Por abusos, habitantes pugnan por la expulsión de la trasnacional
Con el aval de autoridades, Aguas de Barcelona impone su ley a coahuilensesJaime Avilés/I (Enviado)
Jaime Avilés/ II (Enviado)
Saltillo, Coah., 14 de junio. ¿Por qué se están secando los árboles y los prados en los jardines públicos de esta ciudad? La respuesta en la calle es unánime: porque la “dueña” del agua –es decir, la trasnacional Aguas de Barcelona, que opera aquí desde octubre de 2001– pide, por regar los parques, una cuota mensual de 100 pesos, tres veces más alta que la del consumo doméstico (35 pesos), y como la gente se niega a pagarla los deja morir de sed. “Hemos llegado a tal extremo que por instalar una toma de agua en una casa recién construida, (los europeos) cobran lo que vale todo el terreno”, denuncia el obispo de Saltillo, monseñor Raúl Vera López. Ellos “controlan 49 por ciento de las acciones (del sistema hidráulico local), pero imponen todas las decisiones y nadie, ni el municipio ni el gobernador (Humberto Moreira), les dice media palabra”, afirman a su vez los esposos Gloria Tobón y Rodolfo Garza, directores de la Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo (AUAS), que pugnan por la expulsión de la empresa extranjera. Enclavada en los desiertos del noreste mexicano, con cerca de 700 mil habitantes, Saltillo le debe su nombre al agua. Pese a que fue fundada en un valle donde hacia 1570 abundaban los manantiales en torno de una cascada o “salto de agua”, que en realidad resultó ser un “saltillo”, a finales del siglo XX la capital de Coahuila enfrentaba graves problemas para hidratarse. De cada mil litros extraídos sólo 460 llegaban a los usuarios, y de cada mil litros facturados la autoridad cobraba apenas 650. Fue entonces cuando Óscar Pimentel, el alcalde priísta que gobernó de 2000 a 2003, anunció que la solución del problema consistía en “asociarse” con una empresa extranjera para “fortalecer sin privatizar” el Sistema Municipal de Aguas de Saltillo (Simas). Toda similitud con las iniciativas calderónicas para privatizar Petróleos Mexicanos (Pemex), dicen los esposos Garza Tobón, “es mera coincidencia”.
Pimentel –sintetizan– contrató a la firma Freese Nichols para que sentara las bases de la licitación. Ésta propuso que el juez de la misma fuera la sociedad Arthur Andersen, asesora contable de la trasnacional Aguas de Barcelona (Agbar). Con el respaldo del gobernador coahuilense de entonces, Enrique Martínez, el alcalde garantizó la “transparencia” del proceso. Aunque se habló de que había ocho empresas interesadas en el concurso, únicamente Agbar hizo una oferta. Arthur Andersen había fijado un mínimo de 80 millones de pesos y Agbar pujó con 81.9 y ganó de inmediato, sin competir con nadie. De este modo obtuvo 49 por ciento de las acciones de Simas, no obstante que el valor en libros de esa entidad era de 453 millones de pesos.
La trasnacional “adquirió la mitad del sistema municipal de aguas pagando menos de la cuarta parte de lo que valía. Y aunque el ayuntamiento aún posee 51 por ciento de las acciones, los extranjeros toman todas las decisiones y hacen y deshacen a su antojo, aplicando medidas que violan las leyes estatales y la Constitución del país”, reiteran los líderes de la AUAS, especialistas en cuestiones ambientales.
En junio de 2003, durante una visita a Saltillo como director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), recuerdan, “Felipe Calderón vino a decir que el fortalecimiento del sistema de agua potable era ‘un caso de éxito’ y que debía servir de ejemplo a otras ciudades del país, cuando en realidad Agbar ha tenido que irse de Argentina, Uruguay y Brasil, y están tratando de correrla de Colombia y de Chile, por los mismos abusos que está cometiendo en Saltillo”. Rodolfo Garza, ex secretario de Ecología del gobierno estatal, narra que no hace mucho estuvo en Barcelona, en las oficinas del director de la trasnacional, y vio “un estante con por lo menos 20 carpetas, rotuladas con los nombres del mismo número de ciudades mexicanas, entre ellas Morelia, Querétaro, Monterrey, Aguascalientes y otras. En el caso de Morelia, supe que Aguas de Barcelona y el municipio (de la capital de Michoacán) tienen un convenio para que dentro de tres años, cuando el sistema local de agua potable empiece a operar con equilibrio financiero, es decir, con números negros, se consume la privatización”.
Hace dos años, relata por su parte Gloria Tobón, “la empresa impuso una cuota mensual de 100 pesos a cada usuario para regar los parques y jardines públicos. Como la gente protestó, porque era tres veces más alta que el pago del consumo doméstico, pues simplemente dejaron que los parques y los árboles se secaran, pese a que su conservación es una tarea que por ley corresponde al municipio”. Sin embargo, añadió, “aquí las leyes locales, estatales y federales no cuentan para los extranjeros. Saltillo es la única ciudad del país que no tiene campañas para fomentar el ahorro de agua, y desde que llegó la trasnacional dejaron de vender todos los artefactos que servían para economizarla, y eso que estamos en medio del desierto. Lo único que les importa es ganar, pase lo que pase”, subraya.
Para el obispo Vera López, quien concedió una amplia entrevista sobre el tema, “la privatización del agua de Saltillo nos dice mucho acerca de lo que quieren hacer con Pemex”. La Iglesia católica, anticipa, “está muy preocupada, pues considera que la pobreza, la discriminación, la injusticia que sufren los migrantes en todas partes y el deterioro ambiental, (es algo que) se origina en el nuevo capitalismo que ha llevado al mundo a la crisis que estamos viviendo”.
