Espían... sin riesgo
Las conversaciones telefónicas entre el empresario Kamel Nacif y el gobernador de Puebla Mario Marín escandalizaron a la opinión pública.
Cuando algún candidato denuncia escuchas ilegales lo hace más como una respuesta política; este delito queda siempre en la impunidad
Jésica Zermeño
Ciudad de México (4 marzo 2012).- Una de las últimas víctimas fue Josefina Vázquez Mota, quien fue exhibida llamándole "patán" a Ernesto Cordero.
"Ya se acabó con esto la ocurrencia de los foros. Seguramente habrá un debate dentro de un mes y se acabó. Todo se lo dije a Madero temprano. Le dije 'oye, Madero, convócanos, porque este cuate nomás los está utilizando (los foros) para golpear de manera rastrera'... No hizo nada. Hoy en la mañana me habló y le dije: 'te lo advertí Madero, y tú estuviste sentado ayer ahí cuando el cuate me agredió, cuando fue un patán', y dije '¿sabes qué, Madero?, esto es puro desgaste'", se escucha decir a Vázquez Mota en la grabación difundida en redes sociales el 31 de enero pasado, cinco días antes de que el PAN la eligiera candidata a la Presidencia.
La conversación de Vázquez Mota, en la que descalificaba a Madero y a Cordero, fue retomada por la radio y televisión, y difundida justo el día en que se celebraría el segundo debate entre precandidatos panistas.
Roberto Gil, coordinador de la campaña de la hoy candidata, confirmó que la conversación telefónica era real, y que se había realizado un mes antes, después de un foro organizado por la Fundación Rafael Preciado en el que Cordero cuestionó duramente a Vázquez Mota.
El episodio refleja el típico modus operandi del espionaje telefónico en México: el espía interviene los teléfonos, graba y, semanas o meses después, difunde cuando lo considera políticamente oportuno.
El mismo día que apareció la grabación, en una estrategia más mediática que jurídica, el equipo de la hoy candidata interpuso una denuncia ante la PGR por intervención de comunicaciones privadas. Para darle más peso, la denuncia fue elaborada por los despachos de Fernando Gómez-Mont y Germán Martínez, ex secretarios de Gobernación y Función Pública, pero hasta hoy la Procuraduría no ha informado de avances en el caso.
No fue el único audio incómodo en la precampaña panista: el 24 de enero se dio a conocer una grabación en la que el secretario de Gobierno de Sonora, Roberto Romero López, amenazaba a trabajadores del gobierno estatal, en una reunión en San Luis Río Colorado, de perder su trabajo en caso de no apoyar a Ernesto Cordero, a quien calificó como "el proyecto del Presidente". Tras la divulgación, Santiago Creel denunció al funcionario y a Cordero ante la Comisión Nacional de Elecciones del PAN.
El 2 de febrero, dos días antes de la elección interna, se difundió el audio de una conversación telefónica en la que Germán Martínez, quien apoyaba públicamente a Vázquez Mota, cuenta a otro panista el siguiente chiste: "llega Blake al cielo... se encuentra a Juan Camilo... y le dice: 'uta, estaríamos mejor con López Obrador'". La difusión de la conversación en la que el ex dirigente panista ríe a carcajadas a costa de los ex secretarios de Gobernación fallecidos en sendos accidentes aéreos llegó a la primera plana de El Universal el sábado 4 de febrero. Martínez no denunció la intervención de su teléfono, pero no se descarta que estos hechos se incluyan en la ampliación de la denuncia presentada por Roberto Gil en la PGR.
En esos días se filtraron al menos dos audios más con pláticas privadas entre panistas que no llegaron a las primeras planas ni a la radio: Rodolfo Elizondo y Vázquez Mota; Roberto Gil y el panista jalisciense Hernán Cortés.
Espionaje en campaña
El uso del espionaje en la contienda interna panista refleja cómo esta práctica ilegal se ha convertido en moda entre la clase política, tanto que los dos últimos presidentes, Vicente Fox y Felipe Calderón, fueron víctimas de él. A diferencia de España, donde realizar escuchas de manera ilegal fue la razón jurídica que dio pie a que el juez Baltasar Garzón fuera cesado de la carrera judicial, aquí no pasa nada.
