- Descarta la comisión que los tiros contra las víctimas fueran hechos a corta distancia
- Los civiles atacados por soldados en Sinaloa no dispararon armas: CNDH
- Demanda a la Secretaría de la Defensa explicar situación de los efectivos involucrados
EMIR OLIVARES ALONSO
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que sus investigaciones sobre el ataque de militares a la familia Esparza Galaviz en el municipio de Sinaloa de Leyva, Sinaloa, revelan que los agredidos "no dispararon armas de ningún tipo", además de que los tiros en su contra "no fueron efectuados a corta distancia", como han afirmado las autoridades. El primero de junio, Adán Abel Carrillo Esparza conducía una camioneta cuando soldados le ordenaron detenerse en un retén, en el contexto de los operativos militares contra la delincuencia organizada. La versión oficial señala que el conductor no se percató de la orden, por lo que los militares dispararon al vehículo, con lo que provocaron la muerte de Griselda Galaviz Barraza, de 25 años; Alicia Esparza Parra, de 17, y los niños Joniel, Griselda y Juana Esparza Galaviz, de siete, cuatro y dos años, respectivamente. Además resultaron heridos el conductor, de 29 años; Teresa Flores, de 16, y José Carrillo Esparza, de cinco. Tras una queja interpuesta, la CNDH investiga el caso, por lo que ha solicitado a la Dirección General de Justicia Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) "explicar si se inició alguna averiguación previa en el fuero militar y, en tal caso, el delito o delitos que se investigan, así como los responsables, las diligencias realizadas hasta el momento y otros aspectos indispensables para esclarecer por completo lo ocurrido", debido a que hasta ayer la dependencia no había hecho públicos esos datos.
La comisión reveló que por conducto de visitadores trató de realizar exámenes toxicológicos a los presuntos responsables del ataque, pero la Sedena no lo permitió, con el argumento de que serían sus propios investigadores los que harían esas pruebas, por lo que la CNDH solicitó copia certificada del resultado de las mismas. En un comunicado de prensa, el organismo encabezado por José Luis Soberanes informó que su personal inspeccionó de manera ocular el lugar de los hechos y recabó evidencias, entre ellas cinco cartuchos y 12 casquillos, así como una jeringa hipodérmica, que serán sometidos a exámenes de laboratorio. La comisión también solicitó que las autoridades militares informen sobre los fundamentos y motivos, la normatividad o las directivas que facultaron a los soldados a colocar un retén en el lugar de los hechos, así como una copia certificada de la orden respectiva. Por otra parte, personal de la CNDH elaboró actas circunstanciadas y cuenta con fotografías y videograbaciones de entrevistas con familiares y otras personas que colaboraron en el transporte de los cadáveres y el rescate, auxilio y traslado de los heridos.
El organismo destacó que de acuerdo con el testimonio del conductor de la camioneta no era visible ningún retén ni señalización con la cual se indicara a los automovilistas que debían detenerse. El jefe de familia sostuvo ante el personal de la CNDH que desde la oscuridad le ordenaron que se detuviera al mismo tiempo que recibía disparos de arma de fuego. El organismo consideró que "todas las autoridades, incluidas las militares, deben informar con suficiencia a la ciudadanía acerca de los procedimientos utilizados en carreteras y caminos por el personal que efectúa revisiones, incluso sorpresivas, de vehículos y personas al amparo de la campaña permanente contra el narcotráfico y la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Estas medidas de información a la ciudadanía deben comprender la descripción de los avisos y cualquier otro tipo de señalización preventiva, los procedimientos habituales de una inspección y los que deben seguirse, eventualmente, para la remisión de personas y objetos y puesta a disposición de la autoridad ministerial correspondiente". La CNDH también solicitó informes del caso a la PGR, la Secretaría General de Gobierno de Sinaloa, la procuraduría estatal, el Hospital General de Culiacán, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa y la Cruz Roja Mexicana.
La comisión reveló que por conducto de visitadores trató de realizar exámenes toxicológicos a los presuntos responsables del ataque, pero la Sedena no lo permitió, con el argumento de que serían sus propios investigadores los que harían esas pruebas, por lo que la CNDH solicitó copia certificada del resultado de las mismas. En un comunicado de prensa, el organismo encabezado por José Luis Soberanes informó que su personal inspeccionó de manera ocular el lugar de los hechos y recabó evidencias, entre ellas cinco cartuchos y 12 casquillos, así como una jeringa hipodérmica, que serán sometidos a exámenes de laboratorio. La comisión también solicitó que las autoridades militares informen sobre los fundamentos y motivos, la normatividad o las directivas que facultaron a los soldados a colocar un retén en el lugar de los hechos, así como una copia certificada de la orden respectiva. Por otra parte, personal de la CNDH elaboró actas circunstanciadas y cuenta con fotografías y videograbaciones de entrevistas con familiares y otras personas que colaboraron en el transporte de los cadáveres y el rescate, auxilio y traslado de los heridos.
