Quiebra IETU a las empresas: Canacintra | (Los ricos son ladrones) Cardenal Juan Sandoval Iñiguez

Quiebra IETU a las empresas: Canacintra

Julio Reyna Quiroz y Susana González G.

El número de personas en de la economía informal es similar al de los trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de unos 12 millones de mexicanos, aseguró el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Miguel Marón Manzur. Denunció que la economía ilegal, que significa 20 por ciento del producto interno bruto nacional, genera preocupación en los industriales porque afecta a sectores como los de calzado, libros, vestido, lubricantes, entre otros, que representan ventas anuales por 13 mil millones de dólares. El dirigente empresarial opinó que “cualquier estrategia eficaz de combate al comercio ilegal debe ser ante todo socialmente incluyente” y debe establecer la recuperación del mercado interno.

“Los sectores productivos y las autoridades federales, estatales y municipales deben desarrollar estrategias que definan políticas públicas” para enfrentar el problema del comercio ilegal, solicitó Marón Manzur.

Destrozado, el sector químico

En su oportunidad, Asael Cisneros, presidente del sector químico de la Canacintra, reclamó al gobierno federal que el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) descapitaliza y provoca la quiebra de las empresas. El sector químico está “completamente destrozado; la cadena totalmente rota”, dijo.

La organización hizo un llamado a las autoridades hacendarias para que a las empresas que “por alguna cuestión de tipo administrativo o por desconocimiento en el manejo del pago del IETU no se les cobre recargos ni multas” por el incumplimiento en el primer desembolso provisional para cubrir el gravamen, afirmó Marón Manzur.

El IETU, según el Servicio de Administración Tributaria (SAT), debe efectuarse en “pagos provisionales y declaración anual en las mismas fechas que el impuesto sobre la renta”. Entró en vigor en enero y el primer pago debió realizarse a más tardar el 17 de febrero. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos opinó a su vez que el éxito del IETU no puede ser evaluado a partir de la recaudación registrada durante los dos primeros meses del año, como hizo la Secretaría de Hacienda.

“No pondría en duda las afirmaciones del SAT de que en el primer bimestre se recaudó más de lo previsto, pero es muy temprano para hacer cualquier conclusión al respecto y todo apunta a que en el tercer mes se cayó la recaudación. Cuando se diseñó el gravamen se desconocía la crisis que se avecinaba de Estados Unidos, pero no se prevé una catástrofe para la hacienda pública”, dijo Carlos Cárdenas Guzmán, vicepresidente de asuntos fiscales del IMCP.

PERO a los grandes empresarios industriales les importa muy poco los pequeños negocios y mucho menos les interesa que aumente el empleo
El desempleo es represión y es la estrategia del gobierno calderonista
A VER A QUE HORA EL SEÑOR CARSTENS SALE PARA EXPLICAR SU ATRACO A LA NACION.

Concamin critica reformas a la ley de adquisiciones
ANTESALA DE LA PRIVATIZACION DE PEMEX
Víctor Cardoso

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) criticó las reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por considerar que el nuevo ordenamiento induce a prácticas predatorias de precios entre los participantes, no fortalece la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas y en la práctica limita su participación en las compras gubernamentales a sólo 20 por ciento, frente al 50 por ciento planteado en el nuevo ordenamiento.

Recula Sandoval; me refería a los ricos de la revista Forbes ...
San Agustín dijo, aquel gran padre de la Iglesia dijo: El rico es ladrón o ... “Yo me refería a los ricos a los que se llama ricos, los que entran en la ...
www.lajornadajalisco.com.mx/2008/04/29/index.php?section=politica&article=003n3pol

No hay rico que no haya robado; es ladrón o hijo de ladrones ...
El cardenal Juan Sandoval Iñiguez durante la misa que celebró por el Día de los ... si así uno se hiciera rico, los burros serían los más ricos”, agregó. ...
www.lajornadajalisco.com.mx/2008/04/28/index.php?section=politica&article=003n1pol

GUUULP!!!! ¿¿¿NO SE MORDERÍA LA LENGUA EL CURA TEQUILERO???

