La economía porcina
Mario Di Costanzo ArmentaNo cabe la menor duda de que nuestro país atraviesa por una emergencia extremadamente delicada, ya que a la precaria situación económica se ha sumado la amenaza real de una enfermedad que, sin ser mortal per se, ha puesto de cabeza a todos los mexicanos.
Más aún: durante los últimos días se ha difundido una amplia gama de información que va desde la que explica en qué consiste la llamada “influenza porcina”, su sintomatología, sus mecanismos de contagio, su detección y su tratamiento, pasando por la que califica las medidas adoptadas tanto por el gobierno federal como por autoridades estatales, hasta la que señala que ya algún laboratorio desde principios de abril había advertido de la aparición de este virus.
Mas allá de debatir lo anterior, debemos preguntarnos por qué razón una enfermedad que no es mortal, si se detecta a tiempo, está matando gente en México.
De esta manera, lo primero que el sentido común nos dice es que o se carece de la infraestructura para detectarla a tiempo o bien no se cuenta con los medicamentos para combatirla, aunque en este último punto las diferentes autoridades han señalado que existe un abasto suficiente de retrovirales, los cuales se están administrando como medicamentos “controlados”, es decir, bajo estricta supervisión médica.
Luego entonces, algún inepto como yo se pregunta: ¿si tenemos los medicamentos, conocemos la sintomatología, el problema se reduce a detectar a tiempo la enfermedad, combatirla y evitar que esta se propague, por qué la amenaza de pandemia?
Y lo que parece tan simple se complica demasiado por la sencilla razón de que, dentro del proceso descrito en el párrafo anterior, aparecen problemas para detectar dicha enfermedad o para que la gente tenga un acceso expedito y a tiempo al tratamiento de dicho padecimiento.
Así, y dada mi ineptitud, me puse a revisar el “presupuesto” que se ha destinado a la Secretaría de Salud durante los últimos cuatro años y en qué se ha gastado. En un principio me emocioné cuando advertí que entre el 2006 y el 2009 el presupuesto de ésta dependencia se incrementó en 42 mil 681 millones de pesos, al pasar de 42 mil 355 millones en el 2006 a 85 mil 36 millones para el 2009.
Entonces procedí a revisar en qué se había gastado tanto dinero de los contribuyentes. Lo primero que observé es que más de 60% de ese incremento, es decir, 28 mil 911 millones de pesos, se destinaron al llamado “seguro popular” que, como se ha venido sosteniendo, ni es “seguro” (ya que nunca hay medicinas para los que recurren a él), ni mucho menos “popular” (ya que en muchos casos hay que pagar para tener acceso a sus servicios, además de que en gran parte de los casos, sobre todo en el sector rural, sus instalaciones se asemejan más a dispensarios médicos que a clínicas bien equipadas, cuando estas existen).
En segundo lugar, advertí que el pago de servicios personales (“salarios”) se había incrementado durante el período mencionado en cinco mil 230 millones de pesos, y que la inversión física total (como pueden ser laboratorios para detectar enfermedades, hospitales, etc.) representó entre esos cuatro años sólo 5% del presupuesto acumulado, y que prácticamente la totalidad de esta inversión fue aprobada para el 2009, es decir, que apenas este año se va o se está realizando.
Por si esto fuera poco, pude observar que dentro de los organismos del Sector Salud, al Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, durante los años 2006 y 2007 se le asignaron precarios presupuestos, de 314 y 450 millones de pesos respectivamente, y para el 2008 su asignación presupuestaria ascendió a un mil 329 millones de pesos, de los cuales 723.8 millones de pesos fueron destinados a un rubro denominado “otros gastos corrientes” y para 2009 se redujo su presupuesto a un mil 149 millones de los cuales sólo 14.8 millones fueron para inversión física.
Al ver estas cifras, y pese a ser no ser infectólogo, me preocupé, ya que lo que yo veo es que una parte del problema no es de origen virulento, sino presupuestario.
Es decir, que un virus que en principio no es mortal a decir de las autoridades, se ha vuelto mortal por razones de infraestructura, de ineficiencia en su detección, de falta de prontitud en la atención, de escasa cobertura y difícil acceso a servicios de salud.
Yo no descarto, en virtud de que se han dado casos en el mundo, la posibilidad real de que surjan enfermedades incurables o mortales. De hecho, la ciencia aún no puede curar algunos tipos de cáncer, o el VIH, o el SARS. Lo que en este caso es inadmisible es que una enfermedad atendible, o curable si se detecta a tiempo, este resultando mortal para los mexicanos.
Por ello, no deben sorprendernos las medidas sanitarias que hasta ahora se han tomado ante la emergencia, por lo que entre nosotros, los ciudadanos, debemos atenderlas de manera estricta, responsable y solidariamente.
Pero también debemos cuestionar a las autoridades sobre los resultados de la política de salud de este país, ya que en este renglón tal pareciera que lo que se ha buscado es desmantelar la función del estado, al igual que se ha hecho con la educación pública, pero también en el sector energético, o en el alimentario.
Esto hipótesis se fortalece si observamos que por ejemplo, en las modificaciones que se han realizado tanto a la ley del ISSSTE como a la del IMSS, se han esgrimido argumentos financieros y no de atención, prevención, eficacia y eficiencia médica.
Es decir, que esta “emergencia médica” es otra manifestación del fracaso absoluto de nuestra política de gasto en materia de salud, misma que ha sido dirigida por los preceptos más ortodoxos del Fondo Monetario Internacional (FMI), por ello, el origen mismo del problema lo debemos encontrar en el pasado, y no en la emergencia, ya que al menos en nuestro país, la crisis de la “influenza porcina” es resultado de una “economía porcina”, que ha buscado a través de la salud del pueblo, mas resultados electorales, que seguridad, eficiencia y eficacia.
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