RICARDO RAVELO
Presuntos militares han secuestrado en Piedras Negras y otros municipios de Coahuila a varias personas por las que exigen millonarios rescates. La demora o negativa a pagar se traduce en la ejecución del plagiado. Así le ocurrió a Iván Zulkin González, cuya familia sólo recuperó sus restos calcinados. Las autoridades locales se niegan a recibir las denuncias tras los levantones y sólo las aceptan cuando ya apareció el cadáver.
El 3 de abril pasado, Arturo Navarro López, coronel de infantería del Estado Mayor Presidencial, cumplía 19 días como director de la Policía Municipal de Piedras Negras, Coahuila. Había aceptado el cargo con una finalidad: terminar con el narcotráfico en la región.
Al tomar posesión lanzó varias advertencias a los policías bajo su mando: el que se relacione con el narco será dado de baja y procesado. También dijo: “Yo vengo a limpiar de narcos a esta zona, no vengo a jugar. El que no se ajuste a estas reglas se puede ir”. A los tres días renunciaron 37 policías y una semana después Navarro López fue ejecutado. Doce impactos de AR-15 terminaron con su vida y con el proyecto de erradicar el tráfico de drogas.
Tras la muerte del coronel, la ciudad de Piedras Negras comenzó a vivir una pesadilla. Familiares de personas desaparecidas exigen justicia, pero “nadie les hace caso”, dice la abogada Beverly Ritchie Ríos, quien el 28 de mayo presentó tres quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por la desaparición y muerte de Iván Zulkin González Ramos, Jesús Monreal Briones y Rodolfo Rivas Soriano.
Los tres, asegura, fueron levantados por un comando militar entre el 26 y 27 de abril de este año. Del primero sólo encontraron un montón de ceniza y huesos calcinados; de los demás nada se sabe.
Esta es la historia: Eran las 3:00 de la mañana del 26 de abril. En la casa ubicada sobre la calle Sierra de la Encantada 721, en Piedras Negras, Coahuila, la familia Hernández Rodríguez fue despertada por un golpe que casi derribó la puerta principal de la vivienda.
Se escucharon voces y los culatazos que terminaron por romper el cerrojo de la puerta. Unos 80 soldados, apoyados por agentes federales, ingresaron en tropel y comenzaron a revisar las habitaciones; revolvieron todo: televisores, mesas, sillas. Mientras algunos militares escrutaban el inmueble, otros abrían los clósets y se robaban los objetos de valor: relojes, dinero en efectivo, ropa.
“¿Dónde está José Fonseca?”, preguntaban algunos soldados y policías encapuchados con sus armas empuñadas. Ninguno de los moradores respondió. Cruzaron el patio de la casa y entraron a una recámara donde aún dormían Iván Zulkin González Ramos y su novia Dellanira Lizbeth Hernández Rodríguez.
Iván, jefe de José Fonseca en un negocio de ropa, fue sacado en vilo de la habitación y lo subieron a un vehículo, en tanto que Dellanira fue llevada a una de las tres camionetas Hummers que permanecían en la calle con el motor encendido junto con otra docena de autos. “Llévanos a la casa de José Fonseca”, le dijeron a la muchacha, quien guió a los convoyes hasta una vecindad localizada en la calle Jalisco 3015 de la colonia Central.
Al llegar a ese domicilio soldados y policías repitieron la operación: a golpes abrieron las puertas de todos los departamentos, rompieron los cristales, sacaron a las personas a la calle y realizaron los cateos sin orden judicial. Dos horas después se marcharon, dejando a Dellanira en la calle.
Ella caminó varias cuadras y avisó a sus familiares que los soldados se habían llevado a su novio Iván. Respecto a José Fonseca, había sido detenido la tarde anterior al operativo.
Las amenazas
Eva Ramos de González, madre de Iván, inició la búsqueda de su hijo: fue a las instalaciones de la PFP y le dijeron que ahí no estaba; acudió a la PGR y la respuesta fue: “Aquí no sabemos nada, vaya a preguntar al cuartel militar”. En las instalaciones del Ejército ni siquiera la recibieron.
Doña Eva comenzó a angustiarse, sobre todo porque se enteró de que otras dos personas, Rodolfo Rivas y Jesús Monreal, también fueron levantados por presuntos militares, algunos adscritos al área de inteligencia militar de Torreón, Coahuila, y otros más de la Sexta Zona Militar de Saltillo, del 14 Regimiento de Melchor Múzquiz y de la Guarnición Militar de Piedras Negras.
La madre de Iván contrató los servicios de la abogada Ritchie Ríos, quien comenzó a buscar a los tres desaparecidos. Entrevistada por Proceso, la litigante cuenta que acudió al Ministerio Público a presentar la denuncia. Las autoridades le respondieron que no eran “competentes para ese caso”.
Cuenta: “Estamos en total indefensión y con el temor de que nos asesinen a todos por denunciar los hechos”.
La situación la llevó a organizar marchas y plantones. “Colocamos mantas en las que denunciamos los casos y para exhibir a las autoridades no sólo por su silencio, sino porque pensamos que protegían al Ejército”, dice.