Kikka Roja

VIDEO: Marcha 1 Mayo solidaridad internacional: Martín Esparza Secretario General del SME

Martín Esparza Secretario General del SME La Marcha 1 Mayo

Discurso del Secretario General del Sindicato Mexicano de Electrisistas en el Zócalo Capitalino en el desfile de sindicatos independientes del país. Hace el llamado a defender el Petróleo y la industría eléctrica.

http://www.youtube.com/watch?v=7JjdPbnJxPE

DEL COMPAÑERO DRUIDA
Recuerda visita http://pseudoelecciones2006.blogspot.com/

Kikka Roja

Soledad Loaeza: El poder divisivo de la Iglesia católica

¡¡SE ASUSTÓ DOÑA SOLEDAD LOAEZA!!
Sigan al pendiente porque se presagian GRANDES METIDAS DE PATA de la derecha mexicana

Soledad Loaeza

• El poder divisivo de la Iglesia católica

Solamente una visión estrecha de la fe en Dios llevó al secretario Mouriño a comprometer a los obispos mexicanos en la defensa de la reforma energética. Tendría que saber que las iglesias institucionales han perdido mucha de la fuerza que tenían en el pasado, y que la religión es percibida por la mayoría de los mexicanos como un asunto privadísimo. De manera que atraer a los obispos al debate petrolero sólo puede exacerbar la creciente fragmentación política que nos aqueja.

Recurrir al Episcopado para promover apoyo a la iniciativa gubernamental parte de la vieja idea de que la Iglesia católica es vínculo de unión entre los mexicanos, a pesar de que la historia da numerosos ejemplos de lo contrario, aquí como en India, en Medio Oriente y en muchas sociedades desgarradas por creencias religiosas adversarias. En el siglo XIX el conflicto entre el Estado y la Iglesia estuvo en el origen de la fractura más importante de la sociedad política de la época, así como de guerras civiles y, más en general, de la inestabilidad que fue el azote de ese siglo. Durante y después de la Revolución de 1910 las diferencias entre quienes defendían los intereses de la Iglesia y quienes querían limitar su influencia en la sociedad también acarrearon tensiones políticas y, desde luego, el conflicto cristero que se inició en 1926 y que a lo largo de tres años desgarró el centro del país, provocó la muerte de decenas de miles de mexicanos. El gobernador de Jalisco, Emilio González, ha expresado bien los rencores y el espíritu revanchista que todavía genera esa historia.

El secretario Mouriño, y probablemente el presidente Calderón, parecen creer –con la militancia ultra de los católicos del pasado– que esos conflictos eran enfrentamientos artificiales en los que la minoría en el gobierno desafiaba a “98.8 por ciento de los mexicanos”, como se titulaba un folletín que circulaba en los años 50 para promover la reforma al artículo130 de la Constitución. Si es así, Calderón y Mouriño se equivocan. Primero, la sociedad mexicana está más secularizada de lo que imaginan, y segundo, la pluralización religiosa es un vigoroso proceso en marcha. Una de las peores lecturas que se pueden hacer de la llegada de Acción Nacional al poder es la que entiende este suceso como una reivindicación católica, una interpretación que habría sublevado a más de un viejo panista ilustrado.

Una y otra vez diferentes encuestas han demostrado que la mayoría de los mexicanos repudia la participación de la Iglesia en asuntos políticos; peor todavía, no son pocos los feligreses que ya desde los años 40 denunciaban ante la arquidiócesis metropolitana a los párrocos que durante la homilía pronunciaban discursos políticos. Así que los obispos también se equivocan cuando intervienen en asuntos que no son de su competencia, porque hasta donde sabemos ninguno de ellos es ingeniero petrolero y, en lugar de contribuir a aliviar la crispación política por la que atraviesa el país, añaden un factor de división: el debate a propósito de su intervencionismo.

Este asunto se ha visto agravado por tres hechos: el narcolío en que se metió el obispo Aguiar cuando llamó a la absolución de los narcotraficantes porque son asesinos reincidentes, pero muy devotos, pues dan generosas limosnas para la construcción de iglesias. El uso de los recursos públicos por parte del gobernador de Jalisco para comprar el perdón de sus pecados –sus actitudes autoritarias, el gusto jalisquillo por el tequila, y la debilidad propia y la del cardenal Sandoval Íñiguez por la fiesta– y su ingreso al cielo; y por último, las torpes declaraciones de este mismo Príncipe de la Iglesia en relación con que todos los ricos son ladrones. (Expresiones que, aun avaladas por San Agustín, explican por qué las pretensiones papales del dicho cardenal eran una verdadera vacilada.)

