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jueves, 15 de octubre de 2009

México Dice millones de groserías diario:

Dice México millones de groserías diario
groserías
Por regiones, los mexicanos del norte y del centro tienen mayor propensión a decir groserías.

El sondeo reveló que los ciudadanos pertenecientes a los estratos altos dicen más malas palabras que los de estratos bajos

AP reforma.com
LOS PANISTAS CHINGAN A SU PUTA MADRE TODOS LOS DIAS.
PANISTAS PENDEJOS, CULEROS CULEADOS.

Ciudad de México (15 octubre 2009).- Más de mil 350 millones de vulgaridades salen a diario de las bocas de mexicanos, aunque éstos consideran que no son malhablados, según se desprende de una encuesta.

En el estudio "El mexicano y las groserías", que la empresa privada Consulta Mitofsky publicó en su sitio de internet, se señala que, cada mexicano, dice en promedio 20 groserías diarias, aunque cerca de uno de cada 10 asegura que no las necesita para comunicarse durante el día.

"Si las respuestas de los mexicanos se extrapolan buscando la incidencia nacional, tendríamos en el País más de mil 350 millones de malas palabras cada día o 500,000 millones al año", señaló Mitofsky.

La empresa aclaró que la extrapolación aplica para los mayores de 18 años, por lo que, de incluir a los niños, el número de groserías al día sería mayor.

México es un País con más de 107 millones de habitantes, de los cuales más de 65 millones son mayores de 18 años.

Mitofsky señaló que el concepto de "grosería" se refiere a "malas palabras" que cada persona calificó así a partir de su propio contexto.

"La misma palabra aplicada en distintos contextos y en dos momentos es vista de manera muy diferente", señaló.

La encuesta se realizó en viviendas del 24 al 28 de junio a mil adultos en todo el País. El margen de error es de 3.1 puntos porcentuales.

El sondeo encontró que, contrario al estereotipo en México, los ciudadanos pertenecientes a los estratos altos de la población manifiestan decir una mayor cantidad de malas palabras en comparación con los estratos bajos.

Por regiones, los mexicanos del norte y del centro tienen mayor propensión a decir groserías.

Quienes se consideran poco groseros dicen pronunciar nueve al día, mientras que los muy mal hablados pronuncian unas 42 groserías.
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LyFC: 'Disfrazan' militares de Policía Federal PF, Los soldados resguardan la subestación de la Colonia Doctores

'Disfrazan' militares de Policía Federal
militares
Militares que resguardan la subestación de la Colonia Doctores.
Foto: Leonardo Sánchez

Los soldados también realizan tareas de inteligencia, aseguraron fuentes militares

Luis Brito y Benito Jiménez REFORMA.COM

Ciudad de México (15 octubre 2009).- Elementos del Ejército custodian algunas instalaciones de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC) "disfrazados" de policías federales, corporación a cargo del operativo.

Fuentes militares revelaron que son 2 mil elementos de la Tercera Brigada y del Tercer Batallón de la Policía Militar, con base en los campos militares 37-C, en San Miguel de los Jagüeyes, y el Número Uno, respectivamente.

Explicaron que los soldados fueron incorporados el lunes al operativo para resguardar las cerca de 400 instalaciones de LFC, además que realizan trabajos de inteligencia sobre las movilizaciones de electricistas en el Distrito Federal, Hidalgo, Puebla y Morelos.

Personal de la Policía Federal confirmó que a los militares se les entregaron uniformes nuevos de las Fuerzas Federales de Apoyo, brazo operativo de la corporación, para pasar desapercibidos durante el resguardo de los inmuebles.

Aunque fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) rechazaron la participación de militares en el operativo, durante un recorrido por distintas instalaciones bajo custodia de la Policía Federal, REFORMA observó efectivos calzando botas con las siglas de la Defensa Nacional (Sedena) y gorras nuevas sin el escudo de la corporación.

