TINA TURNER & SANTANA The Game Of Love (Not Michelle Branch)
MEGA TINA TURNER
Tell me
Just what you want me to be
One kiss
And boom youre the only one for me
So please tell me
Why dont you come around no more?
Cause right now
Im crying outside the door of your candy store
Chorus:
It just takes a little bit of this, a little bit of that
It started with a kiss
Now were up to bat
A little bit of laughs, a little bit of pain
Im telling you my babe
Its all in the game of ...
Love is
Whatever you make it to be
Sunshine
Instead of this cold lonely sea
So pleased baby
Try and use me for what Im good for
It aint saying goodbye
Its knocking down the door of your candy store
Chorus:
It just takes a little bit of this, a little bit of that
It started with a kiss
Now were up to bat
A little bit of laughs, a little bit of pain
Im telling you my babe
Its all in the game of love
Its all in the game of love
You roll me
Control me
Console me
Please hold me
You guide me
Divide me
Into me
Solo:
(wanna make you mine)
So please tell me
Why dont you come around no more?
Cause right now
Im dying outside the door of your loving store
Chorus:
It just takes a little bit of this, a little bit of that
It started with a kiss
Now were up to bat
A little bit of laughs, a little bit of pain
Im telling you my babe
Its all in the game of love
Its all in the game of love
Its all in the game of love
Lets play the game of love
Roll me
Control me
Console me
Please hold me
In this game of love
Im out here on my own
kikka-roja.blogspot.com/
domingo, 18 de octubre de 2009
Ulises Ruiz: un hombre llamado impunidad: Miguel Ángel Granados Chapa
PLAZA PÚBLICA
Ulises Ruiz: un hombre llamado impunidad
Miguel Ángel Granados Chapa
18 Oct. 09
miguelangel@granadoschapa.com
kikka-roja.blogspot.com/
Ulises Ruiz: un hombre llamado impunidad
Miguel Ángel Granados Chapa
18 Oct. 09
Pretendiendo engañar a los miembros de la SCJN que lo investigaban, Ulises Ruiz dio respuesta a una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la estrategia no le dio el resultado que buscaba
Pleno de confianza en sí mismo, el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, hizo el viernes dos anuncios: que permanecerá en su cargo hasta diciembre de 2010, al concluir su sexenio; y que entregará el poder al candidato del PRI, que seguramente resultará triunfador en las elecciones de julio próximo.
Demandada su renuncia por un sector numeroso y activo de la sociedad oaxaqueña en 2006, al calor de la sostenida y extensa protesta popular en su contra, y expuesta su responsabilidad en los informes de varias comisiones que indagaron lo sucedido en el funesto segundo semestre de aquel año, Ruiz Ortiz se mostró seguro de quedar impune de las acciones y omisiones que desde muy diversas fuentes se le imputan, y que quedaron señaladas en la resolución a que arribaron el miércoles los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ante la propuesta de no formularle reproche alguno, o de señalarlo por tener una responsabilidad atenuada, siete miembros del pleno decidieron que tenía una responsabilidad lisa y llana.
Sin disminuir un ápice la relevancia que tiene esa resolución del mayor tribunal de la República, al parecer no se desprenderá de ella ninguna consecuencia adversa, política o penal, para el gobernador de Oaxaca. Se han multiplicado las demandas de juicio político en su contra, pero no prosperarán porque su partido por lo menos lo apoyará. Y siendo el grupo más grande en San Lázaro, capaz de formar la mayoría absoluta aliado con el Partido Verde, ni siquiera en la Comisión de Gobernación saldría avante la propuesta de enjuiciar políticamente a Ruiz. Y mucho menos puede esperarse acción penal en su contra, ni en el ámbito local, porque la Procuraduría de Justicia depende del Ejecutivo, ni en el federal, porque está vigente el compromiso que permitió al gobernador de Oaxaca resistir el vendaval que amenazó derribarlo hace tres años. No es imaginable que el entonces subsecretario de Gobernación que contribuyó a la permanencia de Ruiz en su cargo se convirtiera hoy en factor contrario a la estabilidad del gobernador, pues el Arturo Chávez Chávez que ostentaba aquella responsabilidad en la porción final del gobierno de Fox es el mismo Arturo Chávez Chávez que hace mes y medio fue nombrado procurador de la República.
Por lo menos dos investigaciones, una de la Comisión Civil Internacional de Observadores por los Derechos Humanos, y otra de la Comisión Nacional respectiva, concluyeron en atribuir responsabilidades al gobernador en los sostenidos actos de represión cometidos contra miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la Sección 22 del sindicato nacional del magisterio y ciudadanos en general. Por ello mismo, la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, elegida el 2 de julio de 2006, uno de los peores días en la vida política de Ruiz, ya que su amigo, valedor y jefe Roberto Madrazo resultó estrepitosamente derrotado, convino al año siguiente en demandar de la Suprema Corte de Justicia el ejercicio de su facultad pesquisitoria, contenida en el segundo párrafo del artículo 97 constitucional.
Ante el pedido de la Cámara de Diputados, el máximo tribunal venció sus reticencias a realizar de nuevo una investigación constitucional y acordó emprenderla en relación con los sucesos ocurridos entre mayo de 2006 y enero de 2007, de los cuales resultaron muertas por lo menos 20 personas, en la expresión más cabal, pero no la única, del autoritarismo homicida vigente en Oaxaca. La Corte accedió a indagar las violaciones graves a las garantías individuales que se hubieran cometido en ese lapso y nombró al efecto a dos magistrados adscritos a tribunales de circuito, Manuel Baráibar Constantino y Roberto Lara Hernández.
