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martes, 7 de julio de 2015

Videgaray peña nieto +POBREZA con REFORMA FISCAL y PRESUPUESTO BASE 0 Reforma fiscal empeora situación económica de México

Videgaray peña nieto +POBREZA con REFORMA FISCAL y PRESUPUESTO BASE 0 Reforma fiscal empeora situación económica de México

Reforma fiscal empeora situación económica de México

Para mantener los privilegios de los grandes contribuyentes se reforzará el terrorismo fiscal contra los pequeños. Sin afectar la renta de los más ricos ni generar deuda, al gobierno sólo le resta el recorte al gasto social. Desde 1983, todas las reformas fiscales han fracasado; los propios datos oficiales lo reconocen. Sin embargo, el gobierno federal le apuesta de nueva cuenta a una serie de medidas que empeorarán la situación

Los recortes no son un instrumento adecuado para resolver las crisis. Siempre dije que para salir de la crisis hay que invertir, no sólo aplicar la tijera, pero también acordar medidas necesarias como la lucha contra el fraude y la corrupción.

Werner Faymann, socialdemócrata y canciller austriaco desde 2008 

Cuando la Legislatura trata de regular las diferencias entre los patrones y sus trabajadores, sus consejeros siempre son los patrones […]. Aquellos que viven de sus rentas y de sus utilidades son los que hacen las leyes; los que viven de su salario no las hacen.
Adam Smith (cita de Carlos Tello, Sobre la baja y estable carga fiscal en México)

Cuando Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, responsable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), afirman que la única solución para enfrentar la pérdida de ingresos del Estado, provocada por el desplome de los precios del crudo de exportación, reducir el déficit fiscal, equilibrar las finanzas públicas y mantener la confianza de los inversionistas en México es la reducción del gasto público y no el aumento de los impuestos ni del endeudamiento público, simplemente han apostado por la solución equivocada, sustentada en una ideología política fracasada y en un diagnóstico errado de la realidad, y cuyos resultados serán contraproducentes.

La austeridad sólo agravará la dificultad que pretenden resolver. El problema del desequilibrio en las cuentas públicas no se explica del gasto estatal, en su aparente exceso, como suponen los peñistas. El obstáculo fundamental se ubica del lado del ingreso: en la insuficiente recaudación estructural, producto de la pol&iaciacute;tica fiscal regresiva que redujo los impuestos a las empresas y los sectores de altos ingresos; en el ineficiente trabajo recaudatorio de la SHCP; en el estancamiento económico que limita el potencial tributario; en el fracaso de la reforma fiscal peñista de 2013 y de las instrumentadas desde 1983, los cuales han sido inútiles para fortalecer las finanzas del Estado en el corto y largo plazo.

La frugalidad mata

 “¿Por qué razón tenemos que trabajar con austeridad fiscal? ¿Por qué tenemos que ajustarnos a los ingresos tributarios o los bajos ingresos petroleros?”, se pregunta Arturo Huerta González, coordinador de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía, de la Universidad Nacional Autónoma de México. En un escenario adverso, “no hay ninguna justificación para la austeridad fiscal”, dice Huerta. “Están cayendo las exportaciones, el sector privado no está invirtiendo porque el mercado interno está restringido, está endeudado, está pagando deuda; no hay perspectiva de crecimiento hacia afuera, porque hay un contexto de recesión mundial”. Fernando Aportela, subsecretario de Hacienda, ha declarado que México debe “reforzar los motores internos de la economía ante la ausencia del impulso externo que se ha debilitado” (sic).

¿Acaso el recorte fiscal no es como arrojarle arena a los motores internos del consumo y la inversión, los cuales, de por sí, están aletargados por la endeble demanda local, por los deteriorados salarios reales, los escasos empleos formales, los altos réditos? ¿Acaso lo anterior no es el costo de las políticas de estabilización que castigan al consumo interno para reducir la inflación y reorientar la producción excedente hacia el mercado externo? ¿Acaso los bajos salarios reales no son una necesidad para reducir los costos de las empresas y mejorar su productividad y competitividad? ¿Acaso con la caída de las exportaciones petroleras y no petroleras no se paga el costo de la instauración del modelo de economía abierta, orientado hacia el mercado mundial, que convirtió a las ventas externas, primario-exportadoras y subordinadas a la demanda estadunidense, en el “motor” del crecimiento?

Hoy en día no sólo se cosechan las consecuencias del endeble consumo externo, debido al estancamiento mundial, la pérdida de espacio en el mercado estadunidense ante China y otros productores y el agotamiento del modelo exportador. México es un país en caos respecto de la conducción económica y política. La “contracción del gasto público no va a estabilizar de nuevo las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque contrae la actividad económica, los ingresos de los individuos, y termina disminuyendo la recaudación tributaria”. La austeridad lleva “a desatender más la esfera productiva, a tener menos condiciones de crecimiento, menos generación de empleo y mayor desigualdad del ingreso”. Huerta agrega: “si el gobierno quiere recaudar más, tiene que gastar más”. Sólo así se “incrementará el ingreso nacional [y la] recaudación”. Debe “retomar a la política fiscal contracíclica”. “El gasto [público, debe emplearse] para contrarrestar la caída de exportaciones, del consumo y la inversión del sector privado.

