La costumbre del poder termina por hacer que se parezcan entre sí quienes lo ejercen. Durante el proceso de renovación de la dirigencia juvenil del PAN hubo línea y cargada a favor del candidato impulsado por Felipe Calderón. Así lo señalan desde el presidente del CEN, Manuel Espino, hasta varios de los que participaron en la elección. Prueba de ello, sostienen, es que el Comité Nacional desconoció el triunfo del ganador, quien ha dicho que impugnará la decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.En el contexto de un nuevo intento por reformar los estatutos del Partido Acción Nacional (PAN) para contrarrestar las crecientes prácticas de defraudación electoral en los procesos internos —un proyecto que los seguidores de Felipe Calderón reventaron en una acción previa a la Asamblea Nacional de junio pasado—, la decisión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de anular la elección de la dirigencia juvenil reavivó las hostilidades intrapartidistas. Lo que no ocurrió con prácticas de adulteración electoral en los procesos internos para gobernador en Guanajuato, en 2000, y en Yucatán, seis años después, así como en la contienda por la candidatura presidencial –en 2005– y en numerosas elecciones de candidatos y dirigentes, se produjo en el proceso para la renovación de la dirigencia de Acción Juvenil, que se manchó por la influencia de funcionarios del gobierno de Calderón. Manuel Espino, presidente del CEN, había adelantado su posición desde que se encargó a la Comisión Interna de Elecciones un informe sobre la elección de los jóvenes panistas: No avalaría un resultado producto de la manipulación y prefería, en todo caso, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) impusiera al dirigente juvenil del PAN. “Prefiero que sea la primera vez que se nombre a un dirigente en el Tribunal que hacerme tonto y hacer de ladito a los principios del partido. Por encima de cualquier procedimiento, yo antepongo la ética histórica y los principios del partido. Aquí no hubo subsidiaridad ni solidaridad. Lo que hubo fue una abierta intervención.” Ante los miembros del CEN, añadió: “No hubo respeto a la autonomía de los jóvenes en sus procesos internos. Hubo una suplantación de su autonomía desde diversas instancias y eso no lo podemos avalar. Si la mayoría del CEN lo acepta, yo fijo mi posición: No voy a avalar ese proceso”. Y así fue: Después de 45 días de análisis –el plazo máximo para revisar el proceso– y después de hacer comparecer a los tres aspirantes, el CEN votó, la madrugada del martes 21, por anular la elección celebrada el 7 de julio en Tlaxcala, en la que Juan Carlos Martínez Terrazas, autollamado candidato de Calderón, se impuso con 58.97% de los votos por 41.13% de Héctor Javier Rivera López, allegado a Espino.
La víspera de la elección, la diputada federal Claudia Caballero –tercera aspirante– declinó participar, después de ser sometida, aseguró, a presiones e intimidación de Jorge Manzanera Quintana, operador de Juan Camilo Mouriño, jefe de la Oficina de la Presidencia. Juan Carlos Mondragón, quien concluyó su período al frente de la Secretaría de Acción Juvenil y testigo de lo acontecido en el proceso, advierte que anular la elección fue “una decisión contundente y de raíz” para evitar daños futuros en el PAN, particularmente entre los jóvenes. Y agrega: “Si bien es una decisión dolorosa, es necesaria para corregir algo que no puede suceder en las filas juveniles del partido. De lo contrario, estaríamos pervirtiendo a los jóvenes y enseñándoles, a una parte, que así se gana y, a otra parte, que para la próxima utilicen mañas para ganar”. Con dos décadas de historia, iniciada por Calderón como parte de una encomienda de Luis H. Álvarez, Acción Juvenil sufre por primera vez la anulación de un proceso interno, en un contexto –dice Mondragón– de ejercicio del PAN del poder público. “Hace 20 años, cuando se funda Acción Juvenil, no había de ninguna manera el nivel de relación que existe con el poder público hoy. En ese sentido hay que reconocer que estas prácticas tienen que ver con esta vinculación con el poder público, con las tentaciones del poder, con el utilizar medios que no son legítimos dentro de las decisiones del partido.” Reflexiona: “Ha habido otras ocasiones en que el partido no ha tomado las decisiones a tiempo ni ha detenido este tipo de vicios por miedo, por chantajes, por presiones y en esta ocasión es de raíz para ir corrigiendo algunas prácticas que no deben suceder dentro del PAN”.
