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martes, 2 de febrero de 2010

CITAN A GENARO GARCIA LUNA POR MATANZA DE JOVENES EN CIUDAD JUAREZ:

Senado cita a Galván y a García Luna
Los senadores también llamarán al procurador general de la República, Arturo Chávez para que expliquen cuál es la estrategia de combate al crimen organizado tras la masacre en Ciudad Juárez ocurrida el fin de semana
Balacera deja 7 sicarios muertos en Sonora 15:20
A GARCIA LUNA LO ACUSAN DE ASESINO, Y AHORA LO CITAN PARA QUE EXPLIQUE LAS MATANZAS EN CIUDAD JUAREZ, MMMH TA´....
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Ricardo Gómez
El Universal
Lunes 01 de febrero de 2010
Ante la masacre en Ciudad Juárez y las muertes en Torreón, el Senado de la República llamó a comparecer de manera inmediata ante comisiones unidas, a los secretarios de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván y de Marina, almirante Francisco Mariano Saynez Mendoza; al titular de la PGR, Arturo Chávez, y al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, para que expliquen la estrategia en el combate al crimen organizado, y se emita un balance de los resultados.

El punto de acuerdo aprobado tuvo el rechazo del PAN, y fue formulado por el senador Arturo Escobar, del PVEM, y el coordinador del PT, Ricardo Monreal. Como parte del punto de acuerdo, el Senado condenó la masacre en Ciudad Juárez, Chihuahua, y las muertes en Torreón, Coahuila, y exhortó a los gobiernos federal, estatal y municipal a realizar las investigaciones tendientes a esclarecer estos hechos, además de a implementar programas preventivos.

"La sangre de Ciudad Juárez, corre por aquí, pasa por estos pasillos y las curules", soltó frío el senador del PAN, Ramón Galindo Noriega, ex alcalde de esa entidad.

Y es que antes de la aprobación del punto de acuerdo, se abrió una ronda para que cada fracción emitiera su posicionamiento.

Ramón Galindo lamentó la renuncia del ex secretario de Seguridad Pública de Chihuahua, Víctor Valencia de los Santos, para contender por la alcaldía de Ciudad Juárez, como informó hoy EL UNIVERSAL, sin ninguna novedad o alternativa para la población ante el ataque del crimen organizado.

Monreal puso en duda la estrategia del gobierno para enfrentar a la delincuencia organizada y denunció que el presidente Felipe Calderón "desayuna con el emperador (de Japón) y el país sumiéndose en la desgracia".

Escobar, coordinador del PVEM, recordó que su partido propuso la pena de muerte y junto con Monreal coincidió en que de manera inmediata se cite a los funcionarios.


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PGR Procuración de opacidad : Miguel Ángel Granados Chapa

PLAZA PÚBLICA
Procuración de opacidad
Miguel Ángel Granados Chapa
2 Feb. 10

Una verdad dolorosamente aprendida por la sociedad mexicana es que la PGR no es procuraduría de justicia, sino de lo contrario: persigue a inocentes y logra su encarcelamiento por largos periodos, hasta que se prueba la futilidad de los cargos del Ministerio Público: Y a cambio ni siquiera comienza averiguaciones previas contra delincuentes a los que por esa omisión beneficia la impunidad. Por si algún defecto le faltara, la PGR se ha vuelto procuradora de la opacidad.

En pugna permanente con el Instituto Federal de Acceso a la Información encabeza una sorda batalla del gobierno de la República contra la transparencia. El secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, denunció más de una vez, mientras presidió el IFAI, el "desacato sistemático" de la Procuraduría a los mandamientos de aquel Instituto. En los dos años recientes, la PGR ha sido renuente a entregar a solicitantes averiguaciones previas concluidas. Para quitarse de encima las enfadosas peticiones a ese respecto, indujo al presidente de la República a iniciar una reforma al Código Federal de Procedimientos Penales que el Congreso aprobó en diciembre de 2008. Ahora el artículo 16 de ese código establece que las averiguaciones previas son "estrictamente reservadas".