 “La política fiscal debe encaminarse a crear condiciones de crecimiento, de empleo bien remunerado”. A “incrementar los gastos en salud, en educación gratuita y de calidad”. Para Huerta, esos son “nuestros principales, problemas”.

Por desgracia, agrega, con el recorte del gasto público, con la austeridad fiscal, el gobierno quiere mandar señales a los mercados financieros internacionales de que se va a defender a toda costa la estabilidad peso-dólar, las condiciones macroeconómicas de estabilidad, y se pregunta: “¿quién se favorece de la austeridad de la moneda? El que controla la moneda: el sector financiero”. La política económica a los intereses responde, no a los de la nación. Por ello, dice Arturo Huerta: “las políticas económicas no son neutras”. La crítica del académico a los recortes en gasto público de 2015 y 2016, a los que puede agregarse el de 2013, y el presupuesto de base cero, debido a sus efectos recesivos y antisociales, es respaldada por las amargas experiencias de crisis de 1982-1984, 1986, 1995, 2001, 2006 y 2013, años en los que también se impusieron medidas similares. Actualmente la Unión Europea y la eurozona repiten la misma historia. Sin embargo, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray vuelven a imponer la austeridad a la nación como un fatalismo ineludible para corregir el desequilibrio entre los ingresos y egresos públicos y eliminar el déficit fiscal. Pero como señala Arturo Huerta, a la caída de los ingresos fiscales petroleros le seguirá la pérdida de los impuestos no petroleros, a medida que la producción se deslice por la pendiente descendente del ciclo económico, lo que agravará el estancamiento económico que caracteriza al gobierno actual.

Ésa es la racionalidad de la ortodoxia monetarista estabilizadora que cualquier estudiante de economía conoce perfectamente. Sin duda, también lo sabe Videgaray. Pero repite la misma terapia y finge creer que esa panacea fiscal, que siempre ha fracasado, ahora sí funcionará. En sus ocurrencias, Videgaray nunca ha planteado cambiar los factores que explican el alto grado de vulnerabilidad de la economía mexicana ante los choques externos (petroleros, ciclos financieros especulativos) y su rápida transmisión hacia el sector real de la economía y la pérdida del mercado interno como puntal del crecimiento: la apertura externa indiscriminada (eliminación de aranceles y otras barreras comerciales, acceso del capital especulativo a los mercados cambiario, de dinero y de capitales, el libre flujo de divisas); el abandono del uso de la paridad cambiaria como instrumento de ajuste de las cuentas externas; la subordinación cambiaria y de las tasas de interés a movimientos de capitales y el control de la inflación; el imperativo del equilibrio de las finanzas públicas y el desmantelamiento del Estado, afectándose a la política económica como instrumento contracíclico y promotor del desarrollo y el bienestar social. La privación de la soberanía de la política fiscal, monetaria y de la política económica en general, la austeridad, sólo han tenido un beneficiario: el gran capital nacional y trasnacional económico y financiero.

El fracaso de la "regresivad" fiscal

Es innegable que la dinámica de la economía condiciona la disponibilidad de los ingresos fiscales del Estado. Éstos se reducen cuando el crecimiento se debilita y mejoran con su expansión. Pero también existen factores políticos, estructurales, institucionales, normativos, que determinan los requerimientos, la disponibilidad y la manera en que se obtienen los ingresos fiscales. De ellos no dicen nada Peña ni Videgaray. La razón es obvia. Porque están relacionados con el sesgo ideológico-político, los intereses y los compromisos de los gobernantes en turno; la capacidad de los diferentes sectores sociales para influir en la orientación de la política fiscal. Esos y otros elementos que determinan los objetivos de la política de ingresos y egresos del Estado; el reparto de sus costos y beneficios; los instrumentos empleados para alcanzarlos y su relación con las metas de la política económica: el crecimiento, el empleo, la distribución del ingreso y la riqueza, el bienestar social, los precios, el ciclo económico.

A Enrique Peña y Luis Videgaray sólo les interesa cuadrar las hojas de balance por medio del ajuste del gasto. Sin modificar la política tributaria –el conjunto de directrices, orientaciones, criterios y lineamientos para determinar la carga impositiva que financia al Estado– ni el resto de la política fiscal, base del modelo neoliberal, de la legitimidad del sistema ante los “mercados” y del descrédito ante las mayorías. Nada importa que las diversas “reformas fiscales integrales” impuestas entre 1983 y 2015 hayan fracasado en su intento por superar la histórica y estructural restricción de los ingresos. Naufragan porque sus directrices atentan contra la tributación: la baja de impuestos a las empresas y los sectores de altos ingresos (ver gráfica 1); la preferencia de los impuestos indirectos (el consumo) sobre los directos (la renta) y los no tributarios (petroleros) sobre los tributarios; los generosos beneficios discrecionales, de dudosa legalidad, concedidos por Hacienda y el Ejecutivo; la ineficiencia de las autoridades en la recaudación.

