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jueves, 23 de julio de 2009

EXPERTOS: EL GOBIERNO DE CALDERON ESTA REPROBADO: REFORMA, LA JORNADA

Critican expertos plan antipobreza de calderon
Critican expertos plan antipobreza
Por Daniela Rea reforma.com
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  • Expertos califican con 5.18 los resultados obtenidos en dos años y medio de gobierno
  • Ineficientes, las políticas de Calderón en rubros prioritarios
  • Reprueban el desempeño del Ejecutivo federal en materia de seguridad pública, estado de derecho, economía, desarrollo social, política internacional, medio ambiente y democracia
Emir Olivares Alonso LA JORNADA

El gobierno de Felipe Calderón fue reprobado por casi 50 académicos e investigadores de diversas instituciones educativas, quienes le otorgaron una calificación de 5.18, debido a los ineficientes resultados en políticas prioritarias para el país. Al realizar un análisis acerca de la efectividad de los programas gubernamentales y la eficacia de los resultados obtenidos en materia de seguridad pública, estado de derecho, economía, desarrollo social, política internacional, medio ambiente y desarrollo de la democracia, especialistas de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) consideraron que el Ejecutivo federal no aprobó en su desempeño durante los dos años y medio que lleva de gestión.

La Evaluación del desempeño del Poder Ejecutivo –en la que se calificaron los resultados obtenidos en relación con las promesas de campaña y el contenido del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012– refiere que en el tema de seguridad pública el gobierno federal ha mostrado un matiz policializado, pues considera que la solución está en la policía y hacia ese rubro se canalizan las mayores inversiones, razón por la que se ha descuidado al Ministerio Público. En conferencia de prensa, Lorenzo Córdova, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM –quien participó en la evaluación–, resaltó que en el tema de seguridad se ha dado prioridad a la atención policiaca y, en paralelo, existe descuido en materia de derechos humanos. El gobierno de Felipe Calderón “tiene una visión unidimensional sobre la seguridad pública. Entiende el problema desde una perspectiva netamente policiaca y, en consecuencia, las políticas públicas al respecto responden a esa lógica. Pero en realidad el tema tiene una dimensión múltiple: existen factores sociales y económicos que inevitablemente inciden e influyen en el fenómeno de la delincuencia organizada, pero han sido descuidados y olvidados desde el punto de vista de la política pública, afirmó.

Débil combate a la pobreza

En lo concerniente a desarrollo social, los expertos consideraron que en dos años y medio la gestión calderonista obtuvo resultados débiles en el combate a la pobreza, debido a la ausencia de criterios de evaluación, operación ineficiente de los programas sociales y falta de una estrategia que los armonice y haga converger. Particularmente en educación, señalaron, alcanza apenas 4.9 de calificación. El Ejecutivo federal centró su estrategia e interés en la evaluación con el propósito de elevar la calidad; sin embargo, esos procesos no han tenido buenos resultados, han sido incompletos y no coinciden con los de organismos internacionales. Asimismo, destacaron que existe un vacío en la política educativa, ya que no se logra retener a muchos jóvenes de entre 15 y 16 años de edad que desertan de las aulas para incorporarse a las áreas laborales.

Acerca de la economía, los especialistas consideraron que la productividad y la competitividad fueron las áreas con más rezagos, sobre todo porque en la promoción del empleo y la paz laboral las propuestas han sido demasiado simplistas y vagas. Las medidas impulsadas por el Ejecutivo para promover el empleo han sido insuficientes y hacen falta políticas públicas focalizadas. Manifestaron que, lejos de fortalecer la prevención en salud, que es eje medular, la administración federal ha desmantelado el sector. Y si bien existe un incremento en la cobertura de salud, la planeación no es suficiente, lo que ha generado deficiencia en la calidad de la atención.

Por otra parte, debido al escaso fortalecimiento de la democracia y a la falta de transparencia y rendición de cuentas, el Ejecutivo federal obtuvo calificación reprobatoria en política y desarrollo de la democracia. Los expertos advirtieron que el equipo gubernamental responsable de dialogar con las diferentes fuerzas políticas no es el más adecuado, existe una enorme discrecionalidad en la rendición de cuentas, y la aprobación de las leyes antiaborto en estados gobernados por el PAN pone de manifiesto el predominio de los lineamientos conservadores de un partido político. La mayoría de los expertos que participaron en el panel son integrantes del Sistema Nacional de Investigadores; entre otros, colaboraron en la evaluación John M. Ackerman, Lorenzo Córdova, Miguel Sarre, Soledad Loaeza, Elena Azaola, José Antonio Caballero Juárez, Miguel Ontiveros Alonso, José Luis Valdés, Gerardo Esquivel Hernández, Fausto Hernández Trillo, María López Barajas, Alejandro Guevara Sanguinés, Cristina Puga Espinosa y María Eugenia Ibarrán.
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Critican expertos plan antipobreza de calderon
Critican expertos plan antipobreza
Por Daniela Rea reforma.com

(18-Jul-2009).-

La reciente Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares evidenció fallas en la política social, ya que la desigualdad no ha tenido modificaciones respecto a hace 6 años, a pesar de que el presupuesto en el rubro aumentó.

El INEGI señala que en 2002 el Coeficiente de Gini -indicador utilizado para medir desigualdad por ingresos- era de .0485 y en el 2008 apenas se redujo a 0.482, ello aunque en el mismo periodo el presupuesto federal para superación de la pobreza aumentó 2.4 veces.

Pasó de 85 mil 600 a 208 mil millones a nivel federal -según el Segundo Informe de Gobierno-, y los recursos de la Secretaría de Desarrollo Social se duplicaron al pasar de 24 mil a 50 mil millones de pesos.

Es decir, el impacto de la política social no está resultando en un México más igualitario, coincidieron especialistas convocados por REFORMA en el Foro: "Análisis de la ENIGH 2008".

"Lo que se demuestra es la ineficacia para abatir la desigualdad. Si uno ve los niveles antes y después de las transferencias, se ve cómo su contribución a la desigualdad es menor (...) Los programas sociales están siendo muy poco efectivos porque los recursos no siempre están bien focalizados y a veces en lugar de contribuir a abatirla, ayudan a incrementarla o no impactan", manifestó Gerardo Esquivel, investigador del Colegio de México.

Para Alberto Serdán, de Propuesta Cívica, las cifras son una llamada de atención a los gobiernos por los resultados magros en el desarrollo social.

El investigador señala que en el 2008 de los 50 mil millones de pesos de presupuesto, Sedesol destinó a programas focalizados el 96 por ciento.

"Quizá el problema no es la focalización, sino el diseño de los programas. Según un estudio del diseño de los programas realizado por Gesoc, basado en las evaluaciones externas, los que maneja Sedesol directamente sacaron 3.7 en una escala del 1 al 10; los de Salud 6.3 y todos los del gobierno federal 4.9 por ciento. Hay un asunto de diseño y operación y quienes pagan los platos rotos son los pobres", sostuvo.

En su participación Héctor Nájera, del Observatorio de Política Social y Derechos Humanos, citó un estudio elaborado por Enrique Hernández Laos donde sostiene que los programas sociales no tenían efecto para que la población rural dejara la pobreza.

La principal razón para salir de ella era el empleo.

Israel Banegas, del Colegio Mexiquense, coincidió con que el meollo sigue siendo la falta de generación de empleo como parte de la política social.

"El programa estrella Oportunidades nunca tuvo a como su componente principal atacar la desigualdad, sino acabar con la pobreza futura. Entonces, a 11 años, sí podemos decir algo que no cuesta mucho trabajo creer: los primeros graduados de Oportunidades entran a un mercado laboral deprimido. Felicidades, están educados, alimentados, y no hay trabajo", advirtió.

Uno de los puntos que más resaltaron en la ENIGH 2008 es que si bien el ingreso de todos los mexicanos cayó, el impacto fue desigual: el 10 por ciento más pobre perdió el 8 por ciento de su ingreso, el 10 por ciento más rico, el 0.02 por ciento.