–¿Cuáles fueron esas prácticas? –se le pregunta.
– Hubo desde el secuestro de delegados para que no se registraran en la asamblea y emitieran su voto; la compra o el intercambio de votos por ingreso a plazas del gobierno; la línea de parte de funcionarios del gobierno, la intromisión de adultos en las decisiones de los jóvenes. También la participación abierta de secretarios estatales juveniles a favor de un candidato. “Lamentablemente es como cuando el PRI nos hacía fraude: Nosotros decíamos que hubo fraude y el PRI, de manera cínica, decía: ‘Compruébenlo’. Son cosas muy difíciles de probar.” En ese sentido, Mondragón considera muy probable que el ganador de la contienda, Juan Carlos Martínez Terrazas, gane también el recurso que ya anunció que interpondrá ante el TEPJF, institución que, dice, “actúa como le da la gana”.
–¿Sería un secretario juvenil legitimado por el Tribunal?
–Exactamente: Un dirigente nacional impuesto por un tribunal.
Las mañas
Acción Juvenil nació hace 20 años y ha sido cantera del PAN. Ahí se foguearon Felipe Calderón, quien inició esa estructura; su secretario particular en la Presidencia de la República, César Nava; José Espina, secretario general del CEN; Rogelio Carvajal, Carlos Torres y Cristinan Castaño, diputados federales, y el propio Mondragón, candidato a diputado local por Puebla. Por eso la relevancia de la decisión: Desde la sesión del 9 de julio, dos días después de la elección en Tlaxcala, varios miembros del CEN propusieron profundizar en las quejas de Rivera y Caballero de prácticas fraudulentas y presiones, por lo que se encomendó a una comisión profundizar las indagatorias. “Si esto es tan importante como decimos que es, acordemos una sesión extraordinaria”, propuso Luis Ernesto Derbez, mientras que Rosario Castro Lozano, alcaldesa de Lerdo, Durango, propuso llamar a comparecer a los tres aspirantes de Acción Juvenil y aun anular el proceso. La Comisión Interna de Elecciones –integrada por Patricia Durán, secretaria de Promoción Política de la Mujer; Gerardo Priego, secretario de Vinculación con la Sociedad; Fernando Palma, coordinador de diputados locales; Marcos Pérez Esquer, tesorero nacional, y el diputado Rogelio Carbajal– elaboró un dictamen, que sometió al CEN y que acreditó prácticas fraudulentas. Durante las seis horas que duró la sesión, se llamó a los tres aspirantes a responder las preguntas de los miembros del CEN: Claudia Caballero declinó detallar las presiones que padeció de Manzanera y funcionarios gubernamentales como el propio Mouriño, pero se pronunció por la nulidad de la elección. La diputada federal por Nuevo León detalló, en entrevista con el diario Reforma, que fue amenazada por allegados de Calderón, entre ellos Manzanera: “Él tuvo mucho que ver. La verdad ya estoy harta de este tipo, y si quieren que nuestro partido se convierta en un PRI, pues vamos por el mejor camino, lo juro”. Las amenazas se materializaron desde el gobierno en varios casos declaró: “A varios chavos de mi equipo, de varios estados, los corrieron de sus trabajos por no seguir la línea. Qué lástima, porque dizque éramos el gobierno del empleo”.
