- Se comprometen por escrito a corregir texto del artículo 139 del Código Penal Federal
- Error, equiparar terrorismo con lucha social, admiten PRI y AN
- Teme el PRD que Felipe Calderón publique los cambios antes de que el Senado los anule
- Las fallas en la elaboración de leyes ocurren en sesiones maratónicas y al vapor: Navarrete
ANDREA BECERRIL
Durante el debate del pasado jueves en el Senado sobre las reformas al Código Penal Federal, que equiparan a luchadores sociales con terroristas, el perredista Pablo Gómez advirtió que dirigentes de movimientos civiles están presos en cárceles de alta seguridad a consecuencia de la represión de Estado. La imagen, durante el operativo del pasado 4 de mayo en San Salvador Atenco, durante el cual fueron detenidos y golpeados decenas de ejidatarios, entre ellos el líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Ignacio del Valle Foto: Alfredo Domínguez
En un reconocimiento pleno del error cometido un día antes, al aprobar una serie de reformas que abren la puerta para equiparar la protesta social y política con actividades terroristas, los grupos parlamentarios de PAN y PRI se comprometieron por escrito a modificar esa legislación en el próximo periodo extraordinario de sesiones, que se espera realizar a fines de mayo o principios de junio. El coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, informó que el compromiso fue signado por el panista Santiago Creel, el priísta Manlio Fabio Beltrones y los representantes de las fracciones de PT, Convergencia y el Partido Verde, con el propósito de corregir el artículo 139 del Código Penal Federal, cuya redacción permite que se acuse de terrorista, con prisión hasta de 40 años, a quien se involucre en algún movimiento social o político en que haya violencia. Navarrete lamentó errores de esa magnitud, "en sesiones maratónicas y al vapor", en las que se aprueban leyes defectuosas o de repercusiones graves, como la votada un día antes -para sancionar con mayor rigor el terrorismo y su financiamiento-, con una prisa que "ni priístas ni panistas pudieron justificar".
"A la brevedad"
Dijo que aprovechó que el grupo priísta reconoció en tribuna las objeciones que formularon los senadores Pablo Gómez y Tomás Torres a las reformas al artículo 139, para lograr el compromiso por escrito de que se modificará a la brevedad, en el próximo periodo extraordinario. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, el panista Alejandro González Alcocer, dijo que se discutirá ese artículo del Código Penal Federal, aunque "sigo pensando que está bien y que no es cierto que se equipare a los luchadores sociales con terroristas". Como dijo un día antes en tribuna, en entrevista de ayer reiteró que son "infundadas" las preocupaciones de los perredistas, porque el gobierno actual es muy distinto a los regímenes priístas, en los que "se cargaba a los adversarios políticos los delitos de motín o sabotaje para que no pudieran salir bajo fianza". Por separado, el senador perredista Tomás Torres comentó que tanto Vicente Fox como Felipe Calderón mostraron su vocación autoritaria. Dijo que durante el debate, su compañero Pablo Gómez recordó a los panistas que luchadores sociales como los dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y de los ejidatarios de Atenco, Flavio Sosa e Ignacio del Valle, respectivamente, están en cárceles de alta seguridad, junto a narcotraficantes.
Es obvio, agregó, que como quedó redactado el artículo 139 del Código Penal Federal, posibilita que todo aquel que lleve a cabo un plantón u organice la toma de instalaciones federales puede ser acusado de terrorismo. Explicó que el problema fue la celeridad con que los senadores de PAN, PRI y Verde Ecologista quisieron aprobar la minuta proveniente de la Cámara de Diputados, con el argumento de que se trata de un asunto de seguridad nacional. En realidad, la intención es adecuar la legislación del país al combate más rigorista del terrorismo, según las exigencias de Estados Unidos, y para ello reformaron más de 12 leyes, como el Código Penal Federal, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, entre otras. El problema fue -dijo- que en el caso del artículo 139 del Código Penal, un ordenamiento viejo, que data de los 60 y contenía ya el espíritu de penalizar la protesta social, los diputados le hicieron una serie de agregados, o remiendos, para introducir de manera genérica el delito de terrorismo. La redacción con que quedó es la siguiente: "Se impondrá una pena de prisión de seis a 40 años y hasta mil doscientos días de multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que resulten, al que utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radiactivo o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación, o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que produzca alarma o terror entre la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome alguna determinación".
Es decir, ese artículo considera actos terroristas los realizados con armas tóxicas y químicas y "por cualquier otro medio violento", y si a ello se le agrega que sean también para "presionar a la autoridad para que tome alguna determinación", significa que cualquier toma de instalaciones en que haya violencia, un plantón en una alcaldía, afuera de la Secretaría de Gobernación o cualquier otra dependencia, ya cae en la tipificación de terrorismo. Durante el debate que se dio el jueves por la noche en Xicoténcatl, el senador Torres insistió, sin éxito, en que se eliminaran las frases: "por cualquier otro medio violento" y "o presionar a la autoridad, para que tome alguna determinación", ya que la dupla PAN-PRI y su aliado, el Partido Verde, aprobaron en todos sus términos el artículo 139. Ayer, en entrevista, dijo que insistirá en ese cambio y en modificaciones que se requieren también a los artículos 139 bis y 139 tercero, que pasaron con "deficiencias técnicas graves". El primero establece que se aplicará una pena de uno a nueve años de prisión, y de 100 a 300 días de multa a quien encubra a un terrorista, teniendo conocimiento de sus actividades o de su identidad. Sin embargo, no se precisa cuál es esa actitud a sancionar, y en el 139 tercero tampoco se señala en qué consiste "amenazar con cometer el delito de terrorismo". En ambas redacciones, sostuvo, se establece "una norma penal en blanco o incompleta, porque sólo se contempla la penalidad".
