Sergio Aguayo Quezada
16 Dic. 09
Dos buenas noticias tiñen de optimismo esta columna dedicada a mostrar que las transformaciones de las sociedades también nacen del empeño de individuos comprometidos con la política de lo concreto.
Es más fácil criticar que dar soluciones. Quienes ejercemos este oficio, solucionamos los enigmas creados por una transición pasmada, invocando una fantasmagórica "participación ciudadana", salida que no atiende las urgencias de los tiempos borrascosos. En el 2009 se disparó el número de lectores inquietos que me preguntaron sobre fórmulas concretas para enfrentarse a la corrupción política. Lo que relataré a continuación me ayudará a ser más específico sobre los métodos que permiten a ciudadanos comunes y corrientes contribuir a los grandes cambios.
El 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. Durante la última efeméride, dos instituciones -una nacional y otra extranjera- regalaron buenas noticias a los interesados en mecanismos para frenar esa impunidad con la cual se violan cotidianamente nuestros derechos. En México, el Senado de la República reformó ¡por unanimidad! el artículo 17 constitucional para permitir las "acciones colectivas" que abren la puerta a la defensa de los consumidores. En Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encontró culpable al Estado Mexicano por sus omisiones e ineficiencias en la localización y castigo de los asesinos de tres jovencitas juarenses: Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera y Laura Berenice Ramos.
Enumero, a continuación, los resortes que hicieron posibles los portentos. El núcleo fue el trabajo individual de Adriana Labardini y Daniel Gershenson, quienes abrazaron la causa de los consumidores, y de Karla Micheel Salas y David Peña, los abogados que tomaron el caso de tres de las ocho jovencitas encontradas sin vida en el "Campo Algodonero" de Ciudad Juárez en noviembre del 2001. Entre ellos hay diferencias y similitudes.
Los dos primeros se acercan a la madurez con una formación en instituciones privadas de México y el extranjero; los segundos rondan los 30, estudiaron en universidades públicas y se forjaron en luchas populares. Los cuatro comparten un profundo rechazo a los abusos e injusticias y trabajan desde organizaciones civiles: Alconsumidor, nacida en el 2006, y la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, que litiga desde 1991 y que acompañó al Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer y Nuestras Hijas de Regreso a Casa (ambas juarenses) en el asunto de la Corte Interamericana.
Los cuatro donaron enormes cantidades de su tiempo en batallas políticas y jurídicas tortuosas, lentas y poco visibles. Hace años Rodolfo Gómez Alcalá, el litigante que me representó en una demanda contra difamación (que finalmente gané), me dijo una frase que captura las dificultades del reformista: "una cosa es tener la razón, otra saberla alegar y otra que los jueces [o los políticos] te la quieran dar". Las buenas noticias aquí celebradas demuestran lo mucho que logran personas cuando se centran en casos paradigmáticos.
El activismo fructificó porque gestionaron y obtuvieron el respaldo de algunos medios de comunicación, de organizaciones civiles, de instituciones académicas y gubernamentales y de gente común y corriente. Por ejemplo, la causa de los consumidores dio un brinco cualitativo cuando fue adoptada por el ITAM y por el senador priista Jesús Murillo Karam. El empuje definitivo vino cuando Blanca Heredia, una académica que actualmente dirige la Unidad de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación, hizo un eficaz trabajo de convencimiento con algunos actores clave.
En el asunto de las adolescentes sacrificadas en el feminicidio de Ciudad Juárez fue determinante el papel de algunas integrantes de la Comisión y la Corte interamericanas de derechos humanos. Entre otras, Rosa Celorio, Rosa María de Castro y la jueza Cecilia García Medina. Es una bocanada de aire fresco saber que la inserción de México en la globalización ha permitido obtener en el exterior la justicia que el país nos niega.
No estamos ante victorias definitivas. Durante el 2010 se debatirán y aprobarán las leyes que regularán las acciones colectivas y las grandes empresas intentarán mantener intacta la servidumbre de quienes consumimos. También deberá vigilarse que el Estado mexicano cumpla con el fallo de una Corte internacional a la cual respeta de dientes para afuera, porque la mayor parte de nuestros funcionarios no asume a plenitud que México es sujeto de obligaciones frente al exterior.
Ante la incertidumbre sobre el futuro, estos retoños de esperanza confirman la trascendencia de individuos con sueños que se hacen realidad en proyectos ambiciosos pero manejables. Es una vía atractiva porque, asumámoslo de una buena vez, la mayor parte de los partidos y los gobiernos difícilmente renunciarán a sus privilegios pensando en el bien común. Los derechos no se mendigan, se conquistan.
