El lunes 3 de Septiembre a las 10 de la mañana en el Sheraton Centro Histórico (Salón Don Genaro) Luis Mandoki dará una conferencia de prensa para hacer un anuncio de GRAN IMPORTANCIA relacionado con el documental sobre el proceso electoral de 2006.
Se convoca, por lo tanto, a todos los medios alternativos para que por favor cubran esta conferencia. El Sheraton del Centro Histórico se encuentra sobre avenida Juárez, cruzando la calle de la Alameda.
Lo que les puedo decir es que si se está convocando a esta conferencia es por que se trata de algo EN VERDAD sumamente importante y que se tiene que difundir por todos los medios posibles. Así que sugiero que lleven cámaras y grabadoras, y que una vez concluida la conferencia, suban la información a internet.
Kikka Roja
sábado, 1 de septiembre de 2007
Jaime Avilés
Desfiladero
jamastu@gmail.com
Kikka Roja
jamastu@gmail.com
- Mexicanos al grito de Wal-Mart
- Televisa tomará el Zócalo el 15 con sus estrellas
- Propuesta: que los chuchos devuelvan sus curules
- Mandoki llama a una rueda de prensa urgente
Si Vicente Fox afirmaba que su gobierno era “de empresarios, por empresarios y para empresarios”, los senadores y diputados de los tres grandes partidos de México podrían decir que su reforma electoral es “de legisladores, por legisladores y para legisladores”. Muy bien comprenden que si no limpian los escombros del instituto y del tribunal electoral devastados por el golpe del 2 de julio, los comicios de 2009 no tendrán legitimidad y por lo tanto su carrera parlamentaria se irá al demonio. La reforma electoral que han consensado panistas, priístas y perredistas no reforma mucho: fue escrita sobre las rodillas para decapitar a Luis Carlos Ugalde y a sus cómplices en el fraude que elevó a la Presidencia a un sujeto sin verbo ni complemento, y luego será usada como moneda de cambio para involucrar al PRD en reformas menos simpáticas. ¿Qué va a reformar la supuesta reforma? Aparte de borrar de la vista del público al ectoplasma que preside el Instituto del Fraude Electoral, pretende “reducir los tiempos y costos de campaña”, “limitar el financiamiento y la duración de las precampañas”, crear una “contraloría interna del IFE”, prohibir “la propaganda negra” y la reconversión de sindicatos en partidos políticos, así como la sustitución “escalonada” de consejeros y magistrados electorales. Y ya. ¿Y la televisión? Muy bien, muy feliz, muy contenta bajo el aura de impunidad que le permitirá seguir siendo la que absorbe todo el dinero que el Estado da a los partidos y la que, al final, decidirá quién gana y quién dizque gobierna.
No hay, especialmente de parte de los “reformadores” del PRD, una sola alusión al hecho de que en países como Brasil, Chile, Inglaterra y Francia las leyes electorales precisan que los candidatos no podrán contratar –caso específico de Francia– más de 45 minutos de tiempo en televisión ¡en todo el proceso! En cuanto a lo demás, qué importa si reducen o no los costos de las campañas si éstos nunca han sido respetados y las sanciones al respecto llegan mucho tiempo después. ¿Y la “propaganda negra”? Los empresarios tenían terminantemente prohibido intervenir en favor o en contra de ningún candidato y sin embargo lo hicieron a lo largo de 2006 y volverán a hacerlo porque el nuevo “marco jurídico” les importará lo mismo que el actual: nada. ¿No eran expresiones de “propaganda negra” las andanadas mediáticas del gobierno de Fox contra Andrés Manuel López Obrador? ¿O qué eran, si no, los videoescándalos de Ahumada, el Nicogate y la ho-rri-pi-lan-te violación a la ley que significó abrir una calle de cien metros en el predio El Encino? Así, pues, la televisión, sus magnates y sus aguerridos levantacejas ya enfrían el champaña: seguirán siendo los amos, los que deciden, los que descalifican, los que en su imaginación “legitiman”, y por supuesto los que engordan con el dinero que el IFE les entrega a través de los partidos. Cantemos, pues, loas a los magnánimos reformadores del tripartidismo emergente: que sus nombres queden inscritos con letras de ocio en los muros del Congreso. Para que una reforma constitucional pueda ser aprobada, incluso una tan minúscula como ésta, se requieren las tres cuartas partes de los votos de los legisladores. Es obvio que el PAN, el PRI y sus partiditos achichincles no alcanzan a reunir ese porcentaje y necesitan por fuerza al PRD. ¿Qué rara urgencia tenía el PRD de pactar acuerdos “históricos” con el partido del asesino serial de Oaxaca y el góber precioso de Puebla? ¿Por qué ni siquiera insinuaron que antes de hablar seriamente de nada esos dos facinerosos tenían que ser echados de sus cargos por el bien de los más pobres? Pero no, les ganó la prisa para pasar a la historia como los que sacaron la basura –léase Ugalde y compinches– por la puerta delantera del sistema, con bombo y platillo, cuando todo el país sabe que esa era materia orgánica podrida ya, y que de todos modos había que tirarla.
