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lunes, 5 de enero de 2009

Abuso a niña de 3 años en guardería de Coahuila

Pide la CNDH investigar abuso a niña en guardería de Coahuila

De la Redacción

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación en contra del gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, y del director general del IMSS, Juan Francisco Molinar Horcasitas, por el caso de una menor de tres años de edad que fue víctima de tocamientos por parte de personal de una guardería subrogada por el IMSS, en cuya investigación el agente del Ministerio Público en la entidad no ha realizado diligencia alguna en más de un año, no obstante las constancias médicas que demuestran los hechos.

Mediante un comunicado, la CNDH informó que su personal se allegó la información suficiente para acreditar violaciones al derecho a la integridad de la menor, a la legalidad, la seguridad jurídica y a la debida procuración de justicia por parte de la procuraduría local.

En su recomendación 66/2008, el organismo solicita al gobernador Moreira se garantice la atención médica y sicológica que requiera la menor; sean practicadas las diligencias necesarias para determinar la indagatoria iniciada por los hechos y se dé vista al área de Responsabilidades en la procuraduría estatal para investigar a la presunta responsable de los hechos.

Al director general del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, le solicita dictar los lineamientos para garantizar que en la subrogación de los servicios de guardería se aseguren a los beneficiarios las mejores condiciones disponibles, y se garantice que personal que labora en ellas posea la formación profesional para el respeto de los menores en sus derechos.

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Sacar a golpeadores que operan en la JLCA: Abogados o patrones los contratan para “reventar recuentos”

  • Dirigentes sindicales afirman que han agredido a trabajadores
  • Sacar a golpeadores que operan en la JLCA, solicitan al GDF
  • Abogados o patrones los contratan para “reventar recuentos”, dicen
Patricia Muñoz Ríos

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) está infiltrada por una “mafia de golpeadores en la que se apoyan algunos abogados o patrones que les pagan sus servicios cuando quieren reventar recuentos en sindicatos, votaciones o audiencias, cobran por intimidar y golpear trabajadores o amenazar a representantes legales de diversos gremios”.

Se contratan subrepticiamente según el servicio que se les pida. Están armados y se introducen diariamente a la junta local como “en su casa” en busca de clientes: todo el personal los conoce y no se les impide la entrada.

Se trata de una veintena de personas, de mediana edad, quienes diariamente se ubican en la parte de atrás de la junta, su centro de operaciones son dos camionetas negras que se estacionan durante todo el día en las inmediaciones del lugar y, al parecer, están controlados por un líder al que todos lo ubican y nadie sabe su nombre.

No, no traen lentes negros, ni están de traje oscuro, pero los abogados que regularmente concurren a la junta los ubican, sus servicios son un “secreto a voces”, lo cual dio a conocer el abogado laborista Arturo Alcalde Justiniani, quien sacó a la luz la existencia de esta “mafia”, sus prácticas e incluso denunció que en las últimas semanas del año 2008 habían actuado contra una abogada a la cual intimidaron e incluso sacaron a empujones de la junta.

Los representantes sindicales ante las juntas especiales de la JLCA ya le pidieron al presidente de la misma, Jesús Campos Linas, tomar medidas para desaparecer estas prácticas y frenar la actuación de los golpeadores en esta instancia laboral; sin embargo, la respuesta ha sido que “no hay presupuesto para poner detectores de metal y así evitar que entre gente armada a esta instancia”; tampoco lo hay para establecer mecanismos para pedir identificaciones a quienes ahí acuden diariamente, según señaló Benito Bahena, dirigente de la Alianza de Tranviarios de México.

El líder, que forma parte de la representación sindical, sostuvo que en esta “mafia” se apoyan los abogados de las empresas, ya que recurren a ellos cuando quieren hacer que cambie algún recuento, cuando se quiere intimidar a los trabajadores para que no dejen su sindicato charro o bien si se trata de reprimir dirigentes que buscan la representatividad de un contrato colectivo de trabajo.

Son golpeadores, llegan a reventar audiencias, intimidan no sólo a los trabajadores y sus representantes, sino también a los funcionarios de la misma junta y su finalidad es cumplir las órdenes de quienes los contratan.

Desde una ventana de las oficinas dela junta se puede observar dónde están ubicados y las actividades que realizan. Están siempre a la espera de clientes e incluso a la entrada de estas instancias hay gente ofreciendo dichos servicios, sin ser molestados. Por ello, en las reuniones plenarias de los representantes empresariales y sindicales, se ha pedido ya la intervención de las autoridades, sin embargo, desgraciadamente no se ha tenido una resolución al respecto.