Aparte la negativa a ofrecer ésa y otra clase de información, la Procuraduría se ha empeñado en arrebatar a las resoluciones del IFAI su carácter de decisiones firmes, no susceptibles de impugnación ante autoridad alguna. Para ese propósito ha iniciado 21 acciones de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Como es adecuado, puesto que no se trata de resoluciones administrativas cualesquiera, sino que poseen un carácter imperativo y definitivo, ese tribunal tiende a desechar tales impugnaciones. Pero según un informe de Article 19, una organización no gubernamental especializada en asuntos de información y transparencia, en cuatro casos un criterio errático ha permitido la admisión de esos recursos, que todavía no han sido resueltos en definitiva.

Para asegurarse que ese tribunal, que no es un órgano de justicia en sentido estricto aunque lleve ese adjetivo en su denominación, porque no pertenece a la esfera del Poder Judicial federal, sino del Ejecutivo; para asegurarse, digo, de que las decisiones del IFAI puedan ser revocadas por una instancia revisora, el gobierno federal trabaja en lo que hasta ahora es sólo un anteproyecto de reformas a ese respecto. Pero no lo hace en secreto. El 7 de enero pasado el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, avisó de esa intención gubernamental. No ha sido por completo sorpresiva, en consecuencia, la opinión emitida por la PGR en el caso de Campeche.

Ya de salida, en vísperas electorales, la anterior legislatura de Campeche acometió una vasta reforma a la ley local de transparencia y acceso a la información. Más de 30 artículos de ese ordenamiento fueron reformados, sometidos a adiciones o de plano derogados, en un movimiento a que no fue ajeno el gobernador, también saliente, Jorge Carlos Hurtado. El artículo 74 fue modificado para añadir a la prescripción de que los particulares pueden impugnar ante la sala administrativa del Tribunal Superior de Justicia del estado, el derecho de los órganos obligados a informar, a través de sus unidades de acceso, a impugnar ante el propio tribunal las resoluciones de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche. Esa atribución estaría destinada a por lo menos demorar, si no a hacer nugatorio el derecho a la información, pues el artículo estipula que "la Comisión no podrá requerir la ejecución o cumplimiento de su resolución hasta en tanto ésta no haya sido confirmada por el tribunal pleno".

La reforma fue lograda por la mayoría priista, como un legado a favor del actual gobernador, Fernando Ortega Bernés, que en aquel momento, junio de 2009, se esperaba que ganara los comicios locales, como en efecto ocurrió. La minoría panista, derrotada en la sesión del 30 de junio, esperó a la publicación del decreto correspondiente, el 15 de julio, para iniciar una acción de inconstitucionalidad, que fue admitida por la Suprema Corte de Justicia. A juicio de los legisladores de la minoría, que concluyeron ya sus funciones, sobreponer el juicio de una autoridad al del órgano de transparencia es contrario a las estipulaciones del artículo sexto constitucional.

En el lento desahogo de la acción iniciada por 13 diputados panistas y uno del PRI, la ministra Olga María Sánchez Cordero solicitó a la PGR su opinión al respecto. En algunos casos, el procurador (que no la Procuraduría) puede promover una acción de esa índole. En otros casos es llamado por el tribunal constitucional como opinante, cuyo parecer puede o no ser tomado en consideración.

La opinión de la Procuraduría se expresó la semana pasada, en el sentido de apoyar la reforma, es decir contra el parecer de los legisladores panistas, correligionarios del procurador. Sería digno de aplauso que la común filiación política no forzara al titular de la PGR a solidarizarse con los de su credo. Pero no es plausible su actitud porque resulta contraria a la constitucionalidad. Tampoco lo es porque la opinión de la Procuraduría, en consonancia con lo avisado por Gómez Mont hace casi un mes, da cuenta del propósito del gobierno federal de sellar sus archivos y no poner su contenido a disposición del público, que tiene un insoslayable derecho a saber.



