En un foro sobre reforma energética realizado ayer por el Senado de la República, un funcionario de Pemex afirmó que esta empresa paraestatal necesita una inversión de 150 mil millones de pesos para financiar la búsqueda y explotación de nuevos yacimientos de hidrocarburos en el mar. Con el argumento de que resulta insuficiente la profundidad a la que actualmente Pemex lleva a cabo sus tareas de exploración -100 metros por debajo del nivel del mar-, el funcionario aseguró que para extraer el petróleo de las reservas probables del país -algunas de las cuales están, presumiblemente, a más de mil 500 metros de profundidad- es necesaria la participación de inversión privada. Horas antes, el subsecretario de Energía Mario Gabriel Budebo había señalado que México sufre un retroceso sostenido en materia de reservas probadas de petróleo: la tasa de restitución promedio del país es apenas de 30 por ciento de la producción, cuando la tasa mundial promedió 164 por ciento en la década pasada. Esto explicaría por qué, a pesar de que los niveles de explotación de hidrocarburos han crecido 9 por ciento, la vida productiva de las reservas de crudo en el periodo 2000-2006 haya descendido de 18 a 9.6 años, lo cual, según Team Coleman, analista de la consultoría Moody's, pone a Pemex en desventaja con respecto a compañías como Exxon, Chevron-Texaco y Petrobras, que tienen reservas probadas por más de 12 años. Por su parte, la compañía British Petroleum (BP) destacó el retroceso que Pemex ha sufrido en materia de refinación: su capacidad de procesamiento de crudo ha disminuido de un millón 481 mil barriles diarios en 2000 a un millón 463 mil en 2006, debido a la falta de inversión en las refinerías del país.
La difusión de los datos referidos se inscribe en la apenas disimulada campaña por presentar a Pemex como una empresa depreciada, económicamente inviable y prácticamente en quiebra, campaña que obedece al afán del grupo en el poder por devaluar el organismo para justificar su privatización parcial o total y, por si fuera poco, rematarlo a un precio muy inferior a lo que realmente vale. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), las exportaciones petroleras mexicanas totalizaron 34 mil 705 millones de dólares en 2006, es decir, unos 365 mil millones de pesos. Esto quiere decir que si fueran ciertas las cifras manejadas ayer en el foro senatorial por Carlos Morales Gil, director de Pemex Exploración y Producción, habría que destinar a tareas de exploración más de 40 por ciento de los recursos obtenidos por las ventas totales de crudo. Si a esa inversión se le agregan los gastos de producción, transporte, administración y otros rubros, se estaría ante un negocio muy poco atractivo y serían más bien menguadas las posibilidades de interesar en él a los capitales privados. Peor aún: el gobierno mexicano estaría a punto de perder la mayor parte de sus recursos monetarios, y el país, en la antesala de una debacle económica.
Pero el problema de Pemex no es el riesgo inminente de una bancarrota que sería, obligadamente, de rango nacional, sino el persistente saqueo de que ha sido objeto por partida doble: la confiscación fiscal de la mayor parte de sus ingresos brutos, práctica reconocida y pública, y la vasta e inveterada corrupción que impera en la administración de la paraestatal. Para que Pemex obtenga los recursos necesarios para su desarrollo en todos los rubros, particularmente en los de la exploración y la refinación, sería necesario que el gobierno federal dejara de exprimirla como actualmente lo hace y que combatiera la asfixiante corrupción y la falta de transparencia que padece el conjunto de la administración pública, la paraestatal incluida. Como botón de muestra, baste mencionar la injustificable entrega al sindicato controlado por Carlos Romero Deschamps de mil 724 millones por el ex director de Pemex, Raúl Muñoz Leos, en julio de 2004, así como los datos proporcionados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que dan cuenta de un faltante de 26 mil 342 millones en las cuentas públicas entregadas en 2005, por el gobierno de Vicente Fox.