Y es que cada junta especial tiene una representación tripartida, compuesta por representantes de las empresas, de los trabajadores y oficiales, así como un presidente de la misma; todos ellos se encargan de firmar los laudos, las sentencias y las decisiones que toman las autoridades laborales.

Según Bahena Lomé, la exigencia de que no se les deje operar radica tanto por la “labor negra” que llevan a cabo contra la democratización sindical y la lucha por el respeto a los derechos de los trabajadores, como por el hecho de que se corre un gran peligro en las juntas con la operación de estas personas.

Además, ello se presta a que haya corrupción en el litigio de los asuntos laborales del país, y son prácticas del pasado que subsisten y que desgraciadamente no debería haber, ya que es otra ramificación de la delincuencia organizada, indicó el dirigente.

En 2007, a las afueras de la JLCA mataron al hermano de un abogado; se han dado inmunerables casos de trabajadores golpeados en las inmediaciones de la misma e incluso algunos dentro del recinto, quienes son sacados con lujo de violencia. De ahí que sea urgente que el Gobierno del Distrito Federal (GDF) tome cartas en el asunto porque “se puede crear una verdadera tragedia”, indicó el líder de los tranviarios.

Con información de la redacción

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salarios poder de compra 75% menor al de hace 31 años

  • Falacia neoliberal, que su aumento sea inflacionario, afirma investigador del Cilas
  • Los actuales salarios tienen un poder de compra 75% menor al de hace 31 años

Carolina Gómez Mena

Ampliar la imagen Trabajadores en obras viales en el Distrito Federal Trabajadores en obras viales en el Distrito Federal Foto: José Carlo González

Durante los últimos 31 años el poder adquisitivo del salario de los mexicanos ha caído 75 por ciento, señaló Rodolfo Pérez, coordinador operativo de la página electrónica del comparador de remuneraciones Misalario e investigador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (Cilas), quien remarcó que es urgente frenar esta tendencia mediante la fijación de un salario mínimo que esté basado en la inflación.

En entrevista con La Jornada indicó que la depreciación del salario responde principalmente al tipo de política económica neoliberal aplicada en el país desde hace varios sexenios, que ve el alza de la percepciones como un elemento inflacionario, lo cual es una “falacia” neoliberal, pues en realidad es un activador del mercado interno. Ante tales circunstancias, dijo que en cuanto a salarios nos encontramos en el “sótano”, no sólo si nos comparamos con países europeos, sino también de la región.

“Sí es posible tener una recuperación salarial, pues esto se está dando en América Latina y casos concretos son Venezuela y Brasil. En relación a países Europeos ni hablar, no tenemos punto de comparación, allá el mínimo salarial es de 11 euros por hora, estamos como de la luna a la tierra en la distancia salarial. Hasta espanta hacer la comparación salarial de lo poco que ganamos nosotros, realmente estamos en el sótano”, comentó.

Tras citar que fue en 1977, cuando hubo el techo histórico en cuanto al poder adquisitivo de los salarios, el especialista comentó que una de las tesis para mantener un salario bajo es “supuestamente atraer inversiones al país”, y agregó que de la citada fecha a ahora sólo en 2001 se logró una estabilización del salario. Este ese año “ya no siguió perdiendo, pero después ha habido una baja terrible, la que se mantiene con el gobierno de Felipe Calderón, lo cual quedó comprobado con la fijación del mínimo en apenas 4.6 por ciento de incremento pese a tener una inflación anualizada de más de 6 por ciento”.

Precisó que fue en 1995, durante la crisis financiera de comienzos del gobierno de Ernesto Zedillo, cuando se profundizó más la pérdida del poder adquisitivo del salario, y puntualizó que los salarios contractuales han tenido un comportamiento similar al de los mínimos, debido a que este último se toma como referencia en las negociaciones contractuales. “La caída del salario mínimo ha ocasionado también la caída de los salarios contractuales, porque van íntimamente ligados al usarse el primero como referencia para los segundos”.

Comentó que en el estancamiento del salario ha tenido una influencia decisiva la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CNSM), la cual nació con una finalidad que no ha cumplido, sino al contrario, ha servido de contenedor de las percepciones. “Esta comisión lo que ha hecho es dar continuidad a la política gubernamental y someterse a las decisiones de los empresarios”, sostuvo.