Cajón de Sastre

Cuando apenas una semana atrás había cumplido 97 años, murió el doctor Adalberto Cravioto Meneses, nacido en Pachuca el 19 de enero de 1913, según leo en el Diccionario biográfico hidalguense de Abraham Pérez López. Tras cursar la secundaria en el Instituto Científico y Literario del estado, marchó a la Universidad Nacional donde se graduó de médico cirujano en 1938. Aparte el ejercicio de su profesión, de preferencia en instituciones de medicina social, fue presidente municipal de su ciudad natal, de 1964 a 1967 y enseguida diputado federal. Fue miembro de una extensa familia de ascendencia italiana, llegada en el siglo XIX a Pachuca desde Huauchinango, y a la que pertenecieron cuatro gobernadores (uno de ellos, Rafael, lo fue varias veces) así como alcaldes, diputados y miembros del Senado de la República.


miguelangel@granadoschapa.com


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LA DEUDA PUBLICA ES EL 37.7% PORCIENTO DEL PIB

  • Suma $4 billones 621 mil 730 millones al término de 2009; aumentó 37.3% en tres años
  • La deuda total del sector público equivale a 37.7% del PIB
  • Para pagar intereses y comisiones se gastaron $263 mil millones el año pasado, 10% más que en 2008
  • Quedaron anulados los esfuerzos de desendeudamiento realizados desde 2003
Juan Antonio Zúñiga

Periódico La Jornada
Martes 2 de febrero de 2010, p. 20

La deuda total del sector público mexicano ascendió a 4 billones 621 mil 730 millones de pesos al término de 2009, monto equivalente a 37.7 por ciento del producto interno bruto (PIB), según informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Con esto quedaron anulados los esfuerzos de desendeudamiento realizados desde 2003.

Para el pago de los intereses y comisiones se destinaron 263 mil millones de pesos durante el año pasado, cantidad 10 por ciento superior en términos reales a la empleada para el mismo fin en 2008, señaló la dependencia en un informe enviado al Congreso de la Unión para su análisis y evaluación.

En los tres primeros años de esta administración, la deuda total del sector público tuvo un incremento de un billón 257 mil millones de pesos, lo cual implicó una elevación de 37.3 por ciento en este periodo.

Como proporción del PIB, este endeudamiento, que en 2003 representaba 38.1 por ciento, pasó a 34.8 por ciento en 2004, disminuyó a 33.5 en 2005, se redujo a 31.3 por ciento en 2006 y bajó a 29.9 por ciento en 2007. Pero repuntó a 35.7 por ciento en 2008, cuando comenzaron los desórdenes financieros en octubre de ese año, y trepó a 37.7 por ciento durante 2009, cuando la economía mexicana entró de lleno en recesión.

El saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público es una medición de carácter indicativo que abarca todas las modalidades de endeudamiento asumidas por el sector público mexicano, incluidos los rescates bancario y carretero. Según la definición oficial, "representa el acervo neto de las obligaciones, pasivos menos activos financieros disponibles, contraídos para alcanzar los objetivos de las políticas públicas".

El débito total "agrupa a la deuda pública presupuestaria, a los recursos para financiar a los sectores privado y social, a los requerimientos financieros del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, a los proyectos de inversión pública financiada (Pidiregas), a los requerimientos del Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (Farac) y a los Programas de Apoyo a Deudores".

El saldo de los débitos internos del sector público se calcularon en 3 billones 368 mil 534.9 millones de pesos al finalizar el año pasado y representaron 72.9 por ciento del total. La deuda presupuestaria se ubicó en 2 billones 368 mil 564.8 millones de pesos, casi en su totalidad adquirida por el gobierno federal.

