Jenaro Villamil
MÉXICO, DF, 22 de diciembre (apro).- La aprobación por 39 votos a favor y 20 en contra de la iniciativa para modificar seis artículos del Código Civil del Distrito Federal, que permiten los matrimonios de parejas del mismo sexo, con la posibilidad de la adopción, constituye un golpe al corazón de la ola conservadora que ha recorrido 18 entidades del país.
No en balde, las reacciones más viscerales fueron las del arzobispo primado de la Ciudad de México, Norberto Rivera, así como de la dirigente panista del Distrito Federal, Mariana Gómez del Campo, prima de la primera dama Margarita Zavala, así como de los dirigentes del PRI y del PVEM, que se quedaron al margen de una discusión que no tiene signos partidistas ni es propiedad de nadie, sino que representa un triunfo de los derechos en un Estado laico.
Justamente una coalición de intereses políticos y de alianzas en contra del Estado laico han permitido que, en 18 entidades del país, la jerarquía eclesiástica, los gobernadores del PRI y del PAN, así como sus diputados locales, acompañados de esa anomalía que es el Partido Verde Ecologista de México –el único en el mundo que promueve la pena de muerte como una solución contra la delincuencia-- se han unido para legislar en contra de la despenalización del aborto, de consagrar a nivel constitucional la “familia heterosexual” como el único modelo legal válido y, si los dejan, condenar el uso del condón como método de prevención de enfermedades, como el VIH-sida.
Lo sucedido el lunes 21 de diciembre en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) rompe con las pretensiones de uniformidad moral en una sociedad cada vez más diversa, tolerante y libre que lucha contra la multitud de fobias y odios generados por las pretensiones de uniformidad moral. ¿No es acaso grave que los crímenes de odio contra mujeres, homosexuales, transgéneros y lesbianas se generen en aquellas entidades donde se precian de tener la “superioridad moral” y la desfachatez de ignorar los otros modelos de ejercer la vida privada y las opciones sexuales?
La reforma coloca a la Ciudad de México en la vanguardia de toda América Latina en materia de derechos para parejas del mismo sexo. Sólo en países europeos como Bélgica, España, Holanda, Noruega, Suecia, así como en Canadá y Sudáfrica, se han reconocido plenamente los derechos de las uniones de homosexuales y lesbianas.
En Estados Unidos, entidades como Connecticut, Iowa, Massachussets y Vermont permiten los matrimonios lésbico-gays, con posibilidades de adopción de hijos.
Y en Argentina, Brasil y Uruguay se adoptaron modelos similares a las sociedades de convivencia, reconocidas en el Distrito Federal y en Coahuila desde 2007.
Sin embargo, la reforma sólo es válida en el Distrito Federal. Aprueba cambios a seis artículos del Código Civil capitalino. Los más significativos y polémicos fueron el 146, que antes establecía que “el matrimonio es la unión libre entre un hombre y una mujer”.
La nueva redacción define que el matrimonio “es la unión libre entre dos personas”. Además se modificó en el pleno el artículo 391 para permitir la adopción de hijos por parte de las parejas del mismo sexo.
También la reforma al artículo 291-Bis establece que tendrán derechos y obligaciones similares a las de las parejas heterosexuales y el artículo 724 permite la posibilidad de construir un patrimonio familiar común.
Por supuesto, falta un pleno reconocimiento a los derechos extensivos como los de la seguridad social. Está es una discusión que tendrá que darse a escala federal, con la reforma a la Ley del IMSS.
Falta saber si la mayoría de los diputados del PRI en San Lázaro reaccionan ante su supuesta condición de partido laico y promueven cambios en este sentido.
Ya se vio que el PAN sigue atrapado, con honrosas excepciones, en modelos de un conservadurismo que lo colocan como un partido premoderno en estos temas.
Aparte, la derrota para Norberto Rivera es clara. En diez años, el cardenal de la Ciudad de México ha tenido que enfrentarse a una realidad social y cultural que quiere negar: su primera y ostentosa derrota fue en contra de la ley Robles, que despenalizaba las causales del aborto y que la Suprema Corte de Justicia avaló, a pesar de la intensa presión de la jerarquía; después quiso prohibir la difusión de la película El crimen del padre Amaro, y lo que ocurrió fue una reacción masiva del público a favor de esta cinta.