Rivera, quien fue coordinador de Organización y Fortalecimiento Municipal del ayuntamiento de Lerdo, encabezado por Rosario Castro, ratificó los señalamientos de la intervención de servidores públicos en la manipulación, que orquestaron una “guerra sucia” para favorecer a Martínez Terrazas, quien se hacía llamar el “candidato” de Calderón. Entre las irregularidades que se presentaron en el proceso hubo compra de votos con cargos públicos para beneficiar a Martínez y, al contrario, se hostigó y despidió a jóvenes identificados con Caballero y Rivera en delegaciones federales en el Estado de México y Chiapas, así como en el ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas. Rivera ratificó, también, lo que declaró al diario Reforma en el sentido de que Martínez fue apoyado por Abraham González Uyeda, subsecretario de Gobernación y en cuyo rancho, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, se produjo el lanzamiento de Calderón como aspirante a la candidatura presidencial del PAN. El día de la elección, según la información que conocieron los integrantes del CEN, las delegaciones de Colima y Nayarit fueron hostigadas por la Policía Federal de Caminos para evitar que llegaran a la asamblea, mientras que la de Morelos fue secuestrada en un palenque, supuestamente al mando de Óscar y Víctor Martínez Terrazas, hermanos de Juan Carlos. Y en cambio, a los que votaron por el ganador de la elección se les obsequiaron bebidas alcohólicas y paseos turísticos por Puebla. Incluso los llevaron al zoológico African Safari. En su turno, Martínez Terrazas negó las imputaciones de haber sido favorecido por la estructura del gobierno federal y recibir apoyo de Manzanera, cuyas oficinas acogieron su casa de campaña y a cuyas órdenes estuvo en la campaña presidencial –junto con Jordy Herrera, subsecretario de Energía–, aunque reconoció que lo asesoraron abogados del operador calderonista. Chihuahuense avecindado en Morelos, Martínez Terrazas es allegado, también, a Mariana Gómez del Campo, sobrina política de Calderón, y uno de sus abogados es Santiago Torreblanca Engell, secretario particular del diputado Jorge Romero, presidente de la Comisión de la Juventud de la Asamblea Legislativa capitalina, y quien hace tres años contendió contra Mondragón.
En la sesión del CEN del lunes 20 y que concluyó en los primeros minutos del martes 21, sólo tres integrantes votaron en contra de la decisión de anular el proceso de Acción Juvenil: César Nava, secretario particular de Calderón; Rogelio Carvajal, quien ostentó aquel mismo cargo en la campaña presidencial, y Rafael Morgan, subsecretario de la Función Pública, subordinado de Germán Martínez, aspirante a suceder a Espino. Incluso, antes de la votación, Carvajal trató de persuadir a sus compañeros de no anularla. Primero se dirigió a Martínez. “Juan Carlos, a mí no me cabe duda de que vas a ser secretario general y pronto estarás sentado aquí con nosotros”, dijo, retador. Y enseguida se dirigió a los miembros del CEN: “Hay que atacar las causas, no esto que sucedió, sino las causas que lo originaron. Porque, ¿qué va a pasar con Acción Juvenil?” Hebert Taylor, quien encabeza la supersecretaría de Innovación y Desarrollo en el gobierno de Emilio González Márquez, de Jalisco, le replicó: “Es al revés: Si no atacamos ahorita de tajo, imagínate qué va a pasar con Acción Juvenil”. El CEN emitió, entonces, una “contundente” votación de 23 votos contra 3 que “anula cualquier lectura de que esta decisión obedezca a favorecer a alguno de los aspirantes o contra alguno de ellos”, según la comunicación oficial, y que, subrayó, envía “un mensaje claro para los jóvenes de nuestro partido y la militancia en general de que nuestro procesos deben conducirse con apego a los principios y la normatividad interna”. El comunicado oficial, que leyó el portavoz Antonio Alvarado, incluía la exhortación a los aspirantes a acatar la decisión “en aras de mantener la concordia y la unidad y por el bien superior del partido, que debe estar por encima de intereses particulares o de grupo”. Sin embargo, Martínez Terrazas se negó y advirtió a los miembros del CEN, latente su impugnación ante el TEPJF: “La única decisión correcta es la de la asamblea”.