En el campamento de la desaparecida compañía en Belem de las Flores, en la Delegación Álvaro Obregón, tres elementos que custodiaban el acceso usaban botas con las siglas Sedena en el tacón, a diferencia de otros cinco policías federales con equipo antimotín, quienes portaban cascos negros.

El mismo caso se presentó en la subestación eléctrica de Avenida Pacífico, en la Delegación Coyoacán, en las instalaciones de Doctor Vértiz, en la Delegación Cuauhtémoc, así como en la oficina de Nezahualcóyotl, en la Colonia Evolución, varios elementos portaban las mismas botas y gorros azul marino sin escudo.

Como parte de su uniforme, los elementos de las Fuerzas Federales de Apoyo usan botines negros de la marca estadounidense 5.11, adquiridos en 2008 por la SSP o botines de otras marcas comerciales que son adquiridos por ellos.

Apenas en septiembre, durante su comparecencia ante el Congreso, el Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna anunció que el 30 de junio concluyó el convenio que sostenían desde 1999 con la Sedena para el préstamo de militares a la corporación.

En ese año, para conformar al brazo operativo de la naciente PFP, el Gobierno federal tuvo que echar mano de los 4 mil 500 elementos de la Tercer Brigada de la Policía Militar mientras formaba los cuadros de la corporación.
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SCJN: Ulises Ruiz Violó garantías individuales: RESPONSABLE DE LA VIOLENCIA EN OAXACA

SCJN ante Oaxaca: resolución y claroscuros
Lajornada.
Por mayoría –siete votos contra cuatro–, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió señalar al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, y a otros funcionarios de su administración, como responsables de violaciones graves a las garantías individuales ocurridas durante el conflicto que se registró entre mayo de 2006 y enero de 2007 en la capital de esa entidad.

Es de saludar en primer lugar que la mayoría de los integrantes del máximo tribunal hayan rechazado la propuesta elaborada por el ministro Mariano Azuela, que señalaba que las vejaciones y los atropellos cometidos en el contexto de ese conflicto no eran imputables al mandatario oaxaqueño, sino a los mandos policiacos, y responsabilizaba a particulares por no haber atendido los ofrecimientos de los gobiernos estatal y federal para dialogar, y haber realizado, en cambio, marchas, bloqueos y tomas de edificios.

La determinación de la SCJN sienta, así, un precedente positivo al reconocer que el Ejecutivo estatal falló en su deber de proteger, con estricto apego a la ley y a las garantías individuales, los derechos de la población, y que con ello permitió la comisión de asesinatos, secuestros y otros delitos graves en contra del sector opositor, aglutinado en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Por desgracia, no parece haber ahora, como tampoco hace tres años, capacidad y voluntad por parte de las autoridades correspondientes para establecer, en contra de los responsables, las sanciones penales y administrativas que amerita el caso. De hecho, la propia decisión de la SCJN por atraer el caso del conflicto oaxaqueño significó en su momento una muestra del vacío institucional que persiste en el país ante los quebrantos al estado de derecho.

Por añadidura, al responsabilizar a las autoridades estatales y no hacer lo propio con las federales –en este caso, con los gobiernos encabezados por Vicente Fox y Felipe Calderón–, los integrantes del máximo órgano de justicia del país incurren en un despropósito, habida cuenta de que la crisis que se gestó en la capital oaxaqueña a finales del sexenio pasado y principios del actual fue producto de una cadena de incapacidades que involucró a ambos niveles de gobierno, y que van de la torpeza y la lentitud que exhibieron para resolver un conflicto que en sus orígenes fue de carácter sindical, a la desmesura y falta de respeto a la ley con que intervinieron en él, provocando una oleada de violaciones a los derechos humanos.