El hecho mismo de que un órgano del Poder Legislativo federal y el tribunal mayor de la República se ocuparan de aquellos sucesos era prueba de su relevancia y gravedad. Consciente de ello, y de las consecuencias no necesariamente jurídicas pero sí políticas y éticas de la intervención de la Corte, Ruiz quiso impedirla. Envió para ello su respuesta de aceptación de las recomendaciones emitidas por la CNDH, con la que pretendía engañar a los ministros y dar por concluidas las pesquisas sobre su actuación, pero no tuvo éxito. La indagación se realizó (y hasta fue ampliada para comprender una nueva jornada de represión, ocurrida en julio de 2007), y concluyó en marzo pasado.
Aunque algunos pasos de la comisión investigadora fueron objetados por la APPO (porque los magistrados demandaron de autoridades locales información sobre personas y organizaciones que sólo se obtiene mediante el ejercicio ilícito de funciones de inteligencia policial) y porque al trazar el contexto en que habrían incurrido las violaciones a las garantías individuales parecía que se atribuía su comisión a las víctimas de tales violaciones (que por definición sólo pueden ser perpetradas por órganos de autoridad), los trabajos encargados por la Corte produjeron un informe preliminar de más de 6 mil páginas contenidas en 39 tomos. Conforme a la regulación establecida por la Corte para limitarse a sí misma, de esa extensa documentación partió el ministro Mariano Azuela para formular su dictamen que estuvo listo a comienzos de este mes. El 5 de octubre el pleno de la Corte acordó que la ponencia del ex presidente de la Corte estuviera disponible en la red para su universal conocimiento, y finalmente durante tres días de esta semana, del lunes 12 al miércoles 14, el peno discutió el dictamen, cuyas propuestas fundamentales no fueron compartidas por la mayoría de los ministros. Los razonamientos de éstos, y no el dictamen de Azuela, configuraron la resolución del pleno por lo que su redacción definitiva está en curso. Por aplicación de los mecanismos judiciales, el propio autor del dictamen hará el engrose final (como se llama a la operación de incorporar los pareceres triunfantes en la discusión). En broma, Azuela dijo que lo hará "no con gran entusiasmo", que acaso fue la misma sensación con que cumplió su deber de elaborar el dictamen, puesto que él había votado en contra de que el cuerpo al que ha pertenecido por décadas y del que saldrá el mes entrante se ocupara del asunto.
Respecto del papel de Ruiz en aquel conflicto, el dictamen proponía reprocharle sólo el no contar con un cuerpo de seguridad estatal eficiente. Pero el ministro Juan N. Silva Meza razonó en sentido contrario y propuso extender la responsabilidad de las violaciones a las garantías individuales no sólo al gobernador de Oaxaca sino también al presidente Vicente Fox (punto que no prosperó), a sus secretarios y otros funcionarios.
Dijo Silva Meza que "los poderes ejecutivos, federal y estatal tienen responsabilidad directa en los acontecimientos... sin que su responsabilidad se puede atenuar o atemperar por la circunstancia de que no se abstuvieron por completo de actuar con la voluntad de resolver el conflicto social o bien porque no se está ante una omisión absoluta sino frente a resultados indeseados -como se dice en el dictamen que se analiza. La lesión a las garantías individuales y los derechos individuales (es) atribuible por acción y en especial por omisión grave, como resultado de su posición de jerarquía y de mando...
"Es verdad que en el caso los titulares de los poderes ejecutivos, federal y estatal llevaron a cabo actos dirigidos a tratar de solucionar el conflicto social, pero no eran los idóneos ni fueron capaces de impedir, en primer lugar, la movilización ciudadana a gran escala y, en segundo, que diversos servidores públicos incurrieran en una violación generalizada de garantías y derechos, cuando los mencionados poderes ejecutivos tenían las facultades y atribuciones constitucionales y legales para hacer cesar dichas acciones. Ello trajo como consecuencia que además de las garantías individuales y derechos individuales que en el dictamen se consideran infringidos... se encuentre plenamente acreditado que también se mancillaron los derechos a conocer la verdad, a la indemnización y acceso a la información".
Cuando se puso a votación ese punto el secretario de acuerdos anunció "que existe una mayoría de siete votos en contra del proyecto y por sostener que el gobernador del estado tiene una responsabilidad lisa y llana", términos que había utilizado Silva Meza al votar.
La exoneración de Fox amerita examen aparte.
Pleno de confianza en sí mismo, el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, hizo el viernes dos anuncios: que permanecerá en su cargo hasta diciembre de 2010, al concluir su sexenio; y que entregará el poder al candidato del PRI, que seguramente resultará triunfador en las elecciones de julio próximo.
Demandada su renuncia por un sector numeroso y activo de la sociedad oaxaqueña en 2006, al calor de la sostenida y extensa protesta popular en su contra, y expuesta su responsabilidad en los informes de varias comisiones que indagaron lo sucedido en el funesto segundo semestre de aquel año, Ruiz Ortiz se mostró seguro de quedar impune de las acciones y omisiones que desde muy diversas fuentes se le imputan, y que quedaron señaladas en la resolución a que arribaron el miércoles los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ante la propuesta de no formularle reproche alguno, o de señalarlo por tener una responsabilidad atenuada, siete miembros del pleno decidieron que tenía una responsabilidad lisa y llana.
Sin disminuir un ápice la relevancia que tiene esa resolución del mayor tribunal de la República, al parecer no se desprenderá de ella ninguna consecuencia adversa, política o penal, para el gobernador de Oaxaca. Se han multiplicado las demandas de juicio político en su contra, pero no prosperarán porque su partido por lo menos lo apoyará. Y siendo el grupo más grande en San Lázaro, capaz de formar la mayoría absoluta aliado con el Partido Verde, ni siquiera en la Comisión de Gobernación saldría avante la propuesta de enjuiciar políticamente a Ruiz. Y mucho menos puede esperarse acción penal en su contra, ni en el ámbito local, porque la Procuraduría de Justicia depende del Ejecutivo, ni en el federal, porque está vigente el compromiso que permitió al gobernador de Oaxaca resistir el vendaval que amenazó derribarlo hace tres años. No es imaginable que el entonces subsecretario de Gobernación que contribuyó a la permanencia de Ruiz en su cargo se convirtiera hoy en factor contrario a la estabilidad del gobernador, pues el Arturo Chávez Chávez que ostentaba aquella responsabilidad en la porción final del gobierno de Fox es el mismo Arturo Chávez Chávez que hace mes y medio fue nombrado procurador de la República.
