Sergio Aguayo Quezada
2 Dic. 09
Dos formas extremas de enfrentar la desazón: refugiarse en las frivolidades de la Academia que transmite TV Azteca o embarcarse en la lucha por la dignidad ciudadana cuyos avances y contradicciones se entrelazan con los 25 años de vida de la Academia Mexicana de Derechos Humanos.
Crecen las ganas de involucrarse en asuntos públicos. Algunos optan por los deportes extremos y se unen a algún partido. Otros, la mayoría, preferimos algo más concreto y nos acercamos a los organismos civiles que, cuando empezó la transición, eran vistos en el mejor de los casos como los boy scouts o los talacheros de la política. Poco a poco su protagonismo creció y lograron meter en la agenda nacional diversos derechos revolucionando, así, la cultura política. La conciencia de que tenemos derechos viene por el abnegado trabajo de estas organizaciones.
En 1984 Rodolfo Stavenhagen y Mariclaire Acosta propusieron crear una Academia dedicada a esos temas. El organismo nació plural por sus integrantes y actividades. Entre sus fundadores estuvieron Jorge Carpizo y Sergio Méndez Arceo, Miguel Sarre y Rosario Green, Lourdes Arizpe y Porfirio Muñoz Ledo. Ellos y muchos más difundieron y legitimaron el tema con proyectos, cursos y conferencias, entre otras actividades que se enlazaban con lo hecho por otros organismos.
Eran los años del presidencialismo autoritario y centralista y pocos se atrevían a financiar organismos que cuestionaran el dogma oficial: México no violaba de manera sistemática los derechos humanos, sólo había casos aislados. La Universidad Nacional Autónoma de México se la jugó y concedió sede y cubrió algunos gastos (todavía lo hace) del organismo y la Fundación Ford en México aprobó recursos para algunos programas de los primeros y difíciles años.
La Academia hizo aportes concretos a la modernización política. Impulsó el establecimiento del sistema de Ombudsmen para México, inició un curso interdisciplinario de alto nivel para la formación de activistas y se sumó a la lucha por las elecciones limpias y confiables porque pensaba, como tantos otros, que la alternancia era sinónimo de buen gobierno.
¡Cuánta ingenuidad! No entendíamos la capacidad corruptora y cooptadora de un "sistema" que si engulló como si nada a los militantes y partidos más correosos, le costó muy poco hacer lo mismo con los organismos públicos de derechos humanos. Cuando en 1990 el gobernador de Aguascalientes, Miguel Ángel Barberena, le regateó el apoyo a Miguel Sarre, primer Procurador de Protección Ciudadana, éste se vio forzado a renunciar. Se figuraba ahí el porvenir.
En 1990 nació la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que hizo un buen trabajo durante las presidencias de los dos Jorges (Carpizo y Madrazo). Después llegó Mireille Roccatti a la cual despidieron los partidos (en particular el PAN y el PRI) porque no les gustó su independencia a la hora de investigar la matanza de mujeres en Ciudad Juárez. La CNDH experimentó una metamorfosis: su relativa grandeza inicial fue sustituida por una burocracia grandota, blandengue y prematuramente envejecida. Hace algunas cosas buenas pero está lejos, muy lejos, de las exigencias del momento histórico.
En el México de la alternancia la norma es que quienes aspiren a encabezar un organismo público defensor de derechos humanos deben someterse a una lobotomía que acentúe el servilismo frente a los poderosos. La Academia se adecuó y Gloria Ramírez, su actual presidenta, creó la Vigía Ciudadana del Ombudsman, que informa constantemente sobre los desfiguros de la mayoría de los organismos públicos de derechos humanos (puede verse en www.amdh.org.mx).
El relevo en la CNDH lo confirma. El nuevo presidente, Raúl Plascencia, ya musitó las promesas de renovación. Sin embargo, nos dio más de lo mismo cuando nombró a los seis principales funcionarios. Cuatro de ellos no pasan la prueba del Google; si en ese buscador se relacionan sus nombres con la frase "derechos humanos" se confirma lo que sus CV dicen: son neófitos en el tema. Por ejemplo, el tercer visitador, Fernando Batista, es un exitoso empresario tijuanense cuyos méritos parecen consistir en su paisanaje con Plascencia y, según algunos medios, su amistad con el senador priista Manlio Fabio Beltrones. Otra visitadora, Teresa Paniagua Jiménez, aparece ¡48 veces solamente! ¿Y con esos pesos plumas piensan enfrentarse a los curtidos violadores de derechos humanos?
Ante ello, los organismos civiles como la Academia deben multiplicarse para atender víctimas, vigilar organismos públicos fofos, incidir en políticas públicas y, lo más difícil de todo, abrirse a la sociedad para hacer espacio a las legiones de ciudadanos que buscan formas concretas de participación en la inevitable cruzada por la dignidad. Para evadirse sigue transmitiéndose, como si nada, la Academia televisiva.
