México SA : Economía

Carlos Fernández-Vega

• Los beneficiarios de siempre
• Los bancos, eternos participantes del festín fiscal
• El mismo circuito de negocios

En política no hay casualidades. Tampoco en los negocios. Y en el festín de evasión y elusión fiscales no es fortuito que se repitan empresas y empresarios participantes, como no lo es que a lo largo de los años los mismos nombres aparezcan relacionados como beneficiarios de "rescates", "salvamentos", subsidios cambiarios, exenciones, "decretazos" y demás negocios apadrinados por el gobierno en turno y amparados en el erario. A raíz del informe que sobre la revisión de la Cuenta Pública 2005 difundió la Auditoría Superior de la Federación, de nueva cuenta aparecen las empresas y empresarios de siempre entre los agraciados en el festín fiscal. La ASF no da nombres, pero no obstante su aparente "olvido" todos saben de qué consorcios y de qué "hombres de negocios" se trata. Si se revisa la historia de los últimos 25 años, para no ir más lejos, los nombres de esas empresas y empresarios aparecen reiteradamente en el inventario de favorecidos con los multimillonarios subsidios cambiarios del Ficorca, la "devolución" al capital privado de 34 por ciento de la banca estatizada por medio de los certificados de aportación patrimonial (CAP), la desaforada especulación que con estos títulos se desató en la Bolsa Mexicana de Valores, el crack del mercado bursátil que pasó a cuchillo a más de 350 mil pequeños inversionistas, la reprivatización bancaria, su "rescate" y extranjerización, el saqueo con Tesobonos, la fuga de divisas, la especulación cambiaria, la interminable lista de "salvamentos" y, desde luego, la evasión y elusión fiscales, permitida y "legalizada" por y desde el gobierno mismo. Son, pues, los monopolios y oligopolios que mantienen estancado al país, y a la clase política agarrada del punto de equilibrio, porque también en el financiamiento de campañas políticas han encontrado la fórmula de la permanencia y, sobre todo, de la impunidad.

A las denuncias de la ASF y los focos rojos encendidos por la creciente evasión y elusión fiscales, el gobierno calderonista respondió de inmediato: publicó un acuerdo (JG-SAT-IE-3-2007) en el Diario Oficial de la Federación, por medio del cual autoriza la "condonación total o parcial de los créditos fiscales", que a 2005 acumularon cerca de 500 mil millones de pesos, algo así como el 7 por ciento del producto interno bruto, el ingreso anual de millones de mexicanos o, si se prefiere, la fortuna íntegra de Carlos Slim. La ASF "esquivó" los nombres de las empresas y empresarios beneficiados, pero comienzan a documentarse. La Jornada publicó que entre los agraciados en el festín fiscal aparecen, cuando menos, Bimbo, Kimberly Clark, Wal-Mart, Televisa, Telmex, Grupo México, Cemex, Industrias Monterrey (IMSA), Grupo Carso Telecom y Grupo Modelo. No podía faltar la banca, siempre presente en las oscuras historias sobre el manejo de los dineros públicos, ni los sempiternamente "rescatados" ingenios y sus barones del azúcar. El fisco es tan desprendido, que hasta equipos de futbol (propiedad de las televisoras) aparecen en la relación de beneficiarios. No son los únicos, pero sirven de muestra. Allá por los años del generoso Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios (Ficorca, que dirigía Ernesto Zedillo), 30 grupos empresariales concentraron más del 50 por ciento del subsidio (alrededor de 25 mil millones de dólares) que en este renglón les otorgó el gobierno de Miguel de la Madrid. Es larga la relación de atracos cometidos, pero no hay que olvidar que muchos de ellos se beneficiaron con la reprivatización salinista (banca incluida), sobresalieron en el "rescate" del Fobaproa y su capítulo especial, la UCABE, vendieron a muy buen precio sus "rescatadas" acciones en la extranjerización de las instituciones financieras; le sacaron raja a la descarada especulación con Tesobonos, que al erario le costó más de 30 mil millones de dólares, y, en fin, han hecho de este país su negocio particular, con el erario a su servicio.

Entonces, no es que la historia se repita. En realidad es una historia, la del saqueo, que no concluye. Se ha documentado, también, que muchos de ellos son evasores de las cuotas al IMSS, al Infonavit y tantas otras "obligaciones". El gobierno de la República, en particular, y la clase política, en general, se ha convertido en su sastre particular: leyes, decretos, acuerdos y programas a la medida, mientras el país se mantiene en el hoyo.