Las grabaciones presentadas por los medios de comunicación y los partidos han dejado ver los usos y costumbres de la clase política, pero la autoridad nunca ha castigado a los responsables de la invasión a la privacidad.
Enfoque analizó 17 casos emblemáticos de intervención ilegal de comunicaciones privadas difundidas desde el año 2000 a la fecha. En 11 casos las víctimas interpusieron denuncias penales. Sin embargo, hasta el día de hoy ninguna se ha resuelto y en ningún caso se ha sabido quiénes ordenaron las escuchas.
La mayoría de los denunciantes, tras interponer la denuncia y ratificarla, no han sabido nada más de la indagatoria. Otros han tenido que proporcionar las pruebas y ni así las investigaciones han concluido satisfactoriamente.
Entre los que se han quedado sin respuesta de la PGR a su denuncia se encuentran el presidente Calderón; los senadores Manlio Fabio Beltrones, Santiago Creel y Claudia Corichi; el gobernador Fidel Herrera y Elba Esther Gordillo.
Y las denuncias se siguen acumulando. La PGR ha recibido ya dos este año: el 24 de enero, una de la Cámara de Diputados tras el hallazgo de micrófonos en las oficinas de la Mesa Directiva. Y el 31, la de Vázquez Mota.
Luisa María Calderón, hermana del Presidente, también fue exhibida en un audio comprometedor: el 20 de febrero el dirigente nacional del PRI difundió en conferencia de prensa una grabación que llevaba días circulando en internet y medios locales. Dicha grabación fue hecha en 2011 y corresponde a una reunión de Cocoa Calderón con su equipo de campaña en la contienda interna por la candidatura del PAN a la gubernatura de Michoacán. En el audio se escucha a Calderón instruir a su equipo a responder con "billetazos" a "los billetazos" que supuestamente estaría entregando su rival panista Marko Cortés.
Calderón anunció el 21 de febrero que denunciaría el espionaje del que fue víctima ante la PGR, pero hasta la fecha no lo ha hecho.
Enfoque solicitó a la PGR información oficial sobre el desahogo de las denuncias por espionaje que tiene acumuladas, pero su oficina de comunicación social no dio ninguna respuesta.
Ante autoridades judiciales rebasadas por el fenómeno, especialistas y políticos auguran una guerra de lodo en las campañas que están por comenzar.
José Luis Durán, quien presentó una denuncia por intervención de comunicaciones privadas ante la PGR en 2009, porque lo espiaban durante su gestión como alcalde de Naucalpan, asegura que la antesala del proceso electoral que se vivirá este año dejó ver que todos espían a todos, y que en cualquier momento el político que tenga algo que filtrar a la opinión pública para beneficiarse, lo hará.
"Las denuncias por espionaje telefónico duermen el sueño de los justos, pues nadie las investiga, nunca pasa nada. En 2001 también me enteré de que me estaban espiando, cuando era subsecretario de Gobernación, también a Paco Gil (entonces secretario de Hacienda). Encontraron casas de espionaje en el Estado de México, y aunque eso se investigó de oficio tampoco pasó nada. Son dos veces ya que no me resuelven nada. Estoy casi seguro de que me siguen escuchando.
"En las campañas el espionaje siempre termina dando de qué hablar, sean grabaciones de alcaldes, como en mi caso, o de cualquier otro nivel", sostiene.
La PGR dio carpetazo a la denuncia interpuesta por Durán porque cuando la Procuraduría le pidió entregar el teléfono celular por el que había sido espiado, dos años después de presentada la denuncia, el panista mexiquense ya no lo tenía.
Otra víctima de espionaje que tiene certeza de que 2012 será un año lleno de grabaciones ilegales en medios de comunicación y redes sociales es la senadora perredista Claudia Corichi, que en 2011 interpuso una denuncia ante la PGR contra quien resultara responsable de haber intervenido su teléfono celular mientras hablaba con Ángel Aguirre.
En la grabación de Corichi, filtrada a los medios de comunicación el 20 de enero de 2011, 10 días antes de la elección de gobernador en Guerrero, la legisladora promete al entonces candidato el envío de 100 zacatecanos a esa entidad para ayudarlo a ganar.