Ante esas evidencias, consideró que la CNSM es “inoperante y debiera desaparecer”. Apuntó que debe ser el Congreso de la Unión el que fije el salario mínimo, tal y como ocurre en otras naciones latinoamericanas. “Lo debe hacer el Congreso porque el salario mínimo es un precio de referencia muy importante, que tiene que ver con la calidad de vida de los trabajadores y es el Congreso el que debe generar estudios para identificar estrategias para recuperarlo”.

Estimó que entre los indicadores que deberían tomar en cuenta los legisladores para fijar el salario mínimo está la inflación anualizada, pero también tendrían que “considerar el desempeño de los precios de la canasta básica, los cuales por ejemplo este año llevan un aumento de 9 por ciento, el crecimiento del PIB y medir la participación que tiene el salario en el producto nacional, el cual hace 25 años era de 47 por ciento y ahora es de apenas 27 por ciento”.
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La digna rabia y la otra política: Marcos Roitman Rosenmann / II

Marcos Roitman Rosenmann /y II
La digna rabia y la otra política

Tener dignidad, rabia acumulada, conciencia y un proyecto de futuro a los señores del dinero les molesta, agobia y pone en evidencia. Los estremece saber que hay personas que no se venden, que luchan contra la explotación que abren brecha, que se organizan desde abajo, democráticamente, sin lugar para la resignación y el conformismo.

Allí donde el proyecto emancipador de la condición humana es un mandar obedeciendo, ellos abandonan. Donde los principios de justicia social e igualdad se practican, ellos atacan hostigando las juntas del buen gobierno y los caracoles. No lo conseguirán. Tratan de justificar una ruptura del alto al fuego. Tienen el dinero y creen poder hacer todo o casi todo. Compran voluntades, practican la extorsión, la corrupción y el cohecho. Miles, cientos o millones es el lenguaje para obtener un acuerdo. Al fin y al cabo la democracia, se dicen, consiste en elegir una elite para encauzar los beneficios económicos del capital. Hoy los bancos, las grandes empresas y monopolios se quedan con el Estado. Lo privatizan. ¿Quién era el ingenuo que planteaba que el Estado no tenía un carácter de clase?


No pensarían ustedes que los explotados, los trabajadores, los pensionistas, los sin tierra, los campesinos, los pueblos indios serían, en esta crisis, los beneficiarios del crédito de cientos de millones de dólares y euros a fondo perdido. Los únicos agasajados son los mismos que robaron. Banqueros y financistas. Las reglas del juego son las del mercado, es decir, la del más fuerte, competitivo y contumaz. No importa que se termine en un desastre mayor. El resultado es administrar la crisis en tiempos del capital. Más despidos, miseria, muerte por hambre, desempleo y concentración de la riqueza. ¿Alguien se pregunta quién tiene los millones que dicen haber perdido todos? ¿Se han esfumado? Es sólo una gran operación de ingeniería financiera. Si economistas, políticos, historiadores, sociólogos, antropólogos y demás cuerpo técnico del establishment no han sido capaces de dar una salida a la crisis, tal vez el problema consista en presentar una alternativa al capitalismo. Y el EZLN propone y es alternativa, por ello es un peligro.

Por el contrario, el capitalismo no tiene salida. Sin embargo, es necesario administrar su fracaso. Por eso es obligado tener políticos capaces de entender y manejarse en sus redes. Para tal efecto, hay que educarlos, formarlos. Se les puede cooptar desde la izquierda; provenir de las guerrillas, entre más revolucionario se haya sido en el pasado mejor, otorga credibilidad ante las cámaras de televisión. El clásico “yo fui” pero ahora “ya no” es un antídoto para no caer en voluntarismos. Es parte del manual. Socialdemócrata, liberal, conservador o nueva izquierda, todos son cortados bajo el mismo patrón. Los únicos díscolos son aquellos que plantean la crítica abierta. Contra ellos se unen todos. No hay fisuras. Se les expulsa. Son los detractores, los anticapitalistas, los socialistas y los humanistas, hay que perseguirlos, encarcelarlos, ponerles grilletes, eliminarlos. Tienen conciencia y dignidad y no forman parte del juego.