El organismo destacó que de acuerdo con el testimonio del conductor de la camioneta no era visible ningún retén ni señalización con la cual se indicara a los automovilistas que debían detenerse. El jefe de familia sostuvo ante el personal de la CNDH que desde la oscuridad le ordenaron que se detuviera al mismo tiempo que recibía disparos de arma de fuego. El organismo consideró que "todas las autoridades, incluidas las militares, deben informar con suficiencia a la ciudadanía acerca de los procedimientos utilizados en carreteras y caminos por el personal que efectúa revisiones, incluso sorpresivas, de vehículos y personas al amparo de la campaña permanente contra el narcotráfico y la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Estas medidas de información a la ciudadanía deben comprender la descripción de los avisos y cualquier otro tipo de señalización preventiva, los procedimientos habituales de una inspección y los que deben seguirse, eventualmente, para la remisión de personas y objetos y puesta a disposición de la autoridad ministerial correspondiente". La CNDH también solicitó informes del caso a la PGR, la Secretaría General de Gobierno de Sinaloa, la procuraduría estatal, el Hospital General de Culiacán, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa y la Cruz Roja Mexicana.
“¡No tiren, vienen mujeres y niños!”
de la redacciónMéxico, D.F., 5 de junio (apro).- La noche del 1 de junio, Adán Abel Esparza Parra logró sobrevivir al ataque de un grupo de soldados en las inmediaciones del poblado La Joya de los Martínez, en Sinaloa, no así su esposa, tres hijos y una hermana, quienes perdieron la vida durante la balacera. Convaleciente, Esparza Parra narró al Diario Noroeste de Culiacán, los instantes en que él y su familia fueron blanco de las balas. A continuación, el texto íntegro del relato, firmado sólo con las iniciales IONSA: Adán Abel Esparza Parra sufre de heridas más profundas que las que tiene en los dos brazos. Perdió a su esposa, tres hijos y una hermana en un eterno instante.
Regresaban a casa, se toparon con militares y, sin esperarlo, recibieron una lluvia de balas.
"Les levantaba la otra mano y les decía a los soldados: ¡no tiren, por favor! ¿Por qué tiran? ¡Vienen mujeres y niños! No me hicieron caso, me tumbaron de un balazo en la otra mano, y... aquella balacera", así empieza la historia del infierno que vivió Adán, uno de los sobrevivientes de la matanza del 1 de junio ocurrida en la zona serrana del municipio de Sinaloa. El joven de 29 años, internado en el segundo piso del área de Traumatología del Hospital General de esta ciudad, tiene los brazos vendados, el ojo derecho amoratado y en sus hombros se observan todavía pequeñas manchas de sangre.
Su voz apenas es audible, pero cuenta la tragedia de ese día.
"Ese viernes en la mañana, a mí me tocaba, como padre de familia, llevar a las maestras de primaria y preescolar a una reunión a la comunidad de Ocorahui. "Como mi esposa es de allá, pues la llevé a ella y a mis hijos, para que visitaran a su familia. También iba un sobrino mío. Todo iba bien", relata. Fue a la mitad del camino, cuando ya regresaban a la Joya de los Martínez, su pueblo, cuenta el conductor de la camioneta, que de la oscuridad de la sierra salieron soldados del Ejército y uno de ellos les marcó el alto. Dice que él no esperaba que hubiera un retén en el lugar, pues no había ninguna señalización que así lo indicara y se detuvo más adelante, y es en ese momento un soldado le disparó en un brazo. "Todavía me bajé del carro, mi sobrino y mi hijo viajaban en la caja. Abrí la puerta, les levantaba la otra mano y les pedía que no tiraran por favor. No me hicieron caso, me tumbaron de un balazo en la otra mano", relata. "Como no alcancé a detener el carro, me di cuenta que la camioneta, despacito se estaba yendo al barranco. Me levanté. Quise subirme para frenarlo, pero no pude, cómo iba a poder, me ganó el carro, se fue al barranco, con todo y mi familia".