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Jaime Avilés/ II (Enviado)
Saltillo, Coah., 15 de junio. “Si te cortan el agua porque dejaste de pagar 100 pesos, te cobran 300 por la reconexión. Si haces tu casa, pero la tubería corre por debajo de la banqueta de enfrente, te exigen 10 mil pesos por conectarte a la red mediante un tubo que cruce la calle y si vives en una construcción de 100 metros cuadrados, dentro de un lote de mil metros cuadrados, tienes que pagar 100 mil pesos para que te den la toma de agua, porque ellos calculan sobre el tamaño del predio, no de la vivienda. En todos los casos, si no aceptas, te amuelas porque no tienes ante quién quejarte”, explican Gloria Tobón y Rodolfo Garza, líderes de AUAS (Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo), al detallar los abusos más frecuentes de Aguas de Barcelona (Agbar), la trasnacional que en 2001 se apoderó del sistema hídrico de la capital de Coahuila.
Todo lo anterior es consecuencia, abundan, de una licitación “a la medida de Agbar”, que provocó de inmediato una serie de hechos oscuros. Rodolfo Garza precisa: “Ocho días después de ganar el contrato que le permitió adquirir 49 por ciento del Simas (Sistema Municipal de Agua de Saltillo), Agbar formó una nueva empresa, integrada por una sociedad que en ese momento fue constituida al vapor –Interaguas de México–, a la que revendió 49 por ciento de sus acciones de Simas, para fundar Interagbar de México. Y ésta, asociada al municipio, entró en operación como Aguas de Saltillo (Agsal)”. Sin embargo, añade el ex secretario de Ecología del gobierno estatal, Interaguas de México “es todo un misterio. El Archivo General de Notarías se niega a revelar quiénes son sus socios. Nosotros sabemos, con los datos en la mano, que fue constituida como sociedad mercantil mexicana el 25 de julio de 2001, mediante la escritura 87825, que quedó inscrita en el libro 3075, folios 2772 a 76, de la notaría pública 103 del Distrito Federal, y que el 2 de agosto de 2001 obtuvo el asiento 214640 del Registro Público de la Propiedad. Lo que desconocemos, insisto, es quiénes la constituyeron, porque no nos permiten ver ese documento”.
Rodolfo Garza especula: “¿A qué obedece tanto secreto? ¿Debemos pensar que los socios de Agbar son políticos muy importantes en Coahuila, o será que están encubriendo a funcionarios de la pasada administración de Vicente Fox?” La doctora Gloria Tobón agrega: “al constituirse Aguas de Saltillo (Agsal), en los documentos legales se especificó que el presidente municipal y un representante del gobernador serían parte del consejo de administración de la empresa, para controlarla en su carácter de socios mayoritarios, pues el estado tiene 51 por ciento de las acciones. Pronto se vio que esto era una burla”. Agsal, prosigue, “fue conformada como una empresa mixta, con predominio de la Nación, pero a los pocos meses el gobernador y el presidente municipal fueron sustituidos en el consejo de administración por ejecutivos de General Motors y Apasco, las dos trasnacionales más poderosas que hay en Coahuila. Con esta medida, el estado perdió soberanía ante Aguas de Barcelona y los usuarios quedamos indefensos”.
Éste, coinciden los líderes de AUAS, “fue el comienzo de una serie interminable de atropellos”. Pese a que el artículo 121 de la Ley General de Salud, y el 101 de la Ley Estatal de Salud “prohíben que se le suspendan los servicios de agua potable a los edificios habitados”, Agsal promovió ante el Congreso de Coahuila una reforma al artículo 84 de la Ley de Aguas, y logró que éste quedara con la siguiente redacción: “si la mora en el pago es de tres meses, se suspenderá totalmente el suministro de agua”. A raíz de este cambio, enfatiza la doctora Tobón, “Agsal obligó a los usuarios a ponerse al corriente en sus pagos, violando en la práctica el derecho humano al agua, reconocido por México en diversos tratados internacionales, al quitarles totalmente el abasto de líquido a un sinúmero de personas”. En 2005, “el número de cortes fue de casi 38 mil, y en 2006 de más de 35 mil, con lo que Agsal mantuvo su eficacia de cobranza en 97 por ciento, es decir, logrando que los usuarios pagaran por el consumo de 970 de cada mil litros de agua facturados”.
Para optimizar sus ganancias, dice el doctor Garza, “Agsal unificó las tarifas de los usuarios, que estaban escalonadas de acuerdo con el nivel económico de la zona en que vivían. La ciudad estaba dividida en 16 zonas, pero Agsal las redujo a 10, afectando a los más pobres, y además comenzaron a subirnos las cuotas mensuales muy encima de la inflación”. Garza continúa: “Agsal se comprometió a respetar una norma municipal, en el sentido de indexar los precios del servicio de acuerdo con la inflación. Sin embargo, en 2007, la inflación reportada fue de 6 por ciento, pero Agsal aumentó las tarifas más de 20 por ciento. Y por si esto fuera poco, se sacó de la manga otra regla: cobrar por metro cuadrado, calculando sobre el valor del terreno, no de la vivienda, de modo que si vives en una construcción de 100 metros cuadrados, dentro de un lote de mil metros cuadrados, tienes que pagar 100 mil pesos para que te instalen la toma de agua, y así el agua te sale más cara que la casa”.
“Esto es increíble, ¿verdad?”, pregunta la doctora Tobón, indignada. Y contesta: “Pues hay muchas, muchas tropelías más, porque no hemos hablado de lo que Agbar le defrauda a Hacienda…”
Kikka Roja