Colaboraron Laura Ruiz Castro y Alberto Serdán Rosales.
kikka-roja.blogspot.com/
Crecen las ganas de involucrarse en asuntos públicos. Algunos optan por los deportes extremos y se unen a algún partido. Otros, la mayoría, preferimos algo más concreto y nos acercamos a los organismos civiles que, cuando empezó la transición, eran vistos en el mejor de los casos como los boy scouts o los talacheros de la política. Poco a poco su protagonismo creció y lograron meter en la agenda nacional diversos derechos revolucionando, así, la cultura política. La conciencia de que tenemos derechos viene por el abnegado trabajo de estas organizaciones.
En 1984 Rodolfo Stavenhagen y Mariclaire Acosta propusieron crear una Academia dedicada a esos temas. El organismo nació plural por sus integrantes y actividades. Entre sus fundadores estuvieron Jorge Carpizo y Sergio Méndez Arceo, Miguel Sarre y Rosario Green, Lourdes Arizpe y Porfirio Muñoz Ledo. Ellos y muchos más difundieron y legitimaron el tema con proyectos, cursos y conferencias, entre otras actividades que se enlazaban con lo hecho por otros organismos.
Eran los años del presidencialismo autoritario y centralista y pocos se atrevían a financiar organismos que cuestionaran el dogma oficial: México no violaba de manera sistemática los derechos humanos, sólo había casos aislados. La Universidad Nacional Autónoma de México se la jugó y concedió sede y cubrió algunos gastos (todavía lo hace) del organismo y la Fundación Ford en México aprobó recursos para algunos programas de los primeros y difíciles años.
La Academia hizo aportes concretos a la modernización política. Impulsó el establecimiento del sistema de Ombudsmen para México, inició un curso interdisciplinario de alto nivel para la formación de activistas y se sumó a la lucha por las elecciones limpias y confiables porque pensaba, como tantos otros, que la alternancia era sinónimo de buen gobierno.
¡Cuánta ingenuidad! No entendíamos la capacidad corruptora y cooptadora de un "sistema" que si engulló como si nada a los militantes y partidos más correosos, le costó muy poco hacer lo mismo con los organismos públicos de derechos humanos. Cuando en 1990 el gobernador de Aguascalientes, Miguel Ángel Barberena, le regateó el apoyo a Miguel Sarre, primer Procurador de Protección Ciudadana, éste se vio forzado a renunciar. Se figuraba ahí el porvenir.
En 1990 nació la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que hizo un buen trabajo durante las presidencias de los dos Jorges (Carpizo y Madrazo). Después llegó Mireille Roccatti a la cual despidieron los partidos (en particular el PAN y el PRI) porque no les gustó su independencia a la hora de investigar la matanza de mujeres en Ciudad Juárez. La CNDH experimentó una metamorfosis: su relativa grandeza inicial fue sustituida por una burocracia grandota, blandengue y prematuramente envejecida. Hace algunas cosas buenas pero está lejos, muy lejos, de las exigencias del momento histórico.
En el México de la alternancia la norma es que quienes aspiren a encabezar un organismo público defensor de derechos humanos deben someterse a una lobotomía que acentúe el servilismo frente a los poderosos. La Academia se adecuó y Gloria Ramírez, su actual presidenta, creó la Vigía Ciudadana del Ombudsman, que informa constantemente sobre los desfiguros de la mayoría de los organismos públicos de derechos humanos (puede verse en www.amdh.org.mx).
El relevo en la CNDH lo confirma. El nuevo presidente, Raúl Plascencia, ya musitó las promesas de renovación. Sin embargo, nos dio más de lo mismo cuando nombró a los seis principales funcionarios. Cuatro de ellos no pasan la prueba del Google; si en ese buscador se relacionan sus nombres con la frase "derechos humanos" se confirma lo que sus CV dicen: son neófitos en el tema. Por ejemplo, el tercer visitador, Fernando Batista, es un exitoso empresario tijuanense cuyos méritos parecen consistir en su paisanaje con Plascencia y, según algunos medios, su amistad con el senador priista Manlio Fabio Beltrones. Otra visitadora, Teresa Paniagua Jiménez, aparece ¡48 veces solamente! ¿Y con esos pesos plumas piensan enfrentarse a los curtidos violadores de derechos humanos?
Ante ello, los organismos civiles como la Academia deben multiplicarse para atender víctimas, vigilar organismos públicos fofos, incidir en políticas públicas y, lo más difícil de todo, abrirse a la sociedad para hacer espacio a las legiones de ciudadanos que buscan formas concretas de participación en la inevitable cruzada por la dignidad. Para evadirse sigue transmitiéndose, como si nada, la Academia televisiva.
Para la comparación en Google, los CV de los funcionarios de la CNDH y comentarios:
www.sergioaguayo.org
www.sergioaguayo.org
Colaboraron Laura Ruiz Castro y Alberto Serdán Rosales.