“A esta causa se unió la sociedad, siempre nos acompañaban en las marchas y exigíamos justicia, pero la justicia por desgracia aún no llega.”
Un día después de la desaparición de Iván Zulkin, su hermano Adonis comenzó a recibir mensajes que provenían del celular de su pariente, algunos eran amenazas directas. “Todo fue una tortura, una pesadilla –afirma la entrevistada–, pues pedían 1 millón de dólares por entregar vivo (a Iván); decían que si (la familia) no pagaba lo matarían y mandarían su cuerpo en cachitos”.
Para documentar su denuncia, la abogada transcribió algunos de los mensajes enviados por los presuntos militares desde el celular de Iván a su hermano Adonis. El primero decía: “Cuánto quieren (dar) por la libertad de su Iván”, y fue recibido el 27 de abril a las 9:45 horas. Media hora después llegó otro: “Te paso (a tu hermano Iván), pero dime cuánto estás dispuesto a dar para ver si por lo menos conviene pasártelo”.
A las 4:40 de la tarde de ese mismo día, los presuntos militares enviaron un tercer mensaje, pero en tono amenazante: “Lo quieren vivo o muerto, porque creo que más vale muerto porque los vivos hablan… Dime exactamente cómo lo quieren, pon la primera cantidad”.
El 28 de abril, continuaron los mensajes. A las 10 de la mañana, Adonis leyó: “No pedimos mucho, un melón de dólares. Dime si aceptas, si no, para qué hablamos”.
Al enterarse de que los plagiarios exigían 1 millón de dólares, los familiares de Iván rompieron en llanto. Se preguntaban de dónde sacarían ese dinero. “Todos pensamos lo peor”, relata Ritchie Ríos.
Dos horas después Adonis recibió otro mensaje: “Qué pasó, compa. Se (va) hacer o qué pedo… Si no, díganlo y no hay trato”. Luego llegó otro. Decía: “El compa está bien, necesito saldo (para que el celular siga funcionando) para seguirte informando de él”. La novia de Iván depositó 150 pesos de saldo para no perder la comunicación con los presuntos militares.
La pesadilla siguió. “Lo acaban de sacar en las camionetas y ya no te puedo decir más... bye”. Más tarde llegó otro mensaje: “No diste nada –le decían a Adonis–, ya te dije dónde anda ahorita. Lo traemos en la troca, pero está bien, que ahí quede. Me hiciste perder el tiempo, no diste nada, sólo una maldita tarjeta”…
Adonis no soltaba el celular, relata la entrevistada. Los mensajes no cesaban. Pese a la tensión, las autoridades seguían negándose a recibir la denuncia.
Este es un extracto del reportaje que publica la revista Proceso en su edición 1701 que empezó a circular el pasado domingo 7 de junio
kikka-roja.blogspot.com/
El 3 de abril pasado, Arturo Navarro López, coronel de infantería del Estado Mayor Presidencial, cumplía 19 días como director de la Policía Municipal de Piedras Negras, Coahuila. Había aceptado el cargo con una finalidad: terminar con el narcotráfico en la región.
Al tomar posesión lanzó varias advertencias a los policías bajo su mando: el que se relacione con el narco será dado de baja y procesado. También dijo: “Yo vengo a limpiar de narcos a esta zona, no vengo a jugar. El que no se ajuste a estas reglas se puede ir”. A los tres días renunciaron 37 policías y una semana después Navarro López fue ejecutado. Doce impactos de AR-15 terminaron con su vida y con el proyecto de erradicar el tráfico de drogas.
Tras la muerte del coronel, la ciudad de Piedras Negras comenzó a vivir una pesadilla. Familiares de personas desaparecidas exigen justicia, pero “nadie les hace caso”, dice la abogada Beverly Ritchie Ríos, quien el 28 de mayo presentó tres quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por la desaparición y muerte de Iván Zulkin González Ramos, Jesús Monreal Briones y Rodolfo Rivas Soriano.
Los tres, asegura, fueron levantados por un comando militar entre el 26 y 27 de abril de este año. Del primero sólo encontraron un montón de ceniza y huesos calcinados; de los demás nada se sabe.
Esta es la historia: Eran las 3:00 de la mañana del 26 de abril. En la casa ubicada sobre la calle Sierra de la Encantada 721, en Piedras Negras, Coahuila, la familia Hernández Rodríguez fue despertada por un golpe que casi derribó la puerta principal de la vivienda.
Se escucharon voces y los culatazos que terminaron por romper el cerrojo de la puerta. Unos 80 soldados, apoyados por agentes federales, ingresaron en tropel y comenzaron a revisar las habitaciones; revolvieron todo: televisores, mesas, sillas. Mientras algunos militares escrutaban el inmueble, otros abrían los clósets y se robaban los objetos de valor: relojes, dinero en efectivo, ropa.
“¿Dónde está José Fonseca?”, preguntaban algunos soldados y policías encapuchados con sus armas empuñadas. Ninguno de los moradores respondió. Cruzaron el patio de la casa y entraron a una recámara donde aún dormían Iván Zulkin González Ramos y su novia Dellanira Lizbeth Hernández Rodríguez.
