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verónica espinosa El gobernador asegura que uno de los videos es falso; la alcaldía leonesa lo contradice y admite la autenticidad del mismo Guanajuato, Gto., 1 de julio (apro).- La difusión de los cursos de capacitación que se imparten a la policía del municipio de León, en la que se incluye la práctica de la tortura, puso en aprieto al gobernador Juan Manuel Oliva y al alcalde de ese municipio, Vicente Guerrero Reynoso, así como a prominentes panistas. En su intento por justificar los cursos que contravienen acuerdos internacionales adoptados por México en materia de derechos humanos los funcionarios panistas, intentaron cerrar filas, pero cayeron en contradicciones. Los videos difundidos muestran claramente cómo los policías leoneses reciben cursos sobre tortura a detenidos, actos sexuales de policías con empleadas en oficinas de la corporación, y castigos corporales. A raíz de la difusión pública de dichos cursos, la Procuraduría de los Derechos Humanos abrió un expediente e integra la investigación correspondiente por tortura. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también atrajo el caso de oficio por tratarse de una práctica penalizada por las leyes federales. El director de la policía de León, Carlos Tornero, quien fue jefe de la policía capitalina, intentó justificar la i partición de ese tipo de cursos. En conferencia de prensa, dijo que se trata de “prácticas extremas” para preparar a los elementos “en caso de ser tomados como rehenes o víctimas de secuestro por parte de grupos del crimen organizado”. Rechazó que estas “enseñanzas” sean impartidas con el fin de que los policías apliquen estos métodos de tortura a ciudadanos y/o detenidos. Sin embargo, luego de defender dichos procedimientos, de manera contradictoria informó que uno de los instructores que golpea repetidamente a una de las cadetes del Centro de Formación fue destituido de su cargo. El gobierno municipal dio a conocer que también se destituyó a los elementos que aparecen en el segundo video –del encuentro sexual en las instalaciones de la corporación. Esta misma mañana, mientras era entrevistado sobre el mismo tema, el alcalde leonés Vicente Guerrero Reynoso tronó contra los reporteros. “¡Ya basta con este tipo de cosas… actúen éticamente, por favor!” A mediodía, en la capital del estado, el gobernador Juan Manuel Oliva intentó defender al alcalde Guerrero Reynoso y aseguró que uno de los videos era falso, aunque se negó a precisar cuál de los tres; dio su respaldo al edil y confió en que deslindará responsabilidades. “He hablado con el alcalde, me ha explicado los tres casos; uno de la administración pasada; otro donde ya se detuvo a un policía”. Cuando se le pidió que precisara cuál video era falso, el gobernador, titubeante dijo: “No voy a entrar en cuestiones… aquí, ehhhh, la plática del presidente… le creo, le creo que va a trabajar en la materia. Están investigando para buscar a los otros implicados…” Más tarde, en un tácito desmentido para el gobernador Oliva, el gobierno municipal confirmó la autenticidad de todos los videos. Otro que pretendió defender a la policía leonesa fue el panista Juan Huerta Montero, quien preside la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del estado. Al diputado del PAN se le inquirió sobre si la comisión de Derechos Humanos intervendría para investigar los hechos presentados en los videos. Pero Huerta Montero justificó las “prácticas extremas” de capacitación de los policías. “Si tú eres un policía y quieres ascender a un puesto diferente, a un puesto de más alta encomienda, es obvio que te debes de capacitar en el área en la que vas a entrar… Entonces creo que, aunque sea tortura, pues tienes que estar preparado precisamente para salvaguardar los derechos humanos de los ciudadanos a los que vas a proteger y debes de saber qué es tortura para empezar (sic)”. La diputada del PRI, Bárbara Botello, presidenta de la Comisión de Seguridad, calificó lo revelado en los videos como “condenable y aterrador”, y anunció que planteará el tema en la próxima reunión de dicha comisión –que cuenta con mayoría panista-- a fin de solicitar un reporte oficial a las autoridades municipales y la intervención de la Procuraduría de Justicia del estado. Hoy mismo el procurador Daniel Chowell Arenas confirmó que dentro de la averiguación que inició la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas (SIE) al respecto, se han solicitado los videos mostrados. Anticipó que, en su opinión, existen elementos que configurarían varios delitos cometidos por los policías e instructores involucrados. Recordó que la dependencia a su cargo propuso a los diputados locales establecer el tipo penal de tortura, ajustado a los convenios internacionales que ha firmado México en la materia, como es el Protocolo de Estambul, tema que forma parte de una especialización para los egresados del Instituto de Formación de la Procuraduría. Pero esta misma dependencia recibió en el transcurso del último año 9 recomendaciones por denuncias de tortura, según lo indica el último informe de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Actualmente, reconoció Chowell Arenas, están en proceso dos investigaciones internas por el mismo número de recomendaciones recientemente emitidas por el Ombudsman estatal Manuel Vidaurri. En tanto, en el Distrito Federal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reprobó la capacitación con base en la tortura, y anunció que analiza la posibilidad de atraer el caso, decisión que dependerá del informe que solicitó a la Procuraduría de Derechos Humanos de la entidad. "Esta Comisión Nacional subraya que no es mediante el uso de ninguna técnica delictiva como debe combatirse el crimen organizado ni capacitarse a los integrantes de los cuerpos de seguridad. "La tortura está prohibida en el orden jurídico mexicano y es una de las más crueles expresiones de violación a derechos humanos y por ello, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, se le considera un delito de imprescriptible y de lesa humanidad", indicó la CNDH en un comunicado. |
Kikka Roja
