Álvaro Delgado en Proceso
http://kikka-roja.blogspot.comDespués de seis años de ejercicio en el poder federal, de 17 en gobiernos estatales, como Baja California, y de seis períodos consecutivos en municipios, como León, Guanajuato, se observa una mutación en el Partido Acción Nacional (PAN), que por décadas defendió el voto libre de los ciudadanos para consolidar un cambio político.
El PAN es, efectivamente, el partido del cambio: Se parece cada vez más al PRI.
La abierta intervención de los gobiernos, federal y estatales, así como del propio presidente Vicente Fox en los procesos electorales; el uso partidista de programas sociales; la utilización de instituciones contra adversarios políticos; los cargos en la administración pública para beneficio personal; la creación de estructuras clientelares y corporativas; los pactos de impunidad a cambio de apoyo político, entre otros comportamientos, han desdibujado a ese partido.El PAN, que proclama que la política es ética y apego a la ley, en el actual proceso electoral puso varios ejemplos que contradicen su doctrina y su historia:El domingo 2, en un episodio que pone en duda la autonomía del Instituto Federal Electoral (IFE), apenas concluyó su mensaje en cadena nacional Luis Carlos Ugalde, presidente de ese organismo, Fox apareció en pantalla para leer otro de respuesta, previamente redactado y leyéndolo en un teleprónter.El jueves 6, unos minutos después de que Ugalde dijo que “la regla de oro de la democracia establece que gana el candidato que tenga más votos”, Calderón lo tomó como declaración oficial y proclamó –en un discurso también previamente redactado– su triunfo, que todavía está sujeto a litigio en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), instancia que declara la validez de la elección.El propio Fox no guardó las formas: Felicitó a Calderón por una victoria que no existe legalmente y, de la misma manera que el PAN y el gobierno consintieron la intervención en asuntos internos de José María Aznar en febrero –con el argumento de que no conocía la Constitución y la ley–, ahora convalidaron las llamadas de felicitación a Calderón de mandatarios extranjeros. Y en la misma lógica del proceso electoral, el PAN inició una campaña de radio y televisión, desde el viernes 7, en la que aparecieron la imagen y voz de Manuel Espino, presidente de ese partido, afirmando que Calderón es el sucesor de Fox. Se trata de comportamientos que el PAN condenó en cada elección, particularmente en la de 1988, cuando Carlos Salinas se impuso bajo la tenaz protesta opositora de fraude, en la que Fox fue protagonista como diputado federal y que, como candidato al gobierno de Guanajuato, en 1991, la sostuvo.
Actas “llenas de marranadas”
El propio Fox, quien aprobó la creación del IFE y el nuevo Código Electoral Federal, lo descalificó por los malos resultados del PAN en las elecciones intermedias de 1991.“Se invirtieron arriba de 500 mil millones de (viejos) pesos en la nueva Ley Electoral, en el nuevo padrón, en las nuevas instituciones, en toda esta estructura, para terminar dándonos cuenta de que todo sigue igual, que el elector no cuenta y que quienes deciden son Los Pinos y (la Secretaría de) Gobernación”, decía. “En la práctica, no ha cambiado nada. Hasta ahorita la nueva ley y todo lo que se gastó en ella ha sido dinero tirado a la basura, igual que el tiempo de mucha gente”, clamaba Fox, quien sin embargo se sentía seguro de convertirse en gobernador de Guanajuato. “Si el voto nos favorece, como estamos viendo que va a ser, si tenemos el triunfo en las manos, en las actas, y tratan de no reconocerlo, iremos hasta donde sea necesario. Estoy absolutamente preparado para ir hasta donde los ciudadanos quieran, mediante la resistencia civil, activa, pacífica, la no violencia, y habremos de lograr ese reconocimiento.
“–¿Cómo?
“–Como sea: con plantones, mítines, meterme a Los Pinos, a donde sea; ir a deshacer el Tratado de Libre Comercio, ir a gritar adonde sea. Me canso que lo vamos a hacer” (Proceso 768).