Por lo menos dos investigaciones, una de la Comisión Civil Internacional de Observadores por los Derechos Humanos, y otra de la Comisión Nacional respectiva, concluyeron en atribuir responsabilidades al gobernador en los sostenidos actos de represión cometidos contra miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la Sección 22 del sindicato nacional del magisterio y ciudadanos en general. Por ello mismo, la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, elegida el 2 de julio de 2006, uno de los peores días en la vida política de Ruiz, ya que su amigo, valedor y jefe Roberto Madrazo resultó estrepitosamente derrotado, convino al año siguiente en demandar de la Suprema Corte de Justicia el ejercicio de su facultad pesquisitoria, contenida en el segundo párrafo del artículo 97 constitucional.
Ante el pedido de la Cámara de Diputados, el máximo tribunal venció sus reticencias a realizar de nuevo una investigación constitucional y acordó emprenderla en relación con los sucesos ocurridos entre mayo de 2006 y enero de 2007, de los cuales resultaron muertas por lo menos 20 personas, en la expresión más cabal, pero no la única, del autoritarismo homicida vigente en Oaxaca. La Corte accedió a indagar las violaciones graves a las garantías individuales que se hubieran cometido en ese lapso y nombró al efecto a dos magistrados adscritos a tribunales de circuito, Manuel Baráibar Constantino y Roberto Lara Hernández.
El hecho mismo de que un órgano del Poder Legislativo federal y el tribunal mayor de la República se ocuparan de aquellos sucesos era prueba de su relevancia y gravedad. Consciente de ello, y de las consecuencias no necesariamente jurídicas pero sí políticas y éticas de la intervención de la Corte, Ruiz quiso impedirla. Envió para ello su respuesta de aceptación de las recomendaciones emitidas por la CNDH, con la que pretendía engañar a los ministros y dar por concluidas las pesquisas sobre su actuación, pero no tuvo éxito. La indagación se realizó (y hasta fue ampliada para comprender una nueva jornada de represión, ocurrida en julio de 2007), y concluyó en marzo pasado.
Aunque algunos pasos de la comisión investigadora fueron objetados por la APPO (porque los magistrados demandaron de autoridades locales información sobre personas y organizaciones que sólo se obtiene mediante el ejercicio ilícito de funciones de inteligencia policial) y porque al trazar el contexto en que habrían incurrido las violaciones a las garantías individuales parecía que se atribuía su comisión a las víctimas de tales violaciones (que por definición sólo pueden ser perpetradas por órganos de autoridad), los trabajos encargados por la Corte produjeron un informe preliminar de más de 6 mil páginas contenidas en 39 tomos. Conforme a la regulación establecida por la Corte para limitarse a sí misma, de esa extensa documentación partió el ministro Mariano Azuela para formular su dictamen que estuvo listo a comienzos de este mes. El 5 de octubre el pleno de la Corte acordó que la ponencia del ex presidente de la Corte estuviera disponible en la red para su universal conocimiento, y finalmente durante tres días de esta semana, del lunes 12 al miércoles 14, el peno discutió el dictamen, cuyas propuestas fundamentales no fueron compartidas por la mayoría de los ministros. Los razonamientos de éstos, y no el dictamen de Azuela, configuraron la resolución del pleno por lo que su redacción definitiva está en curso. Por aplicación de los mecanismos judiciales, el propio autor del dictamen hará el engrose final (como se llama a la operación de incorporar los pareceres triunfantes en la discusión). En broma, Azuela dijo que lo hará "no con gran entusiasmo", que acaso fue la misma sensación con que cumplió su deber de elaborar el dictamen, puesto que él había votado en contra de que el cuerpo al que ha pertenecido por décadas y del que saldrá el mes entrante se ocupara del asunto.
Respecto del papel de Ruiz en aquel conflicto, el dictamen proponía reprocharle sólo el no contar con un cuerpo de seguridad estatal eficiente. Pero el ministro Juan N. Silva Meza razonó en sentido contrario y propuso extender la responsabilidad de las violaciones a las garantías individuales no sólo al gobernador de Oaxaca sino también al presidente Vicente Fox (punto que no prosperó), a sus secretarios y otros funcionarios.
Dijo Silva Meza que "los poderes ejecutivos, federal y estatal tienen responsabilidad directa en los acontecimientos... sin que su responsabilidad se puede atenuar o atemperar por la circunstancia de que no se abstuvieron por completo de actuar con la voluntad de resolver el conflicto social o bien porque no se está ante una omisión absoluta sino frente a resultados indeseados -como se dice en el dictamen que se analiza. La lesión a las garantías individuales y los derechos individuales (es) atribuible por acción y en especial por omisión grave, como resultado de su posición de jerarquía y de mando...
"Es verdad que en el caso los titulares de los poderes ejecutivos, federal y estatal llevaron a cabo actos dirigidos a tratar de solucionar el conflicto social, pero no eran los idóneos ni fueron capaces de impedir, en primer lugar, la movilización ciudadana a gran escala y, en segundo, que diversos servidores públicos incurrieran en una violación generalizada de garantías y derechos, cuando los mencionados poderes ejecutivos tenían las facultades y atribuciones constitucionales y legales para hacer cesar dichas acciones. Ello trajo como consecuencia que además de las garantías individuales y derechos individuales que en el dictamen se consideran infringidos... se encuentre plenamente acreditado que también se mancillaron los derechos a conocer la verdad, a la indemnización y acceso a la información".