Una explicación, de acuerdo con Banegas, podría ser que la encuesta se levantó al inicio de la crisis económica y no reflejó el impacto en las clases medias.

"Los primeros afectados son los pobres, y en segundo término, los siguientes deciles.

"Si hubiera una 'mini Enigh' este año, lo que podríamos ver sería un efecto igualador de crisis".

"Podemos seguir diciendo que vamos por el camino correcto, que la crisis viene desde afuera, podemos decir '¿y yo por qué? Si esa es la actitud, si no se reflexiona sobre lo que se hace bien o mal, los pobres, siempre los pobres, seguirán pagando los platos rotos", alertó Serdán.

Esquivel llamó la atención sobre la importancia de que los resultados de la ENIGH sean estudiados por el gobierno y la academia para proponer reformas a la política social. "Necesitamos más política social y promover la actividad económica, no sólo de transferencias".

Preocupan resultados

Especialistas convocados por REFORMA al foro: "Análisis de la ENIGH 2008" advirtieron que los resultados del sondeo son una llamada de atención a los gobiernos por los magros resultados reportados en el desarrollo social.


Nombre: Alberto Serdán

Experiencia: Investigador de Propuesta Cívica, organización no gubernamental que busca promover la participación ciudadana en asuntos de interés público.

Maestro en Políticas Sociales por la Universidad de Londres.



Nombre: Héctor Nájera

Experiencia: Coordinador del Observatorio de Política Social y Derechos Humanos

Maestro en economía por el Tecnológico de Monterrey

Ha sido consultor del PNUD.



Nombre: Gerardo Esquivel

Experiencia: Licenciado en economía por la UNAM y doctor en economía por la Universidad de Harvard

Investigador del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores.


Nombre: Israel Banegas

Experiencia: Doctor en sociología y maestro en demografía por El Colegio de México. Maestro en economía por la Universidad de Boston. Investigador del Colegio Mexiquense. Especialista en políticas públicas y combate a la pobreza.

Exhiben desequilibrio

En los últimos años la desigualdad no ha disminuido significativamente a pesar de que el gasto federal para el desarrollo social aumentó 2.4 veces y el de Sedesol se duplicó.

(Coeficiente de Gini)

Sin transferencias Con transferencias
2000 .542 .513
2002 .519 .485
2004 .513 .482
2006 .511 .479
2008 .498 .482


· Según la ENIGH 2008, la desigualdad en México disminuye con las transferencias (subsidios gubernamentales y remesas).

· El Coeficiente de Gini mide del 0 al 1 el nivel de desigualdad de un País (cero es igual a distribución equitativa del ingreso).

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Marcela Gómez Zalce 22 julio 2009

"Sonora, el ife y su monitoreo de 25 mdd"
A Puerta Cerrada
Marcela Gómez Zalce

2009-07-22•Política

• El regreso del bodrio electoral
• La espotiza y el gymboree

Ganar una batalla es fácil, mi estimado, asegurar la victoria es lo difícil. Ahora que está por comenzar el sugestivo escándalo sobre la controvertida licitación del ife (con minúsculas) a la empresa Grupo de Tecnología Cibernética SA de CV, que recibió la friolera de 25 millones 745 mil 560.69 USD para dotar de equipos para monitorear la espotiza de 23 millones de anuncios difundidos en la pasada campaña y que resultó ser una simulación, una falsedad, una mentira, o mejor aún, un negociazo para ¿el retirement fund? de algunos consejeros, de un ilustre personaje panista y los personeros pantalla para llevar a cabo este atraco que hubiera pasado desapercibido si no existiera una impugnación del cochinero, el bodrio electoral volverá a ser artículo de moda para pavimentar el camino del reversón o ¿reflexión? legislativa... que está junto con pegado al interés de Televisa y TVAzteca.

Pero despacio y nos amanecemos, así que corra por su drink porque ahí le va. ¿Listo?

Desde hace lunas le comentaba en este irreverente espacio que gracias al Frankenstein de Felipe y su gymboree (ídem) de Los Pinos, la espotiza y el monitoreo serían pilares fundamentales para que los partidos políticos tuvieran las herramientas necesarias para impugnar, de acuerdo al nuevo Cofipe, algún proceso si existieran bases sólidas para argumentarlo y en su caso, revertirlo… o repetirlo. ¿Estamos?

Desde el 25 de mayo le platiqué que en Sonora se detectaron serias anomalías y defectos de transmisión de los anuncios tricolores que traían fallas de origen y donde los pasados de Leonardo, para ser más exactos my friend, pautaron de manera inequilibrada, en perjuicio del PRI, las campañas políticas de Sonora que terminaron beneficiando al PAN —que además con un descomunal cinismo lucró con 48 pequeños féretros donde el respetable sigue esperando (sentado, of course) se le finquen responsabilidades a la acreditada Carla Rochín Nieto y Juan Molinar Horcasitas—, y que ante la documentada queja priista el culebrón terminó en el escritorio de María del Carmen Alanís, titular del tepjf (oootro con minúsculas) que ordenó al ife reponer la espotiza que alcanzó la cifra de 23 mil 630 anuncios omitidos. ¿Me sigue?

Lo primero que debe saber, mi estimado, es que el ife no presentó ninguna prueba de… su presumido (y carísimo) monitoreo para refutarle al PRI en esa plaza las cifras que acreditaban la omisión en el pauteo, con evidente dolo, reconociendo con rapidez inusitada que con la pena, pero habían tenido un “error operativo” (but of the left brain) que tuvieron que arreglar con el reloj en contra, y presionados para utilizar sus propios tiempos en radio y tv para elaborar una pauta complementaria que subsanara la verdad a medias, perdón, la mentira completa. ¿Comprende?

Evidentemente no alcanzó el tiempo para componer el haiga sido como haiga sido del agandalle azul que ya dio sustento jurídico al PRI para presentar una queja, formalizada ayer ante el tribunal local sonorense y esperar el fallo, seguramente impugnarlo, y hacer antesala para que la bolita postelectoral llegue al escritorio de Alanís y sus magistrados… que tienen la obligación de emitir un fallo que contemple la matemática inequidad registrada en la campaña. Cuyo resultado puede ser la anulación de todo el proceso porque un arreglón va a estar más complicadón porque los azules después del 5 en lugar de fichas tienen, mmmm… canicas. ¿Vamos bien?

Sonora vuelve al epicentro mediático, donde el PAN tiene alta posibilidad de perder el último diente (de leche… jajajajajaja, perdón) que le quedó después de que el PRI lo aplastara el pasado 5 de julio originando además la maravillosa terquedad del dedito presidencial para imponer a César Nava… que es lo mejor para la debacle azul rumbo al atractivo proceso del 2010, so Felipe, keep up the good work.

En resumen, nada está dicho en Sonora. Los dardos jurídicos priistas son sólidos, sobre todo cuando se solicite al ife que presente su súper tecnológico y avanzado CD del monitoreo para comparar la espotiza… sobre todo hoy que estos miserables están haciendo un compendio de su monitoreo de reconocido know-how de métodos especializados:

Step one.- Grabaron (lo que pudieron) de todos los canales.

Step two.- Escucharon lo grabado.

Step three.- Anotaron lo que escucharon.

Chingón.

Esto nos costó (de nuestros impuestos) más de 25 millones de… ¡DÓLARES¡

¡¿Así o más claro?!
gomezalce@aol.com
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Pedro Infante en Bucareli

Lydia Cacho
Plan B
23 de julio de 2009

Pedro Infante en Bucareli
EL MACHISMO DE LOS HOMOSEXUALES ¡¡
todos acaban con el pene lleno de caca.
Menos balazos y más valentía para intervenir empresas, congelar cuentas bancarias y llevar a cabo juicios de desafuero a gobernadores y legisladores preciosos que protejan cualquier forma de delincuencia organizada. Eso recomiendan las y los expertos para dar un golpe certero al crimen organizado en México. Si Calderón tiene el documento de cómo hacerlo, ¿por qué no lo hace?