Paradójicamente, la aplicación de la mayoría de esas medidas representa el éxito del neoliberalismo fiscal. Lo que se quería era reducir las cargas tributarias a las empresas y los sectores de altos ingresos. Esa raquítica arquitectura tributaria, políticamente regresiva e inequitativa, sólo puede funcionar mientras funciona un artificio: los impuestos petroleros. Pero la bonanza petrofiscal y de los petroprecios, iniciada en 2002 se colapsó en junio de 2014 y el edificio mostró sus fisuras estructurales, sin que se cumpliera la lógica fiscal: menos impuestos, más ahorro, más inversión. Esta última pasó de 27.3 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 1980-1981 a 21 por ciento en 2014. Carlos Tello Macías, quien fue secretario de Programación y Presupuesto (1976-1977) y director del Banco de México (1982), encargado de la nacionalización bancaria y el control cambiario, ha dicho que “es la falta de recursos públicos y no la insuficiencia de incentivos fiscales lo que ha limitado el desarrollo económico. Durante el periodo 1982-2012” –el ciclo neoliberal–, “el sistema fiscal ha sido incapaz de promover la circulación del excedente generado hacia fines de desarrollo económico y social”.

Con relación al peñismo, Tello ha agregado: “la reforma de 2013 está muy lejos de ser la que el país necesita. No avanza en la eliminación de los factores estructurales que explican la baja y estable carga fiscal que ha prevalecido a lo largo de los años”. No “ofrece soluciones, por así decirlo, coyunturales que aporten recursos significativos en el corto plazo. El problema cobra en la actualidad una magnitud más aguda por la inminente reducción de los recursos fiscales derivados del petróleo ante la caída de los precios internacionales, la reforma del régimen fiscal de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la radical apertura del sector a la inversión”. En 2010 los economistas Tello y Domingo Hernández señalaron que “la severa crisis económica de los últimos 2 años ha puesto en evidencia –una vez más–, la fragilidad de las finanzas públicas en México, caracterizada, entre otras cosas, por una muy baja capacidad de recaudación tributaria”. Tello agregaba: “a pesar de múltiples ajustes, adecuaciones e incluso reformas a las diversas leyes fiscales y de importantes cambios en la administración de los tributos, la recaudación con relación al producto interno bruto –la carga o presión tributaria– ha permanecido relativamente estable en los últimos 70 años [1940-2013], variando entre 9 por ciento y 10 por ciento”.

Los bajos ingresos tributarios son los peores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de los más bajos en América Latina. Los recursos petroleros sólo los han compensado parcialmente. Por esa razón, el principal instrumento de equilibrio de las finanzas públicas de los últimos años ha sido “la contención del gasto público, particularmente el de inversión”, lo que explica su relativamente reducido nivel, insuficiente “para atender adecuadamente en cantidad y calidad las necesidades de la población en materia social y generar las condiciones para un mejor funcionamiento de la economía y mayores ritmos de crecimiento en el país”. Debido a lo anterior, se observa un “déficit acumulativo de desarrollo económico, que ya ha puesto en entredicho las posibilidades de crecimiento económico y desarrollo social en el país en los años por venir”. Por desgracia, el vacío dejado por la inversión pública no ha sido compensado por la privada. El resultado general es el estancamiento económico.

Como se puede ver en la gráfica 2, los impuestos presupuestarios del sector público y del gobierno federal, como proporción del PIB, así como sus respectivos gastos programables, que excluyen el pago del servicio de la deuda, se mantienen prácticamente estancados entre 1980 y 2014, pese al aumento de la población, las necesidades de la economía y de recursos para el propio funcionamiento estatal. Los ingresos del sector público mediaban casi 23 por ciento del PIB en 1980-1982 y en 2014 fueron de 22 por ciento del PIB. Los del gobierno federal fueron de casi 14 y 16 por ciento en cada caso. El promedio de la Unión Europea en el último año citado es del orden de 40 por ciento del PIB.
Igualmente, los ingresos tributarios del gobierno federal han estado estancados en alrededor de 10 por ciento del PIB. Dentro de estos gravámenes, el impuesto sobre la renta osciló en 5 por ciento del PIB, y el impuesto al valor agregado se elevaba de 2.4 a 3.7 por ciento del PIB. En cambio, los ingresos no tributarios o indirectos, se elevaron de 4 a 6 por ciento del PIB. Su concepto más significativo; los derechos a los hidrocarburos subieron de 3.3 a 4.4 por ciento del PIB (ver gráfica 3). La importancia adquirida por los gravámenes señalados manifiesta, asimismo, el escaso número de impuestos que ha empleado el Estado para gravar a las personas físicas y las empresas: el impuesto sobre la renta (ISR).