La telaraña es un cuento de hadas: Cemex (tercero en el ranking internacional) es el monopolio del cemento en México y su cabeza visible es Lorenzo Zambrano, quien también participa en Televisa, otra de las involucradas en el festín fiscal, que preside Emilio Azcárraga Jean, empresario presente en Teléfonos de México, de Carlos Slim, magnate que a su vez forma parte del consejo de administración de Televisa, consorcio en el que tenía asiento María Asunción Aramburuzavala, del Grupo Modelo, del duopolio cervecero en el país, en el que sobresale Valentín Díez Morodo, a su vez participante en el consejo de administración de Kimberly Clark, que preside Claudio X. González Laporte, éste con asiento permanente en Teléfonos de México y Televisa, emporio en el que aparece Germán Larrea, cabeza del Grupo México (el de Pasta de Conchos), consorcio en el que también participan Claudio X. González Laporte y Valentín Díez Morodo, todos ellos beneficiarios de la reprivatización de Banamex, del Fobaproa, de la extranjerización de esa institución financiera y, obvio es, de la elusión fiscal realizada a la hora de venderla a Citigroup por medio de la Bolsa Mexicana de Valores, en las que todas las empresas citadas participan.

Lo anterior, como muestra del banquete y de cómo se benefician no sólo en el consorcio que cada empresario preside, sino en el circuito de "negocios" en el que participan.

Las rebanadas del pastel

En efecto, es un cuento de hadas, pero para el país es una historia de terror. Y el gobierno es parte de ella.

cfvmx@yahoo.com.mx/ cfv@prodigy.net.mx

Kikka Roja

Fidel Castro Ruz

La respuesta brutal

Fidel Castro

El más genuino representante de un sistema de terror que ha sido impuesto al mundo por la superioridad tecnológica, económica y política de la potencia más poderosa que ha conocido nuestro planeta, es sin duda George W. Bush. Compartimos, por ello, la tragedia del propio pueblo norteamericano y sus valores éticos. Sólo de la Casa Blanca podían proceder las instrucciones para el fallo dictado por Kathleen Cardone, jueza de la Corte Federal de El Paso, Texas, el pasado viernes, concediéndole la libertad bajo fianza a Luis Posada Carriles. Fue el propio presidente Bush quien eludió en todo momento el carácter criminal y terrorista del acusado. Se le protegió imputándole una simple violación de trámites migratorios. La respuesta es brutal. El gobierno de Estados Unidos y sus instituciones más representativas decidieron de antemano la libertad del monstruo.

Los antecedentes son bien conocidos y vienen de muy atrás. Los que lo entrenaron y le ordenaron destruir una nave cubana de pasajeros en pleno vuelo, con 73 atletas, estudiantes y otros viajeros nacionales y extranjeros a bordo, además de su abnegada tripulación; los que, estando preso el terrorista en Venezuela, compraron su libertad para suministrar y prácticamente dirigir una guerra sucia contra el pueblo de Nicaragua, que significó la pérdida de miles de vidas y la ruina del país por décadas; los que le dieron facultades para contrabandear con drogas y armas a fin de burlar las leyes del Congreso; los que con él crearon la terrible Operación Cóndor e internacionalizaron el terror; los que llevaron a la tortura, la muerte y muchas veces a la desaparición física de cientos de miles de latinoamericanos, era imposible que actuaran de otra forma. No por esperada la decisión de Bush es menos humillante para nuestro pueblo, porque fue Cuba la que, partiendo de las revelaciones de ¡Por Esto!, órgano de prensa del estado mexicano de Quintana Roo, complementadas después por nuestros propios medios, supo con toda precisión que Posada Carriles entró desde Centroamérica, vía Cancún, hacia Isla Mujeres, desde donde, a bordo del Santrina, después de ser inspeccionada la nave por las autoridades federales de México, se dirigió junto a otros terroristas directamente a Miami.