Es más fácil criticar que dar soluciones. Quienes ejercemos este oficio, solucionamos los enigmas creados por una transición pasmada, invocando una fantasmagórica "participación ciudadana", salida que no atiende las urgencias de los tiempos borrascosos. En el 2009 se disparó el número de lectores inquietos que me preguntaron sobre fórmulas concretas para enfrentarse a la corrupción política. Lo que relataré a continuación me ayudará a ser más específico sobre los métodos que permiten a ciudadanos comunes y corrientes contribuir a los grandes cambios.
El 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. Durante la última efeméride, dos instituciones -una nacional y otra extranjera- regalaron buenas noticias a los interesados en mecanismos para frenar esa impunidad con la cual se violan cotidianamente nuestros derechos. En México, el Senado de la República reformó ¡por unanimidad! el artículo 17 constitucional para permitir las "acciones colectivas" que abren la puerta a la defensa de los consumidores. En Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encontró culpable al Estado Mexicano por sus omisiones e ineficiencias en la localización y castigo de los asesinos de tres jovencitas juarenses: Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera y Laura Berenice Ramos.
Enumero, a continuación, los resortes que hicieron posibles los portentos. El núcleo fue el trabajo individual de Adriana Labardini y Daniel Gershenson, quienes abrazaron la causa de los consumidores, y de Karla Micheel Salas y David Peña, los abogados que tomaron el caso de tres de las ocho jovencitas encontradas sin vida en el "Campo Algodonero" de Ciudad Juárez en noviembre del 2001. Entre ellos hay diferencias y similitudes.
Los dos primeros se acercan a la madurez con una formación en instituciones privadas de México y el extranjero; los segundos rondan los 30, estudiaron en universidades públicas y se forjaron en luchas populares. Los cuatro comparten un profundo rechazo a los abusos e injusticias y trabajan desde organizaciones civiles: Alconsumidor, nacida en el 2006, y la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, que litiga desde 1991 y que acompañó al Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer y Nuestras Hijas de Regreso a Casa (ambas juarenses) en el asunto de la Corte Interamericana.
Los cuatro donaron enormes cantidades de su tiempo en batallas políticas y jurídicas tortuosas, lentas y poco visibles. Hace años Rodolfo Gómez Alcalá, el litigante que me representó en una demanda contra difamación (que finalmente gané), me dijo una frase que captura las dificultades del reformista: "una cosa es tener la razón, otra saberla alegar y otra que los jueces [o los políticos] te la quieran dar". Las buenas noticias aquí celebradas demuestran lo mucho que logran personas cuando se centran en casos paradigmáticos.
El activismo fructificó porque gestionaron y obtuvieron el respaldo de algunos medios de comunicación, de organizaciones civiles, de instituciones académicas y gubernamentales y de gente común y corriente. Por ejemplo, la causa de los consumidores dio un brinco cualitativo cuando fue adoptada por el ITAM y por el senador priista Jesús Murillo Karam. El empuje definitivo vino cuando Blanca Heredia, una académica que actualmente dirige la Unidad de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación, hizo un eficaz trabajo de convencimiento con algunos actores clave.
En el asunto de las adolescentes sacrificadas en el feminicidio de Ciudad Juárez fue determinante el papel de algunas integrantes de la Comisión y la Corte interamericanas de derechos humanos. Entre otras, Rosa Celorio, Rosa María de Castro y la jueza Cecilia García Medina. Es una bocanada de aire fresco saber que la inserción de México en la globalización ha permitido obtener en el exterior la justicia que el país nos niega.
No estamos ante victorias definitivas. Durante el 2010 se debatirán y aprobarán las leyes que regularán las acciones colectivas y las grandes empresas intentarán mantener intacta la servidumbre de quienes consumimos. También deberá vigilarse que el Estado mexicano cumpla con el fallo de una Corte internacional a la cual respeta de dientes para afuera, porque la mayor parte de nuestros funcionarios no asume a plenitud que México es sujeto de obligaciones frente al exterior.
Ante la incertidumbre sobre el futuro, estos retoños de esperanza confirman la trascendencia de individuos con sueños que se hacen realidad en proyectos ambiciosos pero manejables. Es una vía atractiva porque, asumámoslo de una buena vez, la mayor parte de los partidos y los gobiernos difícilmente renunciarán a sus privilegios pensando en el bien común. Los derechos no se mendigan, se conquistan.
www.sergioaguayo.org
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