Economia: SIN CRECIMIENTO : el cinismo de los tecnocratas

México SA
Carlos Fernández-Vega
cfvmx@yahoo.com.mx • cfv@prodigy.net.mx

• Crecimiento en duda
• México, abajo de Haití
• Llamada urgente al papá de Gamboa

Ampliar la imagen Los índices accionarios en la bolsa de valores de Nueva York, cuya fachada se aprecia en la imagen, completaron tres semanas consecutivas con pérdidas Los índices accionarios en la bolsa de valores de Nueva York, cuya fachada se aprecia en la imagen, completaron tres semanas consecutivas con pérdidas Foto: Reuters

Pues nada, que apenas comienza el año y ya reconsideran el pronóstico 2008 para la economía mexicana, divulgado apenas un trimestre atrás, ante el escenario recesivo que vive Estados Unidos. Y tal decisión no se limita al ámbito gubernamental (el mismo que “por ninguna parte” ve incremento de precios, pero que ya armó su “pacto” para evitar, dicen, que sigan al alza), sino que involucra a organismos regionales e internacionales, como Cepal, Banco Mundial y ONU.

Por medio de los Criterios Generales de Política Económica, la “continuidad” proyectó un “crecimiento” económico de 3.5 por ciento para el presente año, pero luego de aprobarse la “reforma” fiscal se dio el gusto de “aumentar” la estimación: de 3.5 a 3.7 por ciento (dos décimas de diferencia), por el efecto directo de los nuevos impuestos, entre ellos el gasolinazo.

Por aquellos días, también, en plena sacudida por la crisis hipotecaria en Estados Unidos, el inquilino de Los Pinos presumía que ésta, a la economía mexicana, le hacía lo que el viento a Juárez, tanto que apenas iniciado 2008 comenzaron las reconsideraciones en materia de “crecimiento”.

En este sentido se manifestó el secretario de Hacienda, Agustín Carstens: en 2008, el crecimiento económico será menor al estimado originalmente, aunque no faltó el spot (“la solidez mexicana financiera y del mercado interno ayudarán a sortear la desaceleración prevista para la economía de Estados Unidos de este año, por lo que no se dará un episodio negativo como en 2001”)

El gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz (que no ve el gasolinazo por ninguna parte: “no hay”, dice), le hizo segunda: “el riesgo de observar un menor crecimiento económico este año es mayor debido a la posibilidad de una recesión en Estados Unidos (por ello) realizaremos cambios en el pronóstico de crecimiento”. Repitió el spot de Carstens (“hoy México está mejor que en el pasado por tener indicadores macroeconómicos más sólidos, por el mayor dinamismo del mercado interno”), aunque matizó: “la economía mexicana resistirá razonablemente bien la desaceleración en Estados Unidos, pero dependerá del tamaño de la posible recesión”.

Con todo y “solidez macroeconómica” (frase repetida hasta el cansancio en los últimos años, no obstante el raquitismo en materia de crecimiento), el producto interno bruto no pasará de 3 por ciento, aunque con ganas de no deprimir a nadie si esa proporción se logra nos deberá llenar de gozo, porque existen reconsideraciones aún peores, como la divulgada esta semana por la Cepal y la ONU, que a la letra establece: México podría crecer este año apenas 1 por ciento si se consolida el escenario recesivo que se vislumbra en Estados Unidos, aderezada por la profundización de la crisis hipotecaria y la depreciación del dólar. “La probabilidad de que ésta ocurra (la recesión) es hoy de 50 por ciento frente al 30 por ciento estimado a finales de 2007”, según el director de Políticas y Análisis del Desarrollo del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales del segundo de los organismos citados, Robert Vos, quien de cualquier suerte pone el dedo en la llaga: México “mantendrá su relativamente lento nivel de crecimiento”.