Denunciado y emplazado públicamente el gobierno de ese país con datos exactos sobre el tema desde el 11 de abril del 2005, demoró más de un mes en arrestar al terrorista y tardó un año y dos meses en reconocer que Luis Posada Carriles entró ligeramente por las costas de la Florida a bordo del Santrina, un supuesto buque-escuela matriculado en Estados Unidos. De sus incontables víctimas, de sus bombas contra instalaciones turísticas en años recientes, de sus decenas de planes financiados por el gobierno de Estados Unidos para eliminarme físicamente no se dice una sola palabra. No era suficiente para Bush haber ultrajado el nombre de Cuba instalando en el territorio ilegalmente ocupado de Guantánamo un horrible centro de tortura similar al de Abu Ghraib, que al ser conocido causó espanto en el mundo. La cruel acción de sus antecesores no le parecía suficiente. No le bastaban los 100 mil millones de dólares que obligaron a gastar a un país pobre y subdesarrollado como Cuba. Acusar a Posada Carriles era acusarse a sí mismo. A lo largo de casi medio siglo, todo era válido contra nuestra pequeña isla a 90 millas de sus costas, que deseaba ser independiente. En la Florida se instaló la más grande estación de inteligencia y subversión que había existido en el planeta.

No bastaba la invasión mercenaria de Girón, que costó a nuestro pueblo 176 muertos y más de 300 heridos cuando los pocos especialistas de medicina que nos dejaron no tenían experiencia en heridas de guerra. Antes había estallado en los muelles del puerto de La Habana el buque francés La Coubre, que transportaba armas y granadas de fabricación belga para Cuba, causando con sus dos explosiones, bien sincronizadas, la muerte a más de 100 trabajadores y heridas a otros muchos en plena faena de salvamento. No bastaba la Crisis de Octubre de 1962, que llevó al mundo al borde límite de una guerra termonuclear total, cuando ya existían bombas 50 veces más poderosas que las que estallaron sobre Hiroshima y Nagasaki. No bastaba la introducción en nuestro país de virus, bacterias y hongos contra plantaciones y rebaños, e inclusive, aunque parezca increíble, contra seres humanos. De laboratorios norteamericanos salieron algunos de estos patógenos para ser trasladados a Cuba por terroristas bien conocidos al servicio del gobierno de Estados Unidos. A todo esto se añade la enorme injusticia de mantener en prisión a cinco heroicos patriotas que, por suministrar información sobre las actividades terroristas, fueron condenados de forma fraudulenta a sanciones que alcanzan hasta dos cadenas perpetuas, y soportan estoicamente, cada una de ellos en cárceles diferentes, crueles maltratos. Más de una vez el pueblo cubano ha desafiado sin vacilar el peligro de morir. Demostró que con inteligencia, usando tácticas y estrategias adecuadas, especialmente estrechando la unidad en torno a su vanguardia política y social, no habrá fuerza en el mundo capaz de vencerlo.

Pienso que el próximo primero de mayo sería el día ideal para que nuestro pueblo, con un mínimo de gasto en combustible y medios de transporte, exteriorice sus sentimientos a los trabajadores y los pobres del mundo.

Artículo publicado el pasado martes por el diario cubano Granma

Kikka Roja

Sergio Aguayo Quezada

¿Ombudsman?

sergioaguayo@infosel.net.mx
www.sergioaguayo.org

¿A quién sirve la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH? Su errático comportamiento en el caso de Ernestina Ascencio plantea, una vez más, esa pregunta que corresponde al Senado esclarecer. Las autoridades judiciales veracruzanas concluyeron que la señora Ascencio, indígena de 73 años, murió por la violación y golpes que sufrió a manos de presuntos militares. La CNDH intervino de oficio y ordenó otra necropsia que fue la base para que José Luis Soberanes, presidente de la CNDH, asegurara que no hubo violencia física o violación sino muerte natural. Carmen Aristegui obtuvo copia de esa autopsia e invitó a una especialista, Bárbara Illán, a su programa en el cual contradijo a Soberanes al asegurar que "hubo coincidencia en los [dos] dictámenes": Estamos ante "una probable violación por dos vías, tanto anal como vaginal. No hay ninguna duda".