La media de los ingresos tributarios en América Latina es de 14 por ciento. El coeficiente de México es el más bajo. Incluso, países modestos como Haití, El Salvador, Honduras o Guatemala superan el coeficiente mexicano. La gráfica 4 muestra con mayor claridad la petrodependencia fiscal. En 1986 el petróleo aportó la mitad de los ingresos totales al sector público y en 2014 el 38 por ciento. La proporción es, ciertamente, menor, pero ello no evita sus efectos desestabilizadores. En el caso del sector público, en cambio, es ligeramente mayor en los años de referencia, al pasar de 25 por ciento del total a 26 por ciento. La limitada recaudación estructural del país se agrava por “la inadecuada administración de los tributos, que resultan en los grandes niveles de evasión y elusión, los tratamientos especiales (exenciones), así como la creciente economía informal”, según Carlos Tello. En cada concepto es la más deficiente, en comparación de países con un desarrollo similar al mexicano. Tello resalta un aspecto importante que revela el carácter autoritario de la política tributaria: “la potestad arbitraria –del Ejecutivo– para relevar parcial o totalmente a sectores de la población de su obligación de contribuir al erario [y que] ha sido práctica añeja del presidencialismo mexicano”.

Esa arbitrariedad está plasmada en el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, que le otorga la facultad de conceder, unilateralmente (rasgo típico de los regímenes autoritarios), “toda clase de estímulos tributarios: exenciones y condonaciones, facilidades administrativas para el pago de un impuesto, estímulos y subsidios”. “Con base en ello, el Ejecutivo ha puesto en práctica una política tributaria por decreto”, en el que “hay un amplio espacio para la discrecionalidad tributaria bajo un grueso manto de opacidad”. Esas medidas suelen aplicarse después de que el Congreso de la Unión aprueba el presupuesto. La constitucionalidad de ese privilegio, empero, está en entredicho. “El andamiaje institucional aquí pareciera tener una falla fundamental: el Ejecutivo no tiene formalmente facultades constitucionales para revertir de manera administrativa lo establecido por el Legislativo en materia tributaria, salvo en situaciones muy particulares, que han sido aclaradas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero tampoco existe un mecanismo efectivo que sirva de freno al Ejecutivo cuando trasgrede esa regla constitucional”. Pero en un país como México, donde el sistema presidencialista autoritario permanece intacto, los poderes Legislativo y Judicial siguen subordinados al Ejecutivo, y el imperio de las leyes no es más que una quimera, la constitucionalidad o no de las facultades tributarias del Ejecutivo es otra anécdota más.

Si esa situación no le preocupa al Ejecutivo, tampoco le inquieta que el ejercicio de las facultades citadas complique más la pérdida de los ingresos que restringen el gasto. Al cabo, esos poderes extraordinarios refuerzan su capacidad de negociación, de presión y de control sobre la sociedad, en especial, de los que son beneficiarios de su magnanimidad. Las sombras que proyecta la política tributaria tienen un efecto colateral: la desconfianza de la población en la manera en que se obtiene, a menudo por medio del llamado “terrorismo fiscal”, y se ejerce la recaudación, bajo la sospecha de la corrupción. Ello, en parte, la estimula para tratar de evadir sus compromisos con la hacienda pública.
Por otro lado, la política tributaria no sólo perdió en el camino su perfil distributivo del ingreso y la riqueza. De hecho, ha contribuido a acelerar su concentración con los amplios beneficios proporcionados a las grandes empresas y los sectores de altos ingresos. Las privatizaciones, los subsidios y otros apoyos han ayudado en esa tarea.

En lugar de reducir el gasto, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray tenían otras opciones para contrarrestar la pérdida de ingresos tributarios. Por ejemplo, crear nuevos tramos en los ingresos para mejorar la progresividad del impuesto a la renta, gravar la propiedad, las herencias y legados, las donaciones, las ganancias del capital o ampliar las cargas a las transacciones financieras. Pero esas medidas no les entusiasman, pues deterioran sus bonos ante los grandes capitales locales y foráneos, y los organismos multilaterales (el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo), que prefieren los recortes y no más impuestos. Grecia sabe de esas cosas.
Toda política tributaria y fiscal progresiva es sospechosa. Resulta mejor la austeridad aplaudida por quienes consideran que es la mejor política fiscal.
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http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2015/07/07/reforma-fiscal-empeora-situacion-economica-de-mexico/
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  • Presupuesto base cero: más recortes y empobrecimiento