Cuando se puso a votación ese punto el secretario de acuerdos anunció "que existe una mayoría de siete votos en contra del proyecto y por sostener que el gobernador del estado tiene una responsabilidad lisa y llana", términos que había utilizado Silva Meza al votar.
La exoneración de Fox amerita examen aparte.
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18 OCT 09: JORGE MOCH: CABEZALCUBO: CUENTOS INFERNALES
(o De los destos más azules)
JORGE MOCH
Hay a veces sucesos que la televisión, por la naturaleza explosiva de lo contado, prefiere pasar por alto (o pasarse por abajo, según se vea): no vaya a ser que se enojen los socios comerciales, los contlapaches del gobierno, los compinches del contubernio. Queda entonces buscar otro canal más confiable de información. La radio es opción válida, pero sigue inscrita en el concierto de lo mexicano, sujeta a usos y costumbres del falansterio corrupto que son los grupos cupulares y los perversos arreglos en lo oscurito que han hecho del maridaje medios-gobierno en México un pestilente tópico de vergüenzas. Entonces, vámonos a internet. Allí se ventila de todo, aunque internet sea todavía en nuestro México un medio al que el mexicano de a pie no tiene acceso fácil ni garantizado. La información, que axiomáticamente es poder, sigue siendo entonces un aditivo de pocos, sustancia elitista aunque no sea ésa, claramente, la orientación del conglomerado de vaivenes informáticos casi totalmente globales (hay aún países donde se impone censura) que es la red.
Así, todavía y en tanto no crezca la amenaza de amordazar la diversidad informativa de internet, hay opciones interesantísimas y ocasionales serpollos de asuntos que nunca veremos en la televisión, precisamente porque es el medio donde abreva información la mayoría de los mexicanos.
Está por ejemplo la tesitura denunciatoria de los reportajes que airea Reporte Índigo (http://www.reportebrainmedia.com/), empresa de información que comanda Ramón Alberto Garza, quien durante una ya larga carrera periodística ha trabajado en ámbitos que hoy consideran su quehacer, precisamente, anatema: de la dirección editorial de periódicos como Reforma a una vicepresidencia ejecutiva nada menos que en Televisa. Y uno diría ah, otro de ésos, otro alecuije, otro amanuense de la derecha como el balbuceante Ferriz de Con. Pero muy al contrario: Reporte Índigo ha sido en los últimos años una piedra en el zapato de los abusos empresariales y gubernamentales, una agencia de noticias especializada en hacer reportajes de investigación cuyos resultados recolocan en buen sitio la frase “periodista en México”. Suyos son magníficos reportajes que sacan a la luz pública algunas de las páginas negras del gobierno y sus comparsas: estipendios, fraudes, conspiraciones y abusos. Allí, por ejemplo, la reciente revelación, a pesar de todas las trabas impuestas por diversos funcionarios, de las casas que la presidencia mantiene en secreto y con dinero público, sobre todo la casa Soledad Orozco viuda de Ávila Camacho, o mansión Ávila Camacho, un palacete de más de cinco mil metros de construcción que la Presidencia mantiene a todo tren y lujo en una propiedad de cinco hectáreas en La Herradura, y que se usa para fiestas privadas de grupo cercano al presidente en turno.
Allí, en internet, la sobrecogedora revelación de otra agencia de noticias, ésta estadunidense y de índole más bien regional, llamada KREM2, y cuyo objeto de interés es el estado de Washington, en el oeste fronterizo con Canadá. Nunca la tele mexicana ventiló el asunto del equipo de analistas e informáticos contratados por el gobierno mexicano para desarrollar un software espía con que controlar la in formación bancaria de los ciudadanos, presuntamente para detectar principalmente entre funcionarios y policías a aquellos cuyos ingresos tuviesen incrementos súbitos posiblemente ligados a la delincuencia organizada; nada de que una vez que el programa empezó a arrojar resultados y en ello nombres de funcionarios del aparato judicial, los especialistas fueron víctimas de un muy mexicano operativo en que se les incautaron los equipos, se les puso en un avión a Estados Unidos y materialmente se les deportó (sin pagar por sus servicios)… nada, desde luego, de la vulneración del derecho a lo privado y nada acerca de la violación flagrante al secreto bancario, tan cacareado por el gobierno cuando se trata de ocultar trasiegos turbios de banqueros y funcionarios (http://www.krem.com/news/local/stories/krem2-083109-
investigation-mexico-drug-cartel.1363bd752.html).
Nada, tampoco, del magnífico documental del argen tino Julián Alterini, Operación Pandemia (http://www.youtube.com/watch?v=gKwk8Kq8QXA), que mucho tiene que decir sobre la histeria colectiva de la fiebre porcina, y nada, en fin, de oscuros rinconcitos de las políticas nacio nal e internacional ante los que afortunadamente internet nos sigue funcionando lo mismo como cuña que como farola. Hágase la luz.
kikka-roja.blogspot.com/
Así, todavía y en tanto no crezca la amenaza de amordazar la diversidad informativa de internet, hay opciones interesantísimas y ocasionales serpollos de asuntos que nunca veremos en la televisión, precisamente porque es el medio donde abreva información la mayoría de los mexicanos.
