24-Jul-2009
Horizonte político
José A. Crespo
Impunidad electoral
Parte de la campaña del PAN consistió en recordarnos la corrupción y la impunidad de los gobiernos priistas, pero, a juzgar por los resultados, muchos votantes ya no creyeron en ese discurso. No porque no hubiera corrupción e impunidad en los años del priismo, sino que eso siguió como si nada en los gobiernos del PAN. De ahí que muchos electores (al menos los cuatro millones que perdió el PAN desde 2006), probablemente se hayan preguntado ahora en qué radica la diferencia entre el PAN y el PRI, en materia de corrupción o impunidad. Eso lo volvemos a ver en el ámbito electoral, pues la PGR decidió exonerar al ex director de la Lotería Nacional (Lotenal), Miguel Ángel Jiménez Godínez, por el intento de comprar favores y espacios para Acción Nacional en Campeche a través del Diario de Yucatán.
Se recordará que los directivos de ese medio denunciaron haber recibido personalmente del director de la Lotenal la oferta de comprar publicidad para que inclinara su línea editorial a favor del candidato blanquiazul a gobernador en Campeche. La pregunta que entonces surgió fue, ¿cuántos de esos ofrecimientos en distintos puntos del país sí fueron aceptados por diversos medios de comunicación que, evidentemente, no hayan denunciado? Pero esa es especulación, mientras que la oferta al Diario de Yucatán no lo fue. Recordemos también que la Fiscalía Especial para Delitos Electorales (Fepade) no ha sido particularmente eficaz en la aplicación del Código Penal, donde se tipifican diversos delitos en ese ámbito, cuya aprobación en su momento fue anunciada con bombo y platillos, para que ya no se dijera que en México no había modernidad ni legalidad electorales. Una simulación más, según hemos comprobado después, pues difícilmente se hacen valer las sanciones correspondientes, o al menos no a funcionarios públicos y figuras de cierto nivel (a algunos mapaches de bajo rango que hayan sido sorprendidos in fraganti, quizá sí). En principio, el Código Penal estipula la conducta delictiva en que pudo haber incurrido el ex director de la Lotenal. En su artículo 407-III depara sanción de uno a nueve años al funcionarios público que: “Destine, de manera ilegal, fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo… al apoyo de un partido político o de un candidato”. Más claro ni el agua. Bueno, eso para quien quiera aplicar la ley y respetar su espíritu, algo que no abunda en México. En 2006, ante la acusación a algunos funcionarios del gobierno federal (foxista), de haber utilizado bienes públicos para hacer campaña contra Andrés Manuel López Obrador (a través de correos electrónicos enviados desde sus oficinas), la entonces encargada de la Fepade, María de los Ángeles Fromow, para no sancionar a sus colegas del gobierno federal, interpretó que la ley prohibía usar recursos públicos pero en favor de un candidato, no en su contra (original tesis jurídica conocida ahora como la “Doctrina Fromow”).
Volviendo al caso de Jiménez Godínez, la PGR decidió exonerarlo, no a falta de pruebas de la acción ilícita o porque sus denunciantes se hubieran retractado por haber confundido los hechos, en cuyo caso, en efecto, no habría por qué sancionar al funcionario. Pero no fue ese el motivo de su exoneración, sino que el delito en cuestión no se llegó a cometer, justo porque la otra parte del binomio, el periódico al que se le hizo la oferta indecorosa, no la aceptó, y prefirió denunciar la conducta ilícita. Es decir, en la lógica de la PGR, al no haberse cometido el delito, no hay culpa que sancionar. Con esa lógica surrealista, si alguien descubre a un ladrón en su casa y la policía llega a tiempo para impedir el robo y detener a su perpetrador, no habría por qué aplicarle sanción alguna, pues la policía misma se lo hubira impedido. Cualquier sistema legal intenta disuadir a los individuos de incurrir en ciertas conductas antisociales, por lo cual las penaliza incluso cuando éstas resultan fallidas (quizá con algún atenuante). Nuestra normatividad no es la excepción y por ello tipifica también la tentativa de delito. Según el artículo 12 del Código Penal: “Existe tentativa punible cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquél no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente”. Ante ello, alguien podría argüir que una cosa es un robo a mano armada y otra muy menor el desvío de fondos públicos para favorecer a algún partido o candidato. Pero, de acuerdo con el Código Penal, los delitos electorales son considerados lo suficientemente graves como para no aceptar la liberación bajo fianza (artículo 413).