30. junio, 2015 Autor: Marcos Chávez * @marcos_contra Capitales, D, Semana Comenta
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Ante la pérdida de ingresos tributarios y petroleros, el gobierno federal ha optado por el presupuesto base cero y el balance fiscal cero. Con ello se sacrificará de nuevo el gasto público: el social, de salud, de educación, las pensiones, el empleo. No se tocarán las grandes fortunas, que seguirán eludiendo al fisco. Así, las capas sociales más bajas serán víctimas de la ausencia de crecimiento, del bajo empleo formal y de la menor capacidad de consumo local

Un predicador a la antigua pronunciando el sermón de los domingos

Milton Friedman, Capitalismo y libertad

En agosto de 2011, a propósito de la reforma pactada entre el social-neoliberal José Rodríguez Zapatero y el neofranquista Mariano Rajoy, que elevó a rango constitucional el compromiso del equilibrio fiscal y de pagar la deuda pública española, el entonces diputado socialista Antonio Gutiérrez, el único de su partido que votó en contra en esa ley, dijo: “así empiezan las ocurrencias, que es muy distinto de las ideas políticas cabalmente pensadas”.

La “ocurrencia” desesperada de Rodríguez Zapatero, después seguida por Rajoy –cuyo partido pregona la doctrina del déficit cero desde 2001–, fue ubicar el pago de la deuda estatal como la “prioridad absoluta” para todas las administraciones, por encima del resto de los egresos públicos no financieros. Esto implicó subordinar el gasto social, el de salud, de educación, las pensiones, el empleo, el seguro del desempleo o el productivo a la liquidación puntual de los intereses y el principal de los pasivos externos.

Para echarle sal en la herida, como diría el periodista español Alejandro Bolaños, además, las nuevas leyes “no admiten la iniciativa popular para su elaboración o modificación”.

El castigo del gasto programable y la elevación de los impuestos –y la creación de nuevos– y de los precios públicos tenían, por tanto, una meta clara: reducir el déficit fiscal global, el cual cayó de 11 por ciento a 4.3 por ciento del producto interno bruto (PIB) entre 2009 y principios de 2015 y el primario (la diferencia entre el ingreso y el gasto, menos los intereses), que bajó de 9.6 por ciento a 1.6 por ciento del PIB, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Oficina Europea de Estadística (Eurostat). El propósito es que el primero sea de cero y el otro superavitario para generar los excedentes financieros necesarios para cubrir dicho servicio.

Paradójicamente, la deuda pública total del gobierno español no se reduce. Aumentó de 728 mil millones de euros a 1.1 billón de euros entre 2009 y 2014; del 67 por ciento del PIB a 103 por ciento. La del gobierno central subió de 582 mil millones de euros a 930 mil millones de euros; de 54 por ciento a 88 por ciento del PIB. Esto debido a los créditos obtenidos para evitar la quiebra del zombi sistema financiero.

El ajuste es drástico. Pero para la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional (FMI) es insuficiente. Ellos exigen que el déficit fiscal no supere el 3 por ciento del PIB y que el endeudamiento público no sea mayor a 60 por ciento del PIB. A menos que suceda algo, España necesitará, quizá, un par de años más de sacrificios.

El costo de la política fiscal austera fue la recesión de 2009-2013 (la tasa media real anual fue de -4.5 por ciento) con alto desempleo (su tasa media subió de 18 por ciento en 2009 a 23 por ciento al primer cuatrimestre de 2015, de 2.6 millones de personas a 5.2 millones). Aunque el desempleo de los jóvenes pasó de 847 mil a 755 mil, su proporción dentro del total de este segmento de la población aumentó de 43 por ciento a 53 por ciento. En Europa esos datos desastrosos sólo son superados por Grecia.

El costo político del programa presupuestario antisocial fue la salida de los socialneoliberales del gobierno. Rajoy no tarda en replicar ese destino. Ambos serán derrotados electoralmente por los indignados, arrojados a la oposición con el colapso sistémico del neoliberalismo de 2008-2009 y las subsecuentes medidas autoritarias de la austeridad.

El futuro de la austeridad se vuelve incierto en Grecia y España, sin descartarse el “efecto contagio”.


Del fracaso a las ocurrencias
En el caso de México, lo único que no se les puede objetar a Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray es su destreza para allanar el camino a las reformas estructurales neoliberales –entre ellas el desmantelamiento y reprivatización del sector energético–, que sólo han beneficiado a las corporaciones, sin ayudar al crecimiento económico.

Después, como Rodríguez Zapatero, sólo han mostrado una peculiar habilidad para el fracaso y las ocurrencias.

Prometieron crecimiento y, sin embargo, la política fiscal y económica se basa en los cánones de la ortodoxia neoliberal que lo obstaculizan.

La conducción económica, responsabilidad de Videgaray, es un desastre.