Resulta que para 2008 ese “relativamente lento” avance de nueva cuenta colocaría a la economía mexicana por debajo de la tasa de crecimiento de Haití (siempre y cuando el escenario recesivo en Estados Unidos no se concrete), y aquí el del entusiasta pronóstico es el Banco Mundial, quien para esos fines y al cierre del presente año coloca a México en el escalón número 23 de 25 posibles en su análisis latinoamericano, mientras al país isleño lo ubica en el número 22.

No cabe duda que la macroeconomía mexicana es muchísimo más sólida que la haitiana, pero para efectos prácticos no sirve para mayor cosa cuando la economía haitiana crece más que la que un día y el otro también presume su “solidez”. En estricto sentido, la mexicana apenas crecería un poco más (3.2 por ciento) que otras dos islas caribeñas: Dominica (3.1 por ciento) y Jamaica (3).

Lo peor del caso es que para 2009 el pronóstico es el mismo e igual el escalón asignado a la “sólida” economía mexicana, de acuerdo con las estimaciones del Banco Mundial.

Y si de beneficios derivados de la “solidez” económica mexicana se trata, qué mejor ejemplo que el ofrecido ayer por la “reventadora” Secretaría del Trabajo: a estas alturas, 19.2 millones de trabajadores laboran en la informalidad, o lo que es lo mismo el 45.3 por ciento de la población ocupada. Las cifras oficiales aseguran que en la formalidad están registrados 14.8 millones, una cantidad 23 por ciento menor a los que sacan el día en la llamada economía subterránea. Adicionalmente, 8.4 millones de personas se emplean en el sector formal, pero carecen de prestaciones, de tal suerte que fácilmente podrían considerarse como informales.

• Las rebanadas del pastel

En materia laboral el régimen de un tal Porfirio de Jesús Calderón Díaz y sus neocientíficos va viento en popa: no sólo está al servicio del gran capital, entre ellos el minero, con el barón Larrea a la cabeza, sino que dedica su mejor esfuerzo a romper huelgas en Cananea. Para ello habilitó como secretario del Trabajo a un pianista (también prianista) poblano, experto en telecomunicaciones, mientras un empresario pollero y huevero, prócer del Fobaproa que devino gobernador de Sonora, se viste de Rafael Izábal para recibir a los neo rangers federales y estatales… Variaciones sobre el mismo atentado: a) “recordemos que Gamboa Patrón fue el de la famosa llamada con Kamel Nacif. En ella dijo: ‘no hay problema, papá, va patrás la ley’. La nueva versión de la llamada sería: ‘no hay problema, papá, va patrás la Constitución”. (Alvaro Albarrán González, albarranag@prodigy.net.mx ); b) “hay que hablarle al papá del diputado Emilio Gamboa, el señor Nacif, para que éste a su vez le ordene que eche patrás la reforma energética” (Francisco A. Servín de Alba, fsda@att.net.mx).

Kikka Roja

Cananea: conflicto agravado : Eduardo Bours STPS y empresarios negligentes

Cananea: conflicto agravado
Editorial

Ayer, elementos del Ejército y policías federales y estatales desalojaron violentamente a trabajadores de la mina de Cananea, en Sonora, después de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) declaró inexistente –por segunda ocasión– la huelga que las secciones 17, 65 y 201 del sindicato minero mantienen desde el 30 de julio del año pasado en yacimientos de Guerrero, Sonora y Zacatecas.

Con el desalojo de esta mina, la actual administración da continuidad a la cadena de acoso judicial e injerencias que la pasada administración federal, en contubernio con los empresarios mineros, emprendió en contra de la organización sindical del ramo, y prácticamente cancela el panorama de una posible negociación entre el gremio y la autoridad laboral.