Iván, jefe de José Fonseca en un negocio de ropa, fue sacado en vilo de la habitación y lo subieron a un vehículo, en tanto que Dellanira fue llevada a una de las tres camionetas Hummers que permanecían en la calle con el motor encendido junto con otra docena de autos. “Llévanos a la casa de José Fonseca”, le dijeron a la muchacha, quien guió a los convoyes hasta una vecindad localizada en la calle Jalisco 3015 de la colonia Central.
Al llegar a ese domicilio soldados y policías repitieron la operación: a golpes abrieron las puertas de todos los departamentos, rompieron los cristales, sacaron a las personas a la calle y realizaron los cateos sin orden judicial. Dos horas después se marcharon, dejando a Dellanira en la calle.
Ella caminó varias cuadras y avisó a sus familiares que los soldados se habían llevado a su novio Iván. Respecto a José Fonseca, había sido detenido la tarde anterior al operativo.
Las amenazas
Eva Ramos de González, madre de Iván, inició la búsqueda de su hijo: fue a las instalaciones de la PFP y le dijeron que ahí no estaba; acudió a la PGR y la respuesta fue: “Aquí no sabemos nada, vaya a preguntar al cuartel militar”. En las instalaciones del Ejército ni siquiera la recibieron.
Doña Eva comenzó a angustiarse, sobre todo porque se enteró de que otras dos personas, Rodolfo Rivas y Jesús Monreal, también fueron levantados por presuntos militares, algunos adscritos al área de inteligencia militar de Torreón, Coahuila, y otros más de la Sexta Zona Militar de Saltillo, del 14 Regimiento de Melchor Múzquiz y de la Guarnición Militar de Piedras Negras.
La madre de Iván contrató los servicios de la abogada Ritchie Ríos, quien comenzó a buscar a los tres desaparecidos. Entrevistada por Proceso, la litigante cuenta que acudió al Ministerio Público a presentar la denuncia. Las autoridades le respondieron que no eran “competentes para ese caso”.
Cuenta: “Estamos en total indefensión y con el temor de que nos asesinen a todos por denunciar los hechos”.
La situación la llevó a organizar marchas y plantones. “Colocamos mantas en las que denunciamos los casos y para exhibir a las autoridades no sólo por su silencio, sino porque pensamos que protegían al Ejército”, dice.
“A esta causa se unió la sociedad, siempre nos acompañaban en las marchas y exigíamos justicia, pero la justicia por desgracia aún no llega.”
Un día después de la desaparición de Iván Zulkin, su hermano Adonis comenzó a recibir mensajes que provenían del celular de su pariente, algunos eran amenazas directas. “Todo fue una tortura, una pesadilla –afirma la entrevistada–, pues pedían 1 millón de dólares por entregar vivo (a Iván); decían que si (la familia) no pagaba lo matarían y mandarían su cuerpo en cachitos”.
Para documentar su denuncia, la abogada transcribió algunos de los mensajes enviados por los presuntos militares desde el celular de Iván a su hermano Adonis. El primero decía: “Cuánto quieren (dar) por la libertad de su Iván”, y fue recibido el 27 de abril a las 9:45 horas. Media hora después llegó otro: “Te paso (a tu hermano Iván), pero dime cuánto estás dispuesto a dar para ver si por lo menos conviene pasártelo”.
A las 4:40 de la tarde de ese mismo día, los presuntos militares enviaron un tercer mensaje, pero en tono amenazante: “Lo quieren vivo o muerto, porque creo que más vale muerto porque los vivos hablan… Dime exactamente cómo lo quieren, pon la primera cantidad”.
El 28 de abril, continuaron los mensajes. A las 10 de la mañana, Adonis leyó: “No pedimos mucho, un melón de dólares. Dime si aceptas, si no, para qué hablamos”.
Al enterarse de que los plagiarios exigían 1 millón de dólares, los familiares de Iván rompieron en llanto. Se preguntaban de dónde sacarían ese dinero. “Todos pensamos lo peor”, relata Ritchie Ríos.
Dos horas después Adonis recibió otro mensaje: “Qué pasó, compa. Se (va) hacer o qué pedo… Si no, díganlo y no hay trato”. Luego llegó otro. Decía: “El compa está bien, necesito saldo (para que el celular siga funcionando) para seguirte informando de él”. La novia de Iván depositó 150 pesos de saldo para no perder la comunicación con los presuntos militares.
La pesadilla siguió. “Lo acaban de sacar en las camionetas y ya no te puedo decir más... bye”. Más tarde llegó otro mensaje: “No diste nada –le decían a Adonis–, ya te dije dónde anda ahorita. Lo traemos en la troca, pero está bien, que ahí quede. Me hiciste perder el tiempo, no diste nada, sólo una maldita tarjeta”…
Adonis no soltaba el celular, relata la entrevistada. Los mensajes no cesaban. Pese a la tensión, las autoridades seguían negándose a recibir la denuncia.
Este es un extracto del reportaje que publica la revista Proceso en su edición 1701 que empezó a circular el pasado domingo 7 de junio
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