Un alto porcentaje de servidores públicos que de manera directa o indirecta tiene que tomar decisiones sobre la guerra contra el crimen organizado ignora la existencia de la Convención de Mérida, firmada y ratificada en Yucatán desde 2003 por 106 países, entre ellos México.

Nuestro gobierno se comprometió a cumplir este acuerdo, que puntualiza las mejores prácticas internacionales para abatir la corrupción. A raíz de este tratado el gobierno estadounidense aprobó el Plan Mérida, que originalmente no era simplemente una ayuda para la guerra entre soldados y narcos, sino para implementar acciones contra la corrupción que avala, protege y alimenta a los grupos de delincuencia organizada. Para ir a la raíz, no por las ramas.

El especialista Edgardo Buscaglia dijo antier a EL UNIVERSAL que México sólo ha implementado 23% de los acuerdos que establece ese tratado. El gobierno mexicano está arrestando a los gerentes de las empresas criminales, y antes de 24 horas ya tienen suplente.

¿Por qué no congelan todas las cuentas bancarias de los empresarios criminales? ¿Cómo es que logran incautar miles de armas y toneladas de drogas pero no cierran empresas formales que en todos los estados se sabe son operadas por prestanombres de los capos? El secretario de Gobernación, en lugar de retar a los cárteles a la Pedro Infante, debería sacar los listados de las gaseras, maquiladoras y hoteles en los cuales se lava el dinero. ¿Por qué no investigan a los senadores? Sin investigación patrimonial y el combate a la corrupción política, la guerra seguirá siendo un simple espectáculo del terror.
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BRABUCONADAS: GOMEZ MONT SEGOB RETA AL NARCO LA FAMILIA: CARICATURAS : LA TUTA NO ES EL JEFE: LA FAMILIA TIENE SUS REGLAS

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Políticos condenan reto de Segob a “La Familia”
El reto abierto que lanzó el secretario de Gobernación, al grupo criminal generó duras críticas entre legisladores y líderes de diversas fuerzas políticas del país

Video La Tuta no creo que ordenara matar a los 12 policías: sicario

Video La Tuta no creo que ordenara matar a los 12 policías: sicario

´Las instrucciones siempre fueron, cuando llegue la Policía o El Ejército hay que hacerse a un lado; La Tuta tiene un mando arriba, no sé si él haya dado órdenes directas´, revela miembro de La Familia Michoacana

Ricardo Gómez y Andrea Merlos
El Universal
Jueves 23 de julio de 2009
politica@eluniversal.com.mx

El reto abierto que lanzó el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, al grupo criminal La Familia Michoacana generó duras críticas entre legisladores y líderes de diversas fuerzas políticas del país. Lo acusaron de “bravucón” por empeorar la situación de violencia contra el Ejército y las Policías, mientras él se encuentra seguro en la ciudad de México. Emilio Álvarez Icaza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, dijo que no es aceptable el reto porque sólo genera mayor violencia. Incluso Gustavo Madero, coordinador del PAN en el Senado, reconoció que las declaraciones de Gómez Mont pudieron ser “no muy afortunadas” en este momento. Manlio Fabio Beltrones, coordinador priísta, consideró que el Estado no debe dialogar “de ninguna forma” con la delincuencia. El senador perredista Graco Ramírez calificó de un “acto de bravuconería” lo dicho por el funcionario y criticó que así el gobierno pone en riesgo la vida de los militares y de las fuerzas federales. En Michoacán, las declaraciones de Gómez Mont hicieron eco entre los legisladores, quienes las consideraron una provocación peligrosa para ese estado y sus habitantes, pero también a nivel nacional. Wilfrido Lázaro Medina, coordinador de la bancada local del PRI, aseguró que los diputados locales de su partido no comparten ese tipo de actitudes que reflejan un exceso en el uso de la función pública. (Con información de Claudia Bolaños, Jorge Ramos, Juan Arvizu y Azucena Silva, reporteros y corresponsal).
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“No secuestramos ni violamos”, señala pistolero de ese cártel
“La Familia posee sus propias reglas”
Presentan a cuatro sicarios que ultimaron a 12 agentes federales el pasado 13 de julio

2009-07-23•M.P.

Llegada del sicario michoacano al Centro de Mando de la Policía Federal, en Iztapalapa.

A pesar de que La Familia es un grupo “fuera de la ley, estamos organizados y tenemos normas. Servando Gómez, La Tuta, es el encargado de la plaza de Arteaga, pero tiene mandos superiores”, aseguró José Alberto López Barrón, El Gordo, uno de los implicados en la muerte de 12 policías federales, cuyos cadáveres fueron hallados el 13 de julio en el entronque de la Autopista Siglo XXI Lázaro Cárdenas-Morelia.

“Entre nuestras normas no está permitido el secuestro ni la violación; nosotros tratamos bien a la gente, porque es la preparación que nos han dado”.

López Barrón detalló que el propio Servando Gómez, La Tuta, da pláticas de superación personal, e identificó a Rafael Cedeño Hernández, El Cede, ahora detenido, como pastor de rehabilitación.

Ante cámaras y micrófonos de medios de comunicación, López Barrón describió cómo funciona la protección de La Tuta, quien debe autorizar cualquier movimiento en la zona. Ahí (en Arteaga) “las autoridades municipales nos respetan y nosotros a ellos”, dijo.

“En cada entrada del pueblo hay vigilantes, y cuando una persona, vehículo o autoridad entra, de inmediato se reporta al mando en el centro del pueblo y ellos checan y autorizan su presencia; si no es nadie que represente un peligro, se le ofrecen disculpas y se le permite que siga su camino.”

Esposado de manos y encadenado de pies, relató que fue detenido cuando salía de una clínica en la que se le atendió de una pancreatitis. Junto con él fueron presentados ayer cuatro sicarios más de La Familia, vinculados al asesinato de los 12 agentes federales.

Rechazó que se le haya encontrado una de las armas de cargo de los policías ejecutados, una pistola 9 mm., cuya matrícula fue cotejada con la base de datos de Plataforma México y se comprobó que pertenecía a uno de los agentes.

El Gordo precisó que a los vigilantes como él les pagan entre 2 mil 500 a 3 mil pesos a la semana y se mantienen armados en sus horas de servicio, ya que la vigilancia es de cinco personas en dos turnos. “Tenemos nuestro cuerno de chivo, AR-15 y una pistola para las acciones de vigilancia”, explicó.

Aseguró que cuando se dio la ejecución de los 12 policías él no se encontraba en el pueblo y afirmó que La Familia tiene presencia en casi todas los municipios michoacanos, principalmente en Morelia, Nueva Italia, Rosales, Uruapan, Apatzingán y Lázaro Cárdenas.

Dijo que La Tuta no necesariamente ordenó el asesinato de los policías, porque hay subalternos que pudieron haberlo hecho. Según reportes de inteligencia, el capo podría estar escondido en la sierra de Guerrero y Michoacán.
México • Ignacio Alzaga y Notimex


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FRAUDE EN PEMEX : CESAR NAVA

Fraude en Pemex
Ana Lilia Pérez CONTRALINEA
http://www.contralinea.com.mx/archivo/2007/abril/htm/FraudePemex.htm

En junio y julio de 2005 las revistas Contralínea y Fortuna publicaron la denuncia en donde se acusa de tráfico de influencias y fraude al entonces abogado general de Petróleos Mexicanos, José César Nava Vázquez, quien en aquel mismo año fue exonerado por la Secretaría de la Función Pública, pero dos años después el “gobierno legítimo” de López Obrador revive el caso.

Entre agosto y octubre de 2003, un grupo de auditores del Órgano Interno de Control (OIC) en Pemex Petroquímica (PP) descubrió un presunto caso de prevaricato en el pago de 241 millones de pesos al ayuntamiento de Coatzacoalcos por concepto de impuestos en el traslado de dominio de las filiales Cosoleacaque y Pajaritos.