Qué fácil, qué rápido y qué barato se vendieron los epónimos reformadores del PRD. Ahora habrá que ver qué les cobrarán a cambio: la reforma fiscal y luego la energética. Qué pronto se les olvidó que fueron electos “como parte del ascenso de la voluntad popular que reclamaba y reclama un verdadero cambio”, como bien señalaron ayer en un mensaje al pueblo de México y a la Convención Nacional Democrática la senadora Rosario Ibarra y el diputado José Antonio Almazán, que hoy no estarán en San Lázaro para repudiar así, con su digna ausencia, el carácter espurio de la caricatura de “gobierno” de Felipe Calderón. El sábado pasado, los lectores de Desfiladero coincidieron en que la mejor forma de protesta contra el golpe de Estado era que los legisladores salieran de la Cámara cuando el lavador de dólares de Zhenli Ye Gon entrara a deletrear su Informe. Para la nueva derecha llamada Nueva Izquierda esa opinión colectiva fue el pretexto mínimo que necesitaban y sin más corrieron a echarse en brazos de la ultraderecha panista. “Nada ni nadie impedirá que Calderón cumpla con su deber el primero de septiembre”, afirmó Carlos Navarrete y todos los chuchos lo secundaron eufóricos. Pero al usar el voto que los llevó a las cámaras para servir a los que burlaron la voluntad del pueblo, esos legisladores perredistas se convierten ahora en tardíos cómplices del fraude electoral y se vuelven por lo tanto espurios ellos mismos. Así lo interpreta con claridad admirable Rosa María Benítez (rosmabeni63@hotmail.com) que desde Culiacán propone: “Las bases de nuestro movimiento deben pedir la renuncia de los diputados del FAP que traicionen al pueblo el día del Informe; que se vayan, al fin que ahí están sus suplentes. La revocación de mandato debe empezar por casa. Y a ver cuándo organizamos un mitin de protesta frente al PRD”.
En tanto, Televisa informó el miércoles que el grupo RBD ya es “franquicia de Wal-Mart”. El anuncio surge después de que el oligopolio de Emilio Azcárraga filtró que el 15 de septiembre ese conjunto actuará en el Zócalo. Con ello pretende llenar la plaza de jóvenes fans de la peor música de plástico para que Calderón dé el Grito sin gorra militar. Eso demuestra que la televisión y Wal-Mart entran al recate del “gobierno” que impusieron y van a defenderlo a cualquier costo.
Por lo pronto, el próximo lunes a las 10 de la mañana, en el salón Don Genaro del Sheraton Centro Histórico, Luis Mandoki hará una importante revelación sobre su película 2 de julio: el fraude que nadie vio, y que los golpistas de Los Pinos aguardan con tanta alegría como la que George WC Bush siente por los documentales de Michael Moore. El llamado del cineasta mexicano va dirigido en especial a los medios alternativos e independientes. Hay que pasar la voz… Y sí, ¿cuándo hacemos un mitin frente al PRD para exigir que devuelvan sus curules los chuchos?