Vicente Fox quiso utilizar las creencias religiosas para acrecentar su capital político. Esta estrategia le fue severamente reprochada por panistas y no panistas. Ahora, en cambio, Felipe Calderón, a través de su secretario Mouriño, pretende utilizar a la Iglesia, es decir, a la institución, para impulsar una iniciativa que es muy divisiva. No se entiende muy bien por qué echan mano de un actor también divisivo y de una estrategia que sólo puede incrementar sus problemas, a menos de que lo hayan hecho asesorados por algún consultor estadunidense, cuyas recomendaciones se fundan en viejos prejuicios protestantes a propósito de México, “un país católico”. Otra explicación posible es que ellos mismos desconozcan las transformaciones que ha experimentado el catolicismo mexicano. De ser así, se están metiendo en un catolío.

Kikka Roja

Luis Javier Garrido: La inconstitucionalidad

Luis Javier Garrido

La estrategia para privatizar la industria petrolera mexicana fue diseñada por los think tanks de las corporaciones trasnacionales que buscan apoderarse de ella contando con la complicidad de los grupos mafiosos que se han apoderado del gobierno mexicano, y eso explica que sus redactores desdeñaran dos factores que la están haciendo inviable. Menospreciaron por un lado el hecho de que la Constitución Mexicana de 1917, que prohíbe de manera categórica esa privatización, aún está vigente, y que no se le puede dar la vuelta cambiando leyes secundarias, pues ello llevaría al país a una absoluta ilegalidad en la materia. Y, por el otro, subestimaron la respuesta del pueblo mexicano a su pretensión, de ahí su azoro ante el hecho de que sectores cada vez más numerosos estén llevando a cabo una movilización sin precedente en defensa del petróleo, la que a todas luces va a seguir creciendo.

1. El gobierno de facto ha sufrido una primera derrota en su tentativa de entregar los recursos petroleros de México al capital trasnacional al aceptar el Senado de la República el 25 de abril organizar una serie de foros de debate sobre la contrarreforma energética, como exigían Andrés Manuel López Obrador y el Movimiento Nacional de Resistencia Pacífica en Defensa del Petróleo, y ahora empieza a enfrentar la que ha de ser su derrota histórica de fondo en este asunto, pues los más amplios sectores de mexicanos están ya entendiendo la sinrazón histórica de esta pretensión, que configura un acto sin precedente de traición a México.

2. La primera etapa de la resistencia civil organizada por López Obrador, que se caracterizó por una creciente movilización popular y por la toma de las tribunas de las dos cámaras federales por legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP), medida que fue imprescindible para el éxito del movimiento, terminó, en consecuencia, por un triunfo que fue festejado por más de medio millón de mexicanos que marcharon el domingo 27 del Ángel de la Independencia al Zócalo en una de las manifestaciones más alegres y vigorosas de los tiempos recientes, la que confirmó, por otro lado, el fracaso de la estrategia mediática del panismo y de las campañas neofascistas de difamación y mentira de Calderón.

3. Las cinco iniciativas de cambios legales en materia energética que el gobierno espurio de Felipe Calderón pretende se le hagan a diversas leyes han sido revisadas por especialistas de diversas disciplinas y la casi totalidad de ellos han coincidido en estas semanas que son violatorias de los principios fundamentales de la Constitución Mexicana, y no sólo eso, sino que por su objetivo central, que es entregar a compañías extranjeras un bien estratégico patrimonio de los mexicanos, comprometen la soberanía nacional y hacen de México un objetivo militar de Estados Unidos, condenan por décadas a la pobreza a varias generaciones y cancelan de paso la viabilidad histórica de México como país.

4. La mayoría de los mexicanos ha entendido también, a pesar de los medios, que tras la tentativa de privatizar a la industria petrolera mexicana y destruir a Pemex se halla un negocio multimillonario en el que los grupos de neoempresarios enriquecidos durante el salinismo y aliados a la mafia delictiva de Mouriño y Calderón pretenden enriquecerse sin límites y, lo que es más grave, adueñarse por largo tiempo del aparato estatal mexicano.