Perdida oficialmente la elección para gobernador, celebrada en agosto y previamente a la denominada concertacesión con Carlos Salinas, el PRI se ofreció dispuesto a cotejar públicamente las actas que tenía en su poder el PAN –como retó Calderón a Andrés Manuel López Obrador–, este partido se negó “por motivos estratégicos”. Y Fox exclamó: “Las actas ya no son un instrumento para saber quién ganó, porque están llenas de marranadas.” Calderón también asumió una conducta pública a favor de “limpiar” elecciones, como en Michoacán, en 1995, cuando fue candidato al gobierno de Michoacán: Advirtió que no reconocería el triunfo del candidato priista, Víctor Manuel Tinoco, hasta que se hubiera revisado “acta por acta”. Inclusive, ya con órganos electorales supuestamente ciudadanizados, como en las elecciones para gobernador de Tabasco, en 2000, en las que fueron candidatos López Obrador y Roberto Madrazo, dijo siendo coordinador de la diputación federal panista: “Yo estoy por que la elección se depure. Es decir, que se revise voto por voto, que se revise irregularidad por irregularidad, que se le dé curso conforme a la ley, independientemente de condenar lo que yo considero que es un atraso en las prácticas políticas del madracismo” (Proceso 1251). El legalismo, no la legalidad, es otro de los artilugios al que han recurrido los panistas cuando están de por medio sus triunfos, pero cuando son derrotados –sobre todo por escaso margen– actúan en sentido contrario, inclusive en los años recientes y con autoridades autónomas.
El viernes 7, el diario Reforma publicó que en las elecciones de 2003 en Sonora el candidato del PAN, Ramón Corral, exigió la misma medida que ahora exige López Obrador ante lo cerrado de las cifras con el candidato del PRI, Eduardo Bours, casualmente hoy aliado de Calderón: “Les pido a los sonorenses que tengamos calma y que exijamos que el Consejo Estatal Electoral cuente voto por voto.” Al año siguiente, en 2004, el PAN respaldó a su candidato al gobierno de Oaxaca, Gabino Cué, para exigir una revisión exhaustiva en la elección para gobernador ante el priista Ulises Ruiz: “No es nada más un tema de actas, esto es un tema muy complejo que no se agota con un acta. Tenemos que ir paso a paso viendo qué sucedió en cada casilla, qué dicen esas actas, ver por qué hay 23 mil votos anulados” El mismo año, pero un mes después, el PAN y su candidato al gobierno de Veracruz, Gerardo Buganza, también exigió lo mismo en la elección cerrada ante el priista Fidel Herrera: “Debe haber un recuento acta por acta y voto por voto. El Instituto Electoral Veracruzano no puede negarse a hacerlo, toda vez que la ley lo permite y hay tiempo suficiente” En noviembre de 2004, también se celebraron elecciones para gobernador en Sinaloa, cuyo candidato, Heriberto Félix, planteó una exigencia análoga ante la autoridad: “Exigimos al Comité Estatal Electoral que actúe con la mayor responsabilidad dentro del marco de la ley y a favor de la transparencia, que se reconozca el triunfo de todos los sinaloenses y que se limpie la elección por las irregularidades cometidas por los mapaches del PRI. Demando que se revise acta por acta y voto por voto para que se aclare el triunfo”. Los argumentos del PRI y de la autoridad fueron en el mismo sentido que ahora asume el IFE y el PAN. Hasta el secretario de Gobernación, Carlos Abascal, se dio el lujo de ser portavoz de órganos electoral legalmente autónomos, para informar que no había votos perdidos y, además, que las tendencias en el cómputo no modificarían a las del Programa de Resultados Electorales Preliminares.
Pequeños dinosaurios
El propio presidente Vicente Fox, sin embargo, ha intervenido abiertamente en procesos electorales, como en el federal de 2003 y en el del Estado de México, mediante declaraciones y embates publicitarios, o como quedó constancia plena en el proceso de desafuero contra López Obrador.
Otras prácticas del PRI que el PAN ha hecho suyas son el uso de programas sociales para favorecer al PAN a nivel federal o en los estados, también con pruebas plenamente documentadas, así como el uso del aparato de justicia para inhabilitar a adversarios políticos, como contra el candidato priista a gobernador de Jalisco, Arturo Zamora. La Procuraduría General de la República (PGR) filtró información contra Zamora, puntero en las encuestas, y terminó por ser derrotado, y esa misma institución quiso persuadir al exsecretario de Finanzas capitalino, Gustavo Ponce, para declarar contra López Obrador, apenas unos días antes de la elección. En cambio, el PAN y Calderón depusieron la exigencia de renuncia y juicio político contra Mario Marín, gobernador de Puebla, pese a que fueron los primeros en exigir su renuncia cuando se difundieron las grabaciones que acreditaron la conspiración contra la periodista Lydia Cacho.
“No queremos partidizar este escándalo y no buscamos andar como zopilotes, para ver qué ventaja sacamos. No es lo correcto”, declaró Espino una semana antes de las elecciones.