En el sexto día de la asonada golpista en Honduras, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, llegó a esa nación centroamericana con el fin de demandar el retorno del presidente constitucional, Manuel Zelaya Rosales, y sin afán alguno –según declaró el funcionario chileno– de negociar con el régimen de facto que encabeza Roberto Micheletti. Sin embargo, más tarde, el gobierno en funciones decidió renunciar al organismo continental.
A las inequívocas muestras de repudio de la comunidad internacional ante la intentona de subvertir los principios democráticos en Honduras se sumaron nuevas acciones de presión en contra del gobierno usurpador: la ministra de Finanzas del gobierno constitucional, Rebeca Santos, informó que han quedado congelados entre 300 y 450 millones de dólares de ayuda financiera a ese país, proveniente de organizaciones como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo; en tanto, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció la interrupción del suministro preferencial de petróleo que recibía la nación centroamericana como parte del convenio Petrocaribe. Se configura, pues, sobre el gobierno golpista, una tenaza de presiones internacionales en los ámbitos político y económico, que se conjuga con las crecientes manifestaciones de descontento social dentro de Honduras: ayer mismo, miles de personas se congregaron afuera de la sede de la OEA en Tegucigalpa para demandar el regreso de Zelaya al país y a la presidencia.
No obstante estas muestras de rechazo interno y externo, las huestes golpistas se muestran decididas a mantener una aventura que, invariablemente, tendrá un enorme costo político y social para el infortunado país centroamericano: la Suprema Corte de Justicia de Honduras –entidad participante del golpe– señaló ante el titular de la OEA que el proceso de destitución de Manuel Zelaya es irreversible; por añadidura, los integrantes del régimen usurpador incurren en aberraciones declarativas, como afirmar que la presencia de Insulza en el país implicaba un reconocimiento del gobierno de Micheletti, y éste ha decidido, a lo que puede verse, apostar por los únicos respaldos que le quedan –de la oligarquía hondureña y de las fuerzas armadas—: ha declarado la suspensión de garantías constitucionales y mantiene el toque de queda instaurado desde el pasado domingo.
Al día de hoy persiste el riesgo de que el gobierno golpista logre sobrevivir un poco más a base de la continuidad represiva; es por ello necesario que las muestras de rechazo internacional se traduzcan en profundizar las acciones de presión y en una respuesta rápida para evitar que se agudice la violencia en ese país, así como impedir que los golpistas cuenten con margen de maniobra para consumar la destrucción del sistema democrático y del estado de derecho.
Ante esta situación, la OEA y el resto de la comunidad internacional tienen ante sí el reto mayúsculo de actuar a la altura de las circunstancias: en su sesión prevista para hoy, ante el término del plazo de 72 horas otorgado por la entidad hemisférica para restituir el orden constitucional en Honduras, y ante la negativa del régimen de facto por avanzar en ese sentido, el organismo encabezado por Miguel Insulza deberá emprender cuanto antes las sanciones correspondientes y emplear todos los recursos de presión diplomática y política de los que dispone para lograr una rápida restitución de Manuel Zelaya en el cargo presidencial.
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A las inequívocas muestras de repudio de la comunidad internacional ante la intentona de subvertir los principios democráticos en Honduras se sumaron nuevas acciones de presión en contra del gobierno usurpador: la ministra de Finanzas del gobierno constitucional, Rebeca Santos, informó que han quedado congelados entre 300 y 450 millones de dólares de ayuda financiera a ese país, proveniente de organizaciones como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo; en tanto, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció la interrupción del suministro preferencial de petróleo que recibía la nación centroamericana como parte del convenio Petrocaribe. Se configura, pues, sobre el gobierno golpista, una tenaza de presiones internacionales en los ámbitos político y económico, que se conjuga con las crecientes manifestaciones de descontento social dentro de Honduras: ayer mismo, miles de personas se congregaron afuera de la sede de la OEA en Tegucigalpa para demandar el regreso de Zelaya al país y a la presidencia.
No obstante estas muestras de rechazo interno y externo, las huestes golpistas se muestran decididas a mantener una aventura que, invariablemente, tendrá un enorme costo político y social para el infortunado país centroamericano: la Suprema Corte de Justicia de Honduras –entidad participante del golpe– señaló ante el titular de la OEA que el proceso de destitución de Manuel Zelaya es irreversible; por añadidura, los integrantes del régimen usurpador incurren en aberraciones declarativas, como afirmar que la presencia de Insulza en el país implicaba un reconocimiento del gobierno de Micheletti, y éste ha decidido, a lo que puede verse, apostar por los únicos respaldos que le quedan –de la oligarquía hondureña y de las fuerzas armadas—: ha declarado la suspensión de garantías constitucionales y mantiene el toque de queda instaurado desde el pasado domingo.
Al día de hoy persiste el riesgo de que el gobierno golpista logre sobrevivir un poco más a base de la continuidad represiva; es por ello necesario que las muestras de rechazo internacional se traduzcan en profundizar las acciones de presión y en una respuesta rápida para evitar que se agudice la violencia en ese país, así como impedir que los golpistas cuenten con margen de maniobra para consumar la destrucción del sistema democrático y del estado de derecho.
Ante esta situación, la OEA y el resto de la comunidad internacional tienen ante sí el reto mayúsculo de actuar a la altura de las circunstancias: en su sesión prevista para hoy, ante el término del plazo de 72 horas otorgado por la entidad hemisférica para restituir el orden constitucional en Honduras, y ante la negativa del régimen de facto por avanzar en ese sentido, el organismo encabezado por Miguel Insulza deberá emprender cuanto antes las sanciones correspondientes y emplear todos los recursos de presión diplomática y política de los que dispone para lograr una rápida restitución de Manuel Zelaya en el cargo presidencial.