Como en el PRI
Lo que el CEN pretendía con esa exhortación era evitar que, en el juicio ante el TEPJF, se conozcan los detalles, al menos del financiamiento irregular, en que incurrieron los tres contendientes, pero también la identidad de los funcionarios panistas acusados de haber intervenido en el proceso. La Comisión de Orden, sin embargo, eventualmente procederá contra personajes como Jorge Manzanera e incluso Juan Camilo Mouriño, quienes se han involucrado en procesos internos del partido y aun en elecciones constitucionales, como la de Yucatán, tal como lo hizo público Espino tras la derrota. Propietario de la empresa Diseño y Operación de Campañas (DOCSA), Manzanera opera ahora en Michoacán, por encargo de Mouriño y Calderón, y asiste jurídicamente a Guillermo Galland, calificado de presidente “espurio” del PAN en Hidalgo e identificado como uno de los instigadores de la rechifla a Espino en la Asamblea Nacional del PAN en León, Guanajuato, el 2 de junio. Justamente en la Asamblea Nacional, Espino pretendía reformar los estatutos para evitar la manipulación de los procesos internos del PAN, pero los operadores de Calderón reventaron la sesión del Consejo Nacional que la propondría, por lo que Espino acusó a la Presidencia de la República de conducirse con “doble moral” (Proceso 1595). Ahora reanudó el objetivo de reformar los estatutos mediante una comisión presidida por Carlos Abascal, que preparará foros y propondrá una Asamblea Nacional Extraordinaria, en enero próximo, justo cuando estará en marcha el proceso de sucesión en la presidencia del CEN de Acción Nacional.
La víspera de la elección, la diputada federal Claudia Caballero –tercera aspirante– declinó participar, después de ser sometida, aseguró, a presiones e intimidación de Jorge Manzanera Quintana, operador de Juan Camilo Mouriño, jefe de la Oficina de la Presidencia. Juan Carlos Mondragón, quien concluyó su período al frente de la Secretaría de Acción Juvenil y testigo de lo acontecido en el proceso, advierte que anular la elección fue “una decisión contundente y de raíz” para evitar daños futuros en el PAN, particularmente entre los jóvenes. Y agrega: “Si bien es una decisión dolorosa, es necesaria para corregir algo que no puede suceder en las filas juveniles del partido. De lo contrario, estaríamos pervirtiendo a los jóvenes y enseñándoles, a una parte, que así se gana y, a otra parte, que para la próxima utilicen mañas para ganar”. Con dos décadas de historia, iniciada por Calderón como parte de una encomienda de Luis H. Álvarez, Acción Juvenil sufre por primera vez la anulación de un proceso interno, en un contexto –dice Mondragón– de ejercicio del PAN del poder público. “Hace 20 años, cuando se funda Acción Juvenil, no había de ninguna manera el nivel de relación que existe con el poder público hoy. En ese sentido hay que reconocer que estas prácticas tienen que ver con esta vinculación con el poder público, con las tentaciones del poder, con el utilizar medios que no son legítimos dentro de las decisiones del partido.” Reflexiona: “Ha habido otras ocasiones en que el partido no ha tomado las decisiones a tiempo ni ha detenido este tipo de vicios por miedo, por chantajes, por presiones y en esta ocasión es de raíz para ir corrigiendo algunas prácticas que no deben suceder dentro del PAN”.
–¿Cuáles fueron esas prácticas? –se le pregunta.
– Hubo desde el secuestro de delegados para que no se registraran en la asamblea y emitieran su voto; la compra o el intercambio de votos por ingreso a plazas del gobierno; la línea de parte de funcionarios del gobierno, la intromisión de adultos en las decisiones de los jóvenes. También la participación abierta de secretarios estatales juveniles a favor de un candidato. “Lamentablemente es como cuando el PRI nos hacía fraude: Nosotros decíamos que hubo fraude y el PRI, de manera cínica, decía: ‘Compruébenlo’. Son cosas muy difíciles de probar.” En ese sentido, Mondragón considera muy probable que el ganador de la contienda, Juan Carlos Martínez Terrazas, gane también el recurso que ya anunció que interpondrá ante el TEPJF, institución que, dice, “actúa como le da la gana”.
–¿Sería un secretario juvenil legitimado por el Tribunal?
–Exactamente: Un dirigente nacional impuesto por un tribunal.