Los 12 funcionarios de la Unidad de Auditoría Interna de la SFP en PP que reportaron el prevaricato (cuando un abogado incurre en la simulación de una controversia para engañar a la autoridad y manipula la actuación de las dos partes en conflicto) fueron acosados por funcionarios de la Secretaría de la Función Pública (SFP) para archivar el expediente y, como se negaron, el titular del OIC en PP, Felipe Barragán Alvidrez, les pidió la renuncia con el argumento de que “no cubrían” el perfil de la institución.

Los ex auditores aseguran que por orden de Rosendo Villareal Dávila, el director de Investigaciones de la SFP, Orlando García Viesca, boletinó a quienes participaron en la fiscalización del proceso que comprobó el prevaricato en el millonario pago.

En entrevista, los auditores revelan que la fiscalización a este caso se derivó de la notificación de un empleado de la oficina del abogado genral de Pemex, quien solicitó que revisaran el proceso jurídico.

En agosto de 2003, los auditores al mando de Marco Antonio Díaz, titular de la Unidad de Auditoria, notificaron los resultados de sus investigaciones al secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, al subsecretario Rosendo Villareal y a Felipe Barragán.

En el oficio NI-017/03 dirigido a Barragán Alvidrez, los auditores estiman daño patrimonial del convenio celebrado por personal de la oficina del abogado general de Pemex. Destaca también que se violó la Constitución y la Ley General de Bienes Nacionales derivado de los argumentos que utilizó el abogado César Nava al negociar el pago.

Los ex auditores aseguran que antes de que remitieran sus conclusiones sobre el caso, la SFP les ordenó “archivar” el asunto. Así, dicen, fue la SFP la que “enturbió” el caso en lugar de requerir las aclaraciones necesarias o aplicar medidas correctivas.

“Desde el contralor Felipe Barragán, hasta la subsecretaria de Auditoria, María Guadalupe Chequer, y el mismo secretario de la Función Pública, convirtieron el asunto en un proceso potencialmente conflictivo. Había mecanismos legales para desahogar el caso de manera transparente, sin las responsabilidades y el sesgo que le dieron”, señala uno de los auditores.

Al continuar con la indagatoria, Felipe Barragán junto con otro funcionario del OIC, de nombre Juan Carlos Ramos Garibay -quien además estaba sujeto a un proceso de investigación por la misma Unidad de Auditoria-, contrataron a las pasantes de derecho e informática Ariadna Islas Sarabia y María Isabel Ek Hernández para que fabricaran denuncias contra el auditor responsable de la fiscalización, Marco Antonio Díaz, acusándolo de “acoso sexual”. Con este argumento, Barragán lo despidió.

Ante el ministerio público ambas mujeres reconocieron posteriormente que Ramos Garibay las instó a presentar la denuncia. Finalmente la autoridad determinó falsedad de declaraciones de éstas y exoneró a Marco Antonio Díaz, pero Felipe Barragán ya había logrado sacarlo de la Contraloría y Romero Ramos cerró y clasificó como “confidencial” el expediente.

Documentos en poder de Contralínea confirman que Díaz denunció dichas irregularidades así como la remoción indebida del personal ante Romero Ramos en diversas ocasiones, y pese a que Romero se comprometió a “investigar personalmente el caso”, omitió la indagatoria.

Los ex auditores acusan a los ex secretarios Francisco Barrio Terrazas y Eduardo Romero Ramos de su corresponsabilidad al cerrar la auditoría y clasificarla como “confidencial”, en lugar de instruir al área de Responsabilidades a que abriera las investigaciones correspondientes.

El mismo funcionario que despidió a los auditores, Felipe Barragán Alvidrez, exoneró a los abogados tras determinar que “no había elementos” para fincar responsabilidades.

Al paso de los años, los principales protagonistas del supuesto fraude ascendieron como funcionarios públicos: César Nava Vásquez como secretario privado del presidente Felipe Calderón; el titular de la Unidad Jurídica de PP, Juan Agustín López Huesca, como gerente general de Franquicias de Pemex Refinación, y Rafael Beverido Lomelín, quien avaló el pago, fue ratificado en la Dirección de PPQ.

El expediente

Como publicó Contralínea en junio de 2005, el prevaricato se originó nueve años después del fracasado intento salinista de privatizar a PP. Los abogados de Pemex supieron que podían hacer un jugoso negocio basado en una simple simulación legal, y en el que intentaban sacar de Pemex más de 900 millones de pesos, pero que, finalmente, consiguieron sólo 241 millones.

En agosto de 1997, a petición del corporativo, la Secretaría de Finanzas del gobierno de Veracruz elaboró un informe sobre la situación de la paraestatal en el estado para que fiscal y administrativamente se pudiera dividir y transformar cada filial en sociedad anónima de capital variable.

El informe concluyó que aún como SA, las filiales continuaban siendo empresas del dominio privado de la federación, porque todas las acciones las tenía Pemex en sus distintas figuras jurídicas, por lo que el gobierno de Veracruz eximió a PP de todo impuesto derivado del traslado de dominio.

La exención fue notificada por el director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas de Veracruz, Miguel Álvarez de Asco, en el oficio No. DGI/DATEF/SU8/000066/97, del 14 de agosto de 1997, dirigido al subdirector de Administración y Finanzas de PP, Mario González Petrikowsky.

Sin embargo, en abril de 2002, el entonces alcalde de Coatzacoalcos, Marcelo Montiel Montiel, presentó una denuncia contra Pemex para reclamar los impuestos acumulados desde 1997 que, según sus cálculos, ascendían a 713 millones de pesos (Contralínea 39).

El plan para demandar a Pemex nació en la propia área jurídica de Pemex Petroquímica, dirigida entonces por Juan Agustín López Huesca, quien supuestamente preparó el prevaricato en complicidad con los apoderados legales de las filiales de PP.

El prevaricato

En abril de 2002, sin licitación pública, Marcelo Montiel contrató los servicios del bufete Asociados y Abogados Internacionales, S.C. (constituido apenas dos meses antes de que se le asignara el contrato), propiedad de Jesús Antonio Macías Yazegey, amigo del gobernador Fidel Herrera Beltrán, y quien se desempeñó como tesorero de su campaña y suegro de Javier Duarte, actual subsecretario de Finanzas.

El contrato de servicios para la demanda contra Pemex, cuyo proceso consistió en la presentación de dos notificaciones, un embargo y el posterior cobro, fue pagado, también a cuenta de Pemex, en 44 millones 268 mil 958 pesos. La querella la llevó personalmente Antonio Macías.

En Pemex, López Huesca asignó la defensa a Ernesto Ordaz Moreno, abogado adscrito a la Unidad Jurídica de Petroquímica Cosoleacaque, quien al mismo tiempo laboraba en el bufete Orbes, Servicios Legales Internacionales.

Ordaz Moreno ingresó a Pemex por recomendación de Rogelio Martínez Hernández, jefe de la Unidad Jurídica de Petroquímica Cosoleacaque de PP. Su oficina privada estaba en el mismo inmueble donde despachaba Antonio Macías, el demandante de Pemex. Las dos firmas de abogados compartían la misma papelería y teléfonos.

La defensa de Pemex por parte de Juan Agustín López Huesca, Rogelio Martínez y Ernesto Ordaz se limitó a promover el recurso de revocación que de forma premeditada presentó sin firma, por lo que fue rechazado y luego presentado fuera de tiempo, lo que lo invalidó.

Cuando Ernesto Ordaz dejó que Pemex perdiera la posibilidad de responder a la demanda, Antonio Macías solicitó el embargo a Petroquímica para que le pagara más de 900 millones de pesos por concepto de impuestos de los últimos siete años más intereses generados.

Con la notificación de embargo, a los abogados de Pemex se les solicitó designar bienes susceptibles de embargo, pero extrañamente omitieron la solicitud, no designaron los bienes y el día del embargo, el 20 de abril de 2002, se les declaró “en rebeldía”.

Con el argumento de la omisión de los abogados de Pemex, Antonio Macías reclamó que se embargaran las cuentas bancarias, y los bienes de las petroquímicas Morelos y Pajaritos, así como se interviniera la caja.