Desde luego, la PGR tuvo buen cuidado de anunciar esta exoneración después de los comicios, con el fin de no evidenciar que los gobiernos del PAN, en materia de impunidad, no se distinguen de los priistas (aunque sostengo que ha sido peor con los primeros, pues con el PRI de vez en vez caía algún “pez gordo” y varios medianos, mientras que, con los gobiernos panistas, ni eso). Y, sobre todo, ni hablar de sancionar a un subordinado de Elba Esther Gordillo, como lo es Jiménez Godínez, pues el gobierno parece guardar con ella (y probablemente no sólo con ella) un pacto de estricta impunidad. Claro que eso no impide a la maestra emitir una queja por el uso político que, según denuncia en desplegado público, se ha dado a las escuelas, y que se manda uniformar a los niños con los colores del partido que gobierna en la demarcación respectiva. ¡Qué bueno que a la maestra Gordillo le preocupe el indebido uso político del sistema educativo! Lo que no obsta, desde luego, para que el magisterio opere como eficaz maquinaria electoral al servicio del mejor postor. No hay por qué relacionar una cosa con la otra.
¡Qué bueno que a la maestra Gordillo le preocupe el indebido uso político del sistema educativo!
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22-Jul-2009
Horizonte político
José A. Crespo
Tras la debacle… un nuevo PAN
Aun en los partidos más democráticos, decía Robert Michels, se impone la “ley de hierro de la oligarquía”. En la pugna por la presidencia del PAN, los disidentes internos, excluidos bajo la dirección de Germán Martínez Cázares, han enfrentado un dilema parecido al que se hallaba ese partido frente al PRI en sus tiempos de hegemonía: participar en un proceso con los “dados cargados” o mejor no legitimar la farsa. En más de una ocasión, los blanquiazules se cuestionaron la racionalidad de participar en los comicios, pues, con ello, sin posibilidad alguna de ganar los cargos en disputa (al menos los más importantes), legitimaban un sistema no competitivo de concentración del poder. Si ante ese dilema el PAN continuaba participando, era en parte porque el régimen priista generaba nuevos incentivos para ello, abriendo gradualmente espacios de participación y mejorando las condiciones de competencia. Ese fue el origen de los “diputados de partido” de 1964, ante el fantasma del retiro electoral del PAN, promovido por su entonces presidente nacional Adolfo Christlieb Ibarrola. Si don Adolfo decidió que el partido continuara en la liza electoral, fue por la relativa apertura que ofreció el gobierno priista (misma que se profundizó en 1977, tras haber quedado José López Portillo como candidato único). Tal disyuntiva fue recordada hace poco por Javier Corral, a propósito del movimiento anulista para protestar contra el sistema de partidos. Corral concluía su reflexión afirmando que, para el PAN, siempre fue mejor participar que abstenerse (El Universal, 9/VII/09). Pero ahora la disidencia panista ha decidido no tomar parte en el proceso interno y fomentar un voto nulo entre los consejeros, para así impedir una imposición y forzar una contienda en condiciones más equitativas. Hace año y medio, Manuel Espino, que podía optar por la reelección, y el tabasqueño Gerardo Priego, igualmente se retiraron ante una contienda viciada de origen en la que Germán Martínez Cázares fungió como candidato oficial. Martínez se lamentó de que Espino no compitiera en ese proceso. Quien tiene el cargo asegurado antes de ocurrir la elección, evidentemente desea cualquier competidor que lo legitime.