Resulta desalentador, por lo demás, que esta resolución de la SCJN, al carecer de efectos penales, pueda no tener más consecuencia que la de asestar un nuevo golpe a la de por sí maltrecha imagen pública del gobernador oaxaqueño. En un momento en que prevalecen las tentaciones de criminalizar y reprimir las expresiones de disidencia política y los movimientos sociales, sería deseable que la definición de los magistrados tuviera mayores alcances y constituyera un ejemplo para el conjunto de las autoridades del país.

La resolución de la SCJN constituye, en suma, un avance parcial y con claroscuros en lo que respecta a la vigencia del estado de derecho y el combate a la impunidad.
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  • Ministros exculpan a Fox y funcionarios de su gabinete de los hechos de 2006 y 2007
  • Violó Ulises Ruiz garantías individuales durante el conflicto en Oaxaca: SCJN
Foto Intervención del ministro Genaro Góngora Pimentel durante la sesión de la Suprema Corte en la que se resolvió el caso OaxacaFoto Yazmín Ortega Cortés
Jesús Aranda

El gobernador Ulises Ruiz es responsable de violaciones graves de garantías individuales ocurridas en Oaxaca, resolvió ayer el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por siete votos a cuatro.

Los ministros consideraron que el mandatario estatal no cumplió con su obligación de mantener el orden público y que su omisión derivó en desorden generalizado en la capital del estado y su zona conurbada de mayo de 2006 a enero de 2007 y en julio de este último año.

En una sesión en la que algunos ministros cambiaron de opinión y votaron en contra de sus afirmaciones previas, el máximo tribunal rechazó por ocho votos a tres la propuesta de los ministros Juan N. Silva Meza, José de Jesús Gudiño Pelayo y José Ramón Cossío de incluir al ex presidente Vicente Fox; a Eduardo Medina Mora, ex secretario de Seguridad Pública federal, y a Carlos Abascal, quien fue titular de Gobernación, entre los culpables de permitir que la falta de gobernabilidad en la entidad diera lugar a acciones de particulares que derivaron en la afectación de derechos fundamentales.

Exentos de responsabilidad

También quedaron exentos de cualquier acusación el general Héctor Sánchez Gutiérrez, ex coordinador de las Fuerzas Federales de Apoyo, y Ardelio Vargas Fosado, ex jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva (PFP), actual diputado federal.

A su vez, el ministro presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, reprochó al mandatario oaxaqueño pretender trasladar el problema a la autoridad federal.

Ningún integrante del pleno apoyó a Silva Meza en su intención de responsabilizar también al presidente Felipe Calderón –argumentó que la violación de garantías continuó después del relevo presidencial–, y sólo hubo apoyo para agregar, entre las garantías individuales violentadas, el derecho a la información.

Quedaron en palabras también las intervenciones de ministros que afirmaron el pasado miércoles que las autoridades federales incurrieron en omisión al no atender a tiempo la petición del Ejecutivo y el Congreso oaxaqueños de apoyar a la fuerza pública local para resolver el conflicto social que se vivía.

Después de dos días de sesiones, en los que cada ministro fijó su postura sobre la investigación solicitada en 2006 por la Cámara de Diputados, el pleno resolvió con velocidad inusitada una investigación que duró año y medio y fue sintetizada en un proyecto de 923 cuartillas.

Los ministros sólo coincidieron en señalar que hubo violación generalizada de garantías.

La votación mayoritaria sólo responsabilizó a mandos policiacos estatales: al director general de Seguridad Pública, José Manuel Vera Salinas; al director de la Policía Ministerial, teniente de navío José Moreno Rivas, y al director de la Policía Auxiliar, Joaquín Darío Berges.

También responsabilizó a policías locales y federales que incurrieron directamente en el uso excesivo de la fuerza en los operativos en que tomaron parte.

Ayer la voz discordante fue la del ministro Silva Meza, quien enfatizó que los hechos en Oaxaca pasarán a formar parte como páginas negras del libro de la historia de nuestro país.