No hay, especialmente de parte de los “reformadores” del PRD, una sola alusión al hecho de que en países como Brasil, Chile, Inglaterra y Francia las leyes electorales precisan que los candidatos no podrán contratar –caso específico de Francia– más de 45 minutos de tiempo en televisión ¡en todo el proceso! En cuanto a lo demás, qué importa si reducen o no los costos de las campañas si éstos nunca han sido respetados y las sanciones al respecto llegan mucho tiempo después. ¿Y la “propaganda negra”? Los empresarios tenían terminantemente prohibido intervenir en favor o en contra de ningún candidato y sin embargo lo hicieron a lo largo de 2006 y volverán a hacerlo porque el nuevo “marco jurídico” les importará lo mismo que el actual: nada. ¿No eran expresiones de “propaganda negra” las andanadas mediáticas del gobierno de Fox contra Andrés Manuel López Obrador? ¿O qué eran, si no, los videoescándalos de Ahumada, el Nicogate y la ho-rri-pi-lan-te violación a la ley que significó abrir una calle de cien metros en el predio El Encino? Así, pues, la televisión, sus magnates y sus aguerridos levantacejas ya enfrían el champaña: seguirán siendo los amos, los que deciden, los que descalifican, los que en su imaginación “legitiman”, y por supuesto los que engordan con el dinero que el IFE les entrega a través de los partidos. Cantemos, pues, loas a los magnánimos reformadores del tripartidismo emergente: que sus nombres queden inscritos con letras de ocio en los muros del Congreso. Para que una reforma constitucional pueda ser aprobada, incluso una tan minúscula como ésta, se requieren las tres cuartas partes de los votos de los legisladores. Es obvio que el PAN, el PRI y sus partiditos achichincles no alcanzan a reunir ese porcentaje y necesitan por fuerza al PRD. ¿Qué rara urgencia tenía el PRD de pactar acuerdos “históricos” con el partido del asesino serial de Oaxaca y el góber precioso de Puebla? ¿Por qué ni siquiera insinuaron que antes de hablar seriamente de nada esos dos facinerosos tenían que ser echados de sus cargos por el bien de los más pobres? Pero no, les ganó la prisa para pasar a la historia como los que sacaron la basura –léase Ugalde y compinches– por la puerta delantera del sistema, con bombo y platillo, cuando todo el país sabe que esa era materia orgánica podrida ya, y que de todos modos había que tirarla.
Qué fácil, qué rápido y qué barato se vendieron los epónimos reformadores del PRD. Ahora habrá que ver qué les cobrarán a cambio: la reforma fiscal y luego la energética. Qué pronto se les olvidó que fueron electos “como parte del ascenso de la voluntad popular que reclamaba y reclama un verdadero cambio”, como bien señalaron ayer en un mensaje al pueblo de México y a la Convención Nacional Democrática la senadora Rosario Ibarra y el diputado José Antonio Almazán, que hoy no estarán en San Lázaro para repudiar así, con su digna ausencia, el carácter espurio de la caricatura de “gobierno” de Felipe Calderón. El sábado pasado, los lectores de Desfiladero coincidieron en que la mejor forma de protesta contra el golpe de Estado era que los legisladores salieran de la Cámara cuando el lavador de dólares de Zhenli Ye Gon entrara a deletrear su Informe. Para la nueva derecha llamada Nueva Izquierda esa opinión colectiva fue el pretexto mínimo que necesitaban y sin más corrieron a echarse en brazos de la ultraderecha panista. “Nada ni nadie impedirá que Calderón cumpla con su deber el primero de septiembre”, afirmó Carlos Navarrete y todos los chuchos lo secundaron eufóricos. Pero al usar el voto que los llevó a las cámaras para servir a los que burlaron la voluntad del pueblo, esos legisladores perredistas se convierten ahora en tardíos cómplices del fraude electoral y se vuelven por lo tanto espurios ellos mismos. Así lo interpreta con claridad admirable Rosa María Benítez (rosmabeni63@hotmail.com) que desde Culiacán propone: “Las bases de nuestro movimiento deben pedir la renuncia de los diputados del FAP que traicionen al pueblo el día del Informe; que se vayan, al fin que ahí están sus suplentes. La revocación de mandato debe empezar por casa. Y a ver cuándo organizamos un mitin de protesta frente al PRD”.