Rogelio Martínez, ex subordinado de Juan Agustín López Huesca y uno de sus hombres de confianza en el área jurídica, asegura que fue éste quien “facilitó la información para que el ayuntamiento encuadrara jurídicamente el requerimiento a Pemex”. La razón: López Huesca es compadre de Marcelo Montiel, el entonces alcalde de Coatzacoalcos.

Martínez Hernández es pieza clave en este caso de corrupción, pues además de haber participado directamente en la planeación del fraude junto con López Huesca, se apoyó en las relaciones de su familia en el Poder Judicial de Veracruz para simular la defensa de Pemex.

López Huesca ordenó a Ernesto Ordaz tramitar un amparo contra los embargos en el Juzgado Noveno del Estado de Veracruz, a cargo del juez Vicente Mariche Garza, mismo que le fue negado.

El juez es cuñado de Rogelio Martínez Hernández, cuya esposa, Lilia Mariche Garza, trabaja en el mismo juzgado como secretaria. Con la negativa del amparo, los abogados de Pemex justificaron que se recurrió a todo recurso legal para evitar el embargo.

Los embargos paralizaron por varias semanas las filiales Morelos y Pajaritos, las más rentables de la petroquímica mexicana. El gobierno municipal intervino la caja y los ingresos; y los clientes de Pemex dejaron de pagar porque no tenían la certeza de hasta cuándo seguirían embargados los complejos.

La mano de Nava

En opinión de los auditores el asunto fue generado por los abogados de Pemex en Veracruz y pronto entraron al negocio funcionarios de mayor nivel.

Durante el periodo en que las filiales de PP estuvieron embargadas, Marcelo Montiel hizo declaraciones públicas de que el dinero que Pemex pagaría lo destinaría a la construcción del túnel subterráneo, obra que promovía Emilio Baños Urquijo, director de la Asociación Mexicana de Infraestructura Concesionada, A.C., suegro de César Nava y esposo de la entonces senadora del PAN, Cecilia Romero, actual comisionada del Instituto Nacional de Migración.

El 18 de junio de 2002 César Nava dio por perdido el caso antes de proseguir con el juicio, y notificó a los abogados a su cargo “negociar el adeudo”.

En un documento enviado al área Jurídica de PP, César Nava informaba a sus subordinados:

“Se concluye que es conveniente negociar el pago de impuesto de translación de dominio determinado por el ayuntamiento de Coatzacoalcos a Petroquímica Cangrejera”.

Nava argumentaba que las filiales de PP son empresas de participación estatal mayoritaria que forman parte de la Administración Pública Federal, pero no de la industria petrolera, que las empresas filiales no forman parte de la federación al gozar de una naturaleza jurídica distinta, y que “los bienes de las empresas filiales no son propiedad de la federación”, pese al decreto emitido por el gobierno de Veracruz.

El análisis de los auditores indica que los argumentos de dicho convenio no se apegaron a la Constitución ni a la Ley General de Bienes Nacionales, que en su artículo primero indica que el patrimonio nacional se compone tanto de bienes de dominio público de la federación como de bienes de dominio privado.

Ni el entonces director general de Pemex, Raúl Muños Leos, ni el de Petroquímica, Rafael Beverido, impugnaron entonces la decisión de César Nava, a pesar de que conocían la exención de impuestos del gobierno de Veracruz y de que los órganos internos de control ya sabían de las irregularidades, principalmente de la relación entre el representante de Pemex en el litigio y su contraparte.

Pemex realizó dos pagos, uno por 239 millones 757 mil 046 pesos en efectivo y otro por 2 millones de pesos a Enrique Fuentes Constantino, depositario interventor de los bienes embargados a Petroquímica Morelos, empleado también de Asociados y Abogados Internacionales. Los pagos se hicieron mediante depósitos en la sucursal de Bital en Coatzacoalcos, a nombre de Asociados y Abogados Internacionales S.C.

La contratación discrecional de este despacho por Marcelo Montiel fue impugnada en su momento por los regidores de oposición, quienes le reclamaban que el ayuntamiento contaba con sus propios abogados y que a pesar de ello hubiera pagado a la firma 44 millones de pesos. Sobre el destino de estos recursos, durante los siguientes meses en que continuó como alcalde Montiel, nunca informó en qué se invirtieron. Luego se convirtió en diputado local por el PRI.

Las traiciones

Pieza clave de este fraude fue el entonces apoderado legal de Petroquímica Cosoleacaque, Rogelio Martínez Hernández. En el periodo en que los complejos petroquímicos estaban embargados, previo a autorizar el pago, Nava lo despidió junto con Ernesto Ordaz, por lo que quedaron fuera del negocio. En venganza, Martínez Hernández denunció el caso en sendos expedientes enviados a Vicente Fox, a la Presidencia y a Francisco Barrio, titular de la entonces Secodam.

El 2 de mayo de 2002, Martínez presentó una denuncia ante el OIC en Cosoleacaque, que habla de un “posible daño patrimonial contra Pemex por indebido cobro de impuestos”.

Según Martínez, el 9 de mayo de 2002 los abogados de la OAG, Eloy Patiño y Nunnki Aguilar, le informaron de su despido por instrucciones de Alberto David López, asesor de César Nava “por haberme quejado ante el Órgano Interno de Control de violaciones a la normatividad en que incurrieron Juan Agustín López Huesca y Rafael Beverido Lomelín”.

En su denuncia enviada a la Presidencia de la República y la Secodam, Rogelio Martínez cita las irregularidades de Nava al ordenar a sus subordinados “negociar” el pago de impuestos, sin llegar al litigio.

Según Rogelio Martínez, una vez que denunció ante el OIC las irregularidades -en las que él mismo participó-, “fui objeto de amenazas y represalias por mis superiores, al grado de que en forma indebida y en franca violación a mis derechos laborales se me rescindido el contrato laboral con Petroquímica Cosoleacaque, sin valorar las pruebas documentales ofrecidas en la investigación para mi defensa, ya que sólo se me dijo que había línea para perjudicarme por haber denunciado ante la Secodam”.

En reuniones posteriores a la publicación en Contralínea (junio de 2005) del caso de prevaricato de los abogados de la OAG, dos abogados del área jurídica de Pemex en el Distrito Federal, ex colaboradores de César Nava y luego de Néstor García Reza, confirmaron a la reportera que en la oficina del abogado general se elaboró el “machote” mediante el que Pemex pagó 241 millones de pesos al ayuntamiento de Coatzacoalcos, y que allí mismo Nava giró la orden de que el asunto no se peleara más en tribunales.

En una carta enviada a Contralínea, César Nava confirmó que la decisión de pagar fue porque “las instalaciones de Petroquímica estaban embargadas”, y que la negociación, incluso, le “ahorró” a Pemex más de 700 millones de pesos de los 900 que demandaba el ayuntamiento de Coatzacoalcos.

El que se hubieran embargado las cuentas de PPQ, contaron los ex colaboradores de Nava a la reportera, “daba a César Nava mayor poder de operación, al justificar que el pronto pago, sin llegar al juicio, era para que las cuentas de Petroquímica fueran liberadas”.

Sobre la construcción del túnel de Coatzacoalcos, la empresa Grupo Básico Mexicano, de la que Emilio Baños Urquijo es socio mayoritario, diseñó el proyecto, las bases de concurso y asesoró en el desarrollo de la adjudicación, misma que se entregó a la empresa Túnel de Coatzacoalcos, S.A.

Para construir el proyecto, en 2003 se constituyó un fideicomiso con recursos aportados por el gobierno de Veracruz, la iniciativa privada y Banobras, dirigido en ese tiempo por Felipe Calderón.