"Yo te voy a ayudar, Ángel. Te voy a decir una cosa, te voy a ayudar en los lugares que tienes perdidos. Es lo mío. Yo te voy a decir 'estas secciones las tienes perdidas'. ¿Sabes qué? Yo te las voy a sacar, porque lo mío es el reto", dice Corichi. "Eso me gusta", le responde Aguirre, "qué bueno que te vayas a meter donde está lo más cabrón".
Corichi interpuso una denuncia ante la PGR. Sigue esperando que la Procuraduría la llame para informarle "algo".
"Es preocupante que no haya regulación y que no exista el interés por preservar la intimidad de las personas. No podremos esperar en la campaña sino otro cochinero, en el que aparezcan más audios que propuestas contundentes. ¿Eso es una democracia?.
"Nadie de la PGR me ha buscado para decirme nada, es como si nunca hubiera denunciado. ¿Para qué denunciar?", se pregunta.
Del Cisen a los estados
La intervención de comunicaciones privadas en México es un delito federal y desde la década de los noventa sólo es permitida con autorización judicial.
En la última década de régimen priista, grabar conversaciones de los políticos fue una actividad atribuida casi exclusivamente a la PGR y al Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Desde la fundación de este centro de inteligencia, en 1989, los espiados aseguraban que las grabaciones habían salido de ese organismo, aunque en algunos casos ya se evidenciaba espionaje a nivel estatal.
Los casos más sonados en esa década fueron la aparición de las grabaciones de conversaciones telefónicas de Pablo Chapa Bezanilla, fiscal especial del caso Colosio, y el micrófono encontrado en la celda del Reclusorio Oriente de Ricardo Barco, el líder de los trabajadores de la desaparecida Ruta 100. Ernesto Ruffo, gobernador de Baja California, declaró varias veces que lo espiaban. Cuando era candidato a gobernador en 1994, Vicente Fox aseguró lo mismo. También en 1994, en noviembre, tras las elecciones de gobernador en Tabasco, Andrés Manuel López Obrador y Roberto Madrazo intercambiaron acusaciones de espionaje.
A pesar de que la Constitución establece en su artículo 16 que "las comunicaciones privadas son inviolables", el espionaje se incrementó, por lo que fue necesario más reglamentación. Así, el 7 de noviembre de 1996 fue promulgada la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que establece que sólo es permitido escuchar a alguien después de que un juez apruebe la intervención de comunicaciones privadas tras comprobar la posibilidad de que exista un delito, y sólo por un periodo de seis meses, con posibilidad de prórroga.
Además, la Ley de Seguridad Nacional, promulgada el 31 de enero de 2005, le da facultades al Cisen para solicitar permiso judicial para intervenir las conversaciones privadas de personas que se sospeche amenazan a la seguridad nacional del país, por participar en actividades como narcotráfico, terrorismo, tráfico ilegal de armas nucleares y químicas, y amenaza a infraestructura de carácter estratégico.
Es decir, según la legislación vigente, sólo la PGR y el Cisen pueden solicitar el permiso para escuchar.
Hoy, el artículo 177 del Código Penal Federal establece una pena entre 6 y 12 años de prisión y de 300 a 600 días de salario mínimo de multa. Sin embargo, son contados los que llegan a la cárcel por este delito.
Hoy, con el abaratamiento de la tecnología para realizar escuchas, grabar y espiar en general, ya no sólo los grandes centros de seguridad federales espían: las evidencias dejan ver que cualquiera que tenga los recursos puede armar su centro de espionaje autónomo y personalizado, según sus necesidades.
Las casas de espionaje desmanteladas desde el 2000 por las autoridades así lo evidencian. Varias casas de este tipo han sido encontradas por la PGR en el Estado de México, nueve en 2001 y dos en 2008. En ambos casos fuentes cercanas al caso presumieron que, por los indicios encontrados, las redes tenían relación con el gobierno del Estado de México, el primero encabezado por Arturo Montiel y el segundo por Enrique Peña Nieto, pues se investigaba la actividad de varios políticos opositores. Además, en ambos casos eran centros de espionaje operados por ex trabajadores del Cisen –uno de ellos era dirigido por el ex delegado del Cisen en Chiapas– y hasta de la extinta Dirección Federal de Seguridad. En 2001 se presumía que la red de espionaje mexiquense involucraba a por lo menos 200 personas.