A como pudo, narra, se arrastró hacia el punto donde cayó la unidad en busca de un radio portátil para pedirle a su familia que los rescatara. "Les pedía auxilio (a los soldados), pero no me ayudaban, yo traía un radio y les daba el radio para que se comunicaran con mi familia, pero nada, no me hacían caso, no me ayudaron con los heridos", recuerda. “Como pude, ahí en el suelo, me acerqué el radio a la boca y así les hablé hasta que me contestaron mis hermanos, y llegaron de inmediato al lugar. Los soldados decían que ya venía la ambulancia, que ya venía un helicóptero, pero eran puras mentiras, nunca llegó el boludo". Hace una pausa y prosigue. Cuenta que después que su familia encaró a los militares, es cuando permiten después de varias horas que trasladen a los heridos a recibir ayuda.
--¿Qué pides para los militares que asesinaron a tu familia?
--Que los castiguen, que les hagan lo mismo, para que vean lo que se siente perder a tu familia, que los castiguen de verdad.
"Nada repara el daño que me hicieron, perdí a toda mi familia, ni con la muerte pagan todo el daño que hicieron al matar a gente inocente. A mujeres y niños.”
Regresaban a casa, se toparon con militares y, sin esperarlo, recibieron una lluvia de balas.
"Les levantaba la otra mano y les decía a los soldados: ¡no tiren, por favor! ¿Por qué tiran? ¡Vienen mujeres y niños! No me hicieron caso, me tumbaron de un balazo en la otra mano, y... aquella balacera", así empieza la historia del infierno que vivió Adán, uno de los sobrevivientes de la matanza del 1 de junio ocurrida en la zona serrana del municipio de Sinaloa. El joven de 29 años, internado en el segundo piso del área de Traumatología del Hospital General de esta ciudad, tiene los brazos vendados, el ojo derecho amoratado y en sus hombros se observan todavía pequeñas manchas de sangre.
Su voz apenas es audible, pero cuenta la tragedia de ese día.
"Ese viernes en la mañana, a mí me tocaba, como padre de familia, llevar a las maestras de primaria y preescolar a una reunión a la comunidad de Ocorahui. "Como mi esposa es de allá, pues la llevé a ella y a mis hijos, para que visitaran a su familia. También iba un sobrino mío. Todo iba bien", relata. Fue a la mitad del camino, cuando ya regresaban a la Joya de los Martínez, su pueblo, cuenta el conductor de la camioneta, que de la oscuridad de la sierra salieron soldados del Ejército y uno de ellos les marcó el alto. Dice que él no esperaba que hubiera un retén en el lugar, pues no había ninguna señalización que así lo indicara y se detuvo más adelante, y es en ese momento un soldado le disparó en un brazo. "Todavía me bajé del carro, mi sobrino y mi hijo viajaban en la caja. Abrí la puerta, les levantaba la otra mano y les pedía que no tiraran por favor. No me hicieron caso, me tumbaron de un balazo en la otra mano", relata. "Como no alcancé a detener el carro, me di cuenta que la camioneta, despacito se estaba yendo al barranco. Me levanté. Quise subirme para frenarlo, pero no pude, cómo iba a poder, me ganó el carro, se fue al barranco, con todo y mi familia".
A como pudo, narra, se arrastró hacia el punto donde cayó la unidad en busca de un radio portátil para pedirle a su familia que los rescatara. "Les pedía auxilio (a los soldados), pero no me ayudaban, yo traía un radio y les daba el radio para que se comunicaran con mi familia, pero nada, no me hacían caso, no me ayudaron con los heridos", recuerda. “Como pude, ahí en el suelo, me acerqué el radio a la boca y así les hablé hasta que me contestaron mis hermanos, y llegaron de inmediato al lugar. Los soldados decían que ya venía la ambulancia, que ya venía un helicóptero, pero eran puras mentiras, nunca llegó el boludo". Hace una pausa y prosigue. Cuenta que después que su familia encaró a los militares, es cuando permiten después de varias horas que trasladen a los heridos a recibir ayuda.
--¿Qué pides para los militares que asesinaron a tu familia?
--Que los castiguen, que les hagan lo mismo, para que vean lo que se siente perder a tu familia, que los castiguen de verdad.
"Nada repara el daño que me hicieron, perdí a toda mi familia, ni con la muerte pagan todo el daño que hicieron al matar a gente inocente. A mujeres y niños.”