5. En el aspecto jurídico, la cuestión es muy clara, y muy difícilmente la campaña de desinformación y de mentiras del gobierno va a conseguir confundir a los mexicanos. Los principios fundamentales de la Constitución mexicana de 1917 son un valladar para la pretensión oficial, pues ésta establece el dominio inalienable e imprescriptible de la nación sobre sus recursos estratégicos y la prohibición tajante de otorgar concesiones y contratos en materia petrolera (artículo 27); también consagra la exclusividad del Estado en el manejo de sus recursos petroleros (artículo 25) y la obligación estatal de utilizar estos recursos para sustentar la soberanía nacional (artículo 28).

6. Las iniciativas de cambios “legales” de Calderón están todas permeadas en su esencia de un profundo desprecio a la legalidad constitucional del país, rasgo que comparten por igual los teóricos de la globalización neoliberal y los panistas, pues lo que buscan al abrir una vía seudojurídica para entregar los recursos petroleros de México a las compañías extranjeras es crear un régimen de facto para la industria petrolera sin importarles que éste contravenga el régimen jurídico.

7. La “clase política” representada en el Congreso de la Unión, y en particular la alianza PRI-PAN, que expresa los acuerdos Salinas-Calderón para sacar adelante la contrarreforma, no tiene por ello legitimidad para expedir leyes de tal importancia para el futuro del país, sobre todo cuando se busca pasar por encima de la Constitución; de ahí el reclamo de que el futuro de la industria petrolera mexicana sea sometido a una amplia consulta popular.

8. Es urgente por ello que en México se establezcan mecanismos de democracia semidirecta, como el plebiscito y el referendo, para que en lo sucesivo las modificaciones a la Constitución y a las leyes fundamentales no las hagan sólo las cámaras, sino que pasen a consulta de la ciudadanía, como es desde hace mucho tiempo el caso en varios países europeos y latinoamericanos.

9. Esta reforma constitucional debería hacerse previamente a cualquier otra tentativa de seguir tocando leyes fundamentales del país, y ante esto resulta significativo que el gobierno espurio, que pensó podría imponerse a los mexicanos por la manipulación de los medios, ahora se oponga a la democracia semidirecta y le tenga terror a la ciudadanía.

10. El destino de la industria petrolera de México es también el del país y no puede decidirse ahora por un grupo de legisladores, sino que debe someterse a la decisión de todos los ciudadanos.

Kikka Roja

La privatización divide al país: Felipe Calderon desprecia al pueblo y luego pide Unidad

La privatización divide al país
editorial

Con el telón de fondo de la conmemoración del Día del Trabajo, miles de integrantes de organizaciones sindicales, campesinas y populares del país se congregaron ayer en el Zócalo de la ciudad de México y coincidieron en la necesidad de defender la soberanía sobre los recursos energéticos de la nación y de emprender acciones de rechazo contra cualquier intento de privatizar el petróleo. Quedó de manifiesto que entre los asalariados del país se mantiene sólido y claro el rechazo a la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal el pasado 8 de abril, que pretende privatizar importantes segmentos de la industria petrolera nacional, así sea sin tocar el artículo 27 constitucional y por medio de una ley reglamentaria.

Por su parte, Felipe Calderón reiteró ayer mismo un llamado a “privilegiar la unidad y el fortalecimiento de nuestra vida en paz, y no sembrar y exacerbar el encono y la división entre los mexicanos, que debilite al país”.

En otra circunstancia, el exhorto sería positivo y plausible, pero en la coyuntura actual pone de relieve la contradicción gubernamental entre palabras de concordia y acciones que, lejos de promover la unidad nacional en torno a temas básicos, causan división y atizan la fractura que dejó en la sociedad mexicana el proceso electoral de 2006.

