bajo una serie de irregularidades que deben ser debidamente aclaradas y subsanadas por las autoridades correspondientes. Actualmente el ferrocarril es un gran negocio para los concesionarios, quienes obtienen grandes y seguros dividendos, y está al servicio de las grandes empresas: Ford, Chrysler y General Motors, entre otras, a las que se les quitó los molestos trenes llamados “polleros” y de pasajeros, y que ya no “obstruyen” la red ferroviaria, que consta en un 95 por ciento de una sola vía, con libramientos cada cierto tramo. A México le urge un gobierno realmente preocupado y ocupado en que se tenga una industria ferrocarrilera que restablezca y haga crecer los servicios de pasajeros, que le sea útil a medianos y pequeños empresarios; que realmente sirva a los intereses nacionales impulsando el desarrollo económico regional, nacional, autosostenido, soberano e independiente, y no sólo que siga enriqueciendo a unos cuantos grupos capitalistas extranjeros, con cómplices incrustados en la burocracia federal. Estado fallido Cada vez surgen más elementos que confirman la categoría de “Estado fallido” en el que la administración de Felipe Calderón metió a México y de la que le resultará muy difícil salir al próximo gobierno federal. La incompetencia, incapacidad e ineficiencia del gabinete calderonista ya tomó por costumbre rezagar, posponer o de plano cancelar importantes proyectos de infraestructura que requiere la Nación, y ahora le tocó al director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Alonso García Tamés, anunciar esta semana muy quitado de la pena que una de las más grandes obras anunciadas con bombo platillo hace menos de un año, el Proyecto Punta Colonet, “es inviable”, por lo que debe revaluarse para determinar si vale la pena seguir adelante con la licitación. En Ensenada, Baja California, el 28 de agosto del año pasado, Felipe Calderón presentó el Proyecto Punta Colonet, para instalar el puerto comercial más grande del país y que, dijo, estaría completamente terminado en el año 2020, pero que podría iniciar operaciones desde el 2012. El tenebroso Luis Téllez, que en ese entonces se desempeñaba como Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), precisó que estaría edificado en una superficie de 8.32 hectáreas de tierra y 2 mil 686.6 hectáreas de agua, y que el costo de la obra sería del orden de los cuatro mil millones de dólares, inversión en la que participaría la iniciativa privada. El funcionario aseguró que al materializarse ese proyecto se movilizarían seis millones de contenedores al año. También prometió que se construiría un puerto comercial, un aeropuerto, una estación de ferrocarril, una desalinadora y una zona de almacenamiento. Calderón, que en esa ocasión –hay que resaltarlo- estuvo fuertemente custodiado por fuerzas federales, entre las que se incluyó un buque de guerra y un bote artillado de la marina, presumió que Punta Colonet dinamizaría la economía de México, pues sería la mayor obra portuaria y de infraestructura que iniciaba su administración y que competiría con los puertos de Los Angeles y Long Beach, cuando lo que realmente pretendía es ser solamente un proyecto al servicio de la economía de Estados Unidos, no del desarrollo económico de México, al constituirse en una válvula de escape a la saturación de dichos puertos estadounidenses, pues buscaría una participación del mercado de embarques de ese país para tratar de aprovechar el crecimiento continuo del tránsito de buques de carga por el Pacífico, ahora detenido por el alto costo de los combustibles y una economía estadounidense en problemas. Las pésimas previsiones de los calderonistas contemplaban que los puertos de Los Angeles y Long Beach, quienes en 2007 procesaron un volumen combinado de 15 millones de TEUs (unidad de capacidad de un contenedor de 6.10 metros), duplicarían su tránsito de carga para el año 2028, por lo que Punta Colonet serviría para evitar su saturación. En menos de un año se comprobó la incompetencia del equipo de Luis Téllez -quien tuvo que dejar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tras el escándalo de las grabaciones en donde acusa a su ex jefe, el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, de haber robado la mitad de la cuenta secreta que maneja discrecionalmente el titular del Ejecutivo Federal- pues las razones por las que se proyectó ese puerto dejaron de existir, de acuerdo a lo declarado este lunes por García Tamés. Este funcionario aseguró que el proyecto de Baja California quedó rezagado por el simple hecho de que