Otra red de espionaje se desarticuló en Oaxaca en marzo de 2010. Era operada por un funcionario de la Procuraduría de Justicia estatal durante el gobierno de Ulises Ruiz, por lo que se presumió que la información que se generaba era para el gobernador. Un mes después, el Ejército desarticuló un centro de espionaje político en Quintana Roo, operado por trabajadores del ayuntamiento de Benito Juárez asesorados por Manuel Vera, ex secretario de Seguridad de Murat y Ulises Ruiz en Oaxaca. Trascendió que la labor que realizaban los espías era en provecho del alcalde Greg Sánchez.
Pese a los señalamientos, la PGR no ha podido comprobarle ningún ilícito de este tipo a ningún gobernador.
Samuel González, ex titular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR, asegura que hoy en día es difícil investigar y comprobar un caso de intervención de comunicaciones, porque los implicados deben ser encontrados prácticamente en flagrancia y porque los aparatos utilizados para espiar son baratos y pueden instalarse y manejarse casi con cualquier equipo de cómputo.
"Hoy con 15 mil pesos puedes instalar un sistema modesto de intercepción de señales de teléfonos celulares; hay de todo en el mercado, hasta escáneres. Y es difícil comprobar cuáles fueron los autores intelectuales de espionaje, por eso es complicado llevar a buen puerto las investigaciones. Lo que tiene que hacerse es tratar de controlar más la venta ilegal de celulares, por ejemplo, porque hasta ahora cualquier denuncia de intervención de comunicaciones privadas solamente sirve de manera testimonial, para dejar constancia de que sucedió, para advertir a los enemigos políticos. No le interesa a nadie restaurar su derecho a la intimidad", asegura.
Cuando un escáner es desbloqueado para poder captar las frecuencias de los teléfonos celulares, las conversaciones pueden escucharse sin intervenir físicamente ningún aparato.
La facilidad para armar un centro de espionaje quedó clara con la detención, en Chiapas, del cuñado del ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, José Luis Paulín, a quien se acusó de mantener un centro de espionaje clandestino tras confiscarle cinco computadoras, dos laptops, una videograbadora, cinco teléfonos celulares, ocho memorias USB y un par de escáneres de frecuencias de radiocomunicación marca Optoelectronics (que pueden conseguirse en menos de mil 300 dólares en la web).
Desregulación vs. regulación
Ante la omisión de la PGR para investigar los casos de intervenciones ilegales de comunicaciones privadas y el florecimiento del espionaje, se ha planteado la posibilidad de modificar el marco normativo para que el espionaje sea regulado.
Así lo propuso el diputado federal del PRI Alfonso Navarrete Prida, quien presentó en 2011 pasado una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional que permite que las Secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, así como la Fuerza Armada permanente y "demás instancias competentes", puedan ejercer atribuciones de inteligencia y contrainteligencia y "hacer uso de cualquier método de recolección de información, sin afectar en ningún caso los derechos humanos y las garantías para su protección". Intervenir comunicaciones sin necesidad de un permiso judicial.
"Muchas instancias gubernamentales que utilizan como herramienta la intervención de comunicaciones privadas, al no estar reguladas, operan de manera clandestina, sea el Cisen, o la PGR o las Procuradurías locales o incluso el Ejército y la Marina. Una nueva Ley de Seguridad Nacional daría el marco regulatorio para que estas instancias de gobierno se ajusten a la ley y para que transparenten su proceso de obtención de información.
"No se puede estar cerrando los ojos a la realidad. Quienes se han opuesto a la Ley de Seguridad Nacional que presentamos en la Cámara de Diputados, y que pretendía mejor abordar las cosas, corren el riesgo de permitir que las cosas sigan igual", dice Navarrete, quien fue mencionado como uno de los organizadores de la red de espías en el Estado de México descubierta en 2008 sin que se le comprobara la acusación.
Tras la oposición del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad a la propuesta priista, por considerar que vulnera los derechos humanos, la aprobación de la ley quedó como otro de los pendientes en el Congreso.
Navarrete Prida prevé que la discusión de una nueva Ley de Seguridad Nacional ya no ocurra en este sexenio. Pero considera que sigue vigente la necesidad de regular el espionaje.