A partir de ese momento el Ombudsman se refugió en la penumbra lanzando a dos de sus visitadores, Raúl Plascencia y Susana Pedrosa, a dar la cara y enredarse en sus contradicciones en las que también han tropezado las fuerzas armadas y el presidente de la República. La CNDH polariza. Tiene, por supuesto, defensores entre los que destacan el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional, buena parte de las comisiones de derechos humanos de los estados y algunos medios de comunicación. También tiene el respaldo de organismos civiles conservadores (hace días Soberanes intercambió elogios con Jorge Serrano Limón, presidente de Pro-vida). En el asunto de la señora Ernestina seguramente tiene el beneplácito del presidente Felipe Calderón y de las fuerzas armadas. En la banqueta de enfrente estamos los escépticos con el trabajo de la CNDH. En el asunto de la señora Ascencio no le creo a la CNDH por sus contradicciones, porque ha soltado afirmaciones sin mostrar la evidencia que las sustente y porque pareciera estar actuando por cálculos políticos. No le creo porque lo sucedido en este caso es consistente con un historial que muestra una gelatinosa y poco consistente autonomía, seriedad e imparcialidad. No le creo porque esa forma de proceder contradice la esencia de lo que debiera ser un organismo protector de derechos humanos. Las oscilaciones de la CNDH empezaron mucho antes del crimen de Zongólica, Veracruz.

Nuestro Ombudsman nació con su norte fuera de foco. En lugar de que su brújula siempre apuntara hacia las necesidades de las víctimas, con bastante frecuencia cayó en la tentación de averiguar primero cuáles eran los deseos del poderoso. Así la fundó Carlos Salinas de Gortari en junio de 1990, poco antes de iniciarse las pláticas para el tratado de libre comercio con Estados Unidos. Deseaba convencer al mundo de que los derechos humanos eran prioridad de su gobierno... Pero sin perder el control sobre un tema tan delicado. Por ello fue que Salinas le prohibió meterse en derechos laborales o electorales y por eso fue que se reservó el privilegio de nombrar a sus principales funcionarios y a controlarle el presupuesto. Era, por supuesto, mejor que nada y siempre existió la esperanza de que mejoraría cuando lograra su independencia. Llegó su emancipación del Ejecutivo y pasó a depender del Senado y su balance siguió siendo deficitario en buena medida porque los partidos, sus nuevos patrones, mantuvieron intacto el deseo de mantenerla bien agarrada y le exigieron moderar su independencia... O arriesgar el despido (eso le pasó a Mireille Rocatti). La CNDH ha tenido momentos estelares como los informes y recomendaciones sobre la matanza de Aguas Blancas, Guerrero o los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. Sin embargo, por lo general nunca ha estado a la altura de las necesidades y raras veces llegó al límite de lo posible. Creó un programa para atender las quejas por desaparición forzada... Y luego se sentó durante casi una década sobre la información hasta que el escándalo los obligó a sacar un muy buen informe en el 2001.

¿A quién sirve la CNDH? Por lo general a sí misma, a algunos poderes fácticos y a los sectores conservadores de los cuales es representativa. Resulta por tanto lógica la opacidad en torno a los nombramientos hechos por el Senado de su presidente y de los integrantes de su Consejo Consultivo. Es igualmente comprensible que la CNDH utilice su autonomía para defender privilegios y poder. Entre los métodos que emplea para sustraerse al escrutinio externo estaría el negar o dilatar la entrega de información. Así, buscó cobrar a 93 pesos la fotocopia testada (acaba de perder un amparo y tendrá que bajar el precio); entrega la información en una modalidad distinta a la que se le solicitó (incluso la llega a entregar en clave); inventa causales de improcedencia y de sobreseimiento de los recursos en materia de transparencia para negar la información, etcétera. Por esa historia y por su errático comportamiento en el caso de Ernestina Ascencio es que no le creo ni a la CNDH, ni a su presidente. Como tampoco le creo a las autoridades judiciales y a los ministerios públicos de Veracruz, la forma para salir de dudas es sumarme a la batalla en curso para lograr una opinión internacional que venga a darnos un mínimo de certidumbre sobre las causas de su muerte.

Es por supuesto indignante buscar en el exterior las certezas que debería darnos la CNDH, el organismo público de derechos humanos más rico del hemisferio. Cada año los diputados lavan sus conciencias, cumplen con sus acuerdos o confirman su ignorancia aprobando sin condiciones enormes cantidades de recursos a la CNDH (para el 2006 le asignaron 742 millones de pesos). Pese a los miles de millones de pesos que ha recibido, el Senado jamás ha hecho una evaluación integral de este organismo autónomo. En el caso de la señora Ascencio, José Luís Soberanes se ha comportado como un político tradicional y no como el defensor de los derechos de las víctimas. No es la primera vez que lo hace. ¿Hasta cuándo se decidirá la Comisión de Derechos Humanos del Senado, presidida por Doña Rosario Ibarra, a impulsar una revisión integral de lo que hace y deja de hacer este organismo? Su tarea es muy clara: Lograr que la CNDH sea la institución que atiende a las víctimas de violaciones a los derechos sin importar clase, filiación partidista o poder y que acredite su seriedad elaborando informes y recomendaciones irrefutables por su información y lógica. Se busca Ombudsman.
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Kikka Roja