Por su parte, el monto de los débitos internos no presupuestarios fue de 999 mil 970.1 millones de pesos, de los cuales tres cuartas partes correspondieron a los pasivos del IPAB, con un saldo de 751 mil 495.2 millones de pesos al finalizar 2009. La deuda asumida por el llamado "rescate carretero" se situaba en 140 mil 852.9 millones de pesos; la del Programa de Apoyo a Deudores se calculó en 47 mil 445.7 millones, mientras la de la banca de desarrollo, fondos y fideicomisos andaba en 29 mil 599.4 millones de pesos.

Evaluada en moneda nacional por Hacienda, la deuda externa del sector público ascendió a un billón 253 mil 195.1 millones de pesos. En moneda extranjera suma 96 mil 400 millones de dólares, monto casi igual al saldo de las divisas colocadas en la reserva internacional del país.

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Iniciativa Mérida: EU pone los dólares y México los muertos

Iniciativa Mérida: EU pone los dólares y México los muertos Y FECAL VIVE MUY SEGURO, 1000 MILITARES CADA VEZ QUE BAJA POR LOS REFRESCOS
la jornada
En el contexto del regateo anual por el presupuesto para el año fiscal 2010-2011, el presidente de Estados Unidos pidió al Legislativo de su país una partida de 159 mil millones de dólares para financiar los "conflictos en el extranjero", que son, primordialmente, las ocupaciones de Irak y de Afganistán; para mantener la intervención en el segundo de esos países, el mandatario demandó la aprobación de una partida adicional de 33 mil millones de dólares.

En el marco de esa negociación, Obama solicitó un presupuesto de mil 600 millones de dólares para reforzar las medidas de persecución contra los trabajadores migrantes, que incluyen, además de la conformación de bases de datos que permitan a los empleadores excluir del mercado laboral a los extranjeros sin papeles, la culminación del primer segmento de la "barda virtual" o "frontera inteligente" entre Estados Unidos y México. En ese mismo contexto, la Casa Blanca requirió la aprobación de 310 millones de dólares para destinarlos a operaciones antinarcóticos en México, en cumplimiento de la Iniciativa Mérida.

Resulta inquietante, por principio de cuentas, constatar que, aunque en una escala menor, la violencia que azota a nuestro país resulta para Washington un "conflicto en el extranjero" más, una suerte de Afganistán de bajo presupuesto, por más que el ritmo de decesos aquí sea ya equiparable al que se reporta en ese país asiático. La principal diferencia, aparte de las magnitudes presupuestales, es que Estados Unidos no sufre bajas en nuestro territorio, en donde los combates se libran exclusivamente entre mexicanos.

Con la connivencia de las autoridades locales, el gobierno de la superpotencia ha ido consiguiendo que su cruzada contra las drogas tenga lugar en otros países, preponderantemente en el nuestro. Así, mientras el tráfico, la distribución y el consumo de narcóticos ilícitos se desarrollan con normalidad y paz en las ciudades estadunidenses, en México la vida nacional se desbarajusta por el accionar criminal de los cárteles de la droga –no sólo por sus acciones violentas, sino por su capacidad de penetración en dependencias públicas, empresas privadas y toda suerte de actividades–, pero también por el empecinamiento gubernamental en combatirlos mediante una fuerza militar que, de manera colateral, atropella derechos humanos de personas inocentes y contribuye así al descrédito de las autoridades y a la crisis institucional por la que atraviesa el país.

México no ha terminado de asimilar el impacto de las masacres de jóvenes perpetradas en la madrugada del domingo en Ciudad Juárez y Torreón cuando se anuncia una nueva ejecución múltiple, otra vez en Juárez, con un saldo de cinco muertos y seis heridos. En tal circunstancia resulta imperativo que la sociedad, acosada y desinformada sobre los alcances, bandos y propósitos reales de esta guerra sórdida, exija a las desbordadas autoridades eficiencia en las investigaciones y ubicación, captura y presentación de los responsables, pero, sobre todo, una mínima eficacia en el cumplimiento de la tarea del gobierno como garante de la integridad física de los habitantes.