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kikka-roja.blogspot.com/
Las conversaciones telefónicas entre el empresario Kamel Nacif y el gobernador de Puebla Mario Marín escandalizaron a la opinión pública.
Cuando algún candidato denuncia escuchas ilegales lo hace más como una respuesta política; este delito queda siempre en la impunidad
Jésica Zermeño
Ciudad de México (4 marzo 2012).- Una de las últimas víctimas fue Josefina Vázquez Mota, quien fue exhibida llamándole "patán" a Ernesto Cordero.
"Ya se acabó con esto la ocurrencia de los foros. Seguramente habrá un debate dentro de un mes y se acabó. Todo se lo dije a Madero temprano. Le dije 'oye, Madero, convócanos, porque este cuate nomás los está utilizando (los foros) para golpear de manera rastrera'... No hizo nada. Hoy en la mañana me habló y le dije: 'te lo advertí Madero, y tú estuviste sentado ayer ahí cuando el cuate me agredió, cuando fue un patán', y dije '¿sabes qué, Madero?, esto es puro desgaste'", se escucha decir a Vázquez Mota en la grabación difundida en redes sociales el 31 de enero pasado, cinco días antes de que el PAN la eligiera candidata a la Presidencia.
La conversación de Vázquez Mota, en la que descalificaba a Madero y a Cordero, fue retomada por la radio y televisión, y difundida justo el día en que se celebraría el segundo debate entre precandidatos panistas.
Roberto Gil, coordinador de la campaña de la hoy candidata, confirmó que la conversación telefónica era real, y que se había realizado un mes antes, después de un foro organizado por la Fundación Rafael Preciado en el que Cordero cuestionó duramente a Vázquez Mota.
El episodio refleja el típico modus operandi del espionaje telefónico en México: el espía interviene los teléfonos, graba y, semanas o meses después, difunde cuando lo considera políticamente oportuno.
El mismo día que apareció la grabación, en una estrategia más mediática que jurídica, el equipo de la hoy candidata interpuso una denuncia ante la PGR por intervención de comunicaciones privadas. Para darle más peso, la denuncia fue elaborada por los despachos de Fernando Gómez-Mont y Germán Martínez, ex secretarios de Gobernación y Función Pública, pero hasta hoy la Procuraduría no ha informado de avances en el caso.
No fue el único audio incómodo en la precampaña panista: el 24 de enero se dio a conocer una grabación en la que el secretario de Gobierno de Sonora, Roberto Romero López, amenazaba a trabajadores del gobierno estatal, en una reunión en San Luis Río Colorado, de perder su trabajo en caso de no apoyar a Ernesto Cordero, a quien calificó como "el proyecto del Presidente". Tras la divulgación, Santiago Creel denunció al funcionario y a Cordero ante la Comisión Nacional de Elecciones del PAN.
El 2 de febrero, dos días antes de la elección interna, se difundió el audio de una conversación telefónica en la que Germán Martínez, quien apoyaba públicamente a Vázquez Mota, cuenta a otro panista el siguiente chiste: "llega Blake al cielo... se encuentra a Juan Camilo... y le dice: 'uta, estaríamos mejor con López Obrador'". La difusión de la conversación en la que el ex dirigente panista ríe a carcajadas a costa de los ex secretarios de Gobernación fallecidos en sendos accidentes aéreos llegó a la primera plana de El Universal el sábado 4 de febrero. Martínez no denunció la intervención de su teléfono, pero no se descarta que estos hechos se incluyan en la ampliación de la denuncia presentada por Roberto Gil en la PGR.
En esos días se filtraron al menos dos audios más con pláticas privadas entre panistas que no llegaron a las primeras planas ni a la radio: Rodolfo Elizondo y Vázquez Mota; Roberto Gil y el panista jalisciense Hernán Cortés.
Espionaje en campaña
El uso del espionaje en la contienda interna panista refleja cómo esta práctica ilegal se ha convertido en moda entre la clase política, tanto que los dos últimos presidentes, Vicente Fox y Felipe Calderón, fueron víctimas de él. A diferencia de España, donde realizar escuchas de manera ilegal fue la razón jurídica que dio pie a que el juez Baltasar Garzón fuera cesado de la carrera judicial, aquí no pasa nada.