Está por ejemplo la tesitura denunciatoria de los reportajes que airea Reporte Índigo (http://www.reportebrainmedia.com/), empresa de información que comanda Ramón Alberto Garza, quien durante una ya larga carrera periodística ha trabajado en ámbitos que hoy consideran su quehacer, precisamente, anatema: de la dirección editorial de periódicos como Reforma a una vicepresidencia ejecutiva nada menos que en Televisa. Y uno diría ah, otro de ésos, otro alecuije, otro amanuense de la derecha como el balbuceante Ferriz de Con. Pero muy al contrario: Reporte Índigo ha sido en los últimos años una piedra en el zapato de los abusos empresariales y gubernamentales, una agencia de noticias especializada en hacer reportajes de investigación cuyos resultados recolocan en buen sitio la frase “periodista en México”. Suyos son magníficos reportajes que sacan a la luz pública algunas de las páginas negras del gobierno y sus comparsas: estipendios, fraudes, conspiraciones y abusos. Allí, por ejemplo, la reciente revelación, a pesar de todas las trabas impuestas por diversos funcionarios, de las casas que la presidencia mantiene en secreto y con dinero público, sobre todo la casa Soledad Orozco viuda de Ávila Camacho, o mansión Ávila Camacho, un palacete de más de cinco mil metros de construcción que la Presidencia mantiene a todo tren y lujo en una propiedad de cinco hectáreas en La Herradura, y que se usa para fiestas privadas de grupo cercano al presidente en turno.
Allí, en internet, la sobrecogedora revelación de otra agencia de noticias, ésta estadunidense y de índole más bien regional, llamada KREM2, y cuyo objeto de interés es el estado de Washington, en el oeste fronterizo con Canadá. Nunca la tele mexicana ventiló el asunto del equipo de analistas e informáticos contratados por el gobierno mexicano para desarrollar un software espía con que controlar la in formación bancaria de los ciudadanos, presuntamente para detectar principalmente entre funcionarios y policías a aquellos cuyos ingresos tuviesen incrementos súbitos posiblemente ligados a la delincuencia organizada; nada de que una vez que el programa empezó a arrojar resultados y en ello nombres de funcionarios del aparato judicial, los especialistas fueron víctimas de un muy mexicano operativo en que se les incautaron los equipos, se les puso en un avión a Estados Unidos y materialmente se les deportó (sin pagar por sus servicios)… nada, desde luego, de la vulneración del derecho a lo privado y nada acerca de la violación flagrante al secreto bancario, tan cacareado por el gobierno cuando se trata de ocultar trasiegos turbios de banqueros y funcionarios (http://www.krem.com/news/local/stories/krem2-083109-
investigation-mexico-drug-cartel.1363bd752.html).
Nada, tampoco, del magnífico documental del argen tino Julián Alterini, Operación Pandemia (http://www.youtube.com/watch?v=gKwk8Kq8QXA), que mucho tiene que decir sobre la histeria colectiva de la fiebre porcina, y nada, en fin, de oscuros rinconcitos de las políticas nacio nal e internacional ante los que afortunadamente internet nos sigue funcionando lo mismo como cuña que como farola. Hágase la luz.
Fallas eléctricas paralizan: LA CFE NO SIRVE PARA NADA: Apagones frenan a la industria Edomex: 1 de cada 17 electricistas acepta la liquidación
Paros hasta de 11 horas en 758 fábricas
Corresponsal
kikka-roja.blogspot.com/
- En industrias de Naucalpan, Atizapán e Ixtapaluca, cortes hasta por 11 horas, según la AIEM
- Edomex: fallas eléctricas paralizan la producción de 758 empresas
- Reportan problemas en el servicio habitantes de Melchor Ocampo, Nicolás Romero, Huehuetoca, Zumpango, Tepotzotlán y Huixquilucan
- En Chimalhuacán 20 mil colonos se quedaron sin agua ayer
Corresponsal
La Asociación de Industriales del Estado de México (AIEM) informó que 758 industrias asentadas en Naucalpan, Atizapán de Zaragoza e Ixtapaluca han tenido que parar sus procesos productivos hasta por 11 horas debido a la falta de electricidad.
Rafael Carmona Pardo, presidente de la AIEM, comentó en Naucalpan que desde el cierre de la compañía Luz y Fuerza del Centro (LFC), las fallas en el sistema no son reparadas con presteza, lo que afecta la planta productiva establecida en municipios conurbados al Distrito Federal.
Los perjudicados gestionan a través de sus directivos ante la Comisión Federal de Electricidad la reparación de las fallas, agregó en rueda de prensa.
Confirmó que de las 9 a las20 horas del viernes los problemas en el suministro paralizaron la producción de empresas localizadas en Parque Industrial Atoto, Alce Blanco, San Luis Tlatilco y La Perla, en Naucalpan.
Explicó que 10 por ciento de la industria mexiquense constituida por grandes empresas cuenta con plantas generadoras de electricidad que se activan cuando falla el suministro; sin embargo, aun así sólo laboran al 60 por ciento de su capacidad. En cambio, 90 por ciento son pequeñas y medianas industrias y resultan las principales afectadas porque dependen del servicio de LFC.
Este sábado vecinos del poblado de Visitación, municipio de Melchor Ocampo, reportaron fallas en el suministro. Lo mismo hicieron los habitantes de 10 colonias de Nicolás Romero y varios de Huehuetoca, Zumpango, Tepotzotlán y Huixquilucan.
En Chimalhuacán, unos 20 mil habitantes de la colonia y la unidad habitacional El Molino se quedaron sin agua potable este sábado debido a que la falta de energía eléctrica paralizó el bombeo del pozo del mismo nombre.
Es la primera ocasión, después de la extinción de LFC, que resentimos de forma más generalizada la falta de energía eléctrica. Aquí es frecuente que se suspenda el servicio de energía, pero no en zonas tan extensas, dijo Telésforo García Carreón, director del Organismo Descentralizado de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento.
Explicó que el apagón ocurrió en la cabecera municipal, pero se extendió a otros barrios. La paralización del bombeo de agua afectó parcialmente a los vecinos de las regiones de Xochitenco, Orfebres, Hojalateros, Francisco Villa, Fundidores, Tlatel Xochitenco, Pescadores y Cesteros.
El gobierno municipal aseguró que los apagones afectaron desde el viernes nueve pozos que, en total, abastecen a unos 200 mil habitantes del municipio.
