Irreal, compromiso de Calderón sobre derechos humanos: CNDH
Urge replantear fuero de guerra para que tribunales civiles juzguen a militares
Víctor Ballinas (Enviado)
Phoenix, Arizona, 19 de diciembre. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ya empezó la indagación sobre las dos agresiones de militares que dispararon contra civiles.
Uno de los casos ocurrió en Chihuahua, donde una mujer resultó muerta el 12 de este mes, y el otro, en Monterrey, Nuevo León, donde el pasado martes otra resultó herida, informó el ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández.
Entrevistado en esta ciudad durante un receso de su gira para evaluar el programa Paisano, Soberanes insistió en que “los militares no están capacitados para hacer funciones de policías. Lo vemos claramente en estos últimos dos sucesos: disparan a matar, no para disuadir. Eso no tiene justificación, es homicidio”.
Ante ello, el titular de la CNDH destaca: “tenemos que replantear, reformar la ley militar para que cuando los soldados realicen tareas civiles, como labores de policías, no tengan fuero, y si cometen violaciones a derechos humanos, asesinatos, ultrajes y otros delitos, no sean juzgados por la jurisdicción castrense, sino por tribunales civiles”.
Hoy –subrayó–, “cuando los soldados cometen violaciones a derechos humanos están protegidos por el fuero de guerra, lo que debe cambiar. Por ello, es urgente que se replantee o se reforme ese fuero. “Eso es lo que propuse al presidente Felipe Calderón en el Informe Especial sobre Seguridad Pública que presenté el pasado lunes en Sinaloa; eso es lo que debe atender”.
El ombudsman nacional insistió: “lo que estoy planteando es que cuando los militares cometan atropellos a los derechos humanos en tareas civiles sean juzgados por tribunales civiles, no por la justicia militar, porque no están bajo fuero de guerra, y que éste sólo se aplique cuando estén realizando actividades propias del Ejército”.
“Relación pésima”
Asimismo, comentó que solicitó una cita con el Ejecutivo para exponerle varios asuntos en materia de derechos humanos, como replantear el fuero de guerra, definir una fecha para el retiro de los militares de las labores policiacas y la pésima relación de la Procuraduría General de la República (PGR) con la CNDH, “la cual no nos permite revisar los expedientes, como en los casos de los atentados de Morelia, Michoacán; los desaparecidos del EPR (Ejército Popular Revolucionario) en Oaxaca y la explosión en la plataforma petrolera Usumacinta, en la sonda de Campeche”.
Son varios los temas que se deben tratar con el Ejecutivo, dijo el ombudsman. Otros son el Programa Nacional de Derechos Humanos, Migración y lo relativo a las cárceles.
Señaló: “Es cierto que nosotros ayudamos a la Secretaría de la Defensa Nacional dando a los militares algunos cursos de derechos humanos, pero creo que más que cursos debería haber una verdadera capacitación policiaca a los soldados, porque pueden saber que existen las garantías individuales, pero ya en operación no actúan como policías, sino como militares, y están capacitados para matar al enemigo, y el presunto delincuente es una persona que supuestamente ha violado la ley, y hay que someterlo para llevarlo a la justicia, no matarlo”.
Otra preocupación de la CNDH –subrayó– es el hecho de que los militares actualmente interrogan a los detenidos, tarea que corresponde al Ministerio Público, “si no, para qué está”. En ocasiones –precisó– los retienen por horas, y es ahí cuando surge la tortura para que confiesen. Hay que analizar con cuidado lo que está ocurriendo: el Ejército está tomando dos funciones: de policía judicial y de Ministerio Público, y no está facultado ni capacitado para ello, lo que deriva en violaciones a la Constitución y a los derechos humanos”.
Soberanes consideró que a escala internacional, los planteamientos que hace el Estado mexicano quedarán en buenas intenciones: “ahí está el problema de seguridad pública. Ya hay una nueva ley, pero dónde están los resultados que se esperaban hace 15 años, el banco de datos y los presupuestos cada vez más altos, como son 100 mil millones de pesos”.
Acusó: “el presidente Felipe Calderón, en lo personal, ha manifestado su intención de avanzar en el respeto a los derechos humanos, pero vemos a su gente, como el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, que no da a la CNDH la información que se le solicita ni nos deja revisar los expedientes.
“No sólo yo me quejo de su actuación. Ahí está la demanda del presidente del IFAI, Alonso Lujambio, por la reforma al Código Federal de Procedimientos Penales para negar la información que se le solicita. La PGR se va cerrando, no quiere informar, y no quiere hacerlo porque sus resultados son muy ineficientes.
“Eso quiere decir que el compromiso del gobierno de Calderón con los derechos humanos no queda más que en buenas palabras. El compromiso tiene que pasar a los hechos, y no hay esos hechos, no hay ese compromiso real”, apuntó.
En el caso de la seguridad pública –subrayó el ombudsman– “debe haber un replanteamiento total; no se puede ir nada más tapando los hoyitos. No deben ser sólo chispazos, se requiere todo un replanteamiento”.