Acusó a Daniel Cabeza de Vaca, entonces procurador general de la República, de haber mentido en el informe que entregó sobre los hechos, al aseverar que no habían participado agentes federales en tres cateos. También censuró al Ejército por negarse a informar los nombres y cargos de los soldados que participaron en los operativos, aun cuando estuvieran en calidad de comisionados en la PFP.

Infructuosamente, Silva Meza convocó a sus compañeros a reivindicar el derecho que tienen las víctimas a la reparación, para actuar en contra de los servidores públicos que hayan vulnerado sus garantías individuales.

Tampoco se sumaron a su exigencia de considerar violado el derecho a la verdad, “entendido como un mecanismo de reparación de derechos humanos, como una medida de no repetición.

Al estudiar el caso Oaxaca, a la luz de lo ocurrido en Atenco, podríamos concluir que estamos frente a una responsabilidad de Estado agravada, lo cual vuelve imposible exculpar a quienes estuvieron encargados del mando de las fuerzas federales en ambas ocasiones, dijo, y añadió que los dos casos, que fueron analizados por la Corte, sucedieron con pocos meses de diferencia; que en el ámbito federal involucra a varias autoridades: el mismo titular del Ejecutivo, el mismo secretario de Gobernación, el mismo titular de Seguridad Pública federal, el mismo procurador.

La resolución que señala la responsabilidad de Ruiz, aprobada por Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Juan N. Silva Meza, José Ramón Cossío, Fernando Franco, Genaro Góngora, José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga Sánchez Cordero, será enviada, una vez que se redacte la versión final del dictamen, al presidente de la República, al Congreso, a los gobernadores, a los procuradores –incluido el General de la República– y a los titulares de Seguridad Pública federal, estatales y municipales.

La Suprema Corte ordenó también que la resolución se publique en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del Estado de Oaxaca.

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SALARIO: 6 MIL PESOS AL MES trabajadores electricistas del SME

Se develan cifras oficiales
En LFC, salario promedio de $6 mil
Casi 20 mil miembros del SME, por debajo de ese ingreso mensual
Según reporte, se cumplieron 92% las metas de productividad
Si somos chafas, ¿por qué nos buscan para arreglar apagones?

  • Administraciones de LFC toleraron la baja calidad del servicio
  • Ir contra otros gremios sería autoritarismo, aduce Lozano
  • Liquidaciones: trabajador de base, $300 mil; de confianza, más de un millón
Foto
Expresiones del secretario del Trabajo, Javier Lozano, durante una conferencia en las oficinas de CFE de la colonia CuauhtémocFoto José Antonio López
Patricia Muñoz y Fabiola Martínez

Tras precisar que los trabajadores de base del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) tendrán en promedio una liquidación de 305 mil pesos y los de confianza un millón 300 mil o un millón 800 mil –si cobran antes del 14 de noviembre–, el secretario del Trabajo, Javier Lozano, aseguró que fueron las administraciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC) las que concedieron, negociaron y toleraron falta de niveles y baja calidad y eficiencia del servicio.

En una conferencia de prensa inicialmente programada para dar a conocer los pormenores del proceso de liquidación a los trabajadores del SME, el funcionario fue cuestionado sobre por qué si se habla de excesos y privilegios de este gremio, no se mide igual a otras organizaciones sindicales como la de los petroleros, que tienen más prebendas.

Lozano reconoció que hay una serie de reclamos para que se actúe contra otros sindicatos y otros líderes gremiales, pero dijo que ello no se hará porque sería caer en tentaciones autoritarias.

–Usted habla de que el SME hacía peticiones millonarias en cada revisión contractual y salarial, pero también las hacen otros sindicatos, como el petrolero que lidera Carlos Romero Deschamps. ¿Contra ellos también se actuará?