Las grabaciones presentadas por los medios de comunicación y los partidos han dejado ver los usos y costumbres de la clase política, pero la autoridad nunca ha castigado a los responsables de la invasión a la privacidad.
Enfoque analizó 17 casos emblemáticos de intervención ilegal de comunicaciones privadas difundidas desde el año 2000 a la fecha. En 11 casos las víctimas interpusieron denuncias penales. Sin embargo, hasta el día de hoy ninguna se ha resuelto y en ningún caso se ha sabido quiénes ordenaron las escuchas.
La mayoría de los denunciantes, tras interponer la denuncia y ratificarla, no han sabido nada más de la indagatoria. Otros han tenido que proporcionar las pruebas y ni así las investigaciones han concluido satisfactoriamente.
Entre los que se han quedado sin respuesta de la PGR a su denuncia se encuentran el presidente Calderón; los senadores Manlio Fabio Beltrones, Santiago Creel y Claudia Corichi; el gobernador Fidel Herrera y Elba Esther Gordillo.
Y las denuncias se siguen acumulando. La PGR ha recibido ya dos este año: el 24 de enero, una de la Cámara de Diputados tras el hallazgo de micrófonos en las oficinas de la Mesa Directiva. Y el 31, la de Vázquez Mota.
Luisa María Calderón, hermana del Presidente, también fue exhibida en un audio comprometedor: el 20 de febrero el dirigente nacional del PRI difundió en conferencia de prensa una grabación que llevaba días circulando en internet y medios locales. Dicha grabación fue hecha en 2011 y corresponde a una reunión de Cocoa Calderón con su equipo de campaña en la contienda interna por la candidatura del PAN a la gubernatura de Michoacán. En el audio se escucha a Calderón instruir a su equipo a responder con "billetazos" a "los billetazos" que supuestamente estaría entregando su rival panista Marko Cortés.
Calderón anunció el 21 de febrero que denunciaría el espionaje del que fue víctima ante la PGR, pero hasta la fecha no lo ha hecho.
Enfoque solicitó a la PGR información oficial sobre el desahogo de las denuncias por espionaje que tiene acumuladas, pero su oficina de comunicación social no dio ninguna respuesta.
Ante autoridades judiciales rebasadas por el fenómeno, especialistas y políticos auguran una guerra de lodo en las campañas que están por comenzar.
José Luis Durán, quien presentó una denuncia por intervención de comunicaciones privadas ante la PGR en 2009, porque lo espiaban durante su gestión como alcalde de Naucalpan, asegura que la antesala del proceso electoral que se vivirá este año dejó ver que todos espían a todos, y que en cualquier momento el político que tenga algo que filtrar a la opinión pública para beneficiarse, lo hará.
"Las denuncias por espionaje telefónico duermen el sueño de los justos, pues nadie las investiga, nunca pasa nada. En 2001 también me enteré de que me estaban espiando, cuando era subsecretario de Gobernación, también a Paco Gil (entonces secretario de Hacienda). Encontraron casas de espionaje en el Estado de México, y aunque eso se investigó de oficio tampoco pasó nada. Son dos veces ya que no me resuelven nada. Estoy casi seguro de que me siguen escuchando.
"En las campañas el espionaje siempre termina dando de qué hablar, sean grabaciones de alcaldes, como en mi caso, o de cualquier otro nivel", sostiene.
La PGR dio carpetazo a la denuncia interpuesta por Durán porque cuando la Procuraduría le pidió entregar el teléfono celular por el que había sido espiado, dos años después de presentada la denuncia, el panista mexiquense ya no lo tenía.
Otra víctima de espionaje que tiene certeza de que 2012 será un año lleno de grabaciones ilegales en medios de comunicación y redes sociales es la senadora perredista Claudia Corichi, que en 2011 interpuso una denuncia ante la PGR contra quien resultara responsable de haber intervenido su teléfono celular mientras hablaba con Ángel Aguirre.
En la grabación de Corichi, filtrada a los medios de comunicación el 20 de enero de 2011, 10 días antes de la elección de gobernador en Guerrero, la legisladora promete al entonces candidato el envío de 100 zacatecanos a esa entidad para ayudarlo a ganar.