De esta guisa, llegar a ocupar un cargo público supone invertir millones en campañas electorales y deshacerse de molestos precandidatos por el mecanismo más expedito. Si es el asesinato o la injuria da lo mismo que da igual. Todo vale en esta guerra sucia. La financiación, legal o ilegal, de las grandes compañías multinacionales apoyando a unos y dejando en ascuas a otros; la publicidad engañosa, clave en la formación de la imagen pública de los candidatos, y por último la participación activa de los ideólogos del sistema que dan el visto bueno con sus mensajes en los medios de comunicación social: todo está planificado. Nada excede el ritmo de los acontecimientos. No hay desborde. En este plano, sus hacedores se sienten orgullosos de hacer país, forman una cofradía. Se comunican sus secretos y conocen los trapos sucios del contrincante. Navegan por las cloacas del sistema comprando y vendiendo voluntades. No se dan cuartel. No importa cambiarse de chaqueta. El travestismo político es parte de su existencia.

Por lo enunciado, los candidatos, futuros miembros honorables de las cámaras de diputados, senadores, concejales, alcaldes, gobernadores o jueces han pagado peaje, salvo honrosas excepciones. Muchos son analfabetos funcionales. Todos contratan asesores, una especie de fenicio que acaba, la mayoría de las veces decidiendo, la trayectoria política de su asesorado. Incluso hoy licenciados en ciencias políticas y sociología, aspiran a ser “asesores políticos”. Profesionales de medio pelo, aceitados por el sistema. Los mueven la codicia y el consumismo. Escriben discursos ramplones y tienen un vocabulario propio de las ciencias políticas estadunidenses. Gobernanza, gobernabilidad, globalización, desarrollo endógeno, sociedad de la comunicación, desregulación, privatización, etcétera, su diccionario político no contempla conceptos como clases sociales, autodeterminación, soberanía, dignidad, explotación, alienación, socialismo o igualdad social. Ellos son igualmente víctimas, marionetas en manos de un reducido club de grandes banqueros y de una elite de la clase dominante que prefiere manejar los hilos tras bambalinas.

La lucha es hoy, como apunta la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, “hacer un acuerdo con las personas y organizaciones mero de izquierda, porque pensamos que es en la izquierda política donde está la idea de resistirse contra la globalización neoliberal, y de hacer un país donde haya, para todos, justicia, democracia y libertad. No como ahorita que sólo hay justicia para los ricos, sólo libertad para sus grandes negocios y sólo hay democracia para pintar las bardas con propaganda electoral. Y porque pensamos que sólo de la izquierda puede salir un plan de lucha para nuestra patria, que es México, no se muere”.

El noble camino elegido por el EZLN define la diferencia. Presupone sentirse parte de la condición humana, donde se respetan y ejercen las libertades y se reconocen en igualdad para todos. Es otra manera de entender y hacer política. Conlleva el retorno de la ética. Es abrir caminos de dignidad, espacios transitados desde perspectivas no hegemónicas, no coloniales, que rompen la dinámica del capital y el neoliberalismo. Éste ha sido el sendero por donde discurre el hacer del EZLN y ello tiene el valor de arriesgar propuestas y convivir con la incertidumbre de ver plasmado el proyecto. Por esta razón hay tanto que perder si no llega a realizarse. Sus enemigos son muchos y acechan en cada esquina, su forma es variada, acá sólo se visualiza la del dinero y sus cómplices. Como señaló Pablo González Casanova, el levantamiento de Chiapas el 1º de enero de 1994 no fue última revolución del siglo XX, sino la primera del siglo XXI. Su triunfo no es cuestión de marketing electoral, sino de articular conciencias y dignidad, y ello se ha producido. Ahora es cuestión de perseverar y no dejarse avasallar por el poder del dinero ni por el canto de sirenas de la sociedad de consumo.

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Inminente fractura en el PT

Repudian “política carroñera” de Alberto Anaya
Inminente fractura en el PT

Ciro Pérez Silva

El 18 de enero se formalizará la primera fractura en el Partido del Trabajo (PT), luego de que una de sus corrientes –la que encabezan José Narro, Héctor Yescas, Ezequiel Flores, Joaquín Vela y Marcos Cruz– adelantó ayer que no descarta su incorporación a las filas del PRD ante el manejo “mezquino y sectorial” que, aseguran, ha hecho Alberto Anaya, dirigente petista.

Señalaron que este último puso al PT a las puertas de perder su registro en el proceso electoral de este año. En conferencia de prensa, el grupo de petistas condenó la violación perpetrada por Anaya de los acuerdos del congreso de su partido, que obligan a la dirección del mismo a buscar una alianza electoral amplia y no una “chiquita, parcial y sin futuro”, como la hecha con Convergencia. Aunque informaron que desde hoy iniciarán una serie de consultas con las direcciones estatales petistas, a efecto de determinar si se mantiene esta alianza “mínima” con Convergencia o se obliga a la coordinación nacional a integrar una más amplia con el PRD, lo cierto es que dicha consulta parece un mero trámite para justificar su salida del PT.