BOLA DE PARÁSITOS, INÚTILES, INEPTOS, CORRUPTOS, TRAIDORES, ASESINOS, VILES VULGARES
- Los inculpados mataron a cinco personas el 1º de junio en un retén en Sinaloa
- Formal prisión a 19 soldados acusados de asesinato
El juzgado militar con sede en Mazatlán, Sinaloa, dictó ayer auto de formal prisión por violencia contra las personas, homicidio, lesiones calificadas y lesiones a 19 soldados que fueron acusados de matar a cinco personas, entre ellas tres menores, el pasado 1º de junio en un retén instalado en la comunidad de Los Alamillos, en el estado de Sinaloa. En un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer que el capitán segundo de caballería Cándido Alday Arriaga, comandante de la base de operciones Alday, y el teniente de caballería José Alejandro Zavala García recibieron el auto de formal prisión por el delito de violencia contra las personas en su modalidad de homicidio y lesiones calificadas.
Asimismo, un oficial y 16 elementos de tropa recibieron auto de formal prisión por el delito de violencia contra las personas en su modalidad de homicidio y lesiones. Con esta decisión del juez militar adscrito a la tercera Región Militar, agregó la dependencia, se continuará la instrucción del proceso penal en la justicia castrense. Por otra parte, la Sedena indicó que continúa la integración de la documentación sobre este asunto para hacérsela llegar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), "con la finalidad de contribuir a la transparencia de los acontecimientos, manteniendo la apertura en todo sentido". En este contexto, la dependencia que encabeza el general Guillermo Galván Galván ratificó su compromiso de "no tolerar conductas que atenten contra la población civil con estricto apego al marco legal vigente y respeto a los derechos humanos, con el fin de que se haga justicia en contra de quien o quienes resulten responsables".
Cabe señalar que en su texto la Sedena no menciona el nombre ni el número de muertos, ni las razones por las cuales la Procuraduría General de Justicia Militar consideró que los militares dispararon contra los civiles. Los militares a los que se les dictó auto de formal prisión por violencia contra las personas, en su modalidad de homicidio y lesiones, son: Teniente de transmisiones Enrique Galindo Avila, sargentos Arturo García Moreno y Saraín Díaz Velásquez, cabos de caballería Juan Carlos Maldonado Ramírez, Antonio Castillo Martínez, Gustavo Castillo Ramírez, Benito Sánchez Girón e Ismael Ortega González, cabo de sanidad Eladio Pérez Arriaga, y soldados de caballería José Paulino Hernández, Francisco Vázquez Esparza, Guillermo Alejandro Velasco Mazariegos, Calixto García Hernández, Francisco Ramírez Jiménez, Argenis Camarillo de la Cruz, Héctor Jiménez Centeno y José Abad Vega Trujillo.
Rubén Villalpando
Asimismo, un oficial y 16 elementos de tropa recibieron auto de formal prisión por el delito de violencia contra las personas en su modalidad de homicidio y lesiones. Con esta decisión del juez militar adscrito a la tercera Región Militar, agregó la dependencia, se continuará la instrucción del proceso penal en la justicia castrense. Por otra parte, la Sedena indicó que continúa la integración de la documentación sobre este asunto para hacérsela llegar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), "con la finalidad de contribuir a la transparencia de los acontecimientos, manteniendo la apertura en todo sentido". En este contexto, la dependencia que encabeza el general Guillermo Galván Galván ratificó su compromiso de "no tolerar conductas que atenten contra la población civil con estricto apego al marco legal vigente y respeto a los derechos humanos, con el fin de que se haga justicia en contra de quien o quienes resulten responsables".
Cabe señalar que en su texto la Sedena no menciona el nombre ni el número de muertos, ni las razones por las cuales la Procuraduría General de Justicia Militar consideró que los militares dispararon contra los civiles. Los militares a los que se les dictó auto de formal prisión por violencia contra las personas, en su modalidad de homicidio y lesiones, son: Teniente de transmisiones Enrique Galindo Avila, sargentos Arturo García Moreno y Saraín Díaz Velásquez, cabos de caballería Juan Carlos Maldonado Ramírez, Antonio Castillo Martínez, Gustavo Castillo Ramírez, Benito Sánchez Girón e Ismael Ortega González, cabo de sanidad Eladio Pérez Arriaga, y soldados de caballería José Paulino Hernández, Francisco Vázquez Esparza, Guillermo Alejandro Velasco Mazariegos, Calixto García Hernández, Francisco Ramírez Jiménez, Argenis Camarillo de la Cruz, Héctor Jiménez Centeno y José Abad Vega Trujillo.
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