Añadió: “veo difícil que en esta administración se tenga una policía capacitada; eso debería ser un plan de Estado, no de gobierno, empezando por la misma reforma penal; ahorita sufrimos una enorme inflación en materia de reformas penales”.
Uno de los casos ocurrió en Chihuahua, donde una mujer resultó muerta el 12 de este mes, y el otro, en Monterrey, Nuevo León, donde el pasado martes otra resultó herida, informó el ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández.
Entrevistado en esta ciudad durante un receso de su gira para evaluar el programa Paisano, Soberanes insistió en que “los militares no están capacitados para hacer funciones de policías. Lo vemos claramente en estos últimos dos sucesos: disparan a matar, no para disuadir. Eso no tiene justificación, es homicidio”.
Ante ello, el titular de la CNDH destaca: “tenemos que replantear, reformar la ley militar para que cuando los soldados realicen tareas civiles, como labores de policías, no tengan fuero, y si cometen violaciones a derechos humanos, asesinatos, ultrajes y otros delitos, no sean juzgados por la jurisdicción castrense, sino por tribunales civiles”.
Hoy –subrayó–, “cuando los soldados cometen violaciones a derechos humanos están protegidos por el fuero de guerra, lo que debe cambiar. Por ello, es urgente que se replantee o se reforme ese fuero. “Eso es lo que propuse al presidente Felipe Calderón en el Informe Especial sobre Seguridad Pública que presenté el pasado lunes en Sinaloa; eso es lo que debe atender”.
El ombudsman nacional insistió: “lo que estoy planteando es que cuando los militares cometan atropellos a los derechos humanos en tareas civiles sean juzgados por tribunales civiles, no por la justicia militar, porque no están bajo fuero de guerra, y que éste sólo se aplique cuando estén realizando actividades propias del Ejército”.
“Relación pésima”
Asimismo, comentó que solicitó una cita con el Ejecutivo para exponerle varios asuntos en materia de derechos humanos, como replantear el fuero de guerra, definir una fecha para el retiro de los militares de las labores policiacas y la pésima relación de la Procuraduría General de la República (PGR) con la CNDH, “la cual no nos permite revisar los expedientes, como en los casos de los atentados de Morelia, Michoacán; los desaparecidos del EPR (Ejército Popular Revolucionario) en Oaxaca y la explosión en la plataforma petrolera Usumacinta, en la sonda de Campeche”.
Son varios los temas que se deben tratar con el Ejecutivo, dijo el ombudsman. Otros son el Programa Nacional de Derechos Humanos, Migración y lo relativo a las cárceles.
Señaló: “Es cierto que nosotros ayudamos a la Secretaría de la Defensa Nacional dando a los militares algunos cursos de derechos humanos, pero creo que más que cursos debería haber una verdadera capacitación policiaca a los soldados, porque pueden saber que existen las garantías individuales, pero ya en operación no actúan como policías, sino como militares, y están capacitados para matar al enemigo, y el presunto delincuente es una persona que supuestamente ha violado la ley, y hay que someterlo para llevarlo a la justicia, no matarlo”.
Otra preocupación de la CNDH –subrayó– es el hecho de que los militares actualmente interrogan a los detenidos, tarea que corresponde al Ministerio Público, “si no, para qué está”. En ocasiones –precisó– los retienen por horas, y es ahí cuando surge la tortura para que confiesen. Hay que analizar con cuidado lo que está ocurriendo: el Ejército está tomando dos funciones: de policía judicial y de Ministerio Público, y no está facultado ni capacitado para ello, lo que deriva en violaciones a la Constitución y a los derechos humanos”.
Soberanes consideró que a escala internacional, los planteamientos que hace el Estado mexicano quedarán en buenas intenciones: “ahí está el problema de seguridad pública. Ya hay una nueva ley, pero dónde están los resultados que se esperaban hace 15 años, el banco de datos y los presupuestos cada vez más altos, como son 100 mil millones de pesos”.
Acusó: “el presidente Felipe Calderón, en lo personal, ha manifestado su intención de avanzar en el respeto a los derechos humanos, pero vemos a su gente, como el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, que no da a la CNDH la información que se le solicita ni nos deja revisar los expedientes.
“No sólo yo me quejo de su actuación. Ahí está la demanda del presidente del IFAI, Alonso Lujambio, por la reforma al Código Federal de Procedimientos Penales para negar la información que se le solicita. La PGR se va cerrando, no quiere informar, y no quiere hacerlo porque sus resultados son muy ineficientes.
“Eso quiere decir que el compromiso del gobierno de Calderón con los derechos humanos no queda más que en buenas palabras. El compromiso tiene que pasar a los hechos, y no hay esos hechos, no hay ese compromiso real”, apuntó.
En el caso de la seguridad pública –subrayó el ombudsman– “debe haber un replanteamiento total; no se puede ir nada más tapando los hoyitos. No deben ser sólo chispazos, se requiere todo un replanteamiento”.
Añadió: “veo difícil que en esta administración se tenga una policía capacitada; eso debería ser un plan de Estado, no de gobierno, empezando por la misma reforma penal; ahorita sufrimos una enorme inflación en materia de reformas penales”.
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