–Hay que ver cuál es su aportación a la productividad y a la economía nacional…

El funcionario defendió además que el gobierno federal no va a medir igual a todos los sindicatos, porque no se puede hacer tabla rasa, e incluso anotó que hay que ver cuál es el costo-beneficio de cada gremio, de cada organización. Dijo que a LFC se le había querido liquidar desde otros sexenios y no se había logrado hacerlo.

Acerca del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), que tiene el contrato colectivo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), liderado por Víctor Fuentes –quien quedó al frente de la organización a la muerte de su tío Leonardo Rodríguez Alcaine–, el secretario Lozano aseguró que esta organización sí ha demostrado una enorme capacidad para ponerse de acuerdo con su administración.

En cuanto al proceso de liquidación, explicó que los trabajadores de base en promedio van a cobrar 305 mil pesos por finiquito o 435 mil pesos con la compensación incluida, si tramitan su pago antes del 14 de noviembre. En tanto, para los empleados de confianza, la liquidación será de un millón 300 mil pesos o un millón 800 mil, si apuran el proceso este mes.

Esto es porque el salario promedio de los trabajadores del SME es de 220 pesos diarios, es decir, 6 mil 600 pesos mensuales. Incluso, según cifras del sindicato, casi 20 mil trabajadores están debajo de ese promedio.

Otras categorías de trabajadores, como los transitorios, perciben 152 pesos diarios; la mayoría de oficinistas –depende del nivel– gana entre 180 y 260 pesos; un calculista de inspección obtiene 192.41 pesos; auxiliares, entre 109 y 139, y entre los más altos está el operador de subestación, que percibe 311 pesos al día.

Acompañado en esta conferencia de prensa por el director corporativo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, Héctor Orozco, y el subsecretario del Trabajo, Alvaro Castro, Lozano explicó que los trabajadores del SME tienen un plazo de hasta dos años para cobrar liquidaciones a partir de la emisión del laudo de terminación de las relaciones colectivas de trabajo por parte de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el próximo 30 de octubre.

Los funcionarios dijeron no tener el dato de con cuánto se va a liquidar al director de LFC, y tampoco señalaron los montos que se otorgarán a los altos mandos de la paraestatal, pero mencionaron que sí recibirán finiquito.

El secretario explicó que el plazo límite para recibir la compensación adicional es el 14 de noviembre, y confirmó que efectivamente, los que acudan primero a las oficinas de Luz y Fuerza del Centro por su liquidación, tendrán derecho de preferencia para ser recontratados por la Comisión Federal de Electricidad.

Según Javier Lozano Alarcón, los 44 mil trabajadores del sindicato que serán liquidados impactarán muy poco en la tasa de desocupación.

Por último, comentó que no acudió ante comisiones de la Cámara de Diputados porque nunca fui invitado a comparecer, y negó que él tenga algún interés en el negocio de fibra óptica, en que se ha mencionado a ex secretarios de Energía como Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens: El león cree que todos son de su condición; no tengo ningún interés en este tema y es falso que tenga una consultoría en la materia.

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Hubo avances en todas las áreas, según reporte sobre el acuerdo
SME y trabajadores cumplieron el convenio de productividad 92.17%

Fabiola Martínez y Patricia Muñoz

Los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC) cumplieron 92.17 por ciento las metas del convenio de productividad firmado en marzo pasado entre la dirección general del organismo y el comité central del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

En el reporte más reciente sobre ese acuerdo bilateral, elaborado con cifras comparativas de enero a agosto pasado, se precisa que, excepto en servicios a cargo de la subdirección comercial, las otras áreas de LFC lograron porcentajes de cumplimiento de 90 y ciento por ciento, y algunas, como fábricas y talleres, reportan niveles superiores a las metas previstas.

Todos los indicadores, aun los que están bajo la meta programada, presentan avances sustanciales respecto de los resultados del primer trimestre de 2009.