Lo anterior, debido a que ya la dirigencia nacional del sol azteca decidió no aliarse con otros partidos para enfrentar las elecciones federales de 2009 y ni en Convergencia ni en la dirección nacional del PT hay visos de buscar a la dirigencia perredista que encabeza Jesús Ortega. Además, señalaron los integrantes de esa corriente, el acuerdo electoral entre el PT y Convergencia no les garantiza conservar el registro. Explicaron que, con dificultad, el PT mantiene entre uno y 1.8 por ciento de las preferencias electorales. Destacó que en entidades como Zacatecas, de donde es originario y titular de la dirección estatal, o en Durango, donde ocupa el mismo cargo el ex senador Marcos Cruz, el PT mantiene niveles de aceptación superiores a 15 por ciento, “pero hay otras 20 entidades en las que el PT solo alcanza uno por ciento de la votación, o menos”.

Destacaron: “este es el escenario en el que nos ha metido Alberto Anaya, con una visión que no va a cambiar; nos tiene en el límite de la supervivencia electoral, por conservar sus intereses personales. Ahora, con la alianza que firmó con Convergencia, parece seguir en ese comportamiento carroñero, con el que busca cachar los votos que le dejen otros partidos. Apostó a la descomposición del PRD, y ésta no se dio, por lo que su escenario de ganar los votos que dejaría de recibir el sol azteca no se va a cumplir”. Sobre su posible salida del PT, tanto Narro como Marcos Cruz y Joaquín Vela enfatizaron que “es un tema que está en la mesa, no lo descartamos”. Mencionaron además que antes del 18 de enero darían a conocer el resultado de la consulta “como parte de la preparación de un acto más grande”, el cual, se prevé, sería para anunciar su separación del PT.

Al iniciar la conferencia de prensa, los integrantes de esa corriente, que tienen un espacio en la dirección colegiada del PT, enfatizaron que es necesario buscar el acercamiento “con todas las izquierdas” para hacer un “contrapeso a los partidos (PAN y PRI) que impulsaron una política neoliberal, que luego de ahondar la pobreza ha demostrado su fracaso total”, y aseguraron que su intención “no es asegurar cargos de elección popular”. Agregaron que seguirán apoyando el movimiento por la defensa de la economía popular y el petróleo, que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
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Apremia obispo a evangelizar a militares: MILITARES VIOLADORES SAQUEADORES Y SACERDOTES VIOLADORES

  • En pastoral castrense “casi todo está por hacerse”, dice Víctor René Rodríguez Gómez
  • Apremia obispo a evangelizar a militares; rechaza que pretenda hacer proselitismo
  • Según el prelado, en los mandos actuales hay “mayor sensibilidad” hacia la dignidad humana
NORBERTO RIVERA CARRERA ESTÁ HACIENDO NEGOCIO Y VA A PERDER, PORQUE LOS MILITARES SON PSICOPATAS IGUAL QUE LOS CURAS, A NADIE ENGAÑAN CON SUS MENTIRAS, LA RELIGION ES UNA FARSA... QUE EL PAPA ENTREGUE TODO LO QUE HA SAQUEADO EN AMERICA LATINA.
José Antonio Román

Ampliar la imagen El cardenal Norberto Rivera, ayer en la Catedral Metropolitana El cardenal Norberto Rivera, ayer en la Catedral Metropolitana Foto: Víctor Camacho

La Iglesia católica apremió a evangelizar a las fuerzas armadas, más aún en este momento en que se encuentra en una “lucha frontal” contra el narcotráfico y el crimen organizado, y que ha planteado una situación difícil para la vida personas y familiar de los militares.

Víctor René Rodríguez Gómez, obispo auxiliar de Texcoco y responsable de la dimensión fuerzas armadas de la comisión de solidaridad intraeclesial de la Conferencia del Episcopado Mexicano, reconoció que en materia de pastoral castrense “casi todo está por hacerse”, pues la mayoría de los esfuerzos actuales son aislados y en su mayoría con poca consistencia, debido a que no son institucionales. “Cuando se va haciendo un camino en determinado lugar se dan cambios en los jefes militares y de nuevo hay que empezar; además de que también se dan cambios en los sacerdotes diocesanos y con los militares pasa lo mismo”.

Sin embargo, el prelado sostuvo que una cosa que sí ha quedado clara es que en los mandos militares actuales hay “mayor sensibilidad” hacia la dignidad de las personas y las necesidades de las familias, “por lo que poco a poco muchas puertas se van abriendo”.