Educado en la tradición monetarista y del fundamentalismo del “libre mercado”, y adiestrado en la tijera disciplinaria fiscal y la modernización privatizadora estatal por su paso en tierras de caciques mexiquenses, cuando fue secretario de Finanzas, Planeación y Administración del entonces gobernador Peña Nieto (2005-2009), Luis Videgaray sólo aprendió un par de lecciones. Una es la de la austeridad presupuestaria. Otra es, como diría Yanis Varoufakis, el ministro griego de Finanzas, ayudar a “legitimar la usurpación del poder y la riqueza por parte de un grupo social determinado”, a poner el aparato del Estado en beneficio de los poderosos”. OHL es un buen ejemplo del nuevo trato de los negocios público-privados, y Videgaray algo debe saber… Ese conocimiento ahora lo emplea desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Por ello, no es extraño que la política económica y fiscal en 2013-2018 sea de astringencia presupuestal, más que anticíclica y promotora del crecimiento, tarea transferida al capital privado.

En 2013 propuso una reducción del gasto público programable real en 1.4 por ciento y se ejerció con retraso entre enero y agosto, comparado con el aplicado en el mismo lapso de 2012. Después lo aplicó precipitada y desordenadamente. Al cierre del año creció 2.8 por ciento; el del gobierno federal en 4.6 por ciento, sin efectos sobre la aletargada economía.

En 2014, con su “reforma” de impuestos extravagantes, dijo que el gasto programable sería contracíclico: 9.4 por ciento. Al final, el del sector público creció 3.6 por ciento y el del gobierno federal 4.5 por ciento.

Con ese presupuesto se estimaba un crecimiento de 3.5 por ciento y 3.9 por ciento en 2013 y 2014. Pero su variación fue de 2.2 por ciento y 2.5 por ciento. El promedio fue de 2.3 por ciento, contra la tasa de 2.4 por ciento de 1983-2012.

A partir de 2015 todo se ha convertido en una tragicomedia.

Se planea un aumento del gasto programable de 0.3 por ciento, el cual se volvería en un decremento en caso que la inflación superase la tasa de 3 por ciento. Pero no será necesario esperar esa desviación. Hacienda adelantó un recorte por 124 mil millones de pesos y otro por 135 mil millones de pesos para 2016, por lo que en este año, con relación al PIB se ubicará en su nivel más bajo en 8 años.

Hacienda también revalúa a la baja su meta de crecimiento. En 2015, de 3.9 por ciento a 3.3-4.3 por ciento. Para 2016, de 4.9 por ciento a 3.3-4.3 por ciento. El Banco de México (Banxico) ha reducido la primera de 2.5-3.5 a 2-3 por ciento, y la segunda de 2.9-3.9 a 2.5-3.5 por ciento.

En parte, el desastre se debe a que Hacienda fue incapaz de observar y analizar la tendencia del mercado petrolero –el alza especulativa de los precios del crudo (2009-2012), su declinación (2012-2014), su colapso a partir del segundo semestre de 2014 y su bajo nivel de 2015, con expectativas inciertas, a raíz de la “guerra de cotizaciones” y la sobreoferta de crudo– y otros factores económicos internos y externos que llevan al endurecimiento fiscal.

En pleno colapso petrolero, Videgaray y sus muchachos planean como si estuvieran frente a otro catarrito carstense. En los Criterios de política económica de 2015 enviados al Congreso de la Unión en septiembre de 2014, estimaban un precio de 81 dólares por barril (db) para la mezcla mexicana de exportación, de 80 db en 2016, de 85 db en 2017 y de 87 db en 2018. En noviembre, el precio aprobado para el presupuesto fue de 79 db, justo cuando éste ya había perdido casi una cuarta parte de su valor en el mercado con relación a junio (cayó de 98.79 db a 75.23 db), era impredecible su “piso” y era ligeramente menor al de la cobertura contratada (76.4 db).

El ajuste oficial en la cotización evidencia que el gobierno aún no se convencía de esa nueva realidad que percibía como transitoria y se escapaba caprichosamente a su designio y raciocinio.

Ahora estiman un precio del crudo de 50 db para 2015 y de 55 db para 2016. Sobre ese supuesto proyectan el páramo fiscal que caracterizará lo que resta del peñismo.

La tesis de doctorado en economía de Videgaray, de 1998, obtenida en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, versa sobre La respuesta fiscal a los choques petroleros (The fiscal response to oil shocks).

Por lo visto, merced a la actual crisis petrolera, Videgaray no encontró la respuesta fiscal adecuada para tratar de adelantarse preventivamente a esa conmoción y, por añadidura, tampoco halló las opciones pertinentes que, en la medida de lo posible, permitieran sortear sin graves daños sus secuelas perniciosas. No obstante es doctor, es secretario de Estado, y al parecer sueña con la herencia presidencial.

El derrumbe de los precios del crudo y la pérdida de esos ingresos lo tomó desprevenido y lo forzó a actuar después del diluvio como canguro lampareado.