En tanto, Televisa informó el miércoles que el grupo RBD ya es “franquicia de Wal-Mart”. El anuncio surge después de que el oligopolio de Emilio Azcárraga filtró que el 15 de septiembre ese conjunto actuará en el Zócalo. Con ello pretende llenar la plaza de jóvenes fans de la peor música de plástico para que Calderón dé el Grito sin gorra militar. Eso demuestra que la televisión y Wal-Mart entran al recate del “gobierno” que impusieron y van a defenderlo a cualquier costo.
Por lo pronto, el próximo lunes a las 10 de la mañana, en el salón Don Genaro del Sheraton Centro Histórico, Luis Mandoki hará una importante revelación sobre su película 2 de julio: el fraude que nadie vio, y que los golpistas de Los Pinos aguardan con tanta alegría como la que George WC Bush siente por los documentales de Michael Moore. El llamado del cineasta mexicano va dirigido en especial a los medios alternativos e independientes. Hay que pasar la voz… Y sí, ¿cuándo hacemos un mitin frente al PRD para exigir que devuelvan sus curules los chuchos?
Kikka Roja
Miguel Angel Granados Chapa
Ugalde chantajista
Plaza Pública
Habría motivos para su remoción aun si los partidos se colocaran en esa posición, de examinar el origen de su nombramiento y su desempeño.La posibilidad de que se plantee la renovación total o parcial del Consejo General del IFE como parte de la inminente reforma electoral sacó de sus quicios al consejero presidente Luis Carlos Ugalde. Emprendió una intensa campaña mediática en que hizo equivaler su presencia en la presidencia del órgano electoral a la autonomía del propio instituto. E incurrió en el chantaje, en dos vías: predijo que sustituirlo a él y/o a sus compañeros significaría reconocer que hubo fraude electoral el año pasado, para esconder que el consejo carece de la confianza partidaria no sólo por factores como ese; y aun demandó el auxilio del presidente Felipe Calderón, en obvio canje de favores, para impedir su remoción.
Ajeno a la materia electoral -ése era uno de los flancos débiles de su designación- Ugalde ignora que dos reformas electorales anteriores implicaron el desplazamiento de miembros del consejo general del IFE. En su provecho, y el de quienes suponen revanchismo en los partidos, conviene recordar esos dos antecedentes. Cuando se creó el Instituto Federal Electoral, en 1990, para atenuar la presencia formal del gobierno y de los partidos, se introdujo en el seno del nuevo órgano una presencia presumiblemente ajena a uno y a otros, los consejeros magistrados. Propuestos por el Presidente de la República y elegidos por la Cámara de Diputados el 28 de septiembre de aquel año, debían permanecer en su cargo siete años. Pero antes de cumplir cuatro fueron reemplazados por la reforma al artículo 41 publicada el 19 de abril de 1994, porque fue creada la nueva figura de consejeros ciudadanos. De esa manera, por ministerio de ley, sin causa atribuible a ninguno de ellos, cesó anticipadamente la función de las consejeras Sonia Alcántara Magos y Olga Hernández Espíndola y los consejeros Manuel Barquín, Luis Espinosa Gorozpe, Germán Pérez Fernández del Castillo y Luis Carballo Balvanera (que había reemplazado a Luis Tirado Ledesma). Ninguno de dichos integrantes del consejo general, conocedores del derecho, objetó su remoción.