la actividad comercial de Estados Unidos con el resto del mundo ya no es la misma -lo que ya se conocía desde hace mucho tiempo, incluso antes de que fuera anunciado el proyecto-, y en forma especial el intercambio comercial con Medio Oriente es completamente distinto en menos de 12 meses, lo que obliga a revisar la factibilidad de Punta Colonet -que en el proyecto oficial se destacaba que daría empleo a 80 mil trabajadores mexicanos-, no por cuestiones financieras sino por el actual desempeño de la economía más grande del mundo. Queda así registrado otro costoso fracaso del gabinete de Felipe Calderón… y los que nos falta conocer a partir del mismísimo 5 de julio. De los pasillos ¿A quién puede sorprenderle que el PRD, que su candidato al gobierno de Campeche, Francisco Brown, hubiese declinado a favor de Mario Alberto Ávila Lizárraga, candidato del PAN, perdón, de la familia Mouriño –o lo que de ésta queda ya sin Juan Camilo- y del propio Calderón? Realmente a muy pocos. Se esperaba, sí, la clásica jugada en la que el PRD se inclinaría, al momento del recuento de los votos, a levantar la mano triunfadora del panista incluso antes de que se hiciera oficial el anuncio sobre la votación alcanzada por cada candidato. Sin embargo, lo sucedido puso a los “chuchos” en el colmo de la entrega y de la venta del partido a quien apueste mayor dinero. Y, aunque el del Sol Azteca –ahora repudiado (porque ya hasta se habla de su sexualidad) por los seguidores estatales de ese partido- no había logrado despuntar suficientemente, su entrega se da para lograr que al fin los blanquiazules puedan instalarse en el gobierno estatal. El del PRI, Fernando Ortega Bernés, sí que la tiene muy pero muy difícil, más aún cuando el gobernador Jorge Carlos Hurtado Valdés también juega en el equipo contrario, no importa si regresa a su etapa de “aguador”. Siguen las cosas muy revueltas en Benito Juárez, Cancún. El alcalde anda que no le calienta ni el sol porque tuvo que llevar a su casa a cenar birria a los regidores para convencerlos de su Plaza Bicentenario y no le dio el resultado que esperaba ya que los que ahí se reunieron salieron echando pestes por la expresión “Cancún es el paraíso de los jodidos”. Pero no ha sido suficiente con lo anterior, su General, el de la policía, don Urbano Pérez, la semana anterior arremetió contra los medios de comunicación. Su ataque de inmediato permitió que lo que no quería revelarse saliera a la luz pública y es que a su paso en otras entidades se incrementó el número de tundemáquinas asesinados, desaparecidos, secuestrados. ¡Aaayyyy nanita! Qué miedo dio el general Pérez. Es más, hasta resulta que los periodistas quedaron como culpables del incremento de la delincuencia y de ahí al reto no paso mucho tiempo, ya que dijo que en tanto él sí puede comprobar que es General, los que dan las noticias, los que lo entrevistan, los que han logrado que la ciudadanía lo conozca, no pueden demostrar que son periodistas auténticos. Al final una cosa sí quedó muy clara, los diaristas y los editores no se rajaron, informaron todo lo que tenían que informar y así se seguirá haciendo. El General Pérez, no. Él sí dijo que mejor ahí la dejamos y borrón y cuenta nueva y ¡hasta el mapa del tesoro, perdón, el delictivo de Cancún apareció! Dicen que en una caja fuerte, ojalá no sea la que le robaron a Ludivina Menchaca. Para la historia quedará la frase: “en la familia Joaquín radica el poder político”, dicha por el candidato a diputado por el Distrito I, abanderado por el PAN, Gustavo Ortega Joaquín… En mejores manos no pudo quedar el Patronato de la Universidad de Quintana Roo. Marco Lozano es sinónimo de garantía para el avance en todos los órdenes en esa casa de estudios ya que nunca está conforme con lo que se marca debe hacerse, siempre espera y realiza más… El escándalo que faltaba en plena recuperación del turismo tuvo como sede el Hotel Moon Palace con la desaparición de Julia Howard, escocesa, quien desapareció de esas instalaciones desde el 15 de junio… El director de seguridad pública de Pachuca, Hidalgo fue detenido por presuntos nexos con el narco junto con 47 policías y 7 agentes ministeriales. Todo apuntaba a que esta actividad delictiva no tenía en Hidalgo grandes raíces, sin embargo ya se ve que también de ese pie cojea el gobierno del hijo de china Miguel Ángel Osorio Chong, ¿o será que este movimiento lo generó la ubicación de la refinería?.. ( lilia_arellano@yahoo.comEsta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )

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