A través del semanario de la Arquidiócesis Primada de México, el obispo Rodríguez reconoce incluso que en el derecho humanitario del militar se abren cada día nuevos espacios. Además, por parte de la Iglesia, también hay un interés creciente en la pastoral misionera para evangelizar a todos los bautizados, incluyendo, desde luego, a los integrantes de la fuerzas armadas. Aclaró que la Iglesia católica no pretende hacer proselitismo entre los miembros del Ejército, sino “sólo atender como corresponde a los bautizados que se encuentran en una situación específica y con un estilo de vida particular, exigido por la razón de su oficio.

En este sentido, precisó que la pastoral castrense no busca hacer del Ejército un grupo de fieles, sino de responder a los militares que ha profesan una religión. “El marco legal en que nos desenvolvemos es el que corresponde a un Ejército propio de un Estado laico, por lo que sabemos que cada uno de los militares, como mexicano, es libre de profesar la religión o creencia que más le convenga, pero los ministros de culto no pueden formar parte del Ejército ni los militares pueden ejercer como ministros de culto”, indicó el obispo.

En sus declaraciones, reconoce que la situación histórica ha marcado una separación institucional entre la Iglesia y el Ejército, aunque la mayoría de los militares provienen de una familia que los educaron en el catolicismo y como la mayoría de los mexicanos, práctica su fe en el ámbito personal, más aún interior, sin que esto signifique un conflicto personal o institucional. Rodríguez Gómez advirtió también que la “lucha frontal” contra el crimen organizado ha planteado una situación difícil para la vida personal y familiar de los militares; crea condiciones de ansiedad y multiplica el estrés; en realidad se trata de una situación de combate, donde la vida misma está en constante peligro.

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La nueva estrategia de trabajo del movimiento de resistencia estará el miércoles 7 enero 09

  • El soporte, más de 2 millones 200 mil brigadistas afiliados al “gobierno legítimo”
  • Apuntalan la presencia en todo el país de la resistencia civil pacífica
  • La nueva estrategia de trabajo del movimiento estará el miércoles, anuncia Alejandro Encinas
  • Incluye un posicionamiento político y programático que López Obrador presentará el día 25
Alma E. Muñoz

Ampliar la imagen El “gobierno legítimo” organizó un bazar con motivo del Día de Reyes, en San Luis Potosí 70, colonia Roma Foto: Cristina Rodríguez

Las comisiones del movimiento nacional en defensa del petróleo, la economía popular y la soberanía nacional trabajan las bases de lo que será la estructura territorial de esta nueva organización de la resistencia civil pacífica, afirmó Alejandro Encinas, integrante del grupo de coordinación de acciones en el país.

El soporte son más de 2 millones 200 mil brigadistas afiliados al “gobierno legítimo” de México, cuya estrategia estará lista el 7 de enero, e incluye un posicionamiento político y programático para la asamblea que el día 25 encabezará Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo, explicó. Se contará con un programa alternativo de nación y se identificarán acciones en defensa de la economía popular, dijo.

Anunció iniciativas de apoyo a las familias “en esta época de crisis”, según el nivel de desarrollo en cada municipio. Se abrirá una casa del movimiento en todas las capitales estatales para atender, entre otros asuntos, los problemas de los deudores de la banca y los usuarios de tarjetas de crédito.

Esas casas también se ocuparán de quienes tienen créditos hipotecarios y revisarán las Afore. Darán asesoría y apoyo ante cobros indebidos por el consumo de energía eléctrica. El programa de trabajo del movimiento incluye presentar iniciativas de ley o de reformas, que se encargarán a los legisladores del Frente Amplio Progresista, identificados con el movimiento, de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y de Convergencia.

En todos los municipios

Se trata, entre otros aspectos, de consolidar un movimiento territorial en todos los municipios del país, retomando las experiencias de la Convención Nacional Democrática y el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, incluyendo lo hecho por las adelitas y resto de brigadistas en el país, cuando se organizaron contra la reforma energética calderonista, abundó Encinas.

Para ello, añadió, “trabajamos en darle organicidad, territorialidad, identidad al movimiento, para que tenga mucha capacidad de convocatoria”. Aclaró que todo estará al margen del proceso electoral de 2009. Cada una de las comisiones integradas en noviembre pasado cumplirá con sus propios objetivos, apuntó, como la de asuntos internacionales, que dará al movimiento un posicionamiento en otras naciones.