Para el sindicato, la evolución del convenio se contrapone con el decreto presidencial –expedido el domingo pasado– para la extinción de LFC. La decisión de liquidar al organismo fue visceral para aniquilar al SME y hacer libremente sus negocios con la red de fibra óptica, aseguraron sindicalistas que participaron en la comisión mixta de productividad.

Es mentira que no quisimos negociar; los documentos, avalados por la empresa, muestran una clara mejoría en los procesos de trabajo, agregaron.

En la evolución de los indicadores se detalla, por ejemplo, que estructura soldada alcanzó 224 por ciento del rango estipulado como meta en el convenio, mientras reconexión de servicios cortados por falta de pago llegó a 160 por ciento.

En tanto, revisión del medidor a solicitud del cliente tuvo 120 por ciento; elaboración de metros cúbicos de concreto precolado, 124 por ciento; gabinetes tipo fraccionamiento de 23 kv y tiempo de restablecimiento de suministro individual, 116 por ciento.

El indicador tiempo de restablecimiento de suministro en circuito de media tensión reportó 113 por ciento, y costo de nómina entre costo de administración cumplió la meta al ciento por ciento.

En un nivel más bajo, con 71 por ciento de cumplimiento, se ubicaron cuatro de los 26 indicadores determinados en el convenio: servicios colectivos en baja tensión y servicios en baja y mediana tensión (71 por ciento), y costo por MVA en subestaciones (69 por ciento). El resultado más bajo respecto de las metas alcanzadas lo reporta conexión de servicios en media tensión, área perteneciente a la subdirección comercial.

El convenio fue firmado en el contexto de la última revisión del contrato colectivo, con vigencia prevista de un año.

De acuerdo con los dirigentes del SME consultados, un sector de la base afiliada no estuvo de acuerdo con los términos del documento; sin embargo, en el primer corte, luego de cinco meses de que entró en vigor, el promedio ponderado al cierre de agosto superó 90 por ciento.

Por eso, consideran que la decisión intempestiva de dar por terminada la operación (y el contrato colectivo de trabajo entre LFC y SME) es cínica y sin escrúpulos, porque en el convenio se estipularon unidades de medida (días, horas, minutos, usuarios, kilogramos, kilómetros, etcétera), así como evaluaciones mensuales detalladas para cada área: distribución, comercial, fábricas y talleres, construcción, producción y finanzas.

Entre los aspectos evaluados, empresa y sindicato pusieron énfasis en los tiempos de restablecimiento del suministro de energía eléctrica, servicios de conexión y atención de inconformidades por alto consumo (94 por ciento de cumplimiento), al pasar de 6.87 a 5.7 días.

También incluyeron revisión del medidor a solicitud del cliente, reconexión de servicios suspendidos por falta de pago, atención de solicitudes para servicio en alta tensión y tiempo de interrupción por usuario, el cual pasó de 6.7 a 6 minutos.


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Lorenzo Meyer: Los spots que cambiaron una votación:

AGENDA CIUDADANA
Los spots que cambiaron una votación
Lorenzo Meyer
15 Oct. 09

La herencia del 2006 no es sólo la profundización de las grandes divisiones políticas sino el incentivo para ganar el 2012 vía la creación de un "pánico moral"

Heridas y cicatrices

Por sí mismos y en condiciones normales, dos spots televisivos no pueden dividir a una sociedad. Sin embargo, en condiciones de confrontación, distorsión informativa y debilidad institucional, sus efectos pueden ser demoledores y México es un ejemplo perfecto.