Lorenzo Meyer

Zongolica y un copo de nieve

Lorenzo Meyer
AGENDA CIUDADANA

Complejidad. En sí mismo, un copo de nieve contiene toda la complejidad del universo. Si se echa mano del microscopio y de la teoría disponible sobre el mundo físico, una explicación a fondo sobre esa pequeña estructura de agua congelada podría requerir de volúmenes. En nuestro universo social, el incidente que tuvo lugar en Soledad Atzompa, en la Sierra de Zongólica, en Veracruz, el 25 de febrero, es el equivalente al copo de nieve: Bien observado, el “pequeño caso” resulta un reflejo bastante puntual de toda la problemática de nuestras relaciones sociales y de poder. Más exactamente, es un microcosmos que muestra todas las grandes fallas y contradicciones del sistema institucional de nuestro país.

El Detonador. Grosso modo, el caso se desarrolló así. La tarde del domingo 25 de febrero la señora Ernestina Ascensión Rosario, de 73 años, residente de una comunidad náhuatl de Veracruz, fue encontrada moribunda en un paraje de Tetlalzingo, Municipio de Soledad Atzompa en la Sierra de Zongólica, donde pastoreaba sus seis ovejas. Horas después, en la madrugada del 26, falleció en el Hospital Regional de Río Blanco a donde había ingresado a las 10:00 de la noche. Hasta aquí los testimonios concuerdan, pero luego todo está bajo sospecha, repleto de contradicciones inaceptables si efectivamente existiera en México un Estado de derecho.

El origen del problema fue la declaración de los familiares de la difunta. Según su hija Martha, cuando la encontró, la señora Ascensión Rosario reveló la causa de su estado: “Fueron los soldados... Se me echaron encima”. Al hacer pública la acusación, se desató una avalancha de documentos y declaraciones que involucran a las autoridades de Soledad Atzompa, a los poderes estatales de Veracruz y a varias de la Federación. Y en estas últimas, la cadena está compuesta por la Presidencia de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre otros. Además, el caso ya ha sido asumido como propio por congresistas federales, ONG’s nacionales y extranjeras y por algunos medios de comunicación y columnistas. A estas alturas, todo ello no es más que un reflejo de la gran división que hoy caracteriza a México.

Los Hechos (Algunos). En primer lugar, están los tres documentos de autoridades veracruzanas. En el del 25 de febrero, la médico adscrita a una agencia de la procuraduría veracruzana describe, en los términos técnicos, que la señora Ascensión, aún con vida, presentaba, entre otras, lesiones genitales y “perforación anal”, lo que se corresponde con una “agresión sexual”. Un segundo documento del día siguiente se refiere al examen del cadáver de la señora Ascensión firmado por el médico Juan Pablo Mendizábal Pérez, quien encontró varias lesiones y “líquido seminal en abundancia” en la región genital, había, además, “fractura luxación de vértebras cervicales”, por lo que la causa de la muerte fue “traumatismo craneoencefálico”. El tercer documento está fechado el 12 de marzo y es resultado de una segunda autopsia, practicada once días después del fallecimiento a pedido de la CNDH y firmado por el médico Ignacio Gutiérrez. Ahí se asienta que la causa de la muerte fue mecánica, por anemia aguda, debido a un sangrado “como consecuencia de un esfuerzo”, pero igualmente se señala que el cuerpo presentaba varias “equimosis por sujeción” en brazos y piernas, y el examen ginecológico menciona “edema vulvar” y eritema en los labios menores. El proctológico observa “desgarros recientes”. Tras esta segunda autopsia, el segundo visitador de esa institución señaló que la PGJ de Veracruz debería emitir un dictamen en un período de 40 a 60 días o sea entre el 22 de abril y el 2 de mayo. En fin, estos son algunos “datos duros” de la burocracia especializada en su investigación ministerial número 140/07/AE/M III. Pasemos ahora a los inesperados efectos políticos y a percibir como estos han cimbrado, al menos por un momento, al conjunto institucional. Dicha conmoción se explica menos por los hechos y datos y más por lo endeble del marco institucional.