A juzgar por resultados, la aplicación de la Iniciativa Mérida se ha traducido en un sostenido y exasperante deterioro de la seguridad pública y del estado de derecho: hoy en día, los ilícitos vinculados al tráfico de drogas son mucho más abundantes y frecuentes que cuando se firmó ese acuerdo, el cual ha resultado desastroso para México: por medio de ese instrumento se aceptó combatir en una guerra que básicamente le es ajena y que conlleva una cláusula inmoral e inaceptable: Estados Unidos pone los dólares y México pone los muertos.
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México SA: SUBIERON IMPUESTOS PARA: la burocracia gubernamental se llevó $765 mil 500 millones en un año

México SA

En plena austeridad, la burocracia gubernamental se llevó $765 mil 500 millones en un año
Carlos Fernández-Vega
EL PEÑA NIETO DEL PRI SI AMA A LOS PANISTAS,
TANTO QUE HASTA LE APROBARON SU IDEA DE SUBIR LOS IMPUESTOS, PARA VIVIR A TODO LUJO.
RATAS RATEROS LADRONES GENOCIDAS.

Con esto del terremoto económico, el shock de las finanzas públicas y la "única opción de aumentar impuestos, así como precios y tarifas del sector público" ante "la necesidad de contar con recursos", uno se preguntaría: ante un panorama tan desolador, ¿en qué país se gastarían casi 580 millones de pesos diarios por concepto de prestaciones y, ya integradas, cerca de 2 mil 100 millones, también cada 24 horas, por servicios personales? En plena sacudida algo tan descabellado tendría que registrarse en un lejano cuan opulento país con un "navío de gran calado" al que la crisis, por ser "externa", le hizo los mandados. Pero no es fábula, es la triste realidad.

Esas son las escalofriantes cantidades que en el año del "catarrito" y la "austeridad" se vieron obligados a gastar los devastados mexicanos para mantener cómodamente a los integrantes del gobierno calderonista e instituciones públicas que lo acompañan: 580 millones de pesos para cubrir las prestaciones de la heroica burocracia nacional y, con éstas, 2 mil 100 millones en sueldos y salarios cotidianamente, para que en plena crisis económica la parte más agraciada de esa misma burocracia recomendara a los mexicanos, en medio del desempleo y con ingreso miserable, que si no les alcanzaba para comer tres veces al día, pues que sencillamente se saltaran uno de los tiempos y se ahorraran el esfuerzo digestivo.

A lo largo de 2009, el peor año económico en ocho décadas, en plena "austeridad" (versión oficial) y con el dinero de los mexicanos, el gobierno calderonista e instituciones afines gastaron la friolera de 211 mil 500 millones de pesos en prestaciones, que incorporadas a sueldos y salarios de la insaciable burocracia nacional elevaron la cantidad a 765 mil 500 millones de pesos, monto 27 por ciento superior al saldo de la deuda externa del gobierno federal al cierre del año recién concluido, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda, misma dependencia que proporciona la estadística relativa al costo de los "servidores públicos".

Tan sólo por concepto de prestaciones, en 2009 el aparato burocrático recibió 6 por ciento más que el de por sí abultado costo financiero neto total de la deuda (interna y externa) del gobierno federal (200 mil 189 millones de pesos), lo que ya es el colmo, y si se suman sueldos y salarios entonces hay que recurir al diván, porque el gasto resultó 1.3 por ciento mayor a los pasivos del Fobaproa-IPAB (755 mil 524 millones de pesos al cierre del año referido). Para no ir más lejos, en un año los mexicanos gastaron el equivalente a la fortuna de Carlos Slim. De hecho, en el año de referencia por cada peso destinado a inversión física directa, el gobierno federal canalizó 2.11 pesos al pago de servicios personales.