En la memoria política de los individuos y de las colectividades, los agravios pasados siempre dejan cicatrices; es inevitable y es parte del proceso de aprendizaje. Esas cicatrices -por ejemplo, la causada en la memoria colectiva mexicana por la guerra con Estados Unidos- forman parte de su historia, de su personalidad y, a veces, hasta de su orgullo o vergüenza pero no impiden su desarrollo normal. No obstante, cuando el agravio aún es herida abierta, entonces es un obstáculo para la convivencia normal y constructiva. Ése es todavía hoy el caso del proceso electoral del 2006 en México. Para la izquierda mexicana, o simplemente para aquellos que realmente se consideran comprometidos con los principios y objetivos de la democracia política, se van a requerir años y algo más para hacer de esa herida -la manera en que se llevó a cabo la campaña electoral y la forma en que se procesó la elección- una mera cicatriz. En cualquier caso, el evento y sus consecuencias quedarán registrados en la memoria histórica de nuestro proceso político de manera similar a lo ocurrido en 1988 en el caso de Cuauhtémoc Cárdenas, en el de Miguel Henríquez en 1952, en el de Juan Andrew Almazán en 1940 o de los acontecimientos potosinos de 1961 y 1991 en torno al movimiento democrático encabezado por el doctor Salvador Nava.


La historia como juez


A veces el paso del tiempo convierte los momentos traumáticos en historias que se refuerzan en su juicio. En otras ocasiones, los juicios son contradictorios, haciendo que la lucha se perpetúe. Lo publicado en torno a los eventos de 1968 es ejemplo de lo primero, y lo producido como resultado del levantamiento zapatista de 1994 lo es de lo segundo.

El humo y el polvo que produjo el choque electoral del 2006 aún no se asienta del todo pero lo ocurrido entonces ya está reflejándose en la página escrita. Por ejemplo, el libro de Luis Carlos Ugalde, Así lo viví, es un intento de justificación de lo ocurrido en el 2006. En contraste, 2006: hablan las actas: las debilidades de la autoridad electoral mexicana es la investigación de José Antonio Crespo sobre los resultados asentados en las actas electorales de la jornada de ese año -únicos documentos de acceso al público pero que de manera indirecta nos acercan a lo que pudo ser el resultado real de la elección. En este trabajo, Crespo contradice a Ugalde pero sin apoyar ni la posición del ganador -Felipe Calderón- ni la del principal perdedor -Andrés Manuel López Obrador (AMLO)-, sólo demuestra que, con los datos disponibles -las actas-, es imposible saber quién ganó y quién perdió en las urnas.

En este año acaba de aparecer otro trabajo, el de Javier Treviño Rangel, que ahonda en el análisis del 2006 por otra vía: la del examen y consecuencias del tipo de campaña electoral que se realizó entonces y cuya característica central fue la creación, mediante el uso de la televisión, de una atmósfera de miedo ante la posibilidad de que, como lo indicaba el grueso de las encuestas de opinión, triunfara la opción de izquierda encabezada por AMLO. El trabajo se titula "Pánico moral en las campañas electorales de 2006: la elaboración del 'peligro para México'", Foro Internacional (No. 197, Vol. XLIX, 2009 [3], pp. 638-689).

El punto de partida es claro: Vicente Fox como candidato pudo tomar el aeropuerto de Guanajuato, amenazar con no reconocer una derrota que fuera menor del 10 por ciento, exigir a Ernesto Zedillo no intervenir en la campaña electoral, llamar a su adversario "chaparro" o "mandilón" y al conjunto priista "tepocatas" o "víboras prietas" y amenazar con una movilización de panistas si los órganos electorales le atribuían a su adversario una victoria por un margen menor al 3 por ciento. Esta posición no fue motivo de escándalo. En contraste, cuando AMLO llamó "chachalaca" a Fox y le exigió no ser activo en la lucha electoral, se le vino el cielo encima y se le calificó de "peligro para México". ¿Por qué raseros tan distintos del electorado para actitudes políticas similares?


'Pánico moral'


El concepto de pánico moral (PM) es el instrumento que Treviño Rangel utiliza para explicar la exitosa construcción de AMLO como un "peligro para México". El concepto fue propuesto por Stanley Cohen y empleado para entender por qué ciertos tipos de músicos de Rock generaron temor sin fundamento en los sectores más conservadores de la sociedad británica en los 1960.