"Yo te voy a ayudar, Ángel. Te voy a decir una cosa, te voy a ayudar en los lugares que tienes perdidos. Es lo mío. Yo te voy a decir 'estas secciones las tienes perdidas'. ¿Sabes qué? Yo te las voy a sacar, porque lo mío es el reto", dice Corichi. "Eso me gusta", le responde Aguirre, "qué bueno que te vayas a meter donde está lo más cabrón".
Corichi interpuso una denuncia ante la PGR. Sigue esperando que la Procuraduría la llame para informarle "algo".
"Es preocupante que no haya regulación y que no exista el interés por preservar la intimidad de las personas. No podremos esperar en la campaña sino otro cochinero, en el que aparezcan más audios que propuestas contundentes. ¿Eso es una democracia?.
"Nadie de la PGR me ha buscado para decirme nada, es como si nunca hubiera denunciado. ¿Para qué denunciar?", se pregunta.
Del Cisen a los estados
La intervención de comunicaciones privadas en México es un delito federal y desde la década de los noventa sólo es permitida con autorización judicial.
En la última década de régimen priista, grabar conversaciones de los políticos fue una actividad atribuida casi exclusivamente a la PGR y al Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Desde la fundación de este centro de inteligencia, en 1989, los espiados aseguraban que las grabaciones habían salido de ese organismo, aunque en algunos casos ya se evidenciaba espionaje a nivel estatal.
Los casos más sonados en esa década fueron la aparición de las grabaciones de conversaciones telefónicas de Pablo Chapa Bezanilla, fiscal especial del caso Colosio, y el micrófono encontrado en la celda del Reclusorio Oriente de Ricardo Barco, el líder de los trabajadores de la desaparecida Ruta 100. Ernesto Ruffo, gobernador de Baja California, declaró varias veces que lo espiaban. Cuando era candidato a gobernador en 1994, Vicente Fox aseguró lo mismo. También en 1994, en noviembre, tras las elecciones de gobernador en Tabasco, Andrés Manuel López Obrador y Roberto Madrazo intercambiaron acusaciones de espionaje.
A pesar de que la Constitución establece en su artículo 16 que "las comunicaciones privadas son inviolables", el espionaje se incrementó, por lo que fue necesario más reglamentación. Así, el 7 de noviembre de 1996 fue promulgada la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que establece que sólo es permitido escuchar a alguien después de que un juez apruebe la intervención de comunicaciones privadas tras comprobar la posibilidad de que exista un delito, y sólo por un periodo de seis meses, con posibilidad de prórroga.
Además, la Ley de Seguridad Nacional, promulgada el 31 de enero de 2005, le da facultades al Cisen para solicitar permiso judicial para intervenir las conversaciones privadas de personas que se sospeche amenazan a la seguridad nacional del país, por participar en actividades como narcotráfico, terrorismo, tráfico ilegal de armas nucleares y químicas, y amenaza a infraestructura de carácter estratégico.
Es decir, según la legislación vigente, sólo la PGR y el Cisen pueden solicitar el permiso para escuchar.
Hoy, el artículo 177 del Código Penal Federal establece una pena entre 6 y 12 años de prisión y de 300 a 600 días de salario mínimo de multa. Sin embargo, son contados los que llegan a la cárcel por este delito.
Hoy, con el abaratamiento de la tecnología para realizar escuchas, grabar y espiar en general, ya no sólo los grandes centros de seguridad federales espían: las evidencias dejan ver que cualquiera que tenga los recursos puede armar su centro de espionaje autónomo y personalizado, según sus necesidades.
Las casas de espionaje desmanteladas desde el 2000 por las autoridades así lo evidencian. Varias casas de este tipo han sido encontradas por la PGR en el Estado de México, nueve en 2001 y dos en 2008. En ambos casos fuentes cercanas al caso presumieron que, por los indicios encontrados, las redes tenían relación con el gobierno del Estado de México, el primero encabezado por Arturo Montiel y el segundo por Enrique Peña Nieto, pues se investigaba la actividad de varios políticos opositores. Además, en ambos casos eran centros de espionaje operados por ex trabajadores del Cisen –uno de ellos era dirigido por el ex delegado del Cisen en Chiapas– y hasta de la extinta Dirección Federal de Seguridad. En 2001 se presumía que la red de espionaje mexiquense involucraba a por lo menos 200 personas.