Las mañas
Acción Juvenil nació hace 20 años y ha sido cantera del PAN. Ahí se foguearon Felipe Calderón, quien inició esa estructura; su secretario particular en la Presidencia de la República, César Nava; José Espina, secretario general del CEN; Rogelio Carvajal, Carlos Torres y Cristinan Castaño, diputados federales, y el propio Mondragón, candidato a diputado local por Puebla. Por eso la relevancia de la decisión: Desde la sesión del 9 de julio, dos días después de la elección en Tlaxcala, varios miembros del CEN propusieron profundizar en las quejas de Rivera y Caballero de prácticas fraudulentas y presiones, por lo que se encomendó a una comisión profundizar las indagatorias. “Si esto es tan importante como decimos que es, acordemos una sesión extraordinaria”, propuso Luis Ernesto Derbez, mientras que Rosario Castro Lozano, alcaldesa de Lerdo, Durango, propuso llamar a comparecer a los tres aspirantes de Acción Juvenil y aun anular el proceso. La Comisión Interna de Elecciones –integrada por Patricia Durán, secretaria de Promoción Política de la Mujer; Gerardo Priego, secretario de Vinculación con la Sociedad; Fernando Palma, coordinador de diputados locales; Marcos Pérez Esquer, tesorero nacional, y el diputado Rogelio Carbajal– elaboró un dictamen, que sometió al CEN y que acreditó prácticas fraudulentas. Durante las seis horas que duró la sesión, se llamó a los tres aspirantes a responder las preguntas de los miembros del CEN: Claudia Caballero declinó detallar las presiones que padeció de Manzanera y funcionarios gubernamentales como el propio Mouriño, pero se pronunció por la nulidad de la elección. La diputada federal por Nuevo León detalló, en entrevista con el diario Reforma, que fue amenazada por allegados de Calderón, entre ellos Manzanera: “Él tuvo mucho que ver. La verdad ya estoy harta de este tipo, y si quieren que nuestro partido se convierta en un PRI, pues vamos por el mejor camino, lo juro”. Las amenazas se materializaron desde el gobierno en varios casos declaró: “A varios chavos de mi equipo, de varios estados, los corrieron de sus trabajos por no seguir la línea. Qué lástima, porque dizque éramos el gobierno del empleo”.
Rivera, quien fue coordinador de Organización y Fortalecimiento Municipal del ayuntamiento de Lerdo, encabezado por Rosario Castro, ratificó los señalamientos de la intervención de servidores públicos en la manipulación, que orquestaron una “guerra sucia” para favorecer a Martínez Terrazas, quien se hacía llamar el “candidato” de Calderón. Entre las irregularidades que se presentaron en el proceso hubo compra de votos con cargos públicos para beneficiar a Martínez y, al contrario, se hostigó y despidió a jóvenes identificados con Caballero y Rivera en delegaciones federales en el Estado de México y Chiapas, así como en el ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas. Rivera ratificó, también, lo que declaró al diario Reforma en el sentido de que Martínez fue apoyado por Abraham González Uyeda, subsecretario de Gobernación y en cuyo rancho, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, se produjo el lanzamiento de Calderón como aspirante a la candidatura presidencial del PAN. El día de la elección, según la información que conocieron los integrantes del CEN, las delegaciones de Colima y Nayarit fueron hostigadas por la Policía Federal de Caminos para evitar que llegaran a la asamblea, mientras que la de Morelos fue secuestrada en un palenque, supuestamente al mando de Óscar y Víctor Martínez Terrazas, hermanos de Juan Carlos. Y en cambio, a los que votaron por el ganador de la elección se les obsequiaron bebidas alcohólicas y paseos turísticos por Puebla. Incluso los llevaron al zoológico African Safari. En su turno, Martínez Terrazas negó las imputaciones de haber sido favorecido por la estructura del gobierno federal y recibir apoyo de Manzanera, cuyas oficinas acogieron su casa de campaña y a cuyas órdenes estuvo en la campaña presidencial –junto con Jordy Herrera, subsecretario de Energía–, aunque reconoció que lo asesoraron abogados del operador calderonista. Chihuahuense avecindado en Morelos, Martínez Terrazas es allegado, también, a Mariana Gómez del Campo, sobrina política de Calderón, y uno de sus abogados es Santiago Torreblanca Engell, secretario particular del diputado Jorge Romero, presidente de la Comisión de la Juventud de la Asamblea Legislativa capitalina, y quien hace tres años contendió contra Mondragón.
En la sesión del CEN del lunes 20 y que concluyó en los primeros minutos del martes 21, sólo tres integrantes votaron en contra de la decisión de anular el proceso de Acción Juvenil: César Nava, secretario particular de Calderón; Rogelio Carvajal, quien ostentó aquel mismo cargo en la campaña presidencial, y Rafael Morgan, subsecretario de la Función Pública, subordinado de Germán Martínez, aspirante a suceder a Espino. Incluso, antes de la votación, Carvajal trató de persuadir a sus compañeros de no anularla. Primero se dirigió a Martínez. “Juan Carlos, a mí no me cabe duda de que vas a ser secretario general y pronto estarás sentado aquí con nosotros”, dijo, retador. Y enseguida se dirigió a los miembros del CEN: “Hay que atacar las causas, no esto que sucedió, sino las causas que lo originaron. Porque, ¿qué va a pasar con Acción Juvenil?” Hebert Taylor, quien encabeza la supersecretaría de Innovación y Desarrollo en el gobierno de Emilio González Márquez, de Jalisco, le replicó: “Es al revés: Si no atacamos ahorita de tajo, imagínate qué va a pasar con Acción Juvenil”. El CEN emitió, entonces, una “contundente” votación de 23 votos contra 3 que “anula cualquier lectura de que esta decisión obedezca a favorecer a alguno de los aspirantes o contra alguno de ellos”, según la comunicación oficial, y que, subrayó, envía “un mensaje claro para los jóvenes de nuestro partido y la militancia en general de que nuestro procesos deben conducirse con apego a los principios y la normatividad interna”. El comunicado oficial, que leyó el portavoz Antonio Alvarado, incluía la exhortación a los aspirantes a acatar la decisión “en aras de mantener la concordia y la unidad y por el bien superior del partido, que debe estar por encima de intereses particulares o de grupo”. Sin embargo, Martínez Terrazas se negó y advirtió a los miembros del CEN, latente su impugnación ante el TEPJF: “La única decisión correcta es la de la asamblea”.
Como en el PRI
Lo que el CEN pretendía con esa exhortación era evitar que, en el juicio ante el TEPJF, se conozcan los detalles, al menos del financiamiento irregular, en que incurrieron los tres contendientes, pero también la identidad de los funcionarios panistas acusados de haber intervenido en el proceso. La Comisión de Orden, sin embargo, eventualmente procederá contra personajes como Jorge Manzanera e incluso Juan Camilo Mouriño, quienes se han involucrado en procesos internos del partido y aun en elecciones constitucionales, como la de Yucatán, tal como lo hizo público Espino tras la derrota. Propietario de la empresa Diseño y Operación de Campañas (DOCSA), Manzanera opera ahora en Michoacán, por encargo de Mouriño y Calderón, y asiste jurídicamente a Guillermo Galland, calificado de presidente “espurio” del PAN en Hidalgo e identificado como uno de los instigadores de la rechifla a Espino en la Asamblea Nacional del PAN en León, Guanajuato, el 2 de junio. Justamente en la Asamblea Nacional, Espino pretendía reformar los estatutos para evitar la manipulación de los procesos internos del PAN, pero los operadores de Calderón reventaron la sesión del Consejo Nacional que la propondría, por lo que Espino acusó a la Presidencia de la República de conducirse con “doble moral” (Proceso 1595). Ahora reanudó el objetivo de reformar los estatutos mediante una comisión presidida por Carlos Abascal, que preparará foros y propondrá una Asamblea Nacional Extraordinaria, en enero próximo, justo cuando estará en marcha el proceso de sucesión en la presidencia del CEN de Acción Nacional.
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