Publicado: Abril 1a quincena de 2007 | Año 5 | No. 76

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Miseria educativa y desempleo


Miseria educativa y desempleo
Una encuesta realizada por la compañía reclutadora Manpower indica que México se encuentra entre los países donde a las empresas les resulta más difícil contratar personal. La firma atribuye esta situación a la escasa capacitación de los trabajadores en nuestro país, y señala la paradoja de que la demanda de personal ha caído debido a la crisis económica mundial y nacional, pero que ésta, en vez de facilitar la contratación, la ha dificultado. Asimismo, Manpower destaca el riesgo de que, una vez que empiece la recuperación y se reactive la oferta de empleos atractivos, las empresas pierdan parte de su personal permanente y del complementario.

Pero la paradoja mayor es que los problemas de las empresas para encontrar empleados capacitados ocurren con el telón de fondo de un desempleo que, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, llegó el mes pasado a dos millones 400 mil personas, es decir, a 5.17 por ciento de la población económicamente activa, lo que significa un incremento de tres puntos porcentuales en el primer semestre del año en curso.

El déficit de capacitación es consecuencia de un modelo económico que ha dejado en el abandono –presupuestal, político, social– al sistema de educación pública y que, desde hace más de dos décadas, se ha empeñado en abaratar la mano de obra como supuesto factor de competitividad en el entorno global. Los sucesivos gobiernos del ciclo neoliberal han apostado por generar flujos de divisas mediante la atracción de plantas maquiladoras al país y, lo reconozcan o no, por dar como inevitable, y hasta positivo, el flujo migratorio hacia el vecino país del norte, fenómeno que se ha traducido en un movimiento de remesas en sentido inverso que terminaron siendo uno de los principales soportes de la economía nacional.

La devaluación del trabajo se ha realizado, desde el poder público, por la vía de las políticas de contención salarial, instrumentadas con el argumento antinflacionario y mediante una deliberada falta de inversiones gubernamentales suficientes en enseñanza y capacitación. El desempleo y el subempleo –eufemismo para designar ocupaciones de estricta subsistencia que se contratan al margen de las prestaciones legales y fuera del sector formal de la economía– contribuyen de manera adicional al abaratamiento de los salarios, en la medida en que multiplican la oferta de trabajo disponible.

Este círculo vicioso ha resultado catastrófico para la mayoría de la población, la cual debe ajustar sus mejores expectativas a la obtención de trabajos mal remunerados, y ha permitido un dramático ahondamiento del abismo de desigualdad social que fractura al país y que constituye la principal amenaza potencial para la gobernabilidad y la estabilidad. En otros términos, los salarios insuficientes y los trabajos escasos han permitido a diversas corporaciones e individuos incrementar sus fortunas y su poder fáctico y han hundido en la desesperanza a millones de mexicanos en edad productiva.

A la larga, sin embargo, la depredación de la fuerza de trabajo empieza a gravitar en forma negativa para las propias empresas, las cuales ahora experimentan dificultades crecientes para reclutar empleados.

La conjugación de desempleo masivo y de falta de trabajadores debidamente capacitados constituye, pues, un dato adicional del fracaso de una línea de política económica oficial que ha causado ya demasiados desastres sociales y humanos y que debe ser reformulada de manera radical. Ese modelo ha hundido a la mayor parte de la población en una crisis endémica y ahora agrava la crisis coyuntural procedente del extranjero. Es tiempo de repensar las prioridades nacionales y de dirigir la inversión pública al actor central de la economía, que es la población: para reactivar la economía y hasta para preservar la estabilidad institucional es indispensable reconstruir el sistema de educación pública, otorgarle la preferencia presupuestal que merece y establecer con urgencia mecanismos de capacitación que permitan superar la paradoja mencionada.
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Critican expertos plan antipobreza de calderon

Critican expertos plan antipobreza

Por Daniela Rea reforma.com

(18-Jul-2009).-

La reciente Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares evidenció fallas en la política social, ya que la desigualdad no ha tenido modificaciones respecto a hace 6 años, a pesar de que el presupuesto en el rubro aumentó.

El INEGI señala que en 2002 el Coeficiente de Gini -indicador utilizado para medir desigualdad por ingresos- era de .0485 y en el 2008 apenas se redujo a 0.482, ello aunque en el mismo periodo el presupuesto federal para superación de la pobreza aumentó 2.4 veces.

Pasó de 85 mil 600 a 208 mil millones a nivel federal -según el Segundo Informe de Gobierno-, y los recursos de la Secretaría de Desarrollo Social se duplicaron al pasar de 24 mil a 50 mil millones de pesos.

Es decir, el impacto de la política social no está resultando en un México más igualitario, coincidieron especialistas convocados por REFORMA en el Foro: "Análisis de la ENIGH 2008".

"Lo que se demuestra es la ineficacia para abatir la desigualdad. Si uno ve los niveles antes y después de las transferencias, se ve cómo su contribución a la desigualdad es menor (...) Los programas sociales están siendo muy poco efectivos porque los recursos no siempre están bien focalizados y a veces en lugar de contribuir a abatirla, ayudan a incrementarla o no impactan", manifestó Gerardo Esquivel, investigador del Colegio de México.

Para Alberto Serdán, de Propuesta Cívica, las cifras son una llamada de atención a los gobiernos por los resultados magros en el desarrollo social.

El investigador señala que en el 2008 de los 50 mil millones de pesos de presupuesto, Sedesol destinó a programas focalizados el 96 por ciento.

"Quizá el problema no es la focalización, sino el diseño de los programas. Según un estudio del diseño de los programas realizado por Gesoc, basado en las evaluaciones externas, los que maneja Sedesol directamente sacaron 3.7 en una escala del 1 al 10; los de Salud 6.3 y todos los del gobierno federal 4.9 por ciento. Hay un asunto de diseño y operación y quienes pagan los platos rotos son los pobres", sostuvo.

En su participación Héctor Nájera, del Observatorio de Política Social y Derechos Humanos, citó un estudio elaborado por Enrique Hernández Laos donde sostiene que los programas sociales no tenían efecto para que la población rural dejara la pobreza.

La principal razón para salir de ella era el empleo.

Israel Banegas, del Colegio Mexiquense, coincidió con que el meollo sigue siendo la falta de generación de empleo como parte de la política social.

"El programa estrella Oportunidades nunca tuvo a como su componente principal atacar la desigualdad, sino acabar con la pobreza futura. Entonces, a 11 años, sí podemos decir algo que no cuesta mucho trabajo creer: los primeros graduados de Oportunidades entran a un mercado laboral deprimido. Felicidades, están educados, alimentados, y no hay trabajo", advirtió.

Uno de los puntos que más resaltaron en la ENIGH 2008 es que si bien el ingreso de todos los mexicanos cayó, el impacto fue desigual: el 10 por ciento más pobre perdió el 8 por ciento de su ingreso, el 10 por ciento más rico, el 0.02 por ciento.


Una explicación, de acuerdo con Banegas, podría ser que la encuesta se levantó al inicio de la crisis económica y no reflejó el impacto en las clases medias.

"Los primeros afectados son los pobres, y en segundo término, los siguientes deciles.

"Si hubiera una 'mini Enigh' este año, lo que podríamos ver sería un efecto igualador de crisis".

"Podemos seguir diciendo que vamos por el camino correcto, que la crisis viene desde afuera, podemos decir '¿y yo por qué? Si esa es la actitud, si no se reflexiona sobre lo que se hace bien o mal, los pobres, siempre los pobres, seguirán pagando los platos rotos", alertó Serdán.

Esquivel llamó la atención sobre la importancia de que los resultados de la ENIGH sean estudiados por el gobierno y la academia para proponer reformas a la política social. "Necesitamos más política social y promover la actividad económica, no sólo de transferencias".

Preocupan resultados

Especialistas convocados por REFORMA al foro: "Análisis de la ENIGH 2008" advirtieron que los resultados del sondeo son una llamada de atención a los gobiernos por los magros resultados reportados en el desarrollo social.


Nombre: Alberto Serdán

Experiencia: Investigador de Propuesta Cívica, organización no gubernamental que busca promover la participación ciudadana en asuntos de interés público.

Maestro en Políticas Sociales por la Universidad de Londres.



Nombre: Héctor Nájera

Experiencia: Coordinador del Observatorio de Política Social y Derechos Humanos

Maestro en economía por el Tecnológico de Monterrey

Ha sido consultor del PNUD.