Fueron sustituidos, en mayo de 1994, por los consejeros ciudadanos Santiago Creel, Miguel Ángel Granados Chapa, José Agustín Ortiz Pinchetti, Ricardo Pozas Horcasitas, José Woldenberg y Fernando Zertuche Muñoz. Elegidos para sólo ocuparse del proceso electoral cuya jornada de emisión y recepción del voto tuvo lugar no el primer domingo de julio sino excepcionalmente el tercer domingo de agosto, la Cámara de Diputados les extendió un nuevo nombramiento en diciembre siguiente, duradero por siete años. Una segunda reforma electoral, sin embargo, tronchó ese periodo antes de que se cumpliera el segundo año de su vigencia. Los consejeros ciudadanos dejaron de serlo mediante la prohibición a ser reelegidos, establecida en el artículo tercero transitorio de la reforma publicada el 22 de agosto de 1996. Ni por asomo hubiera ocurrido a los consejeros cuya función concluía de esa manera objetarla jurídicamente y menos aún atribuirla a una venganza de los partidos. Por lo contrario, en la sesión de consejo general del 10 de octubre de ese año representantes de los partidos con mayor número de votos y presencia parlamentaria aplaudieron su desempeño en términos inequívocos: Enrique Ibarra, representante del PRI, dijo: “Sin ambages, quiero externar mi más pleno reconocimiento, de parte del Partido Revolucionario Institucional, a la función y el desempeño, y reconocer lo positivo del rol de los seis señores consejeros ciudadanos”. El entonces senador panista Juan de Dios Castro Lozano los consideró “personas que por su preparación, pero sobre todo por su acendrado patriotismo, por encima de todo vieron por el bien del país”. Y el entonces diputado Leonel Godoy, del PRD vio en ellos a “seis destacados mexicanos, seis patriotas que cumplieron cabalmente su función”.
No obstante esos juicios, se determinó que los consejeros no integraran el nuevo consejo electoral. Ellos mismos, antes de ser objeto de esa suerte de “despido constitucional”, que por supuesto ninguno impugnó jurídicamente, habían razonado y expresado en público su convicción de que nueva legislación requería un nuevo órgano electoral por lo que manifestaron su decisión de dejar sus cargos en cuanto quedara aprobada la reforma. Ugalde se equivoca, pues, al suponer que se trata de un asunto personal. Sin embargo, habría motivos para su remoción aun si los partidos se colocaran en esa posición, de examinar el origen de su nombramiento y su desempeño. La circunstancia interna del PRI mudó al punto de que la promotora de la designación de Ugalde es manifiesta adversaria del partido en cuyo nombre impulsó la integración del consejo general. Si la selección de los consejeros correspondió a intereses que ahora son ajenos y opuestos a los del PRI, malamente se puede pedir a ese partido que sostenga al consejo formado en octubre del 2003, especialmente en la coyuntura de una reforma electoral. El desempeño del consejo el año pasado quedó por debajo de las exigencias de la delicada situación en cuyo centro se hallaba. La insolencia deliberada de Ugalde de anticiparse dos meses a la declaratoria de presidente electo, al proclamar ganador a Calderón, en una sesión en que ni siquiera tenía uso de la palabra, enfermó irremediablemente esa porción del proceso. Pero no es por ello que debe renunciar, si su escasa sensibilidad se lo dictara, o ser removido, sino porque nuevas leyes requieren nuevos aplicadores.
Ajeno a la materia electoral -ése era uno de los flancos débiles de su designación- Ugalde ignora que dos reformas electorales anteriores implicaron el desplazamiento de miembros del consejo general del IFE. En su provecho, y el de quienes suponen revanchismo en los partidos, conviene recordar esos dos antecedentes. Cuando se creó el Instituto Federal Electoral, en 1990, para atenuar la presencia formal del gobierno y de los partidos, se introdujo en el seno del nuevo órgano una presencia presumiblemente ajena a uno y a otros, los consejeros magistrados. Propuestos por el Presidente de la República y elegidos por la Cámara de Diputados el 28 de septiembre de aquel año, debían permanecer en su cargo siete años. Pero antes de cumplir cuatro fueron reemplazados por la reforma al artículo 41 publicada el 19 de abril de 1994, porque fue creada la nueva figura de consejeros ciudadanos. De esa manera, por ministerio de ley, sin causa atribuible a ninguno de ellos, cesó anticipadamente la función de las consejeras Sonia Alcántara Magos y Olga Hernández Espíndola y los consejeros Manuel Barquín, Luis Espinosa Gorozpe, Germán Pérez Fernández del Castillo y Luis Carballo Balvanera (que había reemplazado a Luis Tirado Ledesma). Ninguno de dichos integrantes del consejo general, conocedores del derecho, objetó su remoción.