Las soluciones que ha encontrado no son doctoralmente originales. Son triviales. Una es la recuperación del ajuste fiscal tradicional recomendado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y cuyos efectos recesivos y antisociales son conocidos desde la década de 1980, cuando éstos programas se impusieron intensivamente a escala mundial. Es decir, el recorte del gasto público en el monto necesario para ajustarlo al nivel de ingresos disponibles, afectados por la caída de los recursos petroleros, y al equilibrio fiscal.

Según Fernando Galindo, subsecretario de Egresos, se busca “un déficit público decreciente” que alcance su “equilibrio en 2017”. En 2014 fue de 1.5 por ciento del PIB, excluyendo las inversiones de Petróleos Mexicanos (Pemex), y se espera que baje a 1 por ciento del PIB en 2015, y a 0.5 por ciento del PIB en 2016.


En lo que resta del sexenio, por tanto, privará la austeridad.

La coartada para justificar el ajuste es tediosa: “Atemorizan con que el gasto público y déficit son causas de la inflación y la recesión, lo que exige disminuir los subsidios y reducir la expansión fiscal en las cuentas referidas al empleo público, salarios y cobertura previsional. Ése es el recorrido”, dice el economista Alfredo Zaiat.

Como dice el economista Alejandro Nadal: “La austeridad fiscal, el brutal recorte del presupuesto, tiene por objeto principal calmar las inquietudes de los dueños de las reservas”, es decir, los inversionistas. “La retórica de que el gobierno es como cualquier familia y no puede vivir por arriba de sus recursos es falsa. Ninguna familia tiene la capacidad de recaudar ingresos tributarios. En el fondo, la austeridad fiscal sacrifica la economía real y sólo sirve para que la economía mexicana siga manteniendo su función de espacio de servidumbre financiera”.

Videgaray nunca podría ser ministro de Finanzas del griego Alexis Tsipras o la argentina Cristina Fernández, renegados de la austeridad neoliberal y militantes del activismo fiscal keynesiano, que desafía la ortodoxia de las finanzas y busca ampliar la autonomía restringida de la política económica.


La moda del presupuesto autista base cero
A su falta de creatividad, Videgaray añade un aderezo ocurrente: el llamado “presupuesto base cero” (PBC), el cual no es una propuesta innovadora; de mejor calidad demostrada en otros países donde se hayan aplicado.

Jorge E Dávila, de la Confederación de Cámaras de Comercio, dijo en 2010: “Ya no queremos el incremento de tasas impositivas, vamos por la revisión de los egresos de los gobiernos. [Queremos] presupuestos base cero y no inerciales”. Ello pese a que Claudio X González, “el energúmeno que estigmatiza a los maestros, desacredita la enseñanza pública e intimida a quienes no se supediten a su agenda y sus deseos” (Luis Hernández Navarro dixit), reconoce en ese momento que la experiencia internacional ha dejado resultados mixtos.

¿Qué es el presupuesto base cero? Es la revaluación, la “reingeniería” de “cada uno de los programas y gastos, partiendo siempre de cero”. El presupuesto “se elabora como si fuera la primera operación y se evalúa y justifica el monto y necesidad de cada renglón del mismo. Se olvida del pasado para planear con plena conciencia el futuro”. Se basa “únicamente en las expectativas para el año siguiente, sin referencias a los años anteriores, sin base de datos históricos”, en nuevas operaciones [diferentes] a las habituales de la empresa. Significa “la reorientación de los recursos con mayor efectividad”, según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.

Será un simpático presupuesto históricamente amnésico. “Es como decir borrón y cuenta nueva y volvemos a asignar todas las prioridades de gobierno asignándoles cierto tipo de presupuesto dependiendo de las prioridades que se presentaran”, dice Sunny Villa, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Como se sabe, el PBC (zero base-budgeting), visto por Videgaray como la panacea, fue inventado por Peter A Pyhrr a finales de la década de 1970 y lo aplicó en la empresa Texas Instruments. Después fue adaptado en otras corporaciones con resultados diversos, los cuales han sido mitificados. Sobre todo a partir de que Jimmy Carter lo convirtiera en moda al aplicarlo en el estado de Georgia, del cual fue gobernador (1971-1975). Pyhrr fue contratado para diseñar el presupuesto base cero.

Carter dijo que logró un ahorro por más de 55 millones de dólares en el cuatrienio, monto nada espectacular. Sin embargo, en 2004 alguien aclaró que, en realidad, el ahorro fue de apenas de 5 millones de dólares, si a aquella cantidad se le restan los costos de la elaboración de los presupuestos bajo la nueva figura (Steven F Hayward, “The real Jimmy Carter”, Regnery Publishing, 2004). Como presidente (1977-1981), Carter quiso imponerlo en el terreno federal, pero a menudo los costos administrativos y de gestión no compensaban los ahorros. Cuando Reagan llegó a la Casa Blanca lo desechó.