Nombre: Gerardo Esquivel

Experiencia: Licenciado en economía por la UNAM y doctor en economía por la Universidad de Harvard

Investigador del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores.


Nombre: Israel Banegas

Experiencia: Doctor en sociología y maestro en demografía por El Colegio de México. Maestro en economía por la Universidad de Boston. Investigador del Colegio Mexiquense. Especialista en políticas públicas y combate a la pobreza.

Exhiben desequilibrio

En los últimos años la desigualdad no ha disminuido significativamente a pesar de que el gasto federal para el desarrollo social aumentó 2.4 veces y el de Sedesol se duplicó.

(Coeficiente de Gini)

Sin transferencias Con transferencias
2000 .542 .513
2002 .519 .485
2004 .513 .482
2006 .511 .479
2008 .498 .482


· Según la ENIGH 2008, la desigualdad en México disminuye con las transferencias (subsidios gubernamentales y remesas).

· El Coeficiente de Gini mide del 0 al 1 el nivel de desigualdad de un País (cero es igual a distribución equitativa del ingreso).


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Salamanca ¿y no Tula?: Miguel Ángel Granados Chapa

PLAZA PÚBLICA
Salamanca ¿y no Tula?
Miguel Ángel Granados Chapa
23 Jul. 09

Una maniobra instrumentada por la Secretaría de la Reforma Agraria y sus dependencias, el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria, trataría de favorecer con la refinería a Guanajuato sobre Hidalgo

Al cumplirse el plazo de 100 días para que el gobierno de Hidalgo pusiera a plena disposición de Pemex 700 hectáreas para la construcción de una refinería, parecía que estaba en curso una maniobra practicada por "distinguidos panistas" para imposibilitar el cumplimiento de las condiciones establecidas por la empresa petrolera nacional, de suerte que la planta industrial se edificara en la sede suplente de Salamanca.

El 14 de abril Pemex anunció que la propuesta hidalguense de levantar la refinería en la región de Tula (donde ya funciona la Miguel Hidalgo) había sido elegida entre las muchas opciones que en un extraño certamen fueron promovidas por los gobernadores de una decena de entidades. Se matizó la decisión, sin embargo: si en 100 días el gobierno hidalguense no entregaba en donación el predio requerido, sin problema jurídico de ninguna especie, la planta productora de combustibles se construiría en Salamanca.

A partir de ese momento, dando por supuesto que el gobernador Miguel Osorio Chong incumpliría los términos de Pemex, el de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, procedió como si la sede designada correspondiera ya a su estado. Dio los pasos necesarios con antelación a los que necesitaba dar el gobierno hidalguense y se ha declarado listo para ejercer la suplencia. Tal vez contaba, por un lado, con la parsimonia o indolencia de Osorio Chong y con el auxilio que en caso extremo le ofrecerían la Secretaría de la Reforma Agraria y la Procuraduría del ramo. Parecería que ambos supuestos se convirtieron en realidad.

Confiado en exceso en sus capacidades de negociación, Osorio Chong demoró el acuerdo con los núcleos agrarios que proveerían la tierra y, en el colmo de la desidia, viajó a Estados Unidos el fin de semana pasado. Ciertamente había avanzado en la obtención de los créditos para la adquisición de los terrenos que han de ser donados a Pemex, aunque también en ese punto se percibe negligencia o algo más: en vez de tramitar directamente, con la anticipación necesaria, el crédito de mil 500 millones de pesos con Banamex, que la legislatura local aprobó apenas el martes, Osorio Chong consiguió créditos puente con dos bancos, a fin de contar con liquidez para la compra de la tierra, que requiere poco más de mil millones de pesos.

La noche del martes, sin embargo, surgió un obstáculo al parecer imbatible. Para sorpresa de los ejidatarios de El Llano, funcionarios de la Procuraduría Agraria les informaron que la asamblea en que aprobaron vender sus parcelas carecía de validez y por lo tanto no podían continuar la gestión necesaria ante el Registro Agrario Nacional. El delegado de la Procuraduría en Hidalgo, Luis Enrique Baños Gómez, a quien los ejidatarios afectados imputaron la deficiencia jurídica que los deja fuera de la operación con la que estaban tan ilusionados, tuvo el tino de no acudir personalmente a la reunión de campesinos que vieron cómo volaba el millón y medio de pesos por hectárea que el gobierno se había comprometido a pagarles.

Ayer, como quien no quiere la cosa, y sin explicitar que tuviera relación con lo que sucede en torno de la refinería, la Secretaría de la Reforma Agraria hizo publicar profusamente un comunicado que, si no se vincula con la situación hidalguense, parecería ser una ociosa o innecesaria lección de derecho agrario. El mensaje se titula "El cambio de régimen de propiedad, indispensable para la venta de tierra ejidal". Conforme a la ley agraria de 1992 -que fue consecuencia de la reforma constitucional emprendida por Carlos Salinas de Gortari para privatizar las áreas ejidales y comunales- para vender la tierra se requiere un procedimiento que, no lo dice el desplegado sino yo mismo, la asamblea ejidal de El Llano no siguió puntualmente.

El desplegado describe así las cuatro fases de tal procedimiento: "El núcleo agrario debe tener regularizados sus derechos", para lo cual se precisa reunir una asamblea de "delimitación, destino y asignación de tierra". Se requiere también "celebrar una asamblea de autorización para la adopción del dominio pleno", de la cual se levantará un acta, que debe ser inscrita en el Registro Agrario Nacional. "Una vez inscrita el acta, cada ejidatario o posesionario en lo individual podrá acudir al Registro Agrario Nacional a realizar el trámite de canje del certificado de derechos parcelarios por el título de propiedad", que debe ser inscrito a su vez en el Registro Público de la Propiedad y en el Catastro Municipal. Por último, el desplegado recuerda que "la primera enajenación de parcela que cambió de régimen de propiedad" debe realizarse conforme a "un avalúo emitido por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales... o cualquier institución de crédito".

Por una chicana de funcionarios agrarios Hidalgo podría a esta hora ser desprovisto de la opción ganada hace 100 días. El líder estatal panista, Gonzalo Trejo, todavía dijo que los funcionarios del Registro Agrario Nacional eran "distinguidos panistas" que asegurarían la realización de los trámites, cuando al parecer era ya imposible hacerlo, lo cual explica la advertencia formal de la SRA: Si Hidalgo incumple por esa causa su acuerdo con Pemex, ello resultaría de la desaprensión del gobierno estatal hábilmente aprovechada, mediante engaños, por funcionarios federales panistas a favor del gobierno de su misma filiación en Guanajuato, que no en balde se ha ufanado hasta el último momento de que esa entidad triunfará.



Cajón de Sastre


Aun con protección, el propio secretario de Salud de Chiapas ha sido contagiado por el virus de la influenza A H1N1. Con razón temen los enfermeros del hospital regional de San Cristóbal de las Casas que, sin contar con el equipo adecuado -pues se les regatea el que se da a los médicos-, padezcan y propaguen el virus. El material faltante sin duda podría ser adquirido con sólo ahorrar una pizca del inmenso presupuesto publicitario que ejerce el gobernador Juan Sabines para su provecho personal. Algo semejante podrían hacer sus compañeros de partido Ulises Ruiz y Fidel Herrera, los gobernadores priistas de Oaxaca y Veracruz, cuyos pobladores también resienten el repunte de la influenza, de la que siempre supimos que no nos habíamos desembarazado por completo y brota de nuevo en entidades pobrísimas.

Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com
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La pequeña guerra que creció: Lorenzo Meyer

AGENDA CIUDADANA
La pequeña guerra que creció
Lorenzo Meyer
23 Jul. 09

El enfoque original de la "guerra contra el narcotráfico" fue norteamericano. ¿No sería útil uno mexicano?