Fueron sustituidos, en mayo de 1994, por los consejeros ciudadanos Santiago Creel, Miguel Ángel Granados Chapa, José Agustín Ortiz Pinchetti, Ricardo Pozas Horcasitas, José Woldenberg y Fernando Zertuche Muñoz. Elegidos para sólo ocuparse del proceso electoral cuya jornada de emisión y recepción del voto tuvo lugar no el primer domingo de julio sino excepcionalmente el tercer domingo de agosto, la Cámara de Diputados les extendió un nuevo nombramiento en diciembre siguiente, duradero por siete años. Una segunda reforma electoral, sin embargo, tronchó ese periodo antes de que se cumpliera el segundo año de su vigencia. Los consejeros ciudadanos dejaron de serlo mediante la prohibición a ser reelegidos, establecida en el artículo tercero transitorio de la reforma publicada el 22 de agosto de 1996. Ni por asomo hubiera ocurrido a los consejeros cuya función concluía de esa manera objetarla jurídicamente y menos aún atribuirla a una venganza de los partidos. Por lo contrario, en la sesión de consejo general del 10 de octubre de ese año representantes de los partidos con mayor número de votos y presencia parlamentaria aplaudieron su desempeño en términos inequívocos: Enrique Ibarra, representante del PRI, dijo: “Sin ambages, quiero externar mi más pleno reconocimiento, de parte del Partido Revolucionario Institucional, a la función y el desempeño, y reconocer lo positivo del rol de los seis señores consejeros ciudadanos”. El entonces senador panista Juan de Dios Castro Lozano los consideró “personas que por su preparación, pero sobre todo por su acendrado patriotismo, por encima de todo vieron por el bien del país”. Y el entonces diputado Leonel Godoy, del PRD vio en ellos a “seis destacados mexicanos, seis patriotas que cumplieron cabalmente su función”.
No obstante esos juicios, se determinó que los consejeros no integraran el nuevo consejo electoral. Ellos mismos, antes de ser objeto de esa suerte de “despido constitucional”, que por supuesto ninguno impugnó jurídicamente, habían razonado y expresado en público su convicción de que nueva legislación requería un nuevo órgano electoral por lo que manifestaron su decisión de dejar sus cargos en cuanto quedara aprobada la reforma. Ugalde se equivoca, pues, al suponer que se trata de un asunto personal. Sin embargo, habría motivos para su remoción aun si los partidos se colocaran en esa posición, de examinar el origen de su nombramiento y su desempeño. La circunstancia interna del PRI mudó al punto de que la promotora de la designación de Ugalde es manifiesta adversaria del partido en cuyo nombre impulsó la integración del consejo general. Si la selección de los consejeros correspondió a intereses que ahora son ajenos y opuestos a los del PRI, malamente se puede pedir a ese partido que sostenga al consejo formado en octubre del 2003, especialmente en la coyuntura de una reforma electoral. El desempeño del consejo el año pasado quedó por debajo de las exigencias de la delicada situación en cuyo centro se hallaba. La insolencia deliberada de Ugalde de anticiparse dos meses a la declaratoria de presidente electo, al proclamar ganador a Calderón, en una sesión en que ni siquiera tenía uso de la palabra, enfermó irremediablemente esa porción del proceso. Pero no es por ello que debe renunciar, si su escasa sensibilidad se lo dictara, o ser removido, sino porque nuevas leyes requieren nuevos aplicadores.
Kikka Roja