La Guerra de las Declaraciones. El presidente y los habitantes del Municipio -perredista- donde ocurrieron los hechos no parecen tener duda de cuáles fueron las causas de la muerte de su coterránea ni quienes los culpables. Por ello, el 1° de marzo pidieron a la Presidencia de la República “que el Ejército salga de nuestro territorio y que no vuelva jamás”. El Ejército, por su parte, emitió varios comunicados uno de los cuales (el No. 19) lo retiró de inmediato para eliminar un párrafo donde especulaba sobre los posibles agresores de la anciana pastora. De ese comunicado se desprende que ya se estaba investigando a 4 oficiales y 79 individuos de tropa de la 26ª Zona Militar. Sin admitir responsabilidad alguna, pero con ánimo de colaborar en la investigación, SEDENA dijo explícitamente que se llevaría a cabo un examen “consistente en comparar el líquido seminal recogido del cuerpo de la hoy occisa con muestras de sangre que se tomen del personal militar”. El 12 de marzo, con las investigaciones aún en curso, Felipe Calderón, y sin que mediara pregunta al respecto, decidió declarar a La Jornada que los exámenes de los especialistas demostraban que la señora Ascensión no había fallecido como consecuencia de una violación sino de una simple “gastritis crónica no atendida”. Después que la máxima figura política del país había dado su opinión -¿veredicto?- pero antes de que concluyera la investigación, el 30 de marzo el titular de la CNDH declaró en igual sentido: La primera autopsia estuvo mal hecha y la segunda demostraba que la señora Ascensión había muerto a causa de una enfermedad no “atendida adecuadamente”, pero que en todo caso no había habido violación. La presidenta del Instituto Nacional de la Mujeres también declaró ese día: Que lo dicho por la señora Ascensión -que la violaron militares- no podía ser tomado literalmente porque ya estaba moribunda y ¡lo había dicho en náhuatl! Para la comunidad de Soledad Atzompa y para el gobernador de Veracruz, según declaración del 30 de marzo, la muerte de Ernestina Ascensión había sido producto de un crimen, pero para la Presidencia de la República -máxima autoridad militar- y para la CNDH, había sido resultado de una simple enfermedad. ¿Dónde Estamos?. Contra lo asegurado explícitamente por el responsable de la CNDH, e implícitamente por la Presidencia, si bien la segunda autopsia no confirma todo lo apuntado en la primera, tampoco cierra técnicamente la posibilidad de una violación. Así lo argumentó en el programa radiofónico de Carmen Aristegui del 3 de abril la maestra Bárbara Illán, especialista en delitos sexuales. Y para complicar más el caso, ahora resulta que un elemento clave, el “líquido seminal” tomado del cuerpo de la fallecida y al que hizo referencia un documento de SEDENA ¡desapareció!. Los militares dicen que ellos nunca tuvieron en realidad ese líquido y sólo supusieron que lo tenían las autoridades de Veracruz, pero ahora resulta que la PGJ de Veracruz lo perdió, lo mismo que muestras de tejidos, (Proceso, 8 de abril).

El Copo de Nieve. Hoy el problema surgido en Zongólica pareciera un guión para los hermanos Marx, una comedia de equivocaciones, pero donde el elemento trágico es el dominante. Para empezar, la víctima de la agresión o de la pobreza, según se vea, pertenecía al México que siempre ha perdido. La comunidad de Atzompa es una muestra del resentimiento, muy justificado, del México indígena, siempre bajo sospecha para el México mestizo. Luego, para seguir, las altas autoridades emitieron su “autorizada opinión” antes de tiempo -cuando la investigación apenas estaba en curso- y en este caso el tiempo resultó un factor político; no se trató de opiniones inocentes sino muy cargadas. El ombudsman debió estar consciente que, por su origen -su puesto lo creo Carlos Salinas como parte de la negociación del TLC con Estados Unidos- aún tiene que probar que no es instrumento de la Presidencia. La SEDENA, hoy una institución más en el centro de la política que lo que le es habitual, dio comunicados que luego retiró y se contradijo en un punto central: El de la muestra de líquido seminal. En fin, cualquiera que sea la “verdad oficial”, lo que ese copo de nieve en Atzompa deja en claro es que algo muy importante ha vuelto a fallar. Y lo peor es que tal circunstancia ya no asombra. Personajes e instituciones carecen de credibilidad, tanto en su actuar como en su moral. El país sigue fracturado por regiones, clases y por la deuda histórica con los indígenas. Y esa, tristemente, es la realidad mexicana.