En efecto, si algo ha contribuido a sembrar confusión e incertidumbre, y a “exacerbar el encono y la división”, ha sido precisamente el discurso inconsecuente, la actitud equívoca y el sistemático intento de engaño por parte de la actual administración en torno al tema del petróleo. Ello ha quedado claro en distintos momentos: primero, con las aseveraciones presidenciales de que para mejorar la situación de Petróleos Mexicanos (Pemex) había tres opciones –dejarla como está, destinarle más recursos del presupuesto, y ver qué han hecho otras empresas públicas en el mundo–; posteriormente, con el promocional mendaz del “tesoro de las aguas profundas”; luego, con el “diagnóstico” alarmista presentado por la dirección de la paraestatal y la Secretaría de Energía, que no es más que un catálogo de las dolencias del organismo y que no repara en las causas de éstas; después, con la manera tramposa en que fue presentada la iniciativa de reforma petrolera –sobre la cual, horas antes de ser enviada al Senado, el propio Calderón había afirmado no tener “ni idea”– y, finalmente, con los asertos respecto del contenido de la misma, pues mientras el político michoacano afirmaba en cadena nacional que “Pemex no se privatiza”, entregaba una iniciativa que plantea la entrega de la refinación y el manejo de los oleoductos a la iniciativa privada y propone crear condiciones discrecionales de cooperación con industrias extranjeras, con lo que se abre la posibilidad de entregar reservas petroleras a intereses corporativos foráneos.

En conjunto, todos esos elementos han despertado el repudio de un sector amplio y creciente de la ciudadanía, al cual se sumó ayer la toma de posición de diversos organismos sindicales. Por lo demás, son sobradas y de peso las razones para ese rechazo: sin plena soberanía sobre sus energéticos, el país no tiene futuro –debe recordarse que 40 centavos de cada peso del gasto público provienen del petróleo—, y quedaría a merced de los intereses depredadores de las compañías trasnacionales.

Ante este panorama, es necesario insistir en que Pemex no necesita inversión privada: bastaría con frenar el saqueo fiscal que la paraestatal sufre desde décadas atrás y hacer una limpia en las oficinas de la empresa y, en general, en las de la administración pública, así como acabar con las desmesuradas entregas de dinero que se realizan, sin ningún control, a la cúpula sindical del organismo. Al mismo tiempo, sería de gran ayuda un verdadero espíritu de austeridad en el gobierno federal a fin de liberar recursos para atender la grave problemática social del país, y avanzar en una reforma fiscal que cobre impuestos en forma justa a las grandes empresas y a los dueños de las grandes fortunas. En suma, es necesario que, al menos por una vez, el gobierno federal demuestre voluntad para escuchar las demandas de la ciudadanía, privilegie el sentido de país y los intereses nacionales, y se dedique a fortalecer efectivamente la industria del petróleo y a combatir la corrupción imperante en el sector público. Si se actuara en ese sentido, los llamados a la unidad y a la concordia serían innecesarios, porque la gran mayoría de la población estaría de acuerdo con tales medidas.

Kikka Roja

Ackerman emplaza a Krauze a un debate público

• Ackerman emplaza a Krauze a un debate público

No satisfecho con su columna cada tercer día en El Correo Ilustrado, Krauze ahora se apresta a suplir las funciones de la dirección general al organizar

un debate entre Fernando Pliego, autor de El mito del fraude electoral, y un servidor en las páginas de La Jornada. El doctor Pliego y yo ya hemos debatido su texto públicamente, así que no tendría ningún problema en reditar el debate si Carmen Lira lo viera conveniente. En mi opinión el texto de Fernando únicamente confirma las dudas sobre el resultado de las últimas elecciones presidenciales.

Pero el asunto de fondo no es la evidente apertura de La Jornada al intercambio plural de ideas, sino las actitudes cerradas, elitistas e intolerantes de un grupo de intelectuales, quienes se escandalizan cada vez que los ciudadanos levantan la voz ante las injusticias cometidas por “las instituciones” del país. Últimamente Enrique Krauze y José Woldenberg se han convertido en figuras emblemáticas de este tipo de reflejos autoritarios. El diferendo es con ellos, no con el doctor Pliego.

Sugiero que cerremos este intercambio epistolar para pasar a otra etapa de la discusión. Emplazo a Enrique Krauze a debatir públicamente y en tiempo real sobre el estado actual de la democracia en México en alguno de “los medios a su alcance”, como muestra de su disposición a fomentar “la cultura de los debates”. ¿Tendrá Krauze el valor para defender sus ideas de viva voz en sus propios terrenos?