Por lo visto, en el balance de Los Pinos sobre la reciente debacle electoral no se consideró la variable de la escasa legitimidad de Martínez como dirigente nacional. Ahora se pretende reeditar el proceso de imposición. “Vengo a solicitarles su voto, porque es el deseo del presidente Calderón”, dijo César Nava a algunos consejeros locales. El mismo Nava se retiró de la contienda frente a Martínez, hace año y medio, por instrucción presidencial, según documenta Álvaro Delgado (Proceso, 19/VII/09). Lo urgente para Felipe Calderón es preservar el control del partido, sin importar que en ello se le reste cohesión interna y legitimidad a la nueva dirigencia. “Nadie deberá espantarse si tenemos los mismos resultados en el futuro”, asegura Héctor Larios, uno de los inconformes.
La disidencia panista denuncia la falta de equidad en virtud de que la mayoría del Consejo Nacional son funcionarios del gobierno federal y a partir de ello son sujetos de presión para emitir su voto a favor del candidato oficial: “Es que ya me llamaron de más arriba”, dicen que dicen los consejeros. Al menos, un alto funcionario gubernamental ha expresado su inconformidad de manera abierta: se trata de Manuel Minjares, subsecretario de Gobernación, quien advierte: “Si se elige a un presidente (del PAN) sin discusión, sin competencia y sin debate, y no se ve como una elección… nos estamos pareciendo al PRI… donde hay una línea monolítica, donde todo el mundo acepta y todos o muchos tienen que obedecer a una disciplina sin mayor discusión, reflexión o análisis… La señal que estaríamos mandando a la sociedad y a los panistas es que sencillamente no hemos aprendido la lección” (16/VII/09).
Por cierto, el actual proceso evoca aquel en que se simuló una contienda abierta para nombrar dirigente nacional del PRI, durante la presidencia de Ernesto Zedillo. El candidato oficial para ese cargo, José Antonio Fernández, enfrentó al disidente Rodolfo Echeverría, quien optó por retirarse antes de la elección misma debido a la evidencia de que los delegados habían sido coercionados desde Los Pinos. Irónicamente, ese formato, que representaba los estertores del PRI como partido oficial, es el que ha decidido adoptar el PAN bajo Calderón (no lo fue con Vicente Fox, cuyo candidato oficial, Carlos Medina Plascencia, perdió la contienda frente a Manuel Espino).
Los disidentes panistas insisten, no sin razón, que primero debe haber una discusión colectiva acerca de los errores y las omisiones del partido, sobre su rumbo, ante el descalabro que supuso el proceso electoral del 5 de julio, por lo que instan a los consejeros a anular su voto para provocar un nuevo proceso en el cual Nava, por dignidad, no se volvería a presentar. “Primero la reflexión y después la elección”, dicen estos panistas, lo que evoca aquello de “primero el programa, después el hombre”, que planteaban los priistas, pretensión que siempre fue fallida, pues siempre primero fue el hombre y sólo después su programa personal. Eso mismo ocurrirá en el PAN con gran probabilidad: primero irá el hombre (de Los Pinos) y luego el programa (también de Los Pinos). A menos, claro, que cristalice la estrategia anulista que obligue a la repetición del proceso bajo condiciones más plurales y equitativas. Me parece, con todo, que César Nava es sumamente representativo del PAN moderno: pragmatismo puro (pero ineficaz), olvido de su histórico compromiso democrático, alianza con el corporativismo tradicional, métodos impositivos y subordinación del partido al Ejecutivo. Las viejas recetas del PRI constituyen el modelo a seguir por el nuevo PAN, tras el descalabro del 5 de julio.
El actual proceso evoca aquel en que se simuló una contienda abierta para nombrar dirigente del PRI, durante la presidencia de Zedillo.
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