Habrá un proceso de acercamiento con otros movimientos similares en América Latina, además de partidos políticos y cuerpo diplomático, expresó. De esa manera, agregó Encinas, “buscamos tener relaciones de solidaridad y colaboración con otros movimientos y organizaciones internacionales. “Hablamos de organizaciones latinoamericanas como el Foro Social Mundial, el Movimiento de los Sin Tierra, en Brasil, grupos ecologistas y demás, sin dejar de lado la posibilidad de que en algún momento se acuda a organismos multilaterales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a presentar alguna denuncia”, afirmó.

“Nos encontramos trabajando en la organización y tareas; trabajando de lleno para el cierre final, el 7 de enero, y preparar la concentración del 25, para ya tener la mayor parte de los programas. Por ejemplo, para esa fecha, toda la estructura nacional del movimiento.” La base identificada, que son todos los delegados, “más de 2 millones 200 mil, de acuerdo con los datos más recientes que dio a conocer (José Agustín) Ortiz Pinchetti (secretario de relaciones políticas del ‘gobierno legítimo’)”.

De tal manera, aseveró, “estaremos atentos a la situación que priva en el país y, en el caso específico del petróleo, a las empresas que quieran invertir en áreas estratégicas, lo que para nosotros está prohibido por la ley”. Otra comisión del movimiento es la de defensa de la economía popular, entre cuyos objetivos están luchar contra el desempleo y la carestía. A su vez, la comisión para la defensa de la Constitución y la legalidad respaldará a los ciudadanos frente a los actos y abusos que vulneren sus derechos y apoyará al Frente Nacional Contra la Represión y su exigencia de amnistía para presos políticos y perseguidos y por la presentación de desaparecidos políticos. También impulsará la ampliación de la democracia mediante instrumentos de participación popular y rendición de cuentas en todos los órdenes de gobierno para combatir la corrupción.

Como sus nombres lo indican, las comisiones de combate a la corrupción y de vigilancia del consejo de administración de Petróleos Mexicanos investigarán, darán seguimiento puntual y, en su caso, presentarán las denuncias correspondientes sobre acciones y actuaciones en la paraestatal.

La comisión de apoyo mutuo en respaldo a la economía popular promoverá una economía solidaria e impulsará 10 acciones de ayuda con el fin de articular organizaciones sociales, instituciones civiles y académicos para la generación de proyectos de economía popular, solidaria y autogestiva, como cooperativas de abasto. Asimismo promoverá la defensa del patrimonio de familias con créditos hipotecarios vencidos, entre otros. También preparan acciones las comisiones de estudios y actualización del proyecto alternativo de nación, la nacional de brigadas, la de acciones inmediatas y la de difusión.

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Para mayor seguridad: Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública: Miguel Ángel Granados Chapa

PLAZA PÚBLICA
Para mayor seguridad
Miguel Ángel Granados Chapa
5 Ene. 09

Un gobernante sensible hubiera percibido el mensaje que el Legislativo envió al Ejecutivo al evitar que un secretario de Seguridad en entredicho encabece el Consejo Nacional respectivo. Pero no se atendió la señal

Tres semanas después de su aprobación en el Congreso, el Ejecutivo publicó en el Diario Oficial del 2 de enero la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es una versión ampliada y mejorada de la ley general que establece las bases para la coordinación del sistema nacional de seguridad pública, publicada el 11 de diciembre de 1995. Este ordenamiento, iniciado por el presidente Ernesto Zedillo, era de suyo insuficiente, y ese defecto se agravó por el incumplimiento de las normas que pretendieron conjuntar el esfuerzo de los gobiernos federal, estatales y municipales en materia policiaca. Tan precaria fue su vigencia que aun el órgano en que se expresaría la coordinación requerida entre los tres órdenes de gobierno, el Consejo Nacional de Seguridad Pública, se reunía discrecionalmente, no las dos veces por año que estipulaba la ley.

Las nuevas normas de coordinación formaron parte del paquete de iniciativas sobre seguridad pública enviadas al Legislativo por el presidente Calderón para cumplir sus compromisos, incluidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, suscrito el 21 de agosto, al calor de la ola de indignación social causada por el secuestro y asesinato de Fernando Martí. La nueva ley establece nuevos mecanismos de coordinación, refrenda la intención de crear otros previstos en la legislación anterior y determina el modo de hacer efectiva la colaboración de los gobiernos locales, muchos de ellos remisos a cumplir obligaciones que ya les correspondían. En lo relativo al personal de seguridad pública, por ejemplo, esas omisiones no permitieron construir un registro nacional adecuado, cuyas deficiencias facilitaban el reclutamiento de agentes de la autoridad expulsados de otras corporaciones.