RESUMEN: “El ‘pequeño drama’ de Soledad Atzompa refleja todas las debilidades, contradicciones y problemas de la actual estructura social y política de México”.

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Kikka Roja

Para Todos los panistas y Falsos mexicanos

• Darles grandes privilegios fiscales ocasiona graves quebrantos al país, advierte
• El contubernio de empresarios con Fox y Calderón da la razón a AMLO: Monreal
• Califica de hecho escandaloso los 105 mil millones de pesos que adeudan de impuestos
• Los recursos que usaron para apoyar al michoacano les fueron devueltos al mil por ciento

ANDREA BECERRIL , CAROLINA GOMEZ MENA

''Muy pronto, el tiempo ha dado la razón a Andrés Manuel López Obrador en las denuncias que formuló sobre el contubernio entre el gobierno de Vicente Fox Quesada y los grandes consorcios que financiaron la guerra sucia en su contra, para posteriormente ser beneficiados con exenciones de impuestos y otros privilegios fiscales, entre ellos permitir que dejen de pagar los gravámenes que les corresponden'', advirtió el senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Ricardo Monreal Avila. Los datos dados a conocer recientemente por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) muestran ''quebrantos graves, corrupción y desviación de recursos de manera ominosa, infame y cínica'', agregó el perredista. Hizo notar que con los 105 mil millones de pesos que adeudan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) consorcios como Televisa, Bimbo, Cementos Mexicanos, Teléfonos de México y otros grandes contribuyentes, se podría pagar parte de la reforma fiscal que pretende ''el gobierno de facto de Felipe Calderón Hinojosa''. Se trata, insistió el legislador zacatecano, de un hecho escandaloso que muestra cómo las empresas que apoyaron al Partido Acción Nacional (PAN) y a su candidato, aportaron recursos que les fueron devueltos al mil por ciento, al permitirles que evadan impuestos o no los paguen. Bastaría con que las autoridades hacendarias le cobraran a los dueños de los consorcios morosos, para no cargarle la mano a la clase media y a los estratos más pobres, con su pretendida reforma fiscal que incluye gravar con impuesto al valor agregado (IVA) medicinas y alimentos, señaló. El ex gobernador de Zacatecas dijo que, según estimaciones de la Secretaría de Hacienda, con esa reforma pretenden recaudar 120 mil millones de pesos, que saldrían si Bimbo y las otras empresas cumplieran con su obligación de pagar impuestos y saldaran su adeudo. Sin embargo, añadió, seguramente Calderón no va a molestar a los que le facilitaron ''usurpar la Presidencia de la República'' y les permitirá seguir con sus privilegios fiscales, ya que es ''rehén de los poderosos''.

Reacciones de los sindicatos

En el mismo sentido, sindicatos afiliados a la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) sostuvieron que el hecho de que 16 consorcios adeuden al fisco 105 mil millones de pesos confirma que los ''gobiernos panistas favorecen principalmente a los grandes empresarios''.Carlos Galindo, secretario de Relaciones del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), señaló en entrevista con este diario que lo anterior pone en evidencia que las administraciones neoliberales ''gobiernan para y en favor de los industriales'', y agregó que mientras se permite a los empresarios evadir impuestos, a los trabajadores ''sí se nos aplica una alta tasa impositiva, lo cual es vergonzoso''. A su vez, Benito Bahena, líder de la Alianza de Tranviarios de México, sostuvo que esta situación no es ninguna sorpresa, puesto que se sabe que las administraciones panistas tienen esta ''debilidad por los empresarios''. Sostuvo que esta evasión u omisión de cobro de impuestos por parte del gobierno explica por qué los recursos gubernamentales tienden a ser escasos. ''Siempre falta dinero, porque los trabajadores no podemos sostener al gobierno; son los grandes industriales los que deben pagar en tiempo y forma sus impuestos''.

ya no esperen mentadas de madre, espérense a las manifestaciones y protestas.

Kikka Roja