El 19 de febrero de 2006 en Pasta de Conchos, Coahuila, la negligencia de la empresa Grupo México, en conjunción con la inoperancia de la Secretaría del Trabajo, arrojó un lamentable saldo de 65 obreros muertos en una mina de carbón. El gobierno federal, entonces encabezado por Vicente Fox, lejos de dedicarse a resolver las indignantes condiciones de trabajo de los mineros y exigir a los empresarios de ese sector el cumplimiento de las normativas pertinentes de seguridad laboral, desconoció a la dirigencia del sindicato minero, encabezada por Napoleón Gómez Urrutia, e intentó imponer a un líder espurio y plegado a los intereses gubernamentales y empresariales, Elías Morales, con el inverosímil argumento de que pretendía “defender los derechos de los trabajadores contra dirigentes que los explotan y los manipulan”, declaraciones que omiten, en todo caso, que corresponde precisamente a los trabajadores ratificar o deponer a sus representantes sindicales.

El gobierno calderonista, por su parte, nada ha podido o querido hacer para resolver ese conflicto heredado del foxismo; por el contrario, se ha encargado de agravar la situación, igualmente por la vía del golpeteo político y judicial, y empleando como punta de lanza al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón. En agosto de 2007, de manera abrupta, Lozano Alarcón dio por terminadas las incipientes negociaciones para poner fin a la huelga minera y afirmó que la cancelación de las pláticas se debió a que los representantes sindicales intentaron “chantajear” al gobierno federal, al condicionar el término del paro a cambio de la cancelación las órdenes de aprehensión en contra de Gómez Urrutia. En ese entonces, Lozano Alarcón había insinuado ya que la huelga podría ser declarada inexistente, puesto que algunos trabajadores permanecieron en los yacimientos mineros “horas después” de que se colocaron las banderas rojinegras, algo que, por cierto, constituye el argumento central de la resolución de la JFCA.

Esta cadena de injerencias del gobierno federal en el conflicto minero continuó con la impugnación presentada por la Procuraduría General de la República contra una sentencia de amparo definitivo otorgada a Gómez Urrutia en noviembre. Por esos días Lozano Alarcón otorgó la “toma de nota” a una nueva organización sindical minera del estado de Sonora. Ambos hechos acabaron por confirmar el cariz de persecución de las acciones emprendidas por el gobierno federal: a las acusaciones judiciales en contra de la dirigencia del sindicato minero se sumó el intento de desmembrar y debilitar el gremio al promover y avalar la aparición de escisiones, en una redición de las más añejas prácticas priístas de intervención y control en la vida sindical.

A lo que puede verse, el gobierno federal ha optado por sumar el uso de la fuerza pública a una secuencia de intentos de toda índole por reventar un huelga respaldada por demandas legítimas, como la exigencia de condiciones dignas de trabajo. Tal decisión reviste gran irresponsabilidad, sobre todo si se toma en cuenta que el conflicto minero es sólo un elemento sintomático de lo que ocurre en muchos otros sectores industriales del país y que, lejos de ayudar a buscar vías de conciliación, el gobierno parece empeñado en exacerbarlo.

• La JFCA declara inexistente la huelga del sindicato minero
• Represión en Cananea deja 40 heridos

• Arremeten 800 efectivos federales y estatales contra los trabajadores
• Los obreros deben presentarse a laborar hoy, según el fallo de la junta
• El gremio promueve amparo; reporta que hay cinco desaparecidos

Kikka Roja

Miguel Concha : Los derechos de las audiencias

Miguel Concha
Los derechos de las audiencias

Entre muchas cualidades y actuaciones positivas, que con objetividad han venido siendo destacadas en la red y otros medios nacionales e internacionales, Carmen Aristegui es la periodista que ha estado más cerca y de manera constante con dos sectores sociales importantes de la lucha por la democracia en México: los intelectuales independientes y las organizaciones civiles autónomas. Como todo comunicador actualizado, su labor no se ha limitado a difundir sus puntos de vista, lo que ya es mucho, sino también a participar en sus análisis y encuentros, con el fin de conocer mejor sus opiniones, compenetrarse más del contenido de sus informes y participar con su experiencia en la mejor realización de sus actividades.