Luego, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, presionó para que no se avalara la Ley de Sociedades de Convivencia, pero en marzo de 2007 esta nueva figura legal se aprobó y, ahora, en diciembre de 2009, la ALDF legitimó las bodas entre personas del mismo sexo con posibilidades de adopción.
Seguramente, intentarán “excomulgar” a los legisladores del PRD y del PT que la aprobaron, como también al jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, que en estas discusiones ha mostrado una posición más firme que otros gobernantes.
Rivera llegó al extremo de emitir un comunicado donde habla a nombre de toda la Iglesia católica –que es diferente a la jerarquía conservadora dominante-- para sentenciar que “la Iglesia considera una aberración equiparar las uniones entre personas del mismo sexo con el matrimonio, pues éstas son incapaces de alcanzar los fines que dieron origen a esta imprescindible institución”.
Rivera advierte que “las uniones entre individuos del mismo sexo no tienen futuro, toda vez que son pocas las personas que desean unirse bajo este esquema con su pareja, lo cual puede observarse en los países que ya cuentan con esta ley”.
Bajo el amparo de citas de San Pablo (Epístolas a los Romanos y Corintios), el arzobispo primado advierte que “los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados”.
¿Por qué no opinó lo mismo cuando muchas de sus víctimas denunciaron los abusos del fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel? ¿Acaso porque Maciel nunca asumió su opción homosexual y prefirió ejercerla en el clóset, abusando de su autoridad en contra de menores indefensos?
¿Por qué la propia jerarquía se ha negado a una discusión seria para reconocer la homosexualidad entre sacerdotes y la posibilidad misma del matrimonio para sacerdotes y monjas?
El problema para la jerarquía que condena y excomulga sin aceptar posibilidad alguna de diálogo, es que ya no cuenta con la credibilidad ni con la fuerza moral de antes para intimidar a la sociedad católica, menos para llenar de culpas y estigmas a quienes han optado por una vida laica.
El descrédito a las pretensiones de uniformidad moral es anterior a esta victoria cultural. La hipocresía moral tiene una sanción social. Y esta es una de las lecciones de este debate.
Comentarios: jenarovi@yahoo.com.mx
kikka-roja.blogspot.com/
No en balde, las reacciones más viscerales fueron las del arzobispo primado de la Ciudad de México, Norberto Rivera, así como de la dirigente panista del Distrito Federal, Mariana Gómez del Campo, prima de la primera dama Margarita Zavala, así como de los dirigentes del PRI y del PVEM, que se quedaron al margen de una discusión que no tiene signos partidistas ni es propiedad de nadie, sino que representa un triunfo de los derechos en un Estado laico.
Justamente una coalición de intereses políticos y de alianzas en contra del Estado laico han permitido que, en 18 entidades del país, la jerarquía eclesiástica, los gobernadores del PRI y del PAN, así como sus diputados locales, acompañados de esa anomalía que es el Partido Verde Ecologista de México –el único en el mundo que promueve la pena de muerte como una solución contra la delincuencia-- se han unido para legislar en contra de la despenalización del aborto, de consagrar a nivel constitucional la “familia heterosexual” como el único modelo legal válido y, si los dejan, condenar el uso del condón como método de prevención de enfermedades, como el VIH-sida.
Lo sucedido el lunes 21 de diciembre en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) rompe con las pretensiones de uniformidad moral en una sociedad cada vez más diversa, tolerante y libre que lucha contra la multitud de fobias y odios generados por las pretensiones de uniformidad moral. ¿No es acaso grave que los crímenes de odio contra mujeres, homosexuales, transgéneros y lesbianas se generen en aquellas entidades donde se precian de tener la “superioridad moral” y la desfachatez de ignorar los otros modelos de ejercer la vida privada y las opciones sexuales?
La reforma coloca a la Ciudad de México en la vanguardia de toda América Latina en materia de derechos para parejas del mismo sexo. Sólo en países europeos como Bélgica, España, Holanda, Noruega, Suecia, así como en Canadá y Sudáfrica, se han reconocido plenamente los derechos de las uniones de homosexuales y lesbianas.