La técnica presupuestal inercial, es decir, su variación anual según la inflación y los recursos disponibles por programas definidos o de PBC va de la mano de la política. No es neutral. En realidad, la primera es un instrumento de la segunda que define los objetivos e instrumentos de la política económica; la prioridad de los diferentes conceptos del gasto público, en el corto y largo plazo; la manera en que se obtendrán los ingresos para financiar los egresos; la existencia o no del equilibrio de las finanzas estatales; la relación de la política fiscal con el resto de los programas económicos.

Más allá de las dificultades técnicas que implicará su aplicación en México (evaluación, definición de programas y paquetes y su costo-beneficio, recursos que se destinarán y la supervisión de su ejercicio, el papel de los operados, etcétera), en los tres niveles de gobierno, el federal, estatal y el municipal, vale la pena destacar otros hechos relevantes, de evidente contenido político, que los peñistas pretender oscurecer.

Uno de ellos es la pretensión de manejar el PBC como si fuera una empresa y Videgaray su gerente (aunque ya lo sea, pero de la Casa Blanca, el FMI y el Banco Mundial), donde todo se reduce a una visión técnica de la política fiscal, cuantitativamente mensurable, por medio de la optimización de la relación costo-ahorro-eficiencia-productividad-beneficio.

Con ese sesgo ideológico-político busca sustituir al Estado como concepto político que involucra una forma de organización social, económica y política, a las instituciones que lo representan, las formas en las que se relacionan los diferentes sectores de la población, entre otros elementos. En la que la política fiscal no es más un instrumento que forma parte de la política económica, cuyos objetivos –unos mensurables, otros inmensurables– e instrumentos que emplea para conseguirlos definen la orientación de las políticas del Estado, los compromisos sociales que representan.

Esa oblicuidad tecnocráticamente “inocente” es otra tentación autoritaria que pretende agudizar el control político del Ejecutivo sobre los poderes Legislativo, Judicial y sobre la sociedad. La política fiscal y sus componentes, el ingreso y el gasto público, son resultados de los acuerdos sociales históricos, de compromisos e intereses, cambiantes en el tiempo. Con ese y otros instrumentos se define la relación Estado-mercado-sociedad, las pautas del desarrollo y el ciclo económico, su importancia para la producción, el empleo, los precios. La imposición del neoliberalismo como proyecto de nación implicó la destrucción y sustitución del surgido de la Revolución Mexicana.

La imposición “técnica” del PBC, bajo el principio del “gobierno austero”, como dicen Videgaray o Galindo, representa, asimismo, otra fase de las reformas estructurales neoliberales iniciada en la década de 1980 y que modificó el papel del Estado: la reducción de su tamaño y sus funciones; las privatizaciones de entidades públicas y de sectores estratégicos, la asociación público-privada.

Galindo es claro: “Hoy se nos presenta una oportunidad para poder revisar cuál debe ser el tamaño óptimo del gobierno, acorde a nuestra nueva realidad presupuestal”; todo programa, proyecto y “todas las estructuras administrativas del gobierno” serán modificadas, reducidas, fusionadas o desaparecidas, aun cuando se pierdan empleos. Ya se sabe cómo se vencerán las resistencias.

La disciplina fiscal descansa en un fatalismo: la pérdida de ingresos tributarios y petroleros ante la cual no se puede hacer nada más que resignarse; y en dos principios voluntarios inmodificables: la decisión de no elevar ni inventar impuestos, ni de recurrir al endeudamiento.

El presupuesto base cero y el balance fiscal cero, por tanto, sacrifican el gasto público. En ese sentido, la austeridad se convierte en una indestructible camisa de fuerza para el Estado, Peña Nieto y las promesas de crecimiento, el empleo, el bienestar.

Nada se dice que el problema no es de gasto, sino fundamentalmente de la restricción del lado de los ingresos públicos, como consecuencias de la caída de éstos con relación al PIB en los últimos 32 años. Esto debido a la política fiscal regresiva que redujo las cargas fiscales a las grandes empresas y a los sectores de altas rentas y que no afecta sus mecanismos de elusión fiscal. La ausencia de crecimiento, de bajo empleo formal y de contribuyentes, la menor capacidad de consumo local refuerzan el deterioro de la recaudación, una de las más bajas del mundo.

La petrodependencia fiscal se magnifica ante la vulnerabilidad de los ciclos del mercado petrolero internacional. Los bajos ingresos fiscales sintetizan el fracaso de las sucesivas “reformas fiscales integrales” aplicadas desde 1983.

De manera general, ellas son reflejo de la mecánica de la política económica y del modelo de nación.

Marcos Chávez M*, @marcos_contra

*Economista
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2015/06/30/presupuesto-base-cero-mas-recortes-empobrecimiento/
[CAPITALES]




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