Acta por acta
20 Junio 2008
Carmen Aristégui
Periodista y analista política
Distrito Federal— Una sociedad que busca democracia no puede darse el lujo de abandonarse al conformismo y renunciar a la verdad. El camino puede ser largo, fragmentado o sinuoso. Por eso cuando alguien hace esfuerzos para suministrar información, datos y elementos de juicio para conocer y comprender los asuntos que marcan a un país, no queda más que el agradecimiento, sobre todo si se trata de un trabajo minucioso, con rigor académico y esclarecedor de uno de los asuntos más relevantes que han sacudido a la sociedad mexicana como las elecciones presidenciales de hace dos años.
Me sumo a quienes ya han escrito sobre la importancia de la investigación hecha libro, de José Antonio Crespo: 2006: hablan las actas. Las debilidades de la autoridad electoral mexicana (Debate. Random House Mondadori. 2008.)
La investigación de José Antonio es un potente chorro de luz a una parte sustantiva del proceso electoral más confrontado de nuestra historia. Como buena realidad, es inabarcable en su totalidad pero, con el fragmento seleccionado para este examen, es suficiente para saber o ratificar hoy, con claridad, varias cosas. Una fundamental: el papel de las autoridades electorales fue catastrófico.
Con benevolencia se puede hablar de ineptitud y falta de miras. Con ganas de que alguien rinda cuentas del desastre se puede hablar de responsabilidades tan graves que merecerían ser sancionadas. ¿En México nadie juzga a jueces y autoridades cuando su acción u omisión causa daños mayúsculos a la población? La responsabilidad del Tribunal Electoral (TEPJF) es enorme en su condición de última instancia. Simple y llanamente no cumplieron con su tarea fundamental para dotar de certidumbre al resultado final de una elección, en este caso una que –como nunca– polarizó, enfrentó y dividió a los mexicanos en un proceso que no ha logrado revertirse.
Dos años después, México sigue lamiéndose las heridas. Un país cuya población sigue dividida entre los que piensan que se registró un fraude generalizado, que le robó la elección a Andrés Manuel López Obrador; los que afirman que Felipe Calderón ganó con un estrecho margen de 0.5 por ciento, pero que obtuvo un mandato legal y legítimo y los que piensan que, después de lo ocurrido, no se puede saber con certeza quién ganó la elección.
¿Tenía que haberse anulado la elección presidencial de 2006? Sí. Con los argumentos que surgen a partir de este trabajo, no parece caber duda sobre ello. Anular una elección debe ser el último de los recursos pero, con lo mostrado por Crespo, queda claro que no se requería siquiera de una valoración subjetiva sobre los varios factores que contaminaron la contienda. Haciendo a un lado la irresponsable intervención de Fox, las campañas negras de unos y otros, los miles de spots en radio y televisión de origen desconocido, el dinero de empresas y empresarios que intervinieron ilegalmente en el proceso; por citar los elementos más conocidos y obvios que para muchos hubieran sido suficientes para invalidar el proceso.
Con un solo elemento, Crespo demuestra que el Tribunal estaba obligado a anular las elecciones por una razón fundamental que deriva de un ejercicio aritmético. El Tribunal fue omiso en un asunto crucial en el que la ley lo obliga para anular. Ante la enorme cantidad de inconsistencias que se presentaban en las actas de escrutinio y cómputo –entre 800 mil y 2 millones, según los rubros comparados– el Tribunal sólo atinó a decir que la mayoría de los votos irregulares encontraba plena justificación y los que quedaban no llegaban a afectar el resultado final.
Eso, hoy lo sabemos, no fue cierto. Los magistrados o mintieron o se equivocaron, que cada quien escoja. El mérito de Crespo radica en que, incrédulo del dicho del Tribunal, decidió revisar por su cuenta las actas oficiales en el número suficiente (la mitad de los distritos del país) para demostrar que los diversos errores e inconsistencias superaban en número a la diferencia de votos que había entre Calderón y López Obrador.
Entre uno y otro hubo 233 mil votos. En el estudio de Crespo se comprueba que el número de votos irregulares fue del orden de 300 mil. Esa única razón obligaba al Tribunal a declarar nulas las elecciones.
Crespo va desgranando, sin pasiones partidistas ni estridencia alguna, los significados de su trabajo. La conclusión mayor es, sin duda, que los mexicanos podemos afirmar que la verdad jurídica no corresponde a cabalidad con lo que empieza a ser ya la verdad histórica de lo ocurrido en 2006.
José Antonio se vale de una cita de Marc Bloch para ilustrar uno de los principales propósitos de su investigación y libro. Ajustar la historia de la elección de 2006 a la definición de este especialista: “El verdadero progreso en el análisis histórico llegó el día en que la duda... se hizo examinadora... cuando las reglas objetivas fueron elaboradas paulatinamente y permitieron escoger entre la mentira y la verdad”.