John M. Ackerman

Kikka Roja

AMLO: La toma de la Tribuna evitó el Albazo | AMLO recibió a Flavio Sosa

• Plebiscito, referendo o consulta, vía para definir el futuro de Pemex, subraya
• Sin la toma de tribunas se hubiera dado un albazo, replica AMLO a Cárdenas
• “Los legisladores no leen y actúan por consigna”, advierte el ex candidato a la Presidencia

De la Redacción

Andrés Manuel López Obrador externó ayer su respeto hacia Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, pero dijo que si los legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) no hubieran tomado las tribunas del Congreso de la Unión como parte de la resistencia civil pacífica contra la privatización del petróleo, el PRI y el PAN habrían aprobado “al vapor” las iniciativas que envió al Senado de la República el presidente Felipe Calderón.

“Respeto mucho al ingeniero Cárdenas, pero si nuestros legisladores no hubieran actuado de esa manera, los senadores y diputados del PRI y del PAN habrían aprobado al vapor las reformas a espaldas del pueblo, sin que la gente se diera cuenta de lo que iba a ocurrir, del agravio tan grande que significaría sacarlas adelante”.

Cuestionó que únicamente se quieran ver los defectos sin tomar en cuenta las causas que provocaron esa acción, “porque quienes no nos ven con buenos ojos nada más se dedican a subrayar los defectos al decir que está tomada la tribuna, pero no se aclara el porqué”.

En entrevista telefónica en el programa Hoy por Hoy, de XEW en Los Ángeles, California, dijo no estar hablando de “nada extraordinario”, porque priístas y panistas aprueban “por la vía rápida todas esas reformas.

“Los legisladores no leen y actúan por consigna”. Entonces querían hacer lo mismo con la energética, misma que “viola 12 artículos de la Constitución”, con lo cual se pretende entregar a extranjeros la exploración del petróleo, la perforación, la refinación, la petroquímica, los ductos, el transporte y el almacenamiento. Por eso actuaron así nuestros legisladores”, advirtió en respuesta a lo dicho un día antes por Cárdenas, quien consideró un error de los legisladores del FAP la toma de las tribunas.

López Obrador resaltó que Felipe Calderón fue impuesto en la Presidencia de la República por “los grandes traficantes de influencias de México, tanto nacionales como extranjeros”, que ahora quieren “apoderarse del petróleo que es de todos los mexicanos”. Pero eso no lo vamos a permitir, aseguró, y subrayó la importancia de que gracias al movimiento de resistencia civil pacífica se frustrara el “madruguete, el albazo que querían dar”, y se consiguiera la realización de un debate durante tres meses.

Indicó que antes de que se lleve a cabo una “reforma entreguista” pedirán “que se exprese el pueblo” por medio de referéndum, plebiscito o consulta, para que no se tomen decisiones a sus espaldas”.

El ex candidato presidencial rechazó que pretenda oponerse al progreso del país: “Al contrario. Yo lo que quiero es que México salga adelante y, sobre todo, que haya patria para todos”, pero “me opongo a que quieran quedarse con el petróleo, que quieran utilizar el poder político para provecho de unos cuantos”.

–¿Cree que han sido sobornados políticos mexicanos por empresas petroleras extranjeras para llegar a crear este escenario? –se le preguntó.

–Desde luego que sí. Hay empresas extranjeras que son favoritas de Calderón y de Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación, al que hemos denunciado y que incluso está siendo investigado porque, siendo funcionario público del sector energético, otorgó contratos en beneficio de la empresa de su familia.

Citó el caso de la trasnacional Repsol como favorita de ambos políticos panistas.

Explicó que su lucha busca tres cosas fundamentales: que no se viole la Constitución; que la industria petrolera quede en manos de los mexicanos, y que no se siga fomentando la corrupción en Petróleos Mexicanos, porque la paraestatal se utiliza “para hacer negocios en beneficio de políticos y de empresarios”.

El miércoles, Andrés Manuel recibió a Flavio Sosa, dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), quien le agradeció el apoyo recibido durante el tiempo que estuvo preso, y planteó su compromiso en la defensa de los derechos humanos, la libertad de “presos políticos” y la identificación en su lucha contra la privatización del petróleo.

Sosa confió en que realmente se lleve a cabo el diálogo entre el gobierno y el EPR, y la Secretaría de Gobernación “le dé el nivel necesario para sentar bases que permitan abrir cauces a la vida política e institucional y a la problemática tan compleja que plantea” ese grupo armado. Confió, además, que el Poder Judicial ayude a combatir la impunidad de que goza el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz.

Alma E. Muñoz


Kikka Roja