Para obtener los recursos requeridos casi bastaría aplicar una política honesta de austeridad. Si la reducción de 10 por ciento en las percepciones de los altos funcionarios federales que fue anunciada en diciembre pasado por la administración entrante generó, según lo dicho por el propio Felipe Calderón, un ahorro de 25 mil millones de pesos, sería suficiente un recorte adicional de 40 por ciento en tales salarios para liberar recursos por 100 mil millones de pesos, dos terceras partes de lo que, según Morales Gil, se requiere para activar la exploración en Pemex. En suma, la instauración de la autonomía administrativa de Pemex y la moralización de la administración pública serían medidas suficientes para enderezar el rumbo de la paraestatal y preservar la principal fuente de recursos públicos. Si a ello se le agrega, antes que una reforma fiscal, la simple voluntad política de aplicar la ley y cobrar los impuestos que deben ser cobrados a las grandes empresas y a las grandes fortunas, el Estado dispondría de recursos suficientes para funcionar, y Pemex podría consolidarse y fortalecerse sin necesidad de privatizaciones totales o parciales. Las terquedades privatizadoras no obedecen, en rigor, a necesidades reales, sino al afán del grupo en el poder de impulsar los negocios de sus socios y aliados nacionales e internacionales.
La difusión de los datos referidos se inscribe en la apenas disimulada campaña por presentar a Pemex como una empresa depreciada, económicamente inviable y prácticamente en quiebra, campaña que obedece al afán del grupo en el poder por devaluar el organismo para justificar su privatización parcial o total y, por si fuera poco, rematarlo a un precio muy inferior a lo que realmente vale. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), las exportaciones petroleras mexicanas totalizaron 34 mil 705 millones de dólares en 2006, es decir, unos 365 mil millones de pesos. Esto quiere decir que si fueran ciertas las cifras manejadas ayer en el foro senatorial por Carlos Morales Gil, director de Pemex Exploración y Producción, habría que destinar a tareas de exploración más de 40 por ciento de los recursos obtenidos por las ventas totales de crudo. Si a esa inversión se le agregan los gastos de producción, transporte, administración y otros rubros, se estaría ante un negocio muy poco atractivo y serían más bien menguadas las posibilidades de interesar en él a los capitales privados. Peor aún: el gobierno mexicano estaría a punto de perder la mayor parte de sus recursos monetarios, y el país, en la antesala de una debacle económica.
Pero el problema de Pemex no es el riesgo inminente de una bancarrota que sería, obligadamente, de rango nacional, sino el persistente saqueo de que ha sido objeto por partida doble: la confiscación fiscal de la mayor parte de sus ingresos brutos, práctica reconocida y pública, y la vasta e inveterada corrupción que impera en la administración de la paraestatal. Para que Pemex obtenga los recursos necesarios para su desarrollo en todos los rubros, particularmente en los de la exploración y la refinación, sería necesario que el gobierno federal dejara de exprimirla como actualmente lo hace y que combatiera la asfixiante corrupción y la falta de transparencia que padece el conjunto de la administración pública, la paraestatal incluida. Como botón de muestra, baste mencionar la injustificable entrega al sindicato controlado por Carlos Romero Deschamps de mil 724 millones por el ex director de Pemex, Raúl Muñoz Leos, en julio de 2004, así como los datos proporcionados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que dan cuenta de un faltante de 26 mil 342 millones en las cuentas públicas entregadas en 2005, por el gobierno de Vicente Fox.
Para obtener los recursos requeridos casi bastaría aplicar una política honesta de austeridad. Si la reducción de 10 por ciento en las percepciones de los altos funcionarios federales que fue anunciada en diciembre pasado por la administración entrante generó, según lo dicho por el propio Felipe Calderón, un ahorro de 25 mil millones de pesos, sería suficiente un recorte adicional de 40 por ciento en tales salarios para liberar recursos por 100 mil millones de pesos, dos terceras partes de lo que, según Morales Gil, se requiere para activar la exploración en Pemex. En suma, la instauración de la autonomía administrativa de Pemex y la moralización de la administración pública serían medidas suficientes para enderezar el rumbo de la paraestatal y preservar la principal fuente de recursos públicos. Si a ello se le agrega, antes que una reforma fiscal, la simple voluntad política de aplicar la ley y cobrar los impuestos que deben ser cobrados a las grandes empresas y a las grandes fortunas, el Estado dispondría de recursos suficientes para funcionar, y Pemex podría consolidarse y fortalecerse sin necesidad de privatizaciones totales o parciales. Las terquedades privatizadoras no obedecen, en rigor, a necesidades reales, sino al afán del grupo en el poder de impulsar los negocios de sus socios y aliados nacionales e internacionales.
Kikka Roja