Yo la recuerdo personalmente desde los inicios de la década de los 90, en un programa de la recién nacida Comisión Nacional de los Derechos Humanos en Radio Educación, dándoles voz a las organizaciones privadas de derechos humanos, fundadas exclusivamente con propósitos nacionales por lo menos 10 años antes. Por ello la decisión de no renovarle su contrato como conductora del noticiario matutino Hoy por hoy en la cadena W Radio por razones políticas, aunque no de información, y ni siquiera inmediatamente comerciales, ha sido interpretada con razón como un acto de censura y una afrenta a la libertad de expresión. Y si no que lo desmientan inmediatamente en México los directivos de la empresa española Prisa, pues somos muchos los que todavía no entendemos en todo el país a qué se refieren cuando hablan de un nuevo “modelo editorial” en el manejo de sus noticiarios. Cuanto más que estamos enterados de que existe una campaña soterrada para desacreditarla hipócritamente y en forma mentirosa y vil, luego de que fueron ellos los que no cumplieron durante todo un año con las peticiones que con todo derecho ella les hizo. Y ello sobre todo en una nación regresivamente autoritaria, en la que todavía los deseos inconfesados del príncipe son obsequiados con diligencia, con la esperanza de ganancias económicas y políticas futuras.

Todo esto obliga, como ya se ha propuesto, a que la sociedad, que en este como en otros asuntos vitales para el país ha sido la menos tomada en cuenta cínicamente en esta irresponsable decisión, se articule mejor y refuerce su lucha organizada para promover y defender pacífica, pero firmemente, sus derechos como audiencia. Cuanto más que el espacio radioeléctrico es un bien público del Estado mexicano, y no una propiedad privada de los concesionarios de los medios, y ni siquiera un instrumento que el gobierno puede manejar a su antojo, a espaldas y contra los intereses del pueblo. Como expresaron con toda razón en este sentido varias organizaciones importantes de periodistas y expertos en comunicación en un boletín el pasado jueves, “Los medios de comunicación son las vías mediante las cuales se materializa el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Por ello deben cumplir fundamentalmente con el fin social de mantener informada a la población de manera plural, a fin de que ésta pueda obtener información y tomar decisiones para mejorar su participación y el desarrollo social. De ahí que los medios de comunicación deben funcionar de cara a la sociedad, transparentando y fundamentando sus decisiones”. Todo esto igualmente obliga a que la sociedad organizada ahora más que nunca exija a los que en teoría son nuestros representantes populares en el Congreso una legislación moderna urgente para la radiodifusión y las telecomunicaciones, que sea capaz de propiciar la pluralidad de contenidos, acotar la concentración mediática y garantizar el respeto a las audiencias, luego de que ya fue aprobada la reforma constitucional en materia electoral, hoy descaradamente objetada en los medios y en algunos juzgados por sectores influyentes de la clase empresarial, con el interesado pretexto de la libertad de expresión.

Como propuso desde noviembre del año pasado al Grupo Plural del Senado para la Reforma de las Leyes de Radio y Telecomunicaciones la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, dicha legislación tiene que garantizar y proteger entre otras cosas el derecho de los ciudadanos a estar bien informados, a ejercer su derecho de réplica, a ser interpelados con respeto, y a ejercer su derecho a la libertad de expresión y de información. Debe también definir con toda claridad y precisión la función de servicio público de la radio y la televisión, como un servicio esencial para la sociedad y el fortalecimiento de la democracia, y consecuentemente promover una programación de calidad, garantizando el derecho de acceso a la información y la comunicación de los grupos sociales.

Desde mi punto de vista, debe también incorporar la cláusula de conciencia de los periodistas, ya reconocida por ejemplo por la Ley Orgánica Reguladora de la Cláusula de Conciencia de los Profesionales de la Información de España, hoy desvergonzadamente ignorada en México por la empresa Prisa, y de la que nos ocuparemos con más detalle en otra ocasión.