Para la tarde y durante la noche se restableció el servicio de energía y se normalizó el servicio de agua potable en 90 por ciento de las comunidades, así como en la propia cabecera municipal. Sin embargo, la energía eléctrica no se restableció en El Molino, donde opera uno de los pozos que surte de agua potable a unos 20 mil habitantes de la unidad habitacional y la colonia, que llevan el mismo nombre.
El ayuntamiento recordó que si se paran los equipos de bombeo de agua potable la presión en la tubería se pierde y cuando el suministro se restablece, la entrega de líquido tarda muchas horas en normalizarse.
El director del Odapas solicitó la intervención de la Comisión Federal de Electricidad para que se resuelvan las fallas del servicio de energía.
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Sólo uno de cada 17 trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC) ha aceptado ser indemnizado, mientras 16 siguen firmes en la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), según informes dados a conocer ayer por un alto funcionario de la Secretaría de Hacienda.
Cada trabajador será liquidado en términos brutos con 435 mil pesos, en promedio, incluido el bono que se pagará a quienes acudan antes del 14 de noviembre, precisó José Antonio González, coordinador de asesores del secretario de Hacienda, Agustín Carstens, y rechazó de plano que la deuda hipotecaria de los electricistas vaya a ser descontada del finiquito.
Los trabajadores podrán seguir pagando este crédito hipotecario en sus términos, porque existe un contrato. Entonces sería difícil romper este contrato. Abundó: son créditos generosos, y los van a poder seguir pagando; si cumplen con los pagos recibirán las escrituras de sus casas. No se les están descontando de sus liquidaciones.
Eso sí, dijo, tendrán que cubrir la tasa correspondiente de impuesto sobre la renta (ISR) y se les descontarán los préstamos de antigüedad, así como otros que se detallan en el contrato colectivo de trabajo (anticipos, créditos para la compra de útiles escolares y créditos de línea blanca adquiridos en la Tienda de Consumo para los Trabajadores del Sector Eléctrico, entre otros).
Sobre cuál sería la tasa de impuestos que deberá cubrir un trabajador que reciba la liquidación por un monto bruto promedio de 435 mil pesos, el coordinador de asesores de Agustín Carstens respondió: No sé el porcentaje, pero lo puedo averiguar y se lo hacemos llegar con todo gusto.
Al cierre de esta edición la información oficial prometida por González Anaya no llegó, pero, de acuerdo con cálculos extraoficiales, a la liquidación de cada trabajador se le descontarán casi 74 mil pesos aplicando una tasa conservadora de 17 por ciento, aunque si el monto es mayor los impuestos también se incrementan.
–¿Hasta cuándo operará la CFE en LFC? ¿Sólo será transitoria esa operación? ¿Podríamos esperar a que haya una licitación internacional para que alguna empresa pudiera operarla? –se le preguntó al funcionario.
–Tienen jiribilla las preguntas. No hay, y voy a decirlo, no hay ninguna intención de privatización. Ya lo dijo el Presidente, no privatizará la industria eléctrica, y por mandato de ley la única empresa que puede dar el servicio es CFE –repondió.
–¿Va a ser indefinido?
–Sí.
Sobre las partes proporcionales de la liquidación que les tocará a las esposas u otros beneficiarios, el funcionario detalló: Todos los trabajadores que tuviesen una pensión alimentaria al momento del decreto, la liquidación a la esposa se le irá en la misma proporción. Es decir, si tenían una pensión alimentaria a la esposa, o los hijos o quien fuese, por 20 por ciento, 20 por ciento de la liquidación se le da a la esposa, o los hijos o a quien se haya mencionado.
–¿Haya o no firmado el trabajador?
–No, el trabajador tiene que recibir la liquidación primero. Sin embargo, [los demás cheques] se entregan después a la esposa o los hijos.
Informó que al cierre de este viernes han acudido de manera voluntaria a recibir su liquidación 2 mil 527 trabajadores. Y se han pagado 13 mil jubilaciones.
Según datos oficiales, existen 43 mil 728 trabajadores sindicalizados y más de 22 mil jubilados. Es decir, que en los últimos tres días apenas 5.8 por ciento han acudido a los centros de indemnización.
Aseguró que el total de las liquidaciones para los 44 mil trabajadores están aseguradas e incluso ya están elaborados los cheques de caja por un monto global de alrededor de 20 mil millones de pesos.
Estas obligaciones se encararán mediante economías, reasignaciones y, en caso de ser necesario, algún otro tipo de movimientos. Pero trataremos de que sea mediante economías y de reasignaciones.
Rafael Carmona Pardo, presidente de la AIEM, comentó en Naucalpan que desde el cierre de la compañía Luz y Fuerza del Centro (LFC), las fallas en el sistema no son reparadas con presteza, lo que afecta la planta productiva establecida en municipios conurbados al Distrito Federal.
Los perjudicados gestionan a través de sus directivos ante la Comisión Federal de Electricidad la reparación de las fallas, agregó en rueda de prensa.
Confirmó que de las 9 a las20 horas del viernes los problemas en el suministro paralizaron la producción de empresas localizadas en Parque Industrial Atoto, Alce Blanco, San Luis Tlatilco y La Perla, en Naucalpan.
Explicó que 10 por ciento de la industria mexiquense constituida por grandes empresas cuenta con plantas generadoras de electricidad que se activan cuando falla el suministro; sin embargo, aun así sólo laboran al 60 por ciento de su capacidad. En cambio, 90 por ciento son pequeñas y medianas industrias y resultan las principales afectadas porque dependen del servicio de LFC.
Este sábado vecinos del poblado de Visitación, municipio de Melchor Ocampo, reportaron fallas en el suministro. Lo mismo hicieron los habitantes de 10 colonias de Nicolás Romero y varios de Huehuetoca, Zumpango, Tepotzotlán y Huixquilucan.
En Chimalhuacán, unos 20 mil habitantes de la colonia y la unidad habitacional El Molino se quedaron sin agua potable este sábado debido a que la falta de energía eléctrica paralizó el bombeo del pozo del mismo nombre.