Lo urgente ahora es modificar el artículo 139, para evitar "alguna tentación autoritaria del actual gobierno ilegítimo, toda vez que lo más probable es que Calderón promulgue de inmediato la reforma", advirtió el coordinador perredista Carlos Navarrete. No descartó que una vez que entren en vigor las modificaciones se pretendiera algún albazo para acallar protestas ciudadanas.
En un reconocimiento pleno del error cometido un día antes, al aprobar una serie de reformas que abren la puerta para equiparar la protesta social y política con actividades terroristas, los grupos parlamentarios de PAN y PRI se comprometieron por escrito a modificar esa legislación en el próximo periodo extraordinario de sesiones, que se espera realizar a fines de mayo o principios de junio. El coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, informó que el compromiso fue signado por el panista Santiago Creel, el priísta Manlio Fabio Beltrones y los representantes de las fracciones de PT, Convergencia y el Partido Verde, con el propósito de corregir el artículo 139 del Código Penal Federal, cuya redacción permite que se acuse de terrorista, con prisión hasta de 40 años, a quien se involucre en algún movimiento social o político en que haya violencia. Navarrete lamentó errores de esa magnitud, "en sesiones maratónicas y al vapor", en las que se aprueban leyes defectuosas o de repercusiones graves, como la votada un día antes -para sancionar con mayor rigor el terrorismo y su financiamiento-, con una prisa que "ni priístas ni panistas pudieron justificar".
"A la brevedad"
Dijo que aprovechó que el grupo priísta reconoció en tribuna las objeciones que formularon los senadores Pablo Gómez y Tomás Torres a las reformas al artículo 139, para lograr el compromiso por escrito de que se modificará a la brevedad, en el próximo periodo extraordinario. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, el panista Alejandro González Alcocer, dijo que se discutirá ese artículo del Código Penal Federal, aunque "sigo pensando que está bien y que no es cierto que se equipare a los luchadores sociales con terroristas". Como dijo un día antes en tribuna, en entrevista de ayer reiteró que son "infundadas" las preocupaciones de los perredistas, porque el gobierno actual es muy distinto a los regímenes priístas, en los que "se cargaba a los adversarios políticos los delitos de motín o sabotaje para que no pudieran salir bajo fianza". Por separado, el senador perredista Tomás Torres comentó que tanto Vicente Fox como Felipe Calderón mostraron su vocación autoritaria. Dijo que durante el debate, su compañero Pablo Gómez recordó a los panistas que luchadores sociales como los dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y de los ejidatarios de Atenco, Flavio Sosa e Ignacio del Valle, respectivamente, están en cárceles de alta seguridad, junto a narcotraficantes.
Es obvio, agregó, que como quedó redactado el artículo 139 del Código Penal Federal, posibilita que todo aquel que lleve a cabo un plantón u organice la toma de instalaciones federales puede ser acusado de terrorismo. Explicó que el problema fue la celeridad con que los senadores de PAN, PRI y Verde Ecologista quisieron aprobar la minuta proveniente de la Cámara de Diputados, con el argumento de que se trata de un asunto de seguridad nacional. En realidad, la intención es adecuar la legislación del país al combate más rigorista del terrorismo, según las exigencias de Estados Unidos, y para ello reformaron más de 12 leyes, como el Código Penal Federal, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, entre otras. El problema fue -dijo- que en el caso del artículo 139 del Código Penal, un ordenamiento viejo, que data de los 60 y contenía ya el espíritu de penalizar la protesta social, los diputados le hicieron una serie de agregados, o remiendos, para introducir de manera genérica el delito de terrorismo. La redacción con que quedó es la siguiente: "Se impondrá una pena de prisión de seis a 40 años y hasta mil doscientos días de multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que resulten, al que utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radiactivo o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación, o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que produzca alarma o terror entre la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome alguna determinación".
Es decir, ese artículo considera actos terroristas los realizados con armas tóxicas y químicas y "por cualquier otro medio violento", y si a ello se le agrega que sean también para "presionar a la autoridad para que tome alguna determinación", significa que cualquier toma de instalaciones en que haya violencia, un plantón en una alcaldía, afuera de la Secretaría de Gobernación o cualquier otra dependencia, ya cae en la tipificación de terrorismo. Durante el debate que se dio el jueves por la noche en Xicoténcatl, el senador Torres insistió, sin éxito, en que se eliminaran las frases: "por cualquier otro medio violento" y "o presionar a la autoridad, para que tome alguna determinación", ya que la dupla PAN-PRI y su aliado, el Partido Verde, aprobaron en todos sus términos el artículo 139. Ayer, en entrevista, dijo que insistirá en ese cambio y en modificaciones que se requieren también a los artículos 139 bis y 139 tercero, que pasaron con "deficiencias técnicas graves". El primero establece que se aplicará una pena de uno a nueve años de prisión, y de 100 a 300 días de multa a quien encubra a un terrorista, teniendo conocimiento de sus actividades o de su identidad. Sin embargo, no se precisa cuál es esa actitud a sancionar, y en el 139 tercero tampoco se señala en qué consiste "amenazar con cometer el delito de terrorismo". En ambas redacciones, sostuvo, se establece "una norma penal en blanco o incompleta, porque sólo se contempla la penalidad".
Lo urgente ahora es modificar el artículo 139, para evitar "alguna tentación autoritaria del actual gobierno ilegítimo, toda vez que lo más probable es que Calderón promulgue de inmediato la reforma", advirtió el coordinador perredista Carlos Navarrete. No descartó que una vez que entren en vigor las modificaciones se pretendiera algún albazo para acallar protestas ciudadanas.
Kikka Roja