El principio

Actualmente, tanto el discurso oficial como las crónicas sobre el conflicto entre el Estado mexicano y las organizaciones de narcotraficantes se refieren al mismo como una guerra. Si por ésta se entiende un estado de hostilidad intensa entre fuerzas opuestas, entonces se debe concluir que hace tiempo nuestro país es escenario de una guerra entre las instituciones de gobierno -Ejército, Armada y policías- y los cárteles de la droga.

Generalmente es posible saber cuándo y por qué se inician las guerras. Una peculiaridad de este caso es que resulta difícil fijar con precisión la fecha en que una mera serie de operaciones rutinarias de la autoridad contra productores y traficantes de sustancias prohibidas se transformó en una guerra que, en su última fase -los 32 meses del gobierno de Felipe Calderón-, ya ha cobrado la vida de más de 12 mil mexicanos.

El inicio

En el inicio, la naturaleza y característica de la lucha fueron determinadas por Estados Unidos, cuya presión dio origen a la convocatoria para formar una Comisión del Opio en Shanghai en 1909 y la Convención Internacional del Opio celebrada en La Haya en 1912. Ahí, 11 gobiernos acordaron prohibir el comercio del opio, la cocaína y la heroína.

En realidad, Inglaterra y Francia habían creado el problema que pretendían resolver con ilegalizar lo que antes habían fomentado al obligar a China a comprar y consumir opio a lo largo del siglo XIX -un comercio del que también se benefició Estados Unidos. Sin embargo, al inicio del siglo pasado, esas potencias se alarmaron al comprobar que su codicia había dado vida a un monstruo dentro de ellas mismas. Hoy la lucha sigue sin que ninguna autoridad nacional o internacional haya atinado a resolver realmente un problema que ya es universal.

México

Hasta los 1960 la producción, consumo y comercio de las drogas prohibidas, que ya incluían la marihuana, eran un problema menor entre nosotros. La exportación de drogas al mercado norteamericano era una operación modesta, básicamente en manos norteamericanas. El carácter actual del problema se inició en los 1970; cuando México, empujado por el gobierno de Washington y sin darse cuenta del tipo de conflicto en el que entraba, inició "la guerra". Froylán Enciso, un estudioso del tema, ha calificado lo que sucedió a partir de entonces como "la fundación de una cultura y un estilo de vida que, con el tiempo, mermó la imagen del gobierno mexicano" ("Drogas, narcotráfico y política en México: protocolo de hipocresía" en Una historia contemporánea de México, T. 4, pp. 183-245).

En México, ha sido siempre la presión norteamericana la que ha marcado el ritmo e intensidad con que se ha desarrollado la guerra contra el narcotráfico. Ante el incremento en el consumo de drogas en Estados Unidos, en junio de 1969, México se comprometió con su vecino del norte a combatir el "problema global de las drogas". Pero, como Washington no pudo resistir explotar la ocasión, de manera políticamente espectacular y absolutamente unilateral, en septiembre puso en marcha la "Operación Intercepción" (OI) que, con el pretexto de interceptar las drogas provenientes de México, dislocó la vida de la frontera común y humilló a un gobierno particularmente cooperador con Estados Unidos: el de Gustavo Díaz Ordaz. Lo que la OI buscó fue dejar en claro que la raíz de la drogadicción estaba en sistemas políticos como el mexicano, que por su ineptitud y corrupción, no detenían la producción y el tráfico de los estupefacientes que corrompían a la juventud norteamericana.


El inicio de una 'espléndida pequeña guerra'


"A Splendid Little War" llamó John Milton Hay, entonces secretario de Estado, a la guerra que libró Estados Unidos contra España en 1898. A juzgar por los propios documentos norteamericanos, en Washington quisieron creer que algo similar tendría lugar en México si se obligaba a su gobierno a resolver por la vía de la acción armada el problema que presentaba la producción de marihuana y cocaína para el mercado norteamericano.

El 15 de agosto de 1975, se presentó un reporte interno del gobierno norteamericano sobre la oferta de heroína elaborado para la Drug Review Task Force (Declassified Documents Reference System, N° CK3100097267). México, aseguró ese documento, era ya la fuente principal de heroína -77 por ciento- para el mercado norteamericano al punto que ya había sustituido a la "conexión franco-turca" en ese campo. Hacía ya 30 años que México cultivaba amapola y procesaba la heroína para el mercado estadounidense, por eso pudo sustituir a los proveedores asiáticos y franceses. Ya en 1947, las agencias norteamericanas habían detectado la existencia de 10 mil campos de amapola al norte de Culiacán. Sin embargo, por mucho tiempo la tarea de localización y destrucción de esos plantíos nunca estuvo a la altura de la extensión del problema (en los 1950 apenas se destruyeron anualmente entre 40 y 80 hectáreas de amapola y en el decenio siguiente 400). Y es que en los 1960 sólo se habían empleado en la tarea de localización de plantíos dos helicópteros y tres aviones ligeros.

En un memorándum elaborado cuatro meses antes, el 15 de abril de 1975 (Declassified Documents Reference System, N° CK3100112800), el Departamento de Estado ya había señalado el camino a la "solución final" del problema. Partía del supuesto que, pese a la tensión causada, la "Operación Intercepción" había valido la pena porque México ya "estaba siguiendo un vigoroso programa de destrucción de narcótico". El resultado final del programa dependía simplemente de poder transportar "a tiempo" a los policías federales y efectivos del Ejército que debían destruir los plantíos de amapola y marihuana. A la embajada realmente le entusiasmaba que el gobierno mexicano estuviera dispuesto a instalar retenes en los caminos de las zonas productoras e imponer penas de cárcel no menores a cinco años a los acusados de narcotráfico. Lo mejor de todo, según tan optimista informe, era que el vecino del sur destinaba ya ¡24 millones de dólares anuales en el programa de erradicación! aunque para la otra cara del problema, la prevención y tratamiento de adictos mexicanos, apenas se gastarían 1.6 millones de dólares. Obviamente las prioridades en la materia eran más norteamericanas que mexicanas.

Desde la esperanzada perspectiva que hace 34 años dominaba en Washington, el obstáculo a superar para que un México cooperador dejara de ser el proveedor creciente de "substancias narcóticas ilegales" para el mercado norteamericano era algo realmente sencillo: acabar con "la insuficiencia de material y personal entrenado [para usarlo] en México". Era ahí donde debía entrar la "ayuda" norteamericana.

Los documentos citados implicaban que la estrategia básica -identificación, destrucción del cultivo y cárcel para los responsables- consistía en que México pondría a los combatientes y Estados Unidos los aparatos. Por otra parte, apenas si hubo una mención sobre qué hacer con los campesinos implicados en la economía de la producción de drogas y ésta consistió en recomendar algo tan simple como irreal: un programa educativo para alentar la sustitución de ¡amapola por frijoles y maíz! Obviamente una recomendación de esa naturaleza sólo buscaba llenar el expediente pues la estrategia real se basaba en el unilateralismo: si lo básico era poner fin a la oferta, el camino más simple y directo era el de la fuerza. Cómo se iba a resolver en México el problema de cambiar la economía campesina de la amapola y la marihuana por la del maíz y el frijol, era algo que realmente a Washington no le importaba.


Una solución que no lo fue


Para 1975 Estados Unidos creyó haber encontrado la manera de terminar con el narcotráfico mexicano por la vía de la mera intensificación de la destrucción de plantíos y aumento de las penas a los infractores. Desde entonces han transcurrido más de 30 años y la estrategia sigue siendo básicamente la misma, la diseñada por Washington, pero el problema no se ha resuelto.

La "espléndida pequeña guerra" imaginada hace 34 años se ha convertido en un fracaso interminable que obliga a repensar el problema desde una perspectiva más compleja y realista por lo que se refiere a la ética, a las economías del consumo y producción de lo prohibido y a las debilidades institucionales de los gobiernos involucrados. Primero se deben identificar las estrategias que cuadren a los intereses de México como nación y sistema político, independientemente de lo que convenga a Estados Unidos. Después, y sólo después, se tendría que negociar la fórmula que hiciera compatibles esos intereses nuestros con los de la gran potencia.

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