Crespo no sólo planteó las dudas sino que realizó el examen riguroso para conocer parte de la verdad de lo ocurrido en 2006.
Me sumo a quienes ya han escrito sobre la importancia de la investigación hecha libro, de José Antonio Crespo: 2006: hablan las actas. Las debilidades de la autoridad electoral mexicana (Debate. Random House Mondadori. 2008.)
La investigación de José Antonio es un potente chorro de luz a una parte sustantiva del proceso electoral más confrontado de nuestra historia. Como buena realidad, es inabarcable en su totalidad pero, con el fragmento seleccionado para este examen, es suficiente para saber o ratificar hoy, con claridad, varias cosas. Una fundamental: el papel de las autoridades electorales fue catastrófico.
Con benevolencia se puede hablar de ineptitud y falta de miras. Con ganas de que alguien rinda cuentas del desastre se puede hablar de responsabilidades tan graves que merecerían ser sancionadas. ¿En México nadie juzga a jueces y autoridades cuando su acción u omisión causa daños mayúsculos a la población? La responsabilidad del Tribunal Electoral (TEPJF) es enorme en su condición de última instancia. Simple y llanamente no cumplieron con su tarea fundamental para dotar de certidumbre al resultado final de una elección, en este caso una que –como nunca– polarizó, enfrentó y dividió a los mexicanos en un proceso que no ha logrado revertirse.
Dos años después, México sigue lamiéndose las heridas. Un país cuya población sigue dividida entre los que piensan que se registró un fraude generalizado, que le robó la elección a Andrés Manuel López Obrador; los que afirman que Felipe Calderón ganó con un estrecho margen de 0.5 por ciento, pero que obtuvo un mandato legal y legítimo y los que piensan que, después de lo ocurrido, no se puede saber con certeza quién ganó la elección.
¿Tenía que haberse anulado la elección presidencial de 2006? Sí. Con los argumentos que surgen a partir de este trabajo, no parece caber duda sobre ello. Anular una elección debe ser el último de los recursos pero, con lo mostrado por Crespo, queda claro que no se requería siquiera de una valoración subjetiva sobre los varios factores que contaminaron la contienda. Haciendo a un lado la irresponsable intervención de Fox, las campañas negras de unos y otros, los miles de spots en radio y televisión de origen desconocido, el dinero de empresas y empresarios que intervinieron ilegalmente en el proceso; por citar los elementos más conocidos y obvios que para muchos hubieran sido suficientes para invalidar el proceso.
Con un solo elemento, Crespo demuestra que el Tribunal estaba obligado a anular las elecciones por una razón fundamental que deriva de un ejercicio aritmético. El Tribunal fue omiso en un asunto crucial en el que la ley lo obliga para anular. Ante la enorme cantidad de inconsistencias que se presentaban en las actas de escrutinio y cómputo –entre 800 mil y 2 millones, según los rubros comparados– el Tribunal sólo atinó a decir que la mayoría de los votos irregulares encontraba plena justificación y los que quedaban no llegaban a afectar el resultado final.
Eso, hoy lo sabemos, no fue cierto. Los magistrados o mintieron o se equivocaron, que cada quien escoja. El mérito de Crespo radica en que, incrédulo del dicho del Tribunal, decidió revisar por su cuenta las actas oficiales en el número suficiente (la mitad de los distritos del país) para demostrar que los diversos errores e inconsistencias superaban en número a la diferencia de votos que había entre Calderón y López Obrador.
Entre uno y otro hubo 233 mil votos. En el estudio de Crespo se comprueba que el número de votos irregulares fue del orden de 300 mil. Esa única razón obligaba al Tribunal a declarar nulas las elecciones.
Crespo va desgranando, sin pasiones partidistas ni estridencia alguna, los significados de su trabajo. La conclusión mayor es, sin duda, que los mexicanos podemos afirmar que la verdad jurídica no corresponde a cabalidad con lo que empieza a ser ya la verdad histórica de lo ocurrido en 2006.
José Antonio se vale de una cita de Marc Bloch para ilustrar uno de los principales propósitos de su investigación y libro. Ajustar la historia de la elección de 2006 a la definición de este especialista: “El verdadero progreso en el análisis histórico llegó el día en que la duda... se hizo examinadora... cuando las reglas objetivas fueron elaboradas paulatinamente y permitieron escoger entre la mentira y la verdad”.
Crespo no sólo planteó las dudas sino que realizó el examen riguroso para conocer parte de la verdad de lo ocurrido en 2006.
Kikka Roja
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