Es la primera ocasión, después de la extinción de LFC, que resentimos de forma más generalizada la falta de energía eléctrica. Aquí es frecuente que se suspenda el servicio de energía, pero no en zonas tan extensas, dijo Telésforo García Carreón, director del Organismo Descentralizado de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento.
Explicó que el apagón ocurrió en la cabecera municipal, pero se extendió a otros barrios. La paralización del bombeo de agua afectó parcialmente a los vecinos de las regiones de Xochitenco, Orfebres, Hojalateros, Francisco Villa, Fundidores, Tlatel Xochitenco, Pescadores y Cesteros.
El gobierno municipal aseguró que los apagones afectaron desde el viernes nueve pozos que, en total, abastecen a unos 200 mil habitantes del municipio.
Para la tarde y durante la noche se restableció el servicio de energía y se normalizó el servicio de agua potable en 90 por ciento de las comunidades, así como en la propia cabecera municipal. Sin embargo, la energía eléctrica no se restableció en El Molino, donde opera uno de los pozos que surte de agua potable a unos 20 mil habitantes de la unidad habitacional y la colonia, que llevan el mismo nombre.
El ayuntamiento recordó que si se paran los equipos de bombeo de agua potable la presión en la tubería se pierde y cuando el suministro se restablece, la entrega de líquido tarda muchas horas en normalizarse.
El director del Odapas solicitó la intervención de la Comisión Federal de Electricidad para que se resuelvan las fallas del servicio de energía.
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- De los finiquitos no se descuentan créditos hipotecarios, dice funcionario de Hacienda
- Sólo uno de cada 17 trabajadores de Luz y Fuerza ha accedido a ser indemnizado
Sólo uno de cada 17 trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC) ha aceptado ser indemnizado, mientras 16 siguen firmes en la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), según informes dados a conocer ayer por un alto funcionario de la Secretaría de Hacienda.
Cada trabajador será liquidado en términos brutos con 435 mil pesos, en promedio, incluido el bono que se pagará a quienes acudan antes del 14 de noviembre, precisó José Antonio González, coordinador de asesores del secretario de Hacienda, Agustín Carstens, y rechazó de plano que la deuda hipotecaria de los electricistas vaya a ser descontada del finiquito.
Los trabajadores podrán seguir pagando este crédito hipotecario en sus términos, porque existe un contrato. Entonces sería difícil romper este contrato. Abundó: son créditos generosos, y los van a poder seguir pagando; si cumplen con los pagos recibirán las escrituras de sus casas. No se les están descontando de sus liquidaciones.
Eso sí, dijo, tendrán que cubrir la tasa correspondiente de impuesto sobre la renta (ISR) y se les descontarán los préstamos de antigüedad, así como otros que se detallan en el contrato colectivo de trabajo (anticipos, créditos para la compra de útiles escolares y créditos de línea blanca adquiridos en la Tienda de Consumo para los Trabajadores del Sector Eléctrico, entre otros).
Sobre cuál sería la tasa de impuestos que deberá cubrir un trabajador que reciba la liquidación por un monto bruto promedio de 435 mil pesos, el coordinador de asesores de Agustín Carstens respondió: No sé el porcentaje, pero lo puedo averiguar y se lo hacemos llegar con todo gusto.
Al cierre de esta edición la información oficial prometida por González Anaya no llegó, pero, de acuerdo con cálculos extraoficiales, a la liquidación de cada trabajador se le descontarán casi 74 mil pesos aplicando una tasa conservadora de 17 por ciento, aunque si el monto es mayor los impuestos también se incrementan.
–¿Hasta cuándo operará la CFE en LFC? ¿Sólo será transitoria esa operación? ¿Podríamos esperar a que haya una licitación internacional para que alguna empresa pudiera operarla? –se le preguntó al funcionario.
–Tienen jiribilla las preguntas. No hay, y voy a decirlo, no hay ninguna intención de privatización. Ya lo dijo el Presidente, no privatizará la industria eléctrica, y por mandato de ley la única empresa que puede dar el servicio es CFE –repondió.
–¿Va a ser indefinido?
–Sí.
Sobre las partes proporcionales de la liquidación que les tocará a las esposas u otros beneficiarios, el funcionario detalló: Todos los trabajadores que tuviesen una pensión alimentaria al momento del decreto, la liquidación a la esposa se le irá en la misma proporción. Es decir, si tenían una pensión alimentaria a la esposa, o los hijos o quien fuese, por 20 por ciento, 20 por ciento de la liquidación se le da a la esposa, o los hijos o a quien se haya mencionado.
–¿Haya o no firmado el trabajador?
–No, el trabajador tiene que recibir la liquidación primero. Sin embargo, [los demás cheques] se entregan después a la esposa o los hijos.
Informó que al cierre de este viernes han acudido de manera voluntaria a recibir su liquidación 2 mil 527 trabajadores. Y se han pagado 13 mil jubilaciones.
Según datos oficiales, existen 43 mil 728 trabajadores sindicalizados y más de 22 mil jubilados. Es decir, que en los últimos tres días apenas 5.8 por ciento han acudido a los centros de indemnización.
Aseguró que el total de las liquidaciones para los 44 mil trabajadores están aseguradas e incluso ya están elaborados los cheques de caja por un monto global de alrededor de 20 mil millones de pesos.
Estas obligaciones se encararán mediante economías, reasignaciones y, en caso de ser necesario, algún otro tipo de movimientos. Pero trataremos de que sea mediante economías y de reasignaciones.
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Desaparecen 76 mil empresas
- Jalisco, Durango, Nuevo León, Aguascalientes y Chihuahua, entre los más afectados
- Desaparecen casi 76 mil empresas en 12 estados en lo que va del sexenio
- Desde 2001 ha sido constante la disminución de trámite de alta ante el SIEM
Planta de General Motor en CoahuilaFoto José Carlo González
Susana González G.