Ese registro formará parte del Centro nacional de información, que configurará y administrará las bases de datos relativos al censo de servidores policiacos de todos los niveles y los referidos a la criminalidad en todo el país, incluido un banco de antecedentes penales. En consonancia con esos instrumentos, también se crean un centro nacional de acreditación y control de confianza y otro de prevención del delito (que se gestionará junto con la participación ciudadana).

Con nuevas funciones, tendientes a garantizar la coordinación reclamada por la sociedad, se mantiene el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que fue el marco en que se firmó el mencionado acuerdo del 21 de agosto y donde 100 días más tarde se efectuó la primera evaluación de los pasos dirigidos a satisfacer la exigencia ciudadana de mejores condiciones para la convivencia y para la preservación de la integridad de las personas y sus bienes.

En ese punto en particular el Poder Legislativo modificó la iniciativa presidencial. Ésta preveía conservar la estructura vigente del Consejo, cuya cabeza era el secretario de Seguridad Pública del gabinete federal, según reforma a la ley de 95 practicada en diciembre de 2000, cuando precisamente fue creada la Secretaría de que hoy es titular Genaro García Luna. Al discutirse el proyecto presidencial en las Cámaras bullía la información relacionada con personal de esa Secretaría pasado a las filas del enemigo, la delincuencia organizada. La comandanta Lorena González, por ejemplo, está siendo procesada por su participación en el secuestro del joven Martí, y miembros de alto nivel de la Policía Federal Preventiva, incluido su jefe (comisionado es su título oficial), estaban bajo arraigo o enjuiciados por sus nexos con bandas de narcotraficantes. Los legisladores, con buen sentido, rehusaron confirmar al titular de esa dependencia funciones que notoriamente no cumplía a cabalidad, y determinaron que no fuera el secretario de Seguridad Pública sino el propio titular del Ejecutivo quien encabezara el Consejo Nacional. E hicieron ingresar en él al secretario de Gobernación, con tal centralidad que suplirá en sus ausencias al Presidente. Como se recuerda, el ministerio de Bucareli había quedado al margen de la gestión gubernamental de la seguridad pública, a la que de este modo retorna parcialmente su titular.

Un gobernante más sensible a los mensajes de la sociedad y del Congreso hubiera sacado la consecuencia de la desautorización legislativa a García Luna. Pero por razones que sólo él conoce, el presidente Calderón persiste en mantener en su lugar al secretario de Seguridad Pública, aun cuando se le mermaron sus facultades, y no obstante el cúmulo de información que pone en relieve, en el mejor de los casos, la ineficacia de ese funcionario, al que cabría remover para mayor seguridad.

Hoy se cumple el décimo aniversario de la Policía Federal Preventiva, que depende de esa Secretaría, y la ocasión permite insistir en la inconveniencia de que García Luna sea en último término el responsable de la actuación de esa policía. Esa corporación, manejada al margen de la ley por la SSP hasta en minucias formales, como privarla de su segundo apellido pese a que así la denominó la ley del 5 de enero de 1999, que no ha sido reformada, ha tenido en esta década 12 comisionados, algunos de ellos por unos cuantos días. De ellos, la mitad ha actuado en los 25 meses en que ha dependido de García Luna. Las designaciones respectivas corresponden a dos rasgos de la gestión del secretario: el amiguismo y la penetración delincuencial en ese cuerpo (a un jefe asesinado lo suplió uno que está bajo proceso y a éste uno con antecedentes penales).

Cajón de Sastre

Es cada vez más notoria la escasa influencia de la Iglesia Católica en los asuntos concernientes a la sexualidad, la reproducción y la vida familiar, en que los fieles toman decisiones al margen de su credo religioso. Ello es así no sólo por los anacronismos de la prédica eclesiástica en esas materias, que no considera la naturaleza evolutiva de la sociedad, sino también por su incongruencia unida a una doblez inadmisible. La Iglesia mantiene la prohibición del divorcio, pero ha dado en otorgar anulaciones matrimoniales a quienes pueden pagarlas o disponen de poder para solicitarlas. Y para mayor inri, no sólo autoriza la disolución matrimonial sino que, en casos singulares permite la celebración de nuevas nupcias, como lo ha hecho con los señores Vicente Fox y Marta Sahagún, dignos hijos de esa institución.


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