En Estados Unidos, entidades como Connecticut, Iowa, Massachussets y Vermont permiten los matrimonios lésbico-gays, con posibilidades de adopción de hijos.
Y en Argentina, Brasil y Uruguay se adoptaron modelos similares a las sociedades de convivencia, reconocidas en el Distrito Federal y en Coahuila desde 2007.
Sin embargo, la reforma sólo es válida en el Distrito Federal. Aprueba cambios a seis artículos del Código Civil capitalino. Los más significativos y polémicos fueron el 146, que antes establecía que “el matrimonio es la unión libre entre un hombre y una mujer”.
La nueva redacción define que el matrimonio “es la unión libre entre dos personas”. Además se modificó en el pleno el artículo 391 para permitir la adopción de hijos por parte de las parejas del mismo sexo.
También la reforma al artículo 291-Bis establece que tendrán derechos y obligaciones similares a las de las parejas heterosexuales y el artículo 724 permite la posibilidad de construir un patrimonio familiar común.
Por supuesto, falta un pleno reconocimiento a los derechos extensivos como los de la seguridad social. Está es una discusión que tendrá que darse a escala federal, con la reforma a la Ley del IMSS.
Falta saber si la mayoría de los diputados del PRI en San Lázaro reaccionan ante su supuesta condición de partido laico y promueven cambios en este sentido.
Ya se vio que el PAN sigue atrapado, con honrosas excepciones, en modelos de un conservadurismo que lo colocan como un partido premoderno en estos temas.
Aparte, la derrota para Norberto Rivera es clara. En diez años, el cardenal de la Ciudad de México ha tenido que enfrentarse a una realidad social y cultural que quiere negar: su primera y ostentosa derrota fue en contra de la ley Robles, que despenalizaba las causales del aborto y que la Suprema Corte de Justicia avaló, a pesar de la intensa presión de la jerarquía; después quiso prohibir la difusión de la película El crimen del padre Amaro, y lo que ocurrió fue una reacción masiva del público a favor de esta cinta.
Luego, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, presionó para que no se avalara la Ley de Sociedades de Convivencia, pero en marzo de 2007 esta nueva figura legal se aprobó y, ahora, en diciembre de 2009, la ALDF legitimó las bodas entre personas del mismo sexo con posibilidades de adopción.
Seguramente, intentarán “excomulgar” a los legisladores del PRD y del PT que la aprobaron, como también al jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, que en estas discusiones ha mostrado una posición más firme que otros gobernantes.
Rivera llegó al extremo de emitir un comunicado donde habla a nombre de toda la Iglesia católica –que es diferente a la jerarquía conservadora dominante-- para sentenciar que “la Iglesia considera una aberración equiparar las uniones entre personas del mismo sexo con el matrimonio, pues éstas son incapaces de alcanzar los fines que dieron origen a esta imprescindible institución”.
Rivera advierte que “las uniones entre individuos del mismo sexo no tienen futuro, toda vez que son pocas las personas que desean unirse bajo este esquema con su pareja, lo cual puede observarse en los países que ya cuentan con esta ley”.
Bajo el amparo de citas de San Pablo (Epístolas a los Romanos y Corintios), el arzobispo primado advierte que “los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados”.
¿Por qué no opinó lo mismo cuando muchas de sus víctimas denunciaron los abusos del fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel? ¿Acaso porque Maciel nunca asumió su opción homosexual y prefirió ejercerla en el clóset, abusando de su autoridad en contra de menores indefensos?
¿Por qué la propia jerarquía se ha negado a una discusión seria para reconocer la homosexualidad entre sacerdotes y la posibilidad misma del matrimonio para sacerdotes y monjas?
El problema para la jerarquía que condena y excomulga sin aceptar posibilidad alguna de diálogo, es que ya no cuenta con la credibilidad ni con la fuerza moral de antes para intimidar a la sociedad católica, menos para llenar de culpas y estigmas a quienes han optado por una vida laica.
El descrédito a las pretensiones de uniformidad moral es anterior a esta victoria cultural. La hipocresía moral tiene una sanción social. Y esta es una de las lecciones de este debate.
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