Otra red de espionaje se desarticuló en Oaxaca en marzo de 2010. Era operada por un funcionario de la Procuraduría de Justicia estatal durante el gobierno de Ulises Ruiz, por lo que se presumió que la información que se generaba era para el gobernador. Un mes después, el Ejército desarticuló un centro de espionaje político en Quintana Roo, operado por trabajadores del ayuntamiento de Benito Juárez asesorados por Manuel Vera, ex secretario de Seguridad de Murat y Ulises Ruiz en Oaxaca. Trascendió que la labor que realizaban los espías era en provecho del alcalde Greg Sánchez.
Pese a los señalamientos, la PGR no ha podido comprobarle ningún ilícito de este tipo a ningún gobernador.
Samuel González, ex titular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR, asegura que hoy en día es difícil investigar y comprobar un caso de intervención de comunicaciones, porque los implicados deben ser encontrados prácticamente en flagrancia y porque los aparatos utilizados para espiar son baratos y pueden instalarse y manejarse casi con cualquier equipo de cómputo.
"Hoy con 15 mil pesos puedes instalar un sistema modesto de intercepción de señales de teléfonos celulares; hay de todo en el mercado, hasta escáneres. Y es difícil comprobar cuáles fueron los autores intelectuales de espionaje, por eso es complicado llevar a buen puerto las investigaciones. Lo que tiene que hacerse es tratar de controlar más la venta ilegal de celulares, por ejemplo, porque hasta ahora cualquier denuncia de intervención de comunicaciones privadas solamente sirve de manera testimonial, para dejar constancia de que sucedió, para advertir a los enemigos políticos. No le interesa a nadie restaurar su derecho a la intimidad", asegura.
Cuando un escáner es desbloqueado para poder captar las frecuencias de los teléfonos celulares, las conversaciones pueden escucharse sin intervenir físicamente ningún aparato.
La facilidad para armar un centro de espionaje quedó clara con la detención, en Chiapas, del cuñado del ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, José Luis Paulín, a quien se acusó de mantener un centro de espionaje clandestino tras confiscarle cinco computadoras, dos laptops, una videograbadora, cinco teléfonos celulares, ocho memorias USB y un par de escáneres de frecuencias de radiocomunicación marca Optoelectronics (que pueden conseguirse en menos de mil 300 dólares en la web).
Desregulación vs. regulación
Ante la omisión de la PGR para investigar los casos de intervenciones ilegales de comunicaciones privadas y el florecimiento del espionaje, se ha planteado la posibilidad de modificar el marco normativo para que el espionaje sea regulado.
Así lo propuso el diputado federal del PRI Alfonso Navarrete Prida, quien presentó en 2011 pasado una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional que permite que las Secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, así como la Fuerza Armada permanente y "demás instancias competentes", puedan ejercer atribuciones de inteligencia y contrainteligencia y "hacer uso de cualquier método de recolección de información, sin afectar en ningún caso los derechos humanos y las garantías para su protección". Intervenir comunicaciones sin necesidad de un permiso judicial.
"Muchas instancias gubernamentales que utilizan como herramienta la intervención de comunicaciones privadas, al no estar reguladas, operan de manera clandestina, sea el Cisen, o la PGR o las Procuradurías locales o incluso el Ejército y la Marina. Una nueva Ley de Seguridad Nacional daría el marco regulatorio para que estas instancias de gobierno se ajusten a la ley y para que transparenten su proceso de obtención de información.
"No se puede estar cerrando los ojos a la realidad. Quienes se han opuesto a la Ley de Seguridad Nacional que presentamos en la Cámara de Diputados, y que pretendía mejor abordar las cosas, corren el riesgo de permitir que las cosas sigan igual", dice Navarrete, quien fue mencionado como uno de los organizadores de la red de espías en el Estado de México descubierta en 2008 sin que se le comprobara la acusación.
Tras la oposición del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad a la propuesta priista, por considerar que vulnera los derechos humanos, la aprobación de la ley quedó como otro de los pendientes en el Congreso.
Navarrete Prida prevé que la discusión de una nueva Ley de Seguridad Nacional ya no ocurra en este sexenio. Pero considera que sigue vigente la necesidad de regular el espionaje.
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