Una locura, sin duda, especialmente cuando se recuerda lo eficiente y resultón que ha salido el gobierno calderonista e instituciones que lo acompañan. ¡Y se quejaban del "enorme costo de las pensiones del ISSSTE" y lo "insostenible" de la situación financiera de Luz y Fuerza del Centro! Allí está un comparativo. En efecto, el problema no sólo considera lo oneroso que a los mexicanos les sale la factura para mantener el obeso aparato burocrático, sino la ostentosa falta de resultados. Si éstos fueran ya no se diga excelentes, sino buenos a secas, se pagaría la nómina, pero lejos, muy lejos está la realidad de ese sueño.

Y mientras el país retrocede, el costo crece. Por ejemplo, en el primer trimestre de 2009 los mexicanos pagaron alrededor de 45 mil millones de pesos para cubrir las prestaciones de la burocracia; en el segundo, el monto se incrementó a 50 mil millones; en el tercero avanzó a 56 mil 500 millones y, para cerrar el año con broche de oro, en el cuarto (aguinaldos incluidos) llegó a cerca de 60 mil millones (sin incluir las obtenidas por el personal del IMSS). Treinta y tres por ciento de diferencia (favorable a las tres veces H, desde luego) entre el primero y el cuarto trimestres de 2009. ¿A mayor paga, mejor servicio, mejores resultados? Obviamente no.

Ahora que por el lado de las prestaciones, en el reparto del pastel hay niveles. Obvio es que a mayor rango, más gruesa la rebanada, pero en términos generales en el cuarto trimestre de 2009 –como en los tres anteriores– las secretarías de Educación Pública y de Energía (con todas las ramificaciones que tienen) concentraron 68.5 por ciento de las erogaciones por dicho concepto. Entre ambas se quedaron con alrededor de 41 mil millones de pesos. Eso costó a los mexicanos el gusto de constatar el apoyo que democráticamente otorgan Elba Esther y Carlos Romero Deschamps al inquilino de Los Pinos.

En fin, a lo largo de 2009 casi 60 mil millones de dólares (sueldos y salarios, más prestaciones) costó a los mexicanos el mantenimiento de la burocracia nacional (es decir los 765 mil 500 millones de pesos que se citan al comienzo de estas líneas), el equivalente a cerca de cinco refinerías bicentenario (la de Hidalgo), de la que, dicho sea de paso, no se sabe absolutamente nada, ni siquiera si ya pusieron el primer tornillo. En cambio, ya se sabe que en plena crisis, en medio del shock de las finanzas públicas, en el hoyo más profundo de la historia económica nacional y en el sexenio de "para vivir mejor", los fantásticos "servidores públicos" mexicanos se comieron algo así como 211 mil 500 millones de pesos en prestaciones (sueldos y salarios aparte), a razón promedio de poco más de 24 millones de pesos cada hora.

Con lo anterior, por si tuvieran dudas, ahora los mexicanos saben a qué se destinarán los recursos "extraordinarios" que en 2010 se captarán por concepto de nuevos impuestos y aumento de los existentes, así como por mayores precios y tarifas del sector público. Queda claro, pues, por qué la "única opción" era aumentar y aumentar la factura a los mexicanos.

Las rebanadas del pastel

Tan eficiente es la burocracia, que ni siquiera puede cobrar las facturas por ella misma extendidas. Un ejemplo: “las sanciones económicas que por 864 millones 738 mil 400 pesos se le impusieron a Raúl Muñoz Leos, ex director general de Petróleos Mexicanos, por ocasionar un quebranto al erario por mil 724 millones de pesos, son irrecuperables, pues causaron ‘baja’ en 2008, según se desprende de información del Servicio de Administración Tributaria, organismo encargado por ley de cobrar las sanciones multimillonarias a los servidores públicos que incurrieron en presuntos actos de cohecho, extorsión, negligencia, incumplimiento de leyes y otras irregularidades” (La Jornada, Elizabeth Velasco C.). Pero qué tal a la hora de cobrar sueldos y prestaciones.

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