Las dificultades para subsistir en un entorno económico recesivo ocasionaron que en lo que va del sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa 75 mil 688 empresas desaparecieran de los registros del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) de la Secretaría de Economía (SE) en 12 estados del país.
Según las estadísticas del SIEM, en 2007 estaban inscritas 386 mil 688 empresas, pero en 2009 el número bajó a 311 mil, lo que implica que en dicho periodo desaparecieron casi una quinta parte de las compañías industriales, comerciales y de servicios que operaban en la tercera parte de las entidades de la república.
El caso más grave es el de Jalisco, estado gobernado por el PAN, donde en 2007 existían 126 mil 736 empresas establecidas y sujetas al régimen fiscal registradas ante el SIEM, pero en este año sólo aparecen 93 mil 650, es decir una reducción de 33 mil establecimientos, 26 por ciento menos.
Más empresas de comercio
A nivel nacional, al SIEM se inscribieron este año 708 mil 563 empresas, una reducción de 2 mil 680 compañías respecto de las registradas en 2007, cuando se alcanzó la mayor cifra del SIEM de la presente década. Además, el actual registro de empresas formales representa apenas la sexta parte de los casi 4.5 millones de unidades económicas (empresas o negocios) que la misma Secretaría de Economía calcula que existen en el país.
Las cifras del SIEM indican que los estados donde se ha reducido más el registro de empresas formales durante el último trienio son Durango, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Distrito Federal, Hidalgo, Aguascalientes, Jalisco, Chihuahua y San Luis Potosí. Incluso, estas últimas cinco entidades lograron en 2007 cifras récord en el número de empresas registradas ante el SIEM en su historia.
Además de Jalisco, destacan los casos del Distrito Federal, donde el registro de empresas formales pasó de 126 mil a 108 mil, una caída de 14 por ciento, e Hidalgo, que cayó de 30 mil a 17 mil compañías, un desplome de 43 por ciento.
En este año seis estados –Distrito Federal, Durango, Hidalgo, Guerrero, Sinaloa y Sonora– llegaron a su nivel más bajo de la década en el registro del SIEM, al que deben inscribirse sin excepción y obligatoriamente todos los comerciantes e industriales del país, según se dispone desde 2005 en el artículo 30 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, y del que quedan excluidos los negocios informales.
Si la comparación se extiende a más años, la reducción del registro de las empresas formales ante el SIEM ha sido constante por lo menos en una decena de estados desde 2001 a la fecha, cuando comenzó a gobernar el PAN.
En ese año, Colima tenía registradas 2 mil 500 empresas ante la SE, pero en 2009 apenas suman 657, es decir un desplome de 73 por ciento. Durango pasó de 3 mil 600 a sólo mil 100; en Nuevo León la caída fue de 27 mil a 15 mil; Guerrero pasó de 6 mil 200 a mil 200. Morelos tenía 7 mil 500 empresas inscritas en el SIEM, pero ahora sólo son 3 mil 800 y en Sonora, las empresas registradas se redujeron de 13 mil 500 a 6 mil 500.
Según las estadísticas del SIEM, en 2007 estaban inscritas 386 mil 688 empresas, pero en 2009 el número bajó a 311 mil, lo que implica que en dicho periodo desaparecieron casi una quinta parte de las compañías industriales, comerciales y de servicios que operaban en la tercera parte de las entidades de la república.
El caso más grave es el de Jalisco, estado gobernado por el PAN, donde en 2007 existían 126 mil 736 empresas establecidas y sujetas al régimen fiscal registradas ante el SIEM, pero en este año sólo aparecen 93 mil 650, es decir una reducción de 33 mil establecimientos, 26 por ciento menos.
Más empresas de comercio
A nivel nacional, al SIEM se inscribieron este año 708 mil 563 empresas, una reducción de 2 mil 680 compañías respecto de las registradas en 2007, cuando se alcanzó la mayor cifra del SIEM de la presente década. Además, el actual registro de empresas formales representa apenas la sexta parte de los casi 4.5 millones de unidades económicas (empresas o negocios) que la misma Secretaría de Economía calcula que existen en el país.
Las cifras del SIEM indican que los estados donde se ha reducido más el registro de empresas formales durante el último trienio son Durango, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Distrito Federal, Hidalgo, Aguascalientes, Jalisco, Chihuahua y San Luis Potosí. Incluso, estas últimas cinco entidades lograron en 2007 cifras récord en el número de empresas registradas ante el SIEM en su historia.
Además de Jalisco, destacan los casos del Distrito Federal, donde el registro de empresas formales pasó de 126 mil a 108 mil, una caída de 14 por ciento, e Hidalgo, que cayó de 30 mil a 17 mil compañías, un desplome de 43 por ciento.
En este año seis estados –Distrito Federal, Durango, Hidalgo, Guerrero, Sinaloa y Sonora– llegaron a su nivel más bajo de la década en el registro del SIEM, al que deben inscribirse sin excepción y obligatoriamente todos los comerciantes e industriales del país, según se dispone desde 2005 en el artículo 30 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, y del que quedan excluidos los negocios informales.
Si la comparación se extiende a más años, la reducción del registro de las empresas formales ante el SIEM ha sido constante por lo menos en una decena de estados desde 2001 a la fecha, cuando comenzó a gobernar el PAN.
En ese año, Colima tenía registradas 2 mil 500 empresas ante la SE, pero en 2009 apenas suman 657, es decir un desplome de 73 por ciento. Durango pasó de 3 mil 600 a sólo mil 100; en Nuevo León la caída fue de 27 mil a 15 mil; Guerrero pasó de 6 mil 200 a mil 200. Morelos tenía 7 mil 500 empresas inscritas en el SIEM, pero ahora sólo son 3 mil 800 y en Sonora, las empresas registradas se redujeron de 13 mil 500 a 6 mil 500.
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