Los PM, señala Treviño, "emergen en las sociedades cuando un episodio, persona o grupo son definidos como una amenaza a ciertos valores o intereses sociales. Suponen un miedo irracional fuera de control [y] su naturaleza se presenta a través de los medios de manera estereotipada. Políticos, periodistas u otros actores interesados (obispos o empresarios) comienzan una cruzada moral, un despliegue de mecanismos de control social, para detener la amenaza. Expertos acreditados socialmente (editorialistas y académicos) emiten diagnósticos y distintas soluciones. Ulteriormente, el pánico desaparece dando paso a otros temas..." (pp. 644-645). Como se ve, hoy esto del PM está asociado a las actividades de los medios masivos de información, especialmente a la televisión, fuente del conocimiento político de más del 60 por ciento de la población.

Como muestran los indicadores -encuestas de opinión- citados por Treviño, desde 2000 hasta marzo de 2006, AMLO llevaba la delantera en la lucha por suceder a Fox en la Presidencia. Sin embargo, entre los días 12 y 18 de ese mes, sin que nada objetivo hubiera cambiado pero manipulando muy bien el calificativo de "chachalaca" que AMLO había usado contra Fox para exigirle que cesara en el uso ilegal de la Presidencia para fines partidistas, los calderonistas crearon un muy efectivo PM que terminó por reducir o anular la ventaja de AMLO.

El PM del 2006 se montó sobre ideas preestablecidas muy conservadoras, especialmente entre la clase media, y las reactivó con un par de spots de televisión (el de los ladrillos cayendo y el que vinculó a AMLO con Hugo Chávez, el mandatario venezolano y previamente demonizado) sin importar que las acusaciones contenidas en esos mensajes no fueran avaladas con algún tipo de sustento empírico.

Quienes manufacturaron y presentaron los spots contra AMLO sabían bien tres cosas que los estudios al respecto habían ya demostrado: a) la información negativa es más sobresaliente que la positiva, b) la retención de los eventos negativos es mayor que la de los positivos y c) el efecto de las campañas negativas se mantiene por más tiempo en el público. Esos mismos estudios también han demostrado que "el que pega primero pega dos veces", es decir, la evidencia disponible muestra que, en cualquier contienda electoral, los primeros spots negativos son los que tienen mayor influencia y, de hecho, quien primero ataca por esta vía marca la agenda posterior. La respuesta del atacado puede ser similar pero ya no tiene el mismo efecto en la imaginación colectiva. Este efecto irreversible de lo negativo inicial hace que si la autoridad electoral, el IFE en nuestro caso, decide obligar al atacante a retirar sus spots, esa decisión ya no tenga importancia, pues el efecto inicial, el que cuenta, ya operó.

Los efectos de la campaña del miedo en torno a AMLO fueron magnificados por un manejo premeditado de las noticias de la televisión, donde el marco en que se presentaba la información electoral había quedado establecido por las premisas y efectos de la campaña negativa. Era problema del acusado -de AMLO- demostrar que era inocente, que no era el monstruo en que se le había convertido, y eso le resultó imposible.


Efectos futuros


La campaña panista aprovechó bien la naturaleza conservadora de la sociedad mexicana y los grandes sedimentos que dejó la Guerra Fría. El PAN se mantuvo en el poder "haiga sido como haiga sido". Sin embargo, esa peculiar forma de revertir lo que parecía una victoria de la izquierda afectó a la endeble democracia mexicana; no la fortaleció, la debilitó.

Es seguro que la campaña del 2012 partirá de las lecciones que a todos dejó la de seis años antes. Nadie intentará darse el lujo de pretender ganar "por la buena". Ya están los incentivos para crear otros "pánicos morales". Todo permite suponer que dentro de tres años, y gracias a la herencia panista, de nuevo podrá ganar no el mejor a secas sino el mejor "apanicador" de los mexicanos.
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