Kikka Roja

Desfiladero: Mexico verguenza mundial exporta el FRAUDE a Kenia

Desfiladero
Jaime Avilés
jamastu@gmail.com

• Aristegui
• ¿En qué se parece al golpe de 1976 vs Excélsior?
• Cortaron un árbol donde crecerá un nuevo bosque
• El IFE ayudó a organizar los comicios en Kenia

Ampliar la imagen Desalojo de la empresa Minera de Cananea, ayer Desalojo de la empresa Minera de Cananea, ayer Foto: Cortesía Martín Camargo, Semanario Proyección, de Cananea

A su llegada a estas tierras, procedente de Nairobi, ciudad en la que dejó a 47 compatriotas librados a su suerte porque, así dijo, “era más importante venir a recibir instrucciones de (…) Felipe Calderón”, el embajador de México en Kenia, Juan Antonio Cue, negó que el IFE hubiese ayudado a las autoridades de aquel país africano a organizar los recientes comicios presidenciales, que provocaron un baño de sangre cuando el candidato oficialista le robó el triunfo, mediante un fraude, al abanderado de la oposición.

La noticia, que parece un chiste pero no lo es y debe ser investigada por el Congreso, inspiró en una lectora de esta página la siguiente reflexión: “la tragedia de Kenia vuelve a poner de relieve la grandeza de López Obrador, que ante una situación muy similar evitó que aquí estallara la violencia”. Desde luego, el plantón de Reforma y las acciones que de él se derivaron conjuraron el riesgo de una masiva explosión de furia. Sin embargo, la resistencia civil pacífica no ha logrado contener la otra violencia, la que de muy distintas formas está generando con intensidad creciente el gobierno pelele de Calderón.

O quizá habría que hablar de las otras violencias. A saber, la de la dizque “guerra” contra el narcotráfico, que justifica la presencia del Ejército en todas partes, causa miles de muertes en las calles, infunde terror, propicia la intervención de Estados Unidos en temas de seguridad nacional (atrae dólares y armas gringas), pero sobre todo beneficia a los cárteles porque la persecución aumenta el precio de sus mercancías y eleva exponencialmente sus ganancias (que comparten con políticos, policías y militares).

Está también la violencia jurídica, que tiene en la cárcel a líderes sociales mientras garantiza impunidad ilimitada a empresarios, gobernadores y arzobispos. Por no hablar de la violencia estructural del modelo económico, culpable de la miseria crónica de los campesinos, los indígenas y vastas capas urbanas. O de la violencia política (Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Atenco). O de la violencia económica, atizada por el encarecimiento de los productos básicos a partir del alza a las gasolinas.

A todo lo anterior hay que agregar la violencia verbal, que esta semana se desató desde la cúpula del sistema, combinando la demagogia y el cinismo con las ganas de provocar al movimiento social que se dispone a dar épicas batallas por la defensa de Pemex y de los productos esenciales del campo. “No hay gasolinazo” (Eduardo Sojo, secretario de Economía). El TLC, “exitoso” (Arturo Sarukhán, embajador en EU). Los aumentos de precios, “por desinformación” (Consejo Coordinador Empresarial). El TLC, “benéfico” (Calderón, presidente pelele). “Estoy mudo” (Jesús Reyes Heroles, director de Pemex, ante periodistas que pedían informes sobre la privatización de la empresa). “México puede volverse adicto a los ingresos que obtiene de Pemex” (Standard & Poor’s, 70 años después de la expropiación petrolera). El procurador de Jalisco “sí asistió a una fiesta sexual en la que fueron violadas menores” (Emilio González Márquez, gobernador estatal, a quien sólo le faltó añadir “y qué”, sabiendo que lo protegerá la Suprema Corte).

Sin soslayar la violencia de género, que merece un espacio aparte, no se puede olvidar la violencia laboral, que en estos días alcanzó una notoriedad escalofriante con tres casos que pintan a los empresarios mexicanos del ramo del periodismo como lo más viles del mundo. El más pequeño de los tres, diría Cri-cri, es Rogelio Toledo, dueño del Diario de Chiapas, que despidió al reportero Mario Álvarez en castigo porque éste se fracturó las dos piernas cuando la noche del 24 de diciembre, en vez de celebrar con su familia, trabajaba en las calles de Tuxtla Gutiérrez y fue atropellado por un camión.

El segundo es Remigio Ángel González, propietario del Canal 9 de la televisión argentina, que encerró en un baño por más de 48 horas, sin ventilación ni comida, a cinco periodistas que había despedido y que regresaron a su trabajo por orden de un juez. Las víctimas, rescatadas el miércoles, están hospitalizadas en Buenos Aires. Ahora bien, si los dos ejemplos anteriores son indignantes, el que protagoniza actualmente el magnate Emilio Azcárraga Jean, es vomitivo.

Para refrendar su alianza con el gobierno pelele, el dueño de Televisa le arrebató los micrófonos de W Radio a Carmen Aristegui, la periodista más querida, respetada, influyente y con mayor audiencia en el ámbito de los medios electrónicos del país. El acontecimiento, que ha sacudido a la opinión pública y tiene ya repercusiones internacionales (véase lo que ayer publicó Le Monde), trae a la memoria lo que sucedió, aquí mismo, el 8 de julio de 1976, cuando el gobierno de Luis Echeverría quitó de la dirección de Excélsior a Julio Scherer.

En aquel tiempo había un dinámico movimiento de insurgencia sindical contra la hegemonía del líder charro Fidel Velázquez, encabezado por el líder electricista Rafael Galván, que desafiaba la estructura vertical del autoritarismo. El cine, el radio y la televisión eran férreamente controlados por el gobierno. La única revista disidente era Siempre!, de José Pagés, cuyo suplemento, La cultura en México, dirigido por Carlos Monsiváis, ejercía la libertad de expresión con altos riegos.

Estaban prohibidas las manifestaciones políticas en el Zócalo, los cuatro partidos políticos autorizados obedecían sin chistar las reglas del juego; la izquierda trataba de salir de la clandestinidad, las cárceles estaban repletas de presos políticos de la guerrilla, y sólo doña Rosario Ibarra hablaba de los desaparecidos, entre los cuales figura Jesús Piedra, su hijo. Cuando Julio Scherer cayó, todos pensamos que era el preludio de una nueva oleada de represión, ahora contra los electricistas y los maestros que organizaban sindicatos universitarios.

Sin embargo, la censura impuesta a todo el país por medio de la maniobra contra Excélsior tenía otra finalidad: sofocar las críticas a la devaluación del primero de septiembre de ese año de 1976, que puso fin a la paridad de 12.50 por dólar, vigente desde 1954, e inauguró la etapa de la hiperinflación, tras la cual, en 1982, llegaron al poder los salinistas. El golpe a Excélsior, empero, dio pie al nacimiento de una nueva generación de medios impresos más libres, modernos y críticos, a la apertura de espacios en radio y a la incorporación de nuevos partidos al Congreso.

Todo ello fue posible, sobre todo, porque así le convenía al gobierno de José López Portillo y a que había una efímera bonanza económica. Hoy, tras el golpe a Carmen Aristegui, los temores se reactualizan: esto parece la antesala de la represión que acompañará la venta de Pemex (y para la cual se creó la Ley Gestapo, que permitirá la entrada de la policía a nuestra casa), pero las condiciones objetivas son muy distintas a las de 1976.

A Calderón no le interesa en absoluto la apertura, pero tiene en su contra un movimiento social gigantesco, que cuenta, además de muchos otros recursos políticos y morales, con las herramientas tecnológicas de internet para multiplicar las trincheras informativas. mientras a Televisa, no le queda sino una runfla de merolicos sin vergüenza y todo el descrédito del mundo. Así que no hay, en suma, ninguna razón para alentar el pesimismo.

Los que cortaron el árbol de Carmen Aristegui en la W fecundaron, sin saberlo, el terreno sobre el que muy pronto crecerá un nuevo bosque. No lo duden: lo veremos.

Kikka Roja