la jornada
En el contexto del regateo anual por el presupuesto para el año fiscal 2010-2011, el presidente de Estados Unidos pidió al Legislativo de su país una partida de 159 mil millones de dólares para financiar los "conflictos en el extranjero", que son, primordialmente, las ocupaciones de Irak y de Afganistán; para mantener la intervención en el segundo de esos países, el mandatario demandó la aprobación de una partida adicional de 33 mil millones de dólares.
En el marco de esa negociación, Obama solicitó un presupuesto de mil 600 millones de dólares para reforzar las medidas de persecución contra los trabajadores migrantes, que incluyen, además de la conformación de bases de datos que permitan a los empleadores excluir del mercado laboral a los extranjeros sin papeles, la culminación del primer segmento de la "barda virtual" o "frontera inteligente" entre Estados Unidos y México. En ese mismo contexto, la Casa Blanca requirió la aprobación de 310 millones de dólares para destinarlos a operaciones antinarcóticos en México, en cumplimiento de la Iniciativa Mérida.
Resulta inquietante, por principio de cuentas, constatar que, aunque en una escala menor, la violencia que azota a nuestro país resulta para Washington un "conflicto en el extranjero" más, una suerte de Afganistán de bajo presupuesto, por más que el ritmo de decesos aquí sea ya equiparable al que se reporta en ese país asiático. La principal diferencia, aparte de las magnitudes presupuestales, es que Estados Unidos no sufre bajas en nuestro territorio, en donde los combates se libran exclusivamente entre mexicanos.
Con la connivencia de las autoridades locales, el gobierno de la superpotencia ha ido consiguiendo que su cruzada contra las drogas tenga lugar en otros países, preponderantemente en el nuestro. Así, mientras el tráfico, la distribución y el consumo de narcóticos ilícitos se desarrollan con normalidad y paz en las ciudades estadunidenses, en México la vida nacional se desbarajusta por el accionar criminal de los cárteles de la droga –no sólo por sus acciones violentas, sino por su capacidad de penetración en dependencias públicas, empresas privadas y toda suerte de actividades–, pero también por el empecinamiento gubernamental en combatirlos mediante una fuerza militar que, de manera colateral, atropella derechos humanos de personas inocentes y contribuye así al descrédito de las autoridades y a la crisis institucional por la que atraviesa el país.
México no ha terminado de asimilar el impacto de las masacres de jóvenes perpetradas en la madrugada del domingo en Ciudad Juárez y Torreón cuando se anuncia una nueva ejecución múltiple, otra vez en Juárez, con un saldo de cinco muertos y seis heridos. En tal circunstancia resulta imperativo que la sociedad, acosada y desinformada sobre los alcances, bandos y propósitos reales de esta guerra sórdida, exija a las desbordadas autoridades eficiencia en las investigaciones y ubicación, captura y presentación de los responsables, pero, sobre todo, una mínima eficacia en el cumplimiento de la tarea del gobierno como garante de la integridad física de los habitantes.
A juzgar por resultados, la aplicación de la Iniciativa Mérida se ha traducido en un sostenido y exasperante deterioro de la seguridad pública y del estado de derecho: hoy en día, los ilícitos vinculados al tráfico de drogas son mucho más abundantes y frecuentes que cuando se firmó ese acuerdo, el cual ha resultado desastroso para México: por medio de ese instrumento se aceptó combatir en una guerra que básicamente le es ajena y que conlleva una cláusula inmoral e inaceptable: Estados Unidos pone los dólares y México pone los muertos.
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En el marco de esa negociación, Obama solicitó un presupuesto de mil 600 millones de dólares para reforzar las medidas de persecución contra los trabajadores migrantes, que incluyen, además de la conformación de bases de datos que permitan a los empleadores excluir del mercado laboral a los extranjeros sin papeles, la culminación del primer segmento de la "barda virtual" o "frontera inteligente" entre Estados Unidos y México. En ese mismo contexto, la Casa Blanca requirió la aprobación de 310 millones de dólares para destinarlos a operaciones antinarcóticos en México, en cumplimiento de la Iniciativa Mérida.
Resulta inquietante, por principio de cuentas, constatar que, aunque en una escala menor, la violencia que azota a nuestro país resulta para Washington un "conflicto en el extranjero" más, una suerte de Afganistán de bajo presupuesto, por más que el ritmo de decesos aquí sea ya equiparable al que se reporta en ese país asiático. La principal diferencia, aparte de las magnitudes presupuestales, es que Estados Unidos no sufre bajas en nuestro territorio, en donde los combates se libran exclusivamente entre mexicanos.
Con la connivencia de las autoridades locales, el gobierno de la superpotencia ha ido consiguiendo que su cruzada contra las drogas tenga lugar en otros países, preponderantemente en el nuestro. Así, mientras el tráfico, la distribución y el consumo de narcóticos ilícitos se desarrollan con normalidad y paz en las ciudades estadunidenses, en México la vida nacional se desbarajusta por el accionar criminal de los cárteles de la droga –no sólo por sus acciones violentas, sino por su capacidad de penetración en dependencias públicas, empresas privadas y toda suerte de actividades–, pero también por el empecinamiento gubernamental en combatirlos mediante una fuerza militar que, de manera colateral, atropella derechos humanos de personas inocentes y contribuye así al descrédito de las autoridades y a la crisis institucional por la que atraviesa el país.
México no ha terminado de asimilar el impacto de las masacres de jóvenes perpetradas en la madrugada del domingo en Ciudad Juárez y Torreón cuando se anuncia una nueva ejecución múltiple, otra vez en Juárez, con un saldo de cinco muertos y seis heridos. En tal circunstancia resulta imperativo que la sociedad, acosada y desinformada sobre los alcances, bandos y propósitos reales de esta guerra sórdida, exija a las desbordadas autoridades eficiencia en las investigaciones y ubicación, captura y presentación de los responsables, pero, sobre todo, una mínima eficacia en el cumplimiento de la tarea del gobierno como garante de la integridad física de los habitantes.
A juzgar por resultados, la aplicación de la Iniciativa Mérida se ha traducido en un sostenido y exasperante deterioro de la seguridad pública y del estado de derecho: hoy en día, los ilícitos vinculados al tráfico de drogas son mucho más abundantes y frecuentes que cuando se firmó ese acuerdo, el cual ha resultado desastroso para México: por medio de ese instrumento se aceptó combatir en una guerra que básicamente le es ajena y que conlleva una cláusula inmoral e inaceptable: Estados